Namibia - Informe 2007 Amnistía Internacional

Human Rights in República de Namibia

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Namibia is now live »

Jefe del Estado y del gobierno: Hifikepunye Pohamba
Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos
Estatuto de la Corte Penal Internacional: ratificado

Diversas organizaciones de la sociedad civil expresaron su alarma ante el elevado nivel de violencia contra mujeres y menores que existía en el país. El partido gobernante, la Organización del Pueblo de África del Suroeste (SWAPO), se negó a debatir sobre los abusos cometidos en sus campos antes de la independencia. Se avanzó poco con respecto a una investigación sobre varias fosas comunes halladas cerca de la frontera con Angola. Las personas detenidas en relación con los ataques secesionistas de 1999 en la región de Caprivi pasaron su séptimo año en prisión, y su juicio entró en su tercer año.

Información general

Al concluir 2006, el comité ministerial nombrado para abordar la cuestión de las fosas comunes que contenían los restos de personas muertas durante la guerra de liberación, librada de 1966 a 1989, no había tomado ninguna decisión al respecto. En octubre, el partido gobernante rechazó un llamamiento de la oposición para que se debatiera la detención y tortura de cientos de miembros de la SWAPO en campos de este partido en Angola antes de la independencia. La SWAPO utilizó su mayoría parlamentaria para rechazar la moción del Congreso de Demócratas antes incluso de que se pudiera debatir, alegando que dicho debate podría socavar la política de reconciliación nacional.

Violencia contra mujeres y menores

En octubre, el Centro de Asistencia Jurídica publicó cifras que demostraban que el número de denuncias por violación se había duplicado con creces entre 1990 (año de la independencia) y 2005. Organizaciones de la sociedad civil calificaron de «emergencia nacional» el alto índice de violaciones de menores, y pidieron que se insistiera en la educación y se reformaran el sistema de justicia y los servicios policiales.

Libertad de expresión

El relator especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión escribió al gobierno en agosto para pedir una aclaración sobre los amenazantes comentarios de Sam Nujoma, presidente de la SWAPO y ex presidente de Namibia, en respuesta a las demandas de indemnización de ex combatientes. Activistas de derechos humanos que asistieron el 30 de julio a una concentración de la SWAPO en Katutura informaron de que el ex presidente había proferido amenazas de muerte contra dos veteranas de guerra: Ruusa Malulu, presidenta del Comité Nacional sobre el Bienestar de los Ex Combatientes, y Lapaka Ueyulu, locutora de radio.

Acción contra la corrupción

El gobierno estableció una Comisión Anticorrupción en febrero. Pese a las críticas según las cuales adolecía de falta de recursos, la Comisión empezó a practicar detenciones y se iniciaron varios juicios sobre casos en los que estaban implicados funcionarios del Estado de grado medio y bajo.

Personas detenidas en relación con los sucesos de Caprivi

El juicio contra 119 personas acusadas de los ataques secesionistas lanzados en la región de Caprivi en 1999 entró en su tercer año. La mayoría de los acusados llevaban siete años privados de libertad. Los agentes de policía acusados de torturar a personas detenidas después de los ataques todavía no habían hecho frente a cargos formales ni habían sido objeto de medidas disciplinarias.

En septiembre, el gobierno prohibió el Partido Democrático Unido, que apoyaba la independencia de la región de Caprivi. Este partido era el brazo político del Ejército de Liberación de Caprivi, responsable del ataque de 1999 contra la localidad de Katima Mulilo, en el noreste del país.

Acceso a tratamiento contra el VIH/sida

En diciembre de 2006, durante una concentración que se celebraba con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, el presidente Pohamba afirmó que 22.000 pacientes de sida estaban recibiendo medicamentos antirretrovirales, mientras que, según cálculos, había unos 50.000 namibios que necesitaban dicho tratamiento.

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