Marruecos y el Sáhara Occidental
Jefe del Estado
rey Mohamed VI
Jefe del gobierno
Abdelilah Benkirane

Las autoridades restringían la libertad de expresión y procesaban a quienes criticaban la monarquía o las instituciones del Estado, así como a quienes reivindicaban la autodeterminación saharaui. Las fuerzas de seguridad emplearon fuerza excesiva contra manifestantes. Las personas sospechosas de terrorismo u otros delitos contra la seguridad corrían peligro de sufrir tortura y otros malos tratos, y de ser sometidas a juicios injustos. Se produjeron agresiones contra migrantes, personas refugiadas y solicitantes de asilo. Las mujeres y las niñas eran discriminadas en la ley y en la práctica. Al menos siete personas fueron condenadas a muerte; no hubo ejecuciones.

Información general

En abril, el Consejo de Seguridad de la ONU prorrogó por un año más el mandato de la Misión de la ONU para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), pero omitió de nuevo incluir en él un componente de observación de la situación de los derechos humanos.

En mayo, el historial de derechos humanos de Marruecos se sometió al examen periódico universal de la ONU. Tras ello, el gobierno accedió a tipificar las desapariciones forzadas como delito en el Código Penal y a aprobar una ley sobre violencia en el ámbito familiar, pero rechazó las recomendaciones de establecer por ley una moratoria de las ejecuciones y mejorar los procedimientos de registro de las organizaciones de la sociedad civil.

El relator especial de la ONU sobre la tortura visitó Marruecos y el Sáhara Occidental en septiembre.

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Libertad de expresión, de asociación y de reunión

Las autoridades continuaron reprimiendo a periodistas y otras personas críticas con la monarquía o las instituciones del Estado. Las fuerzas de seguridad utilizaron fuerza excesiva para dispersar manifestaciones.

  • En febrero, el estudiante Abdelsamad Haydour fue multado y condenado a tres años de prisión por “insultar al rey” en un vídeo de Internet.
  • En julio, el Tribunal de Apelación de Casablanca confirmó la condena de un año de prisión impuesta a Mouad Belghouat, cantante de rap, por insultos a la policía. Los cargos se habían presentado tras la publicación en Internet de un vídeo con una canción suya. El cantante fue encarcelado en marzo, y al terminar el año continuaba en prisión.
  • En septiembre, Tarek Rouchdi y otros cinco activistas del Movimiento 20 de Febrero, que propugnaba reformas políticas, fueron condenados a penas de hasta 10 de meses de prisión, tras haber sido declarados culpables de cargos como insultar y agredir a funcionarios públicos. Según la información recibida, al concluir el año estaban detenidos decenas de activistas del Movimiento 20 de Febrero.

En agosto, la policía empleó fuerza excesiva contra personas que se manifestaban a las puertas del Parlamento, en Rabat, para protestar contra la celebración anual de un acto que conmemoraba la ascensión del rey al trono. Un periodista que cubría la noticia fue igualmente agredido. En noviembre, la policía empleó fuerza excesiva para impedir que se celebrara a las puertas del Parlamento una manifestación convocada por el Movimiento 20 de Febrero.

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Represión de la disidencia: activistas saharauis

Las autoridades seguían persiguiendo a los saharauis que defendían los derechos humanos o propugnaban la autodeterminación del Sáhara Occidental, y utilizaron fuerza excesiva para reprimir o impedir manifestaciones en dicho territorio. Además, siguieron obstaculizando el registro legal de organizaciones de la sociedad civil saharaui.

  • Según la información recibida, la policía provocó lesiones a decenas de personas cuando se manifestaban, el 13 de enero, en El Aaiún en solidaridad con 23 saharauis que se hallaban recluidos en espera de juicio en relación con la violencia desatada en el campamento de protesta de Gdim Izik, cerca de El Aaiún, en noviembre de 2010. Estas 23 personas permanecían recluidas lejos de sus hogares, en la prisión de Salé, cerca de Rabat, y muchas afirmaban haber sufrido torturas u otros malos tratos bajo custodia. En los enfrentamientos de Gdim Izik, que se extendieron también a El Aaiún, habían muerto 13 personas, entre ellas 11 miembros de las fuerzas de seguridad.
  • Se siguió negando reconocimiento legal a la Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones Graves de Derechos Humanos Cometidas por el Estado Marroquí (ASVDH), pese a que en 2006 un tribunal había declarado ilegal la decisión administrativa de rechazar su solicitud de registro. Tras el examen periódico universal de la ONU, el gobierno marroquí rechazó la recomendación de permitir el registro legal de ONG que propugnaban la autodeterminación saharaui.
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Tortura y otros malos tratos

Continuaron recibiéndose noticias sobre tortura y otros malos tratos, a los que estaban especialmente expuestas las personas a las que detenía la Dirección para la Vigilancia del Territorio con el fin de interrogarlas. Tras su visita al país en septiembre, el relator especial de la ONU sobre la tortura observó que ésta parecía utilizarse más cuando las autoridades consideraban que la seguridad del Estado estaba amenazada. Asimismo, añadió que, cuando se denunciaban torturas, pocas veces se procesaba a sus presuntos autores.

En octubre, el Consejo Nacional de Derechos Humanos afirmó que el personal penitenciario seguía cometiendo abusos contra los reclusos y que rara vez se investigaban.

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Seguridad y medidas antiterroristas

Las personas sospechosas de delitos de terrorismo o contra la seguridad corrían peligro de sufrir torturas u otros malos tratos y de comparecer en juicios sin las debidas garantías.

  • El Tribunal de Apelación de Salé redujo de 15 a 12 años la condena de prisión impuesta a Ali Aarrass en noviembre de 2011 por el cargo de pertenencia a una organización terrorista. Al concluir el año el Tribunal de Casación no había resuelto aún un nuevo recurso interpuesto. En diciembre de 2010, España había extraditado a Ali Aarrass a Marruecos, lo que contravenía las medidas provisionales dictadas por el Comité de Derechos Humanos de la ONU por considerar que corría peligro de sufrir torturas y malos tratos allí. Según la información recibida, lo habían obligado a “confesar” bajo tortura.
  • En agosto, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria declaró que la detención de Mohamed Hajib, de doble nacionalidad marroquí y alemana, era arbitraria, e instó a las autoridades marroquíes a liberarlo. Lo habían declarado culpable de delitos de terrorismo en 2010 sobre la base de una confesión obtenida, presuntamente, mediante tortura cuando se encontraba en prisión preventiva y sin acceso a un abogado. Le impusieron una condena de 10 años de prisión, que quedaron reducidos a 5 en enero. Al finalizar el año continuaba recluido. Las autoridades no investigaron sus denuncias de tortura.
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Justicia transicional

Las autoridades siguieron sin aplicar recomendaciones formuladas por la Comisión de Equidad y Reconciliación en noviembre de 2005, entre ellas la de ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y sin garantizar justicia a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos cometidas entre 1956 y 1999.

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Personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo

Los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo corrían peligro de sufrir agresiones y malos tratos. En septiembre, el relator especial de la ONU sobre la tortura afirmó que habían aumentado los casos de palizas brutales, violencia sexual y otras formas de malos tratos contra migrantes indocumentados, e instó a las autoridades a investigar y prevenir estos actos de violencia contra migrantes subsaharianos.

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Derechos de las mujeres

Las mujeres y las niñas estaban expuestas a sufrir violencia sexual y eran discriminadas en la ley y en la práctica. En noviembre, el gobierno emprendió el proceso destinado a convertir a Marruecos en Estado Parte en el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Sin embargo, las autoridades seguían supeditando la obligación de eliminar la discriminación contra las mujeres –contraída en virtud de la Convención– a la condición de que no entrase en conflicto con la sharia (ley islámica). El gobierno rechazó la recomendación formulada en el examen periódico universal de la ONU de revisar el Código de Familia para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en las cuestiones relacionadas con la herencia. Los hombres culpables de violación podían aún eludir el castigo si se casaban con la víctima.

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Campos del Frente Polisario

El Frente Polisario siguió sin tomar medidas para pedir responsabilidades a los autores de abusos contra los derechos humanos cometidos en campos bajo su control durante las décadas de 1970 y 1980.

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Pena de muerte

Al menos siete personas fueron condenadas a muerte. No había ejecuciones desde 1993.

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