Siguieron en vigor las restricciones impuestas a la libertad de expresión, asociación y reunión, sobre todo en relación con cuestiones consideradas políticamente delicadas, como el estatuto del Sáhara Occidental. Los activistas de los derechos humanos, los periodistas, los miembros del grupo político no autorizado Al Adl wal Ihsan y los activistas saharauis continuaban expuestos a sufrir hostigamiento y procesamiento por cargos de motivación política. Se detuvo a decenas de personas por presuntos delitos contra la seguridad; al parecer, algunas sufrieron tortura u otros malos tratos mientras estuvieron recluidas en régimen de incomunicación. Las fuerzas de seguridad desalojaron por la fuerza a miles de saharauis de un campamento de protesta en medio de enfrentamientos en los que se produjeron muertos y heridos. Siguieron llevándose a cabo detenciones y expulsiones colectivas de ciudadanos extranjeros. Se impusieron condenas de muerte, pero no se llevó a cabo ninguna ejecución. No se adoptaron medidas para llevar ante la justicia a responsables de flagrantes violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, y se produjeron escasos avances en la adopción de las reformas judicial e institucional, largamente prometidas.
Continuaron en punto muerto las negociaciones sobre el estatuto del Sáhara Occidental entre Marruecos, que se había anexionado el territorio en 1975, y el Frente Polisario, que propugnaba su independencia y mantenía un gobierno autoproclamado en el exilio. En abril, el Consejo de Seguridad de la ONU renovó el mandato de la Misión de la ONU para el Referéndum del Sáhara Occidental, sin incluir en él un componente de observación de la situación de los derechos humanos.
En octubre y diciembre, el enviado personal del secretario general de la ONU para el Sáhara Occidental visitó Marruecos y, posteriormente, convocó unas reuniones informales entre Marruecos, el Frente Polisario y los gobiernos de Argelia y Mauritania.
También en octubre, miles de saharauis levantaron un campamento en Gdim Izik, a pocos kilómetros de El Aaiún, para protestar por su presunta marginación y la falta de trabajo y vivienda. El 8 de noviembre, las fuerzas de seguridad desmantelaron el campamento y desalojaron por la fuerza a varios miles de saharauis, lo que provocó un estallido de violencia. Se golpeó a numerosos manifestantes y se destruyeron sus bienes. Poco después se produjo un estallido de violencia intercomunal en El Aaiún en el que hubo heridos y se causaron daños a bienes. En relación con estos sucesos murieron 13 personas, incluidos 11 miembros de las fuerzas de seguridad. Las autoridades detuvieron a unas 200 personas, muchas de las cuales afirmaban haber sufrido torturas u otros malos tratos durante su detención. Al menos 145 estaban a la espera de ser juzgadas por alteración del orden público y otros cargos, incluidos 20 civiles cuyos casos se remitieron al Tribunal Militar de la capital, Rabat.
En julio, el Tribunal de Apelación de Salé confirmó las sentencias condenatorias dictadas en una causa muy politizada, conocida como “Asunto Belliraj”, que estaba empañada por denuncias de tortura e irregularidades de procedimiento, pero redujo algunas de las penas.
El Consejo Consultivo de Derechos Humanos, encargado de vigilar la aplicación de las recomendaciones de la Comisión de Equidad y Reconciliación, publicó un informe en enero. Abarcaba en él el periodo transcurrido desde 2005, fecha en que la Comisión de Equidad y Reconciliación, que había investigado las desapariciones forzadas y otras violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1956 y 1999, había concluido sus trabajos. El informe no incluía una lista exhaustiva de las personas desaparecidas, ni tampoco conclusiones detalladas sobre casos individuales o información sobre si proseguían las investigaciones sobre ellos. El 14 de diciembre se publicó con retraso una lista de 938 víctimas de desaparición forzada y otras violaciones de derechos humanos como anexo al informe inicial. La información que se añadió a algunos casos individuales era escasa e imprecisa. Se enumeraron seis casos pendientes y se indicó que se investigarían en más profundidad.
Víctimas y supervivientes siguieron sin tener acceso efectivo a la justicia, y no se investigó ni se puso a disposición judicial a ningún responsable de las violaciones flagrantes de derechos humanos cometidas.
Al finalizar 2010, las autoridades no habían adoptado todavía medidas concretas para aplicar las recomendaciones de la Comisión de Equidad y Reconciliación sobre las reformas judicial e institucional, incluida la reforma del poder judicial y las fuerzas de seguridad. La Unión Europea proporcionó 20 millones de euros para ayudar al gobierno a introducir reformas jurídicas y 8 millones para la conservación de la memoria y los archivos de las flagrantes violaciones de derechos humanos cometidas entre 1956 y 1999.
Se impusieron sanciones a defensores de los derechos humanos, periodistas y otras personas por comentar cuestiones que las autoridades consideraban políticamente delicadas, como la monarquía, y por criticar a autoridades o instituciones públicas.
El 10 de junio, el Tribunal de Primera Instancia de Rabat condenó a Taoufik Bouachrine, periodista y director del diario Akhbar al Youm al Maghribya, a seis meses de cárcel y al pago de una multa tras declararlo culpable de fraude. El periodista presentó un recurso de apelación. Había sido absuelto en 2009, pero la Fiscalía había vuelto a abrir la causa, posiblemente por motivos políticos relacionados con unos escritos en los que había criticado a la monarquía y al gobierno.
Chekib el Khiari, periodista y defensor de los derechos humanos, siguió cumpliendo la condena de tres años de cárcel que le habían impuesto en junio de 2009. Lo habían declarado culpable de socavar o insultar a instituciones públicas por afirmar que había funcionarios de alto rango implicados en casos de corrupción y narcotráfico.
Condenado a 12 años de cárcel por “divulgar secretos militares”, Kaddour Terhzaz, de 73 años, militar de alta graduación retirado, seguía recluido en régimen de aislamiento en la prisión de Salé. Había enviado una carta al rey pidiéndole que se atendieran mejor las necesidades de los ex pilotos de las fuerzas aéreas que habían sido prisioneros del Frente Polisario. En la carta había criticado también a la cúpula de las fuerzas armadas de Marruecos.
Continuaron los ataques contra los medios de comunicación independientes. En julio, el ministro de Comunicaciones declaró que todas las cadenas de televisión debían solicitar autorización oficial para trabajar fuera de la capital, requisito que parecía tener por objeto restringir la libertad de expresión y limitar la información sobre las protestas sociales.
En julio dejó de publicarse el semanario independiente Nichane, al parecer, por un descenso de los ingresos. Había sido objeto de un boicot publicitario tras publicar una encuesta sobre el rey en agosto de 2009.
En octubre, el Ministerio de Comunicaciones cerró la corresponsalía de Al Yazira en Rabat tras acusar a la cadena de “dañar la imagen de Marruecos y sus intereses superiores, sobre todo su integridad territorial”, en referencia al estatuto del Sáhara Occidental.
En noviembre, según los informes, las autoridades impidieron a varios periodistas marroquíes y extranjeros viajar a El Aaiún para informar sobre los sucesos relacionados con el desalojo del campamento de protesta saharaui.
Las autoridades siguieron restringiendo el ejercicio pacífico de la libertad de expresión, asociación y reunión a los saharauis que propugnaban la autodeterminación del Sáhara Occidental. Los defensores de los derechos humanos y los activistas saharauis eran objeto de hostigamiento, vigilancia de agentes de seguridad y procesamientos por motivos políticos. Las organizaciones saharauis de derechos humanos siguieron sin poder obtener autorización oficial.
Ahmed Alansari, Brahim Dahane y Ali Salem Tamek continuaron recluidos, pero otros cuatro activistas saharauis detenidos junto con ellos en octubre de 2009 quedaron en libertad en espera de juicio. Los siete –detenidos a su regreso de Argelia tras visitar los campos de Tinduf administrados por el Frente Polisario– estaban acusados de “socavar la seguridad interna”. Su caso se había remitido al Tribunal Militar Permanente, pero después se había devuelto a un tribunal ordinario. El juicio se inició el 15 de octubre ante un tribunal de Casablanca, pero al finalizar el año no había concluido todavía.
Siguieron recibiéndose informes de tortura y otros malos tratos, infligidos sobre todo por la Dirección de Vigilancia del Territorio y, en algunos casos, la Brigada Nacional de la Policía Judicial y, al parecer, casi siempre con impunidad. Palizas, descargas eléctricas y amenazas de violación eran algunos de los métodos más citados en los informes. Entre las víctimas figuraban sospechosos de delitos contra la seguridad bajo custodia de la Dirección de Vigilancia del Territorio y otros presuntos delincuentes.
Según los informes, durante más de tres días, agentes de la Brigada Nacional de la Policía Judicial infligieron torturas y otros malos tratos a Mohamed Sleimani, Abdalla Balla, Bouali Mnaouar, Hicham el Hawari, Izaddine Sleimani, Hicham Sabbah y Tarek Mahla, todos ellos miembros de Al Adl wal Ihsan, tras su detención el 28 de junio. Al menos cinco de estos siete hombres denunciaron que habían sido violados. No se tuvo noticia de que las autoridades llevaran a cabo ninguna investigación. Los siete permanecieron detenidos en régimen de incomunicación más tiempo del máximo permitido por la ley, y durante su detención, según dijeron, fueron obligados a firmar declaraciones incriminatorias mediante tortura. Se los acusaba de haber secuestrado y agredido a un ex miembro de Al Adl wal Ihsan. El 21 de diciembre, todos los acusados fueron absueltos y quedaron en libertad. El ex miembro de Al Adl wal Ihsan presentó un recurso contra las sentencias absolutorias.
Según los informes, Fodail Aberkane falleció el 18 de septiembre como consecuencia de una hemorragia interna provocada por los golpes sufridos a manos de un grupo de siete u ocho policías en la comisaría de Salé. Su familia presentó una denuncia. Tras una investigación, se detuvo a varios de los policías presuntamente responsables.
Las autoridades anunciaron que habían desmantelado varias “redes terroristas” y detenido a decenas de personas. A las personas detenidas se las mantenía recluidas en régimen de incomunicación, a menudo durante más de los 12 días permitidos por la ley, en un centro de detención no reconocido, situado al parecer en Temara y en el que estaban expuestas a sufrir tortura y otros malos tratos.
Según los informes, tras ser detenido el 28 de marzo en Casablanca, Youssef al Tabai fue recluido en condiciones de frío extremo y sometido a palizas, a privación del sueño y la comida y a duchas de agua helada durante las más de tres semanas que permaneció recluido en el centro de detención de Temara. Estaba acusado de delitos de terrorismo.
Las personas acusadas de delitos de terrorismo eran objeto de juicios injustos. A algunas se las condenaba en función de confesiones que aseguraban haber hecho bajo coacción; los tribunales no investigaban tales denuncias de forma adecuada.
Varias personas que estaban en espera de ser juzgadas por presuntos delitos de terrorismo se declararon en huelga de hambre para protestar por sus condiciones de reclusión y las torturas que afirmaban estar sufriendo. También se declararon en huelga de hambre otras personas que ya estaban cumpliendo sus penas, como algunos islamistas condenados en relación con los atentados con explosivos de 2003 de Casablanca. El gobierno no adoptó medidas adecuadas para garantizar que todas las personas privadas de libertad, en especial las recluidas por motivos de seguridad, estaban protegidas contra la tortura y otros malos tratos y que se investigaban las denuncias de tales abusos.
En agosto y septiembre, las autoridades adoptaron medidas enérgicas contra los migrantes que presuntamente vivían o habían entrado en Marruecos sin la autorización correspondiente. Detuvieron a entre 600 y 700 personas, incluidos menores de edad, en Ujda, Rabat, Tánger y otras ciudades. Durante algunas redadas, las fuerzas de seguridad utilizaron excavadoras para derribar las viviendas de los migrantes y, según los informes, golpearon a las personas. Se trasladaba a los detenidos a una zona desértica próxima a la frontera con Argelia y allí se los dejaba sin agua ni comida suficientes y sin la posibilidad de recurrir contra su expulsión.
Durante 2010, las autoridades expulsaron de manera sumaria a 130 cristianos extranjeros, incluidos docentes y trabajadores de ayuda humanitaria, al parecer por presunto proselitismo, si bien no se acusó formalmente a ninguno de ellos de este delito, tipificado en el artículo 220 del Código Penal.
Se condenó a muerte al menos a cuatro personas; el gobierno mantuvo la suspensión de las ejecuciones vigente en la práctica desde 1993.
En diciembre, Marruecos se abstuvo en la votación de una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria de las ejecuciones en todo el mundo.
Agentes del Frente Polisario detuvieron el 21 de septiembre a Mostafa Salma Sidi Mouloud, ex agente de policía de esta organización, después de que hubiera expresado públicamente su apoyo al plan de autonomía del Sáhara Occidental bajo administración marroquí. Lo detuvieron en un puesto fronterizo de la región de Mhiriz que conducía a los campos de Tinduf controlados por el Frente Polisario. Éste afirmó el 6 de octubre, tras una serie de protestas internacionales, que el ex policía había sido puesto en libertad. Sin embargo, Mostafa Salma Sidi Mouloud siguió detenido y sin poder ponerse en contacto con su familia hasta el 1 de diciembre, cuando quedó a cargo del ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, en Mauritania.
No se tuvo noticia de que el Frente Polisario hubiera tomado medidas para abordar la impunidad de los acusados de cometer abusos contra los derechos humanos en los campos en las décadas de 1970 y 1980.
En noviembre, una delegación de Amnistía Internacional llevó a cabo una visita de investigación a Marruecos y el Sáhara Occidental tras los sucesos ocurridos en el campamento de protesta y en El Aaiún, y se entrevistó con autoridades del gobierno y otras personas.
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