Myanmar - Informe 2007 Amnistía Internacional

Human Rights in Unión de Myanmar

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Myanmar is now live »

Jefe del Estado: general Than Shwe
Jefe del gobierno: general Soe Win
Pena de muerte: abolicionista en la práctica
Estatuto de la Corte Penal Internacional: no ratificado

Últimos acontecimientos de 2007

Protestas masivas

Desde el 21 de septiembre
de 2007 se han intensificado las protestas pacíficas masivas en todo el
país, motivadas por el drástico aumento del precio de los combustibles
en agosto, que a su vez ha afectado al acceso de la población a los
alimentos y las necesidades básicas.

La población laica y la
comunidad religiosa, lideradas por monjes budistas, han salido a la
calle para protestar contra el gobierno y para reclamar una reducción
de los precios de los artículos de consumo, la liberación de las
personas encarceladas por motivos políticos y un proceso de
reconciliación nacional. Las manifestaciones, que comenzaron el 21 de
septiembre de 2007, aumentaron en número considerablemente; las cifras
oscilan entre 10.000 y 100.000. No se celebraban manifestaciones de
esta envergadura desde las protestas que tuvieron lugar en todo el país
en 1988, que las autoridades reprimieron violentamente y en las que
murieron unos 3.000 manifestantes pacíficos.

El 25 de
septiembre de 2007 por la tarde, las autoridades iniciaron una campaña
de represión contra los manifestantes, impusieron un toque de queda de
60 días entre las nueve de la noche y las cinco de la madrugada y
lanzaron advertencias públicas de que se emprenderían acciones
judiciales contra quienes se manifestaran. Posteriormente fueron
detenidas al menos 700 personas en la anterior capital, Yangón, así
como en la segunda ciudad más grande, Madalay, y en otros lugares del
país. Entre las personas detenidas en Yangón había monjes, miembros del
Parlamento pertenecientes a la Liga Nacional para la Democracia (LND)
–principal partido de la oposición–, integrantes de la LND y otras
figuras públicas. Amnistía Internacional cree que tanto estas como
otras personas detenidas corren un grave riesgo de sufrir tortura o
malos tratos.

Todavía no se conoce el alcance total de la
represión. La televisión estatal ha informado de que al menos nueve
personas –ocho manifestantes y un periodista japonés– perdieron la vida
durante la represión de las protestas. Se cree de forma generalizada
que la cifra real de víctimas mortales es mayor. Según informes,
cientos de personas resultaron heridas.

Se han bloqueado sitios
web y blogs que contenían información y fotografías de las
manifestaciones, y se han interrumipido las conexiones de Internet.
Según los informes, también se han cortado las líneas telefónicas y se
han bloqueado las señales de los teléfonos móviles de prominentes
activistas y disidentes. El 26 de septiembre de 2007, el Consejo de
Seguridad de la ONU debatió esta crisis y, al día siguiente, las
autoridades de Myanmar aceptaron el envío de una misión al país
encabezada por el representante especial del secretario general de la
ONU Ibrahim Gambari.

Detención de disidentes

En
agosto de 2007, al inicio de las protestas, agentes de policía y
miembros de la Asociación por la Solidaridad y el Desarrollo de la
Unión (organización auspiciada por el Estado) detuvieron a más de 150
manifestantes. Se han recibido informes de palizas e intimidación a
manos de integrantes de la Asociación y otras fuerzas paramilitares.
Entre las personas detenidas figuraban algunos dirigentes del Grupo de
Estudiantes Generación del 88. Al igual que ocurre con otros disidentes
políticos detenidos, estas personas corrían un grave riesgo de sufrir
tortura u otra forma de malos tratos.

Convención Nacional

El
lunes 3 de septiembre de 2007, tras 14 años de debates para la
redacción de una carta magna, el gobierno dio por concluida la
Convención Nacional adoptando el proyecto de principios que regirán la
nueva constitución. Este proceso excluyó a muchos grupos políticos
relevantes y se llevó a cabo en virtud de leyes que tipificaban como
delito las críticas a la constitución en vigor. Según los proyectos que
han aparecido en medios de comunicación estatales, parece que la
primacía de las fuerzas armadas quedará asegurada y perpetuada. En el
clima de crecientes protestas, las autoridades no han hecho público
ningún calendario sobre cuáles serán las próximas medidas en su «camino
hacia la democracia», que incluye la redacción propiamente dicha de la
nueva constitución y la celebración de elecciones destinadas a
construir, en un futuro, una democracia pluripartidista.

Riesgos
para los defensores y defensoras de derechos humanos, los activistas
sociales y los miembros de los partidos de la oposición

Los
disidentes y los activistas continuaban actuando expuestos a un alto
riesgo. La práctica del gobierno de contratar delincuentes para sofocar
la disidencia quedó consolidada en las respuestas más recientes del
Estado a las protestas.

Durante 2007 se recurrió a bandas de
delincuentes, muy probablemente dirigidas por la Asociación por la
Solidaridad y el Desarrollo de la Unión, organización de masas, para
atacar a varias personas defensoras de los derechos humanos. En algunos
casos, también se tuvo noticia de que, entre quienes perpetraban u
organizaban los ataques, había agentes de policía y funcionarios del
Estado. Se provocaba un disturbio, tras lo cual la policía y las
autoridades locales se presentaban en el lugar y acusaban a las
víctimas de haber causado el tumulto. A continuación podía hacerse uso
de los tribunales para presentar cargos contra las víctimas de la
violencia.

• El 18 de abril de 2007, varios activistas fueron
atacados, según informes, en el pueblo de Oatpone, en Hinthada,
división de Ayeyarwady, tras llevar a cabo actividades destinadas a
sensibilizar a la población sobre las normas de derechos humanos. Es
generalizada la opinión de que fueron las autoridades las que
orquestaron el ataque. A finales de julio, uno de los activistas y
algunos habitantes de la localidad que se vieron afectados por el
incidente fueron condenados a entre 4 y 8 años de prisión por delitos
relacionados con incitar a los disturbios y provocar inestabilidad. En
abril de 2007, tras el ataque, Amnistía Internacional emitió una
declaración y emprendió una acción de campaña en favor de estas
personas.

• El 1 de mayo de 2007, un grupo de defensores de los
derechos de los trabajadores que organizaban debates con motivo del Día
Internacional del Trabajo fueron detenidos ilegalmente en Yangón por
individuos no identificados sin uniformar (probablemente pertenecientes
a la Asociación por la Solidaridad y el Desarrollo de la Unión y a
bandas organizadas por el gobierno). Fueron trasladados en camionetas
Dyna y otros medios de transporte a un centro especial de
interrogatorio. Desde entonces, se han empleado tales métodos de
«detención» durante las actuales protestas contra la subida que se
produjo en el precio de los combustibles el 15 de agosto de 2007. De
las 33 personas detenidas en un principio, se ha retenido y acusado
formalmente a seis. Éstas comparecieron el 7 de septiembre en una
prisión ante un tribunal especial, que las declaró culpables de
sedición y organización ilícita, y les impuso penas que oscilan entre
los 20 y 28 años de prisión. Puesto que los abogados de las seis
personas acusadas habían renunciado previamente a representarlas debido
al constante hostigamiento a que fueron sometidos por los funcionarios
de la prisión, no está claro si los seis acusados tendrán ocasión de
presentar recursos contra las condenas o cómo podrán hacerlo.

El
Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo sigue sin cooperar con
los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, incluso
negando la entrada en el país al relator especial de la ONU sobre la
situación de los derechos humanos en Myanmar. Al Comité Internacional
de la Cruz Roja también se le sigue negando el acceso a las personas
privadas de libertad en Myanmar.

 

Artículo del Informe 2007 de Amnistía Internacional

La
situación de los derechos humanos empeoró a lo largo del año, al
intensificar las autoridades la represión contra la oposición política,
tanto pacífica como armada, en todo el país. El Consejo de Seguridad de
la ONU incluyó a Myanmar en su programa de trabajo oficial. Durante las
actividades militares realizadas en el estado de Kayin y la división de
Bago se cometieron violaciones sistemáticas y generalizadas del derecho
internacional humanitario y de las normas internacionales de derechos
humanos, que posiblemente constituían crímenes contra la humanidad. A
la vez que las autoridades continuaban con los planes para redactar una
nueva Constitución, los activistas eran objeto de presiones para que
abandonasen los partidos políticos. A lo largo del año continuaron
produciéndose decenas de detenciones de personas que participaban en
actividades políticas pacíficas o ejercían de otro modo y sin violencia
el derecho a la libertad de expresión y asociación. Al finalizar el
año, la mayor parte de las principales figuras de la oposición estaban
encarceladas o en detención administrativa, contándose entre las más de
1.185 personas recluidas por motivos políticos en condiciones
carcelarias cada vez peores. Al menos dos personas fueron condenadas a
muerte.

Información general

La
Convención Nacional, encargada de redactar los principios de una nueva
Constitución, finalizó su periodo de sesiones en enero y volvió a
reunirse en octubre, sin la participación de la Liga Nacional para la
Democracia (LND), el principal partido de la oposición. Continuó
vigente la legislación que tipificaba como delito los comentarios
adversos a la Constitución, y los delegados vieron restringida la
posibilidad de mantener un debate abierto. Las autoridades anunciaron
que la mayor parte de las decisiones sobre los principios que regirían
la Constitución ya se habían tomado, incluidas las relativas a aspectos
relacionados con la función del ejército y con los derechos y deberes
de la ciudadanía.

Novedades en el ámbito internacional

El
Consejo de Seguridad de la ONU incluyó a Myanmar en su programa de
trabajo oficial en septiembre. La Asamblea General de la ONU aprobó una
resolución y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU prorrogó el
mandato del relator especial, al que se le continuó negando la entrada
en el país. El secretario general adjunto de la ONU para Asuntos
Políticos visitó Myanmar en mayo y noviembre.

Miembros
de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) manifestaron
su descontento por la lentitud con que se realizaban las reformas en
Myanmar e hicieron nuevos llamamientos para la excarcelación de los
presos políticos. La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
expresó su honda preocupación por la falta de avances por parte de las
autoridades sobre la cuestión del trabajo forzoso. La Comisión Europea
inició un nuevo programa de ayuda humanitaria para tratar el VIH/sida,
la tuberculosis y la malaria.

Crímenes contra la humanidad

Se
intensificaron las operaciones militares contra la Unión Nacional Karen
en el este del estado de Kayin (Karen) y en los distritos vecinos. Más
de 16.000 personas fueron desplazadas por el conflicto. Los habitantes
de la zona informaron de la comisión sistemática y generalizada de
actos que constituían violaciones del derecho internacional humanitario
y de las normas internacionales de derechos humanos, a una escala
equivalente a crímenes contra la humanidad. Aumentaron la destrucción
de casas y cosechas, las desapariciones forzadas, el trabajo forzoso,
la tortura y las ejecuciones extrajudiciales de civiles karen. Muchas
personas sufrieron escasez de alimentos al prohibirles las autoridades
salir de sus poblados para cultivar o comprar comida. También aumentó
la utilización de minas terrestres, tanto por parte del brazo armado de
la Unión Nacional Karen como de las fuerzas militares regulares
(tatmadaw). Otras violaciones fueron actos de castigo colectivo, como
los cortes prolongados de los puntos de acceso a las poblaciones y
otras restricciones a la libertad de circulación, la quema de pueblos
enteros y el homicidio del jefe de un pueblo y otros civiles que, según
los informes, se produjo en febrero en el norte del estado de Kayin. En
otras zonas hubo escaramuzas entre el Ejército del Estado de Shan-Sur y
el ejército de Myanmar que causaron la muerte de civiles.

Trabajo forzoso

A
lo largo del año se recibieron informes de la práctica generalizada del
trabajo forzoso en los estados de Kayin, Mon, Rajine y Kachin y en la
división de Bago. Según los informes, a los presos y presas se les
exigió cada vez más que hiciesen de porteadores del ejército y fueron
objeto de tortura y otros malos tratos. Según los informes recibidos,
algunos presos porteadores que intentaron escapar fueron víctimas de
homicidio. La OIT expresó su preocupación porque el hecho de que las
autoridades amenazasen constantemente con emprender acciones legales
contra quienes presentasen denuncias de trabajo forzoso «falsas»
representaba un importante obstáculo a la hora de establecer una
colaboración para abordar esta cuestión. En respuesta a las peticiones
concretas de la OIT, al finalizar el año las autoridades habían puesto
en libertad a dos personas encarceladas en relación con la denuncia de
casos de trabajo forzoso y habían anulado el procesamiento de otras. En
julio se prometió suspender durante seis meses el procesamiento de las
personas que presentasen denuncias sobre trabajos forzosos.

Personas detenidas por motivos políticos

Los
juicios políticos se realizaron conforme a leyes que tipificaban como
delito el ejercicio pacífico de los derechos humanos y en procesos que
no cumplían las normas internacionales sobre juicios justos. Se
produjeron detenciones sin orden judicial y a los acusados se les negó
el derecho a recibir asistencia letrada o asesoramiento de su elección.
Los detenidos estaban recluidos en régimen de incomunicación durante
largos periodos.

Los ex dirigentes
estudiantiles y presos de conciencia Htay Kywe, Ko Ko Gyi, Paw U Tun,
Min Zeya y Pyone Cho fueron detenidos a finales de septiembre y
permanecieron recluidos en régimen de incomunicación hasta el final del
año. Las autoridades afirmaron que se tomaban estas medidas para
«prevenir la insurgencia».

U Aung Thein,
de 77 años y miembro del Comité Central de la LND, fue detenido junto
con otras tres personas en abril; los cuatro fueron condenados en julio
a 20 años de cárcel. Se dijo que U Aung Thein había «confesado» tener
un teléfono vía satélite que utilizaba para hablar con dirigentes de la
LND que se encontraban fuera del país.

Según
los informes, Win Ko, miembro de la LND de la división de Bago, fue
condenado a tres años de cárcel en octubre por recoger firmas pidiendo
la liberación de dirigentes políticos detenidos. Fue acusado de vender
billetes de lotería ilegales.

Los
refugiados Chit Thein Tun y Maung Maung Oo fueron secuestrados en India
y trasladados a Myanmar por un grupo armado desconocido. Tras ser
entregados a las autoridades de Myanmar y torturados mientras
permanecían recluidos en régimen de incomunicación, fueron condenados a
muerte en un juicio secreto, acusados de hacer explotar una bomba en la
frontera entre India y Myanmar.

Se
prorrogó por el periodo máximo de un año la detención de los presos de
conciencia y destacados dirigentes de la LND Daw Aung San Suu Kyi, U
Tin Oo, Daw May Win Myint y el doctor Than Nyein, recluidos sin cargos
ni juicio. Estas dos últimas personas llevaban recluidas desde octubre
de 1997 y permanecían en esa situación a pesar de que ya habían
cumplido su condena de siete años de prisión. Daw Aung San Suu Kyi
permaneció recluida en un aislamiento cada vez mayor y sólo se le
permitió recibir visitas, poco frecuentes, de su médico.

Excarcelaciones

Algunas personas quedaron en libertad durante 2006.

En
junio y julio fueron excarcelados un defensor y una defensora de los
derechos humanos, el abogado U Aye Myint y Su Su Nwe, encarcelados en
octubre de 2005 tras ser condenados a 7 años y 18 meses de cárcel
respectivamente por denunciar casos de trabajo forzoso y confiscación
de tierras por parte de las autoridades locales.

Se
levantó el arresto domiciliario contra U Shwe Ohn, escritor octogenario
y destacada figura política shan, tras el vencimiento de su orden de
detención en febrero.

Al menos dos
miembros de la Unión Nacional Karen quedaron en libertad en septiembre
y octubre; se encontraban en un estado precario de salud y habían
permanecido recluidos desde comienzos de la década de los ochenta.

Condiciones de reclusión

Las
condiciones carcelarias, ya de por sí deficientes, empeoraron durante
el año. Las autoridades impusieron nuevas restricciones sobre la
cantidad de alimentos que los presos y las presas podían recibir de sus
familiares, y redujeron el presupuesto para alimentos asignado a las
autoridades penitenciarias. Se recibieron informes sobre escasez de
servicios médicos en las prisiones. En enero se suspendieron las
visitas del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), tras negarse
el Comité a aceptar la condición de que sus representantes estuvieran
acompañados por miembros de organismos pertenecientes al gobierno. En
parte como consecuencia de las deficientes condiciones carcelarias,
muchos presos de conciencia tenían problemas de salud, incluido Than
Nyein, médico y parlamentario electo de la LND, que sufría una
enfermedad hepática y otras dolencias.

Tortura y otros malos tratos

Se
recibieron con frecuencia informes sobre tortura y otras formas de
malos tratos infligidos durante los interrogatorios y el periodo de
detención preventiva. Al parecer, la tortura en las prisiones aumentó.
Los intentos de los familiares de obtener un resarcimiento fueron
recibidos con resistencia, hostigamiento y presiones por parte de las
autoridades para que retiraran las denuncias.

En
marzo, Ko Thet Naing Oo, ex preso político, sufrió una brutal paliza a
manos de agentes de policía y miembros del cuerpo de bomberos en Yangón
y murió el mismo día.

Muertes bajo custodia

Al
menos seis presos políticos murieron en prisión. Al parecer, la
tortura, una alimentación deficiente y un tratamiento médico inadecuado
contribuyeron a su muerte. Muchos de ellos habían permanecido recluidos
en prisiones alejadas de sus familias, privándolos de las medicinas y
los alimentos necesarios.

Thet Win Aung,
activista estudiantil y preso de conciencia de 35 años, murió en la
prisión de Mandalay en octubre. Había sido torturado durante su
detención, en 1998, y cumplía una pena de 59 años de cárcel. Había
sufrido numerosas dolencias en prisión, incluida la malaria y una
enfermedad mental, y había permanecido recluido en régimen de
aislamiento durante periodos prolongados.

Libertad de expresión, reunión pacífica y asociación

Se
siguió aplicando con rigor la legislación que restringía el ejercicio
pacífico del derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación.
Continuó restringiéndose el acceso a Internet. El gobierno bloqueó
numerosos sitios web y, periódicamente, también los servicios gratuitos
de correo electrónico de Internet.

Desde
abril, miembros y simpatizantes de la LND y de la Liga de las
Nacionalidades Shan por la Democracia fueron objeto de hostigamiento y
amenazas. Se interrumpía el desarrollo de las reuniones, y la prensa
controlada por el Estado denunció y amenazó a la LND con regularidad,
acusándola de conspirar para instigar disturbios en el país. Según
información aparecida en la prensa oficial, al concluir el año habían
dimitido cientos de miembros de la LND.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Declaraciones

• Myanmar: Human rights violations continue in the name of national security (Índice AI: ASA 16/002/2006)

• Myanmar: El Consejo de Seguridad de la ONU debe tomar medidas (Índice AI: ASA 16/007/2006)

• Myanmar: Muere en prisión el preso de conciencia Ko Thet Win Aung (Índice AI: ASA 16/015/2006)

Cómo puedes ayudar