Namibia

Human Rights in República de Namibia

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Namibia is now live »

Jefe del Estado y del gobierno Hifikepunye Pohamba
Pena de muerte abolicionista para todos los delitos
Población 2,1 millones
Esperanza de vida 51,6 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m) 70/58 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada 85 por ciento

Seguía sin atisbarse el final de un juicio por traición que se prolongaba desde hacía mucho tiempo. Mujeres y niñas eran objeto de discriminación sistemática y las comunidades indígenas continuaban sumidas en una pobreza extrema. Se encontraron fosas comunes en el norte del país.

Información general

Cargos del gobierno pertenecientes a la Organización del Pueblo de África del Suroeste (SWAPO) acusaron en repetidas ocasiones a la Unión para la Democracia y el Progreso, partido político de oposición fundado a finales de 2007, de fomentar el tribalismo. La Unión para la Democracia y el Progreso constituía para la SWAPO el desafío político más importante desde la independencia de Namibia en 1990.

"Las prisiones estaban abarrotadas, menores de edad permanecían recluidos junto con delincuentes adultos..."

Juicio por traición de Caprivi

Seguía sin atisbarse el final de un juicio por traición iniciado en 2004 tras los ataques efectuados en 1999 por el grupo secesionista Ejército de Liberación de Caprivi en la Franja de Caprivi. La mayoría de las 117 personas encausadas continuaron recluidas por noveno año consecutivo. Al finalizar el año, la acusación no había terminado de presentar sus alegaciones.

No se formularon cargos formales ni se adoptaron medidas disciplinarias contra ninguno de los policías acusados de torturar a personas detenidas tras el levantamiento de Caprivi. En octubre se llegó a un acuerdo extrajudicial en tres demandas presentadas contra la ministra del Interior y el ministro de Defensa. Los demandantes, Derick Ndala, Sylvester Ngalaule y Herbert Mutahane, afirmaban que habían sido objeto de agresiones, torturas y detención ilegal tras los ataques registrados en la localidad de Katima Mulilo el 2 de agosto de 1999.

Discriminación

El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial reiteró su preocupación por el hecho de que las leyes consuetudinarias de determinados grupos étnicos –entre ellas las relativas al matrimonio y a la herencia– discriminaran en algunos aspectos a las mujeres y a las niñas. Expresó también su preocupación por la discriminación en el acceso a la educación y por el elevado índice de analfabetismo en los sectores marginados de la población. Asimismo, manifestó su inquietud por la pobreza extrema de las comunidades indígenas.

Condiciones de reclusión

Las condiciones en las cárceles no alcanzaban el nivel exigido por las normas internacionales. Las prisiones estaban abarrotadas, menores de edad permanecían recluidos junto con delincuentes adultos y los presos carecían de acceso a productos higiénicos y alimentos nutritivos. Se calculaba que el índice de VIH/sida en las cárceles era al menos del 29 por ciento, es decir, el mismo que a escala nacional. Este hecho se atribuía a un acceso inadecuado a servicios de salud, como análisis de HIV/sida, asesoramiento sobre la enfermedad y tratamientos antirretrovirales. En el Parlamento se rechazaron varias propuestas para permitir el uso de preservativos en las cárceles.

Descubrimiento de fosas comunes

Según los informes, en el norte de Namibia y en el sur de Angola se encontraron fosas comunes con restos de personas a las que las fuerzas de seguridad de Namibia y Angola habían matado de forma ilegítima entre 1994 y 2002. Al parecer, simpatizantes del grupo armado angoleño Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA) fueron uno de los principales objetivos de las fuerzas de seguridad, sobre todo a finales de la década de 1990 y a principios del año 2000.

La existencia de las fosas fue denunciada en septiembre por la Sociedad Nacional para los Derechos Humanos. El 1 de octubre, el ministro de Seguridad señaló que el gobierno ya las conocía. La Sociedad Nacional para los Derechos Humanos criticó una investigación policial del gobierno por su presunta falta de independencia y por la no inclusión de expertos forenses independientes.

 

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