Myanmar

Human Rights in Unión de Myanmar

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Myanmar is now live »

Jefe del Estado general en jefe Than Shwe
Jefe del gobierno general Thein Sein
Pena de muerte abolicionista en la práctica
Población 49,2 millones
Esperanza de vida 60,8 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m) 105/87 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada 89,9 por ciento

En febrero, el gobierno anunció que antes de terminar el año se celebraría un referéndum sobre el proyecto de Constitución y que en 2010 habría elecciones. En mayo, cuando sólo faltaba una semana para el referéndum, el ciclón «Nargis» arrasó zonas del sur de Myanmar afectando a unos 2,4 millones de personas. Más de 84.500 personas murieron, más de 19.000 resultaron heridas y se desconocía la suerte que habían corrido casi 54.000. Durante las semanas siguientes el gobierno aplazó la entrega de ayuda humanitaria o le impuso condiciones, y denegó a los donantes internacionales autorización para proporcionar asistencia humanitaria. El acceso mejoró después de la visita del secretario general de la ONU a finales de mayo, pero el gobierno continuó obstaculizando la entrega de ayuda y desalojando por la fuerza a los supervivientes de los refugios.

En mayo el gobierno prorrogó el arresto domiciliario de Daw Aung San Suu Kyi, secretaria general de la Liga Nacional para la Democracia, el principal partido de la oposición. Al finalizar el año había más de 2.100 personas también encarceladas por motivos políticos. Muchas fueron condenadas en juicios injustos relacionados con las manifestaciones masivas de 2007. En el este de Myanmar continuó por cuarto año consecutivo la ofensiva militar contra civiles de etnia karen, con actos constitutivos de crímenes de lesa humanidad. La explotación por parte del gobierno de proyectos hidroeléctricos, petrolíferos y de gas natural en asociación con empresas privadas y de propiedad estatal fue causa de diversos abusos contra los derechos humanos.

"...la cifra de personas que llevaban mucho tiempo encarceladas por motivos políticos en Myanmar era la más elevada desde el levantamiento de 1988 en favor de la democracia..."

Información general

En febrero finalizó su trabajo la comisión creada a finales de 2007 para elaborar el proyecto de una nueva Constitución, cuyas directrices habían tardado 14 años en redactarse. Se trataba del cuarto paso de los siete que formaban el «Plan de Trabajo» del gobierno para avanzar hacia la democracia, que iría seguido de un referéndum, la celebración de elecciones y la formación de un nuevo gobierno. La Liga Nacional para la Democracia (LND) llevaba desde 1995 sin participar en ninguna fase del proyecto. En enero, Daw Aung San Suu Kyi se reunió con el funcionario de enlace del gobierno por segunda vez desde la represión de 2007, y en noviembre mantuvo una reunión con dirigentes de su partido.

Al finalizar el año, la cifra de personas que llevaban mucho tiempo encarceladas por motivos políticos en Myanmar era la más elevada desde el levantamiento de 1988 en favor de la democracia, y casi duplicaba la de 2007. Había más de 2.100 personas encarceladas por motivos políticos, y muchas de ellas eran presos de conciencia.

Desalojos forzosos

Pocos días después del ciclón «Nargis», el gobierno comenzó el desalojo forzoso de supervivientes del ciclón que se encontraban en campos de reasentamiento gubernamentales y no oficiales a los que habían huido tras quedar sus casas destruidas e inundarse sus localidades. Sólo durante el mes siguiente al ciclón, Amnistía Internacional confirmó más de 30 casos de desalojo forzoso por parte del gobierno. En muchas ocasiones, la asistencia era insuficiente o totalmente inexistente. Además, a fin de celebrar el referéndum sobre la Constitución, las autoridades desalojaron a supervivientes que habían hallado refugio de emergencia en colegios y monasterios.

  • El 19 de mayo, autoridades locales de Bogale y Labutta, en la división de Ayeyarwady, obligaron a un gran número de personas a embarcar para devolverlas a sus localidades en los municipios de Myaungmya y Maubin y en otros lugares. Se calculaba que para el 25 de mayo sólo quedaba en Bogale el 10 por ciento de las personas que en un principio se habían desplazado allí.
  • El 23 de mayo, autoridades de Yangón expulsaron a más de 3.000 supervivientes del ciclón de un campo oficial en el municipio de Shwebaukan y de un campo no oficial en una Escuela Secundaria Estatal de Dala, ambos en la división de Yangón.
  • El 25 de mayo, o justo después de esa fecha, las autoridades reasentaron por la fuerza en Labutta a unas 600 personas trasladadas desde un campo no oficial en una Escuela Secundaria Estatal de Myaungmya.

También se produjeron desalojos forzosos por parte de las autoridades locales en relación con explotaciones de gas natural y el proyecto del gasoducto de Shwe, en el estado occidental de Rajine, de participación mayoritaria surcoreana. Las autoridades locales también detuvieron y recluyeron a habitantes de la zona que manifestaron su oposición al proyecto, mientras que otros se vieron obligados a ocultarse. En otros lugares del estado de Rajine, las autoridades confiscaron tierras de personas que vivían cerca de un proyecto petrolífero terrestre encabezado por China a fin de permitir su desarrollo.

Falta de acceso de la ayuda humanitaria

Durante las tres semanas siguientes al azote del ciclón «Nargis» los días 2 y 3 de mayo, el gobierno rechazó los ofrecimientos de ayuda internacional e impidió el acceso al delta del Ayeyarwady, cuando más necesitados estaban los supervivientes de alimentos, refugio y acceso a asistencia médica. Las autoridades también impidieron que donantes privados nacionales distribuyeran ayuda en el delta. Algunas condicionaron la ayuda y asistencia a que las personas supervivientes votasen el 24 de mayo a favor del proyecto de Constitución del gobierno y a que aceptasen trabajar o alistarse en las fuerzas armadas. Algunos soldados y autoridades locales confiscaron, desviaron o hicieron un uso indebido de la ayuda destinada a los supervivientes del ciclón.

Personas detenidas por motivos políticos

El gobierno detuvo a personas por hacer campaña contra la Constitución, prestar asistencia a supervivientes del ciclón y trabajar en favor de la democracia y los derechos humanos. También fueron detenidos activistas y dirigentes de minorías étnicas por expresar su preocupación con respecto a la condición y la función de sus estados e intereses en la nueva Constitución. En septiembre, el gobierno dejó en libertad a nueve hombres y una mujer encarcelados por motivos políticos. Sin embargo, U Win Htein, destacado periodista y alto cargo de la LND que se encontraba entre las personas excarceladas, fue detenido de nuevo un día después.

  • El gobierno detuvo a no menos de 16 miembros del grupo de protesta Oleada Generación, en muchos casos por su oposición al referéndum sobre la Constitución. En noviembre, 10 de los detenidos, entre los que se encontraba la estrella de hip-hop Zayar Thaw, fueron condenados a penas de hasta siete años y medio de cárcel por sus actividades políticas pacíficas.
  • El anciano preso de conciencia U Khun Htun Oo, principal representante político de la minoría étnica shan, estaba mal de salud. En 2005 lo habían condenado a 93 años de cárcel por haber participado en un debate privado sobre los planes oficiales para la transición política.
  • El humorista y director Zarganar fue detenido el 4 de junio por criticar la forma en que el gobierno había gestionado la situación creada por el ciclón «Nargis». Tras el ciclón, Zarganar había encabezado el movimiento de donantes privados que pretendían ofrecer asistencia humanitaria y había informado sobre la crisis. En octubre fue condenado a 45 años de cárcel en aplicación de leyes redactadas de forma imprecisa en las que se tipificaba como delito la disidencia pacífica.

Conflicto armado

Continuó en el este de Myanmar la ofensiva militar del Tatmadaw (el ejército de Myanmar) contra civiles de etnia karen. Fuerzas del gobierno cometieron de forma sistemática y generalizada violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos que constituían crímenes de lesa humanidad. Entre las violaciones de derechos humanos hubo ejecuciones extrajudiciales, tortura, trabajo forzoso, desplazamientos forzados y desapariciones forzadas.

Libertad de expresión

En febrero, el gobierno promulgó la Ley de Referéndum para la Aprobación del Proyecto de Constitución, que establecía penas de hasta tres años de cárcel, cuantiosas multas o ambas formas de sanción para quienes fueran descubiertos haciendo campaña contra el referéndum. El gobierno utilizó la ley para detener a numerosos activistas que hacían campaña pacíficamente contra la Constitución o pedían que se boicotease. A finales de abril, más de 70 personas fueron detenidas por intentar celebrar una manifestación pacífica. Periodistas y defensores de los derechos humanos estuvieron especialmente en el punto de mira por su trabajo a lo largo del año.

  • Saw Wai, poeta, fue detenido en enero por dejar un mensaje oculto en un poema para el día de San Valentín. Fue condenado a dos años de cárcel.
  • Nay Phone Latt, autor de blogs, fue detenido en enero por imágenes y viñetas aparecidas en sus blogs. Fue condenado a 20 años y 6 meses de cárcel.

Juicios injustos

En noviembre se produjo una avalancha de juicios sumarios y manifiestamente injustos que a menudo se celebraron en prisiones y en los que se impusieron largas penas de prisión. El gobierno interfirió continuamente en el derecho de los acusados a preparar su defensa, con medidas como el hostigamiento de los abogados, y en otros derechos relativos al proceso con las debidas garantías. Los tribunales aceptaron confesiones extraídas por la fuerza y pruebas manifiestamente inverosímiles presentadas por la fiscalía. A lo largo del mes se dictaron en torno a 215 condenas. La mayoría de los juicios estaban relacionados con cargos por las protestas de 2007.

  • En noviembre, 23 personas, entre las que se encontraban Min Ko Naing, Ko Ko Gyi y Htay Kywe, dirigentes del Grupo de Estudiantes de la Generación de 1988, fueron condenados a sendas penas de 65 años de prisión.
  • En septiembre, U Thet Wai, que presidía la LND en Yangón y ayudaba a suministrar información a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre trabajo forzoso y reclutamiento de niños y niñas soldados, fue condenado a dos años de cárcel con trabajos forzados.
  • En noviembre, Aung Thein, abogado defensor de U Gambira, monje que había encabezado las protestas de 2007, y su colega U Khin Maung Shein fueron condenados a cuatro años de prisión por desacato al tribunal. Habían presentado una carta en la que se retiraban del caso, afirmando que sus clientes no confiaban en el proceso judicial y no deseaban seguir contando con asistencia letrada.
  • En noviembre, Su Su Nway, activista contra el trabajo forzoso, fue condenada a 12 años y 6 meses en un juicio celebrado en la prisión de Insein.

Personas internamente desplazadas

Al finalizar 2008 había más de 500.000 personas internamente desplazadas en Myanmar, la mayoría en los estados Shan y Kayin. Otras se encontraban en los estados Kayah y Mon y en las divisiones de Bago y Tanintharyi.

Novedades jurídicas, constitucionales e institucionales

En febrero, el gobierno accedió a ampliar el Protocolo de Entendimiento complementario con la OIT, que permitía a víctimas de trabajo forzoso presentar denuncias sin temor a represalias oficiales y exigía al gobierno que investigase esas denuncias. Se estaban investigando algunos casos de menores que al parecer habían sido obligados a servir como soldados. 

En mayo, el gobierno afirmó que el índice de participación en el referéndum sobre la Constitución había sido del 98,1 por ciento de las personas con derecho a voto, de las que el 92,4 por ciento había votado a favor del proyecto de Constitución. A principios de año el gobierno había rechazado la recomendación y el ofrecimiento de la ONU de enviar observadores internacionales.

La Constitución garantizaba la impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. Otorgaba a las fuerzas armadas autoridad para suspender todos los derechos fundamentales durante situaciones de emergencia y le reservaba el 25 por ciento de los escaños en ambas cámaras parlamentarias, así como importantes sectores de la judicatura y el ejecutivo. Carecía de disposiciones relativas al derecho a no sufrir tortura y otros malos tratos y de salvaguardas fundamentales para un juicio justo. Las disposiciones sobre libertad de expresión, asociación y reunión eran discriminatorias o estaban gravemente restringidas por condiciones de redacción imprecisa. Antes del referéndum, el proyecto de Constitución sólo se publicó en birmano, la lengua mayoritaria.

Escrutinio internacional

En marzo y agosto, Ibrahim Gambari, asesor especial del secretario general de la ONU, visitó Myanmar. En marzo, Paulo Sérgio Pinheiro presentó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU un informe final exhaustivo antes de finalizar su mandato como relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar. Tomás Ojea Quintana, que le sustituyó en el cargo, realizó su primera visita al país en agosto y presentó su primer informe a la Asamblea General en septiembre. Además, el Consejo de Derechos Humanos aprobó una resolución sobre Myanmar en marzo.

En mayo, el Consejo de Seguridad de la ONU hizo pública su segunda declaración de la Presidencia sobre Myanmar desde la represión de 2007. En mayo, tras el ciclón «Nargis», el secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios y coordinador del Socorro de Emergencia y el secretario general de la ONU visitaron Myanmar. En septiembre, este último presentó un informe a la Asamblea General de la ONU, que en noviembre aprobó una resolución sobre Myanmar. El Grupo de Amigos creado por el secretario general de la ONU para analizar la situación en Myanmar e integrado por 14 países y la UE se reunió en cinco ocasiones a lo largo del año.

Surin Pitsuwan, secretario general de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), visitó Myanmar en mayo y contribuyó a la creación del Grupo Básico Tripartito, integrado por el gobierno, la ONU y la ASEAN, con el objetivo de supervisar las operaciones de ayuda humanitaria posteriores al ciclón. Las reacciones de la comunidad internacional ante el referéndum sobre la Constitución fueron diversas: algunas naciones criticaron el proceso y la Constitución, mientras que otras lo consideraron un paso potencialmente positivo. Estados Unidos, la UE y Australia endurecieron aún más las sanciones económicas contra Myanmar.

Informes de Amnistía Internacional

Myanmar: El referéndum sobre la Constitución no respeta los derechos humanos (9 mayo 2008)
Crímenes de lesa humanidad en Myanmar oriental (5 julio 2008)
Informe sobre Myanmar: Motivos de preocupación en materia de derechos humanos un mes después del ciclón Nargis (5 junio 2008)

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