El gobierno implantó reformas políticas y económicas limitadas, pero las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario en zonas habitadas por minorías étnicas aumentaron durante el año. Algunas constituyeron crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Los desplazamientos forzados llegaron a la cota más alta del último decenio, y los informes sobre trabajo forzoso alcanzaron el máximo nivel en varios años. Las autoridades mantuvieron las restricciones a la libertad de religión y creencias, y los responsables de violaciones de derechos humanos gozaron de impunidad. A pesar de que al menos 313 personas encarceladas por motivos políticos quedaron en libertad a lo largo del año, las autoridades continuaron deteniendo a personas por esas razones y vulneraron aún más sus derechos al someterlas a malos tratos y recluirlas en condiciones deficientes.
El Parlamento de Myanmar, elegido en noviembre de 2010, se reunió el 31 de enero y votó a Thein Sein como presidente del gobierno –el primero de carácter civil en decenios– que se formó el 30 de marzo. En julio y agosto, la líder de la oposición Daw Aung San Suu Kyi salió de Yangón por primera vez desde 2003. Se reunió con el ministro de Trabajo Aung Gyi en cuatro ocasiones a lo largo del año y con el presidente Thein Sein en agosto. A comienzos de ese mes, el gobierno llevó a cabo una serie de reformas políticas y económicas limitadas. Dejó en libertad al menos a 313 personas encarceladas por motivos políticos, relajó ligeramente la censura sobre los medios de comunicación, aprobó mejoras en la legislación laboral y creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En septiembre, alegando la oposición interna al proyecto, el gobierno suspendió la construcción del polémico embalse de Myitsone, respaldado por China, en el estado de Kachin. Según informes, también dejó de exigir que los grupos armados de minorías étnicas se convirtiesen en Fuerzas de Guardas de Fronteras oficiales. En noviembre, la Liga Nacional para la Democracia volvió a registrarse como partido político, y su líder Aung San Suu Kyi anunció su intención de presentarse como candidata al Parlamento en las elecciones parciales de 2012. Ese mismo mes, el Parlamento también aprobó una ley que permitía las protestas pacíficas en determinadas condiciones.
Top of pageLa intensidad del conflicto armado que se inició en el estado de Kayin (Karen) y la región de Tanintharyi a finales de 2010 fue en aumento a lo largo del año. En marzo, el conflicto entre el ejército de Myanmar y diversos grupos armados de minorías étnicas se intensificó en el estado de Shan. En junio, el ejército rompió el alto el fuego con el Ejército Independentista Kachin, en el estado de Kachin, que se había prolongado durante 17 años. En los estados de Kayah (Karenni) y Mon continuaron o se reanudaron conflictos de menor envergadura.
En todos estos conflictos, el ejército de Myanmar lanzó ataques indiscriminados que provocaron víctimas civiles, y en ocasiones atacó directamente a civiles de minorías étnicas. Según informes creíbles, en el estado de Kayin y en zonas limítrofes de las divisiones de Bago y Tanintharyi el ejército recurrió a reclusos para utilizarlos como porteadores, escudos humanos y en la remoción de minas. Según fuentes procedentes del estado de Kachin, en esa zona se registraron ejecuciones extrajudiciales, muertes de menores de edad en bombardeos indiscriminados, trabajos forzosos, y destrucción o confiscación ilegítima de bienes y alimentos. Los civiles shan fueron víctimas de tortura, detención arbitraria y traslado forzoso, y, según informes, hubo civiles de etnia shan y kachin que sufrieron agresiones sexuales a manos de soldados. En agosto, grupos armados de minorías étnicas, algunos de los cuales habían cometido abusos, rechazaron la oferta del gobierno de mantener negociaciones entre cada grupo armado y el gobierno regional pertinente, en vez de entre una alianza de estos grupos y el gobierno federal. Sin embargo, varios grupos acordaron ceses de hostilidades con el ejército a lo largo del año. En septiembre, el ejército intensificó los combates en los estados de Kachin y Shan, vulnerando el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Algunos de estos actos constituyeron crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad.
Los enfrentamientos en zonas habitadas por minorías étnicas provocaron el desplazamiento de aproximadamente 30.000 personas en el estado de Shan y de una cantidad similar en el estado de Kachin o cerca de él. En la mayoría de los casos, el ejército de Myanmar las obligó a abandonar sus casas y tierras. La mayoría de las personas o familias no podían o no querían marcharse de Myanmar, por lo que se convirtieron en desplazados internos. Además, unas 36.000 personas ya habían quedado desplazadas en el estado de Kayin. Según informes, durante los 12 meses previos al mes de julio, 112.000 se vieron obligadas a abandonar sus hogares en Myanmar, la cifra más elevada de los últimos 10 años.
En muchos casos, las autoridades impidieron que los organismos de ayuda humanitaria entrasen en las zonas afectadas por el conflicto y pudieran llegar a decenas de miles de personas desplazadas por los combates o el ejército, sobre todo en los campos de la frontera de Myanmar con China. En el estado de Chin y otras zonas habitadas por minorías étnicas, el gobierno conservaba procedimientos administrativos prolongados y complejos para obtener permisos de viaje, tanto para los organismos de ayuda humanitaria ya presentes en la zona como para los que solicitaban autorización para trabajar en el país por primera vez.
La minoría étnica rohingya continuó sufriendo discriminación y represión, fundamentalmente en el estado de Rajine, y sus integrantes seguían sin ser reconocidos como ciudadanos. Como consecuencia, muchos de ellos continuaban abandonando Myanmar por su cuenta o eran sacados del país clandestinamente, bien por tierra hacia Bangladesh o en embarcaciones durante la “temporada de vela”, en los primeros y últimos meses del año.
Top of pageEn junio, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señaló que no se habían registrado “progresos sustantivos” en el cumplimiento de las recomendaciones sobre trabajo forzoso formuladas por su Comisión de Encuesta en 1998. El 12 de agosto, el ministro de Información Kyaw Hsan afirmó que en Myanmar “apenas existía trabajo forzoso”. En noviembre, la OIT afirmó que, desde marzo, las denuncias sobre trabajo forzoso en Myanmar habían aumentado hasta llegar a una media de 30 al mes, en comparación con las 21 denuncias mensuales registradas durante ese mismo periodo en 2010, las 10 al mes de 2009 y las 5 al mes tanto en 2008 como en 2007. Aproximadamente el 75 por ciento de estas denuncias estaban relacionadas con el reclutamiento de menores de edad para el ejército, y el resto tenía que ver con la trata de personas con fines de trabajo forzoso y con el trabajo forzoso en las fuerzas armadas. Los sindicalistas y presos políticos U Thurein Aung, U Wai Lin, U Nyi Nyi Zaw, U Kyaw Kyaw, U Kyaw Win y U Myo Min continuaban encarcelados, al igual que otros 16, según informes.
Todos los grupos religiosos de Myanmar sufrieron la vulneración de su derecho a la libertad de religión. Se seguía deteniendo, sometiendo a malos tratos y hostigando a monjes budistas que participaron en las manifestaciones antigubernamentales de 2007. Musulmanes rohingyas fueron objeto de represión y obligados a reasentarse por motivos religiosos y étnicos. Se destruyeron o trasladaron lugares de culto cristianos.
Seguían sin ser procesados militares y funcionarios del Estado que cometieron violaciones de derechos humanos, algunas de ellas de forma sistemática y generalizada. El artículo 445 de la Constitución de 2008 establecía la impunidad total por las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. En septiembre, el presidente nombró una Comisión Nacional de Derechos Humanos con el mandato de, entre otras cosas, recibir e investigar las denuncias relacionadas con los derechos humanos, pero el sistema de justicia de Myanmar seguía mostrando ausencia de imparcialidad e independencia con respecto al gobierno. En enero, el gobierno afirmó que no eran “habituales los casos de impunidad por violaciones de derechos humanos” en Myanmar.
Top of pageEn mayo, el gobierno de Myanmar dejó en libertad al menos a 72 presos políticos, al aplicar una reducción de un año a todas las condenas a prisión en el país. Otros 241 presos políticos quedaron en libertad en octubre. Sin embargo, pocas de las personas que recuperaron la libertad pertenecían a minorías étnicas. Continuaron recluidas por motivos políticos más de 1.000 personas, algunas de las cuales eran presos de conciencia, pero la opacidad del sistema penitenciario de Myanmar, las discrepancias en la definición de preso político y las continuas detenciones impidieron conocer las cifras reales.
Las personas recluidas por motivos políticos seguían siendo objeto de penas crueles, inhumanas y degradantes, y sufriendo condiciones penitenciarias sumamente deficientes.
En enero, Myanmar se sometió al examen periódico universal de la ONU, en el que se evaluó su historial en materia de derechos humanos. En marzo, Letonia y Dinamarca sumaron su apoyo a la creación de una comisión de investigación de la ONU sobre crímenes de derecho internacional en Myanmar, lo que elevó a 16 el número de países que apoyaba la iniciativa. A pesar de que la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) había pedido en enero que se levantasen las sanciones económicas impuestas a Myanmar, la Unión Europea y Estados Unidos ampliaron sus sanciones. Sin embargo, en abril la Unión Europea suavizó las restricciones de viaje contra 24 altos cargos myanmaros. En mayo y octubre, el asesor especial del secretario general de la ONU sobre Myanmar visitó el país.
El presidente Thein Sein visitó China en mayo e India en octubre. En agosto visitó el país el relator especial de la ONU sobre los derechos humanos en Myanmar, al que se había denegado el visado unos meses antes y también en 2010. El representante especial y coordinador de políticas de Estados Unidos sobre Birmania visitó el país en septiembre, octubre y noviembre. En septiembre, por primera vez desde 2005, el Comité Internacional de la Cruz Roja recibió autorización para realizar un estudio técnico dirigido por personal internacional en tres prisiones de Myanmar. En noviembre, tras un año de debates, Myanmar fue designada para ocupar la presidencia de la ASEAN para 2014. En diciembre, por primera vez en más de 50 años, la secretaria de Estado estadounidense visitó Myanmar.
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