Marruecos y el Sáhara Occidental - Informe 2008 Amnistia Internacional

Human Rights in Reino de Marruecos

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Marruecos y el Sáhara Occidental is now live »

Jefe del Estado : rey Mohamed VI
Jefe del gobierno : Abás el Fasi (sustituyó a Dris Jetu en octubre)
Pena de muerte : abolicionista en la práctica
PoblaciÓn : 32,4 millones
Esperanza de vida : 70,4 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 44/30 por cada 1.000
PoblaciÓn adulta alfabetizada : 44/30 por cada 1.000

Seguía restringiéndose la libertad de expresión, asociación y reunión, y las autoridades castigaban las críticas a la monarquía, así como otras cuestiones consideradas delicadas desde el punto de vista político. Se detuvo y enjuició a activistas de derechos humanos, periodistas, miembros del grupo político no autorizado Justicia y Caridad y saharauis que se oponían al dominio marroquí en el Sáhara Occidental. Más de un centenar de islamistas fueron detenidos como sospechosos de planificar actos de terrorismo o de haber participado en ellos. Continuaron las detenciones y expulsiones colectivas de migrantes. Se dictaron condenas a muerte, pero el gobierno mantuvo la suspensión de hecho de las ejecuciones. Prosiguió la violencia contra las mujeres, pese a que las autoridades lanzaron una campaña para combatirla. Se encarceló a hombres por «conducta homosexual».

Información general

En junio y agosto, el gobierno de Marruecos y el Frente Polisario, que propugnaba un Estado independiente en el Sáhara Occidental y mantenía un gobierno autoproclamado en el exilio en los campos de refugiados del suroeste de Argelia, celebraron, bajo los auspicios de la ONU, sendas rondas de conversaciones en torno a la cuestión del Sáhara Occidental. Marruecos propuso un plan de autonomía para el territorio, anexionado en 1975, mientras que el Frente Polisario insistió en la celebración de un referéndum de autodeterminación, como ya se había acordado en resoluciones de la ONU.

Varios ataques suicidas se saldaron con la muerte de un agente de policía y diversos heridos, y el gobierno elevó el nivel de alerta terrorista.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Varios miembros de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (Association marocaine des droits humains, AMDH), todos ellos considerados presos de conciencia, fueron encarcelados por «socavar la monarquía», cargo que se presentó en su contra tras haber participado en manifestaciones pacíficas en las que se corearon consignas críticas con la monarquía.

Cinco de ellos (Thami Khyati, Youssef Reggab, Oussama Ben Messaoud, Ahmed Al Kaateb y Rabii Raïssouni) fueron detenidos en Alcazarquivir (Ksar el Kebir), luego de haberse sumado a manifestaciones contra el desempleo celebradas el 1 de mayo. Inicialmente fueron condenados a tres años de prisión y a cuantiosas multas, pero las penas de prisión se ampliaron a cuatro años en la fase de apelación. Asimismo, el 26 de junio, el tribunal de apelación confirmó las penas de dos años de prisión impuestas a Mehdi Berbouchi y Abderrahim Karrad, que habían sido detenidos en Agadir y acusados del mismo cargo.

Otros 10 miembros de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos fueron detenidos por participar, el 5 de junio en la ciudad de Beni Mellal, en una sentada pacífica en solidaridad con los miembros de la asociación que se encontraban recluidos. Mohamed Boughrine, de 72 años de edad, fue condenado a un año de prisión, y otros tres hombres recibieron penas condicionales de prisión por «socavar la monarquía». La pena impuesta a Mohamed Boughrine se amplió a tres años de prisión tras un recurso presentado por la fiscalía. Los nueve miembros restantes fueron condenados a un año de prisión, y seguían en libertad en espera de que se resolviera un recurso presentado ante un tribunal superior.

El 23 de septiembre, en la ciudad de Sefrú, otros tres miembros de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (Azzadin Almanjali, Badr Arafat y Mohamed Kamal Almareini) fueron detenidos junto con otras 44 personas, entre ellas menores, después de manifestaciones que desembocaron en actos violentos. Su juicio quedó aplazado hasta 2008. Los acusados negaron haber participado en incidentes violentos y afirmaron que su detención había sido arbitraria. Algunos denunciaron malos tratos de la policía durante su detención y el posterior interrogatorio.

Restricciones a la libertad de prensa

Varios periodistas fueron detenidos y enjuiciados por la publicación de artículos que, según se consideró, constituían una amenaza para la seguridad nacional o socavaban la monarquía. Las autoridades elaboraron un proyecto de nuevo Código de Prensa que, al parecer, seguía previendo delitos castigados con penas de prisión.

  • Mustapha Hormatallah y Abderrahim Ariri, periodista y director, respectivamente, del diario Al Watan Al An, fueron detenidos el 18 de julio, tras haber publicado un documento interno de los servicios de seguridad sobre la intensificación de la alerta terrorista. En agosto se los declaró culpables de «obtener documentos por medios delictivos». Abderrahim Ariri recibió una condena condicional de prisión, mientras que Mustapha Hormatallah fue condenado a ocho meses de cárcel, que quedaron reducidos a siete tras un recurso. En septiembre quedó en libertad bajo fianza, en espera de que se resolviera un nuevo recurso.
  • El 6 de agosto, Ahmed Benchemsi, director de los semanarios Nichane y Tel Quel, fue acusado del delito de «socavar la monarquía», en virtud del artículo 41 del Código de Prensa, punible con hasta cinco años de prisión. El 4 de agosto había publicado un editorial en el que comentaba un discurso del rey, lo que desencadenó el secuestro judicial de los ejemplares del semanario Nichane. Ahmed Benchemsi continuaba en libertad en espera de que se celebrara su juicio, previsto para 2008.

Activistas saharauis

Se detuvo a cientos de activistas saharauis, incluidos menores, sospechosos de haber participado en manifestaciones contra el dominio marroquí celebradas en 2007 y en años anteriores. Decenas de ellos denunciaron haber sido objeto de tortura o malos tratos a manos de las fuerzas de seguridad durante los interrogatorios. Algunos fueron enjuiciados por cargos de conducta violenta, mientras que otros quedaron en libertad tras haber sido interrogados. En mayo, las fuerzas de seguridad dispersaron por la fuerza manifestaciones de estudiantes saharauis en favor de la independencia que se celebraron en campus universitarios de ciudades de Marruecos. Decenas de estudiantes fueron detenidos, y muchos de ellos, golpeados. Sultana Khaya perdió un ojo, al parecer a consecuencia de las palizas. La mayoría quedó en libertad sin cargos, pero unos 20 fueron declarados culpables de conducta violenta y se les impusieron penas de hasta un año de prisión. Los activistas saharauis de derechos humanos siguieron sufriendo actos de hostigamiento.

  • En marzo, Brahim Sabbar, secretario general de la Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones Graves de Derechos Humanos Cometidas por el Estado Marroquí, y su compañero Ahmed Sbai fueron condenados a un año de prisión tras haber sido declarados culpables de pertenencia a una organización no autorizada. La condena se amplió a 18 meses en la fase de recurso. La asociación no había podido inscribirse en el registro a causa de obstáculos administrativos que obedecían a motivaciones políticas. Mohamed Tahlil, presidente de la asociación en Bojador, fue condenado en septiembre a dos años y medio de prisión por conducta violenta. En noviembre, Sadik Boullahi, otro miembro de la asociación, permaneció retenido bajo custodia policial durante 48 horas, al cabo de las cuales quedó en libertad.
  • En octubre el Colectivo de Defensores Saharauis de los Derechos Humanos tuvo que cancelar su congreso fundacional, tras haberse negado las autoridades locales de El Aaiún a autorizar la reunión. Elwali Amidane, miembro del colectivo, había sido condenado en abril a cinco años de prisión por haber participado en manifestaciones contra el dominio marroquí.

Activistas de Justicia y Caridad

Según la información recibida, la policía interrogó durante el año a miles de miembros de Justicia y Caridad (Al Adl wal Ihsan), organización política no autorizada, y al menos 267 fueron acusados de participación en reuniones no autorizadas o de pertenencia a una asociación no autorizada. Se aplazó de nuevo, por un periodo de un año, el juicio contra la portavoz del grupo, Nadia Yassine, acusada en 2005 de difamación de la monarquía.

  • En mayo, Rachid Gholam, miembro de Justicia y Caridad y cantante de música religiosa, fue declarado culpable de incitar a la corrupción moral y a la prostitución, y condenado a un mes de prisión y al pago de una multa. Cuando compareció por primera vez ante un juez, declaró que la policía lo había desnudado y lo había fotografiado con una prostituta.

Lucha contra el terrorismo

Más de un centenar de presuntos militantes islamistas fueron detenidos, en su mayoría por la policía. No obstante, al parecer también participó en las detenciones la Dirección de Vigilancia del Territorio, fuerza de seguridad acusada de tortura y otros malos tratos en años anteriores. Se presentaron cargos contra la mayoría de las personas detenidas, y a algunas de ellas se las juzgó por delitos de terrorismo y se les impusieron penas de hasta 15 años de prisión.

Cientos de presos islamistas condenados tras los atentados con bomba perpetrados en Casablanca en 2003 seguían exigiendo la revisión judicial de sus juicios, muchos de ellos empañados por denuncias no examinadas sobre el empleo de la tortura para extraer confesiones. Los detenidos en la prisión de Sale protagonizaron huelgas de hambre para protestar por las deficientes condiciones de reclusión que soportaban, incluidos malos tratos a manos de los guardias penitenciarios y de fuerzas de seguridad ajenas a la prisión, falta de acceso a cuidados médicos y restricción de las visitas de familiares.

Personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes

Se detuvo y expulsó de forma colectiva a miles de personas sospechosas de ser migrantes irregulares, entre las que había refugiados y solicitantes de asilo. En la mayoría de los casos, no se respetaron sus derechos a recurrir contra la decisión de expulsión y a pedir que se examinaran los fundamentos de dicha decisión, pese a que la legislación marroquí los garantizaba. A menudo, los abandonaban en la frontera con Argelia, sin alimentos ni agua suficientes.

  • La noche del 30 al 31 de julio, la policía mató a dos migrantes senegaleses, Aboubakr Sedjou y Siradjo Kébé, e hirió a otros tres cerca de El Aaiún, en el Sáhara Occidental. Todos ellos formaban parte de un grupo de más de 30 migrantes que, según las autoridades, trataban de llegar a la costa para migrar a las Islas Canarias y se habían negado a detenerse cuando así se les ordenó. Las autoridades aseguraron que estos homicidios se investigarían, pero al concluir el año no se conocían aún los resultados de la investigación.

En marzo, el Consejo Consultivo para los Derechos Humanos de Marruecos publicó un informe sobre las muertes de migrantes en la frontera con Ceuta y con Melilla en 2005. En el documento se instaba a las autoridades a redoblar sus esfuerzos para respetar las obligaciones internacionales del país en materia de derechos humanos, pero no se llegaba a recomendar que se investigaran las muertes.

Discriminación y violencia contra las mujeres

En abril se modificó el Código de Nacionalidad, a fin de permitir que las mujeres marroquíes casadas con hombres extranjeros transmitieran la nacionalidad a sus hijos.

En noviembre, las autoridades comunicaron que el 82 por ciento de los casos denunciados de malos tratos contra las mujeres se habían producido en el ámbito familiar, y lanzaron una campaña para combatir la violencia contra las mujeres.

Discriminación: prisión por «conducta homosexual»

Seis hombres recibieron condenas de hasta 10 meses de prisión tras haber sido declarados culpables de «conducta homosexual». La legislación marroquí penalizaba las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo, lo que constituye una violación de las normas internacionales de derechos humanos.

Justicia transicional

En agosto, el Consejo Consultivo para los Derechos Humanos, al que se había encomendado que continuara la labor de la Comisión de Equidad y Reconciliación, comunicó que 23.676 personas habían recibido indemnizaciones por violaciones de derechos humanos cometidas durante el reinado de Hasán II. La Comisión, establecida en 2004 para investigar las desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y otras violaciones graves de derechos humanos cometidas entre 1956 y 1999, había terminado su trabajo en 2005. Seguía sin facilitarse el acceso efectivo de las víctimas y sobrevivientes a la justicia, y los perpetradores continuaban sin rendir cuentas. Ninguno de estos dos puntos formaba parte de las atribuciones de la Comisión.

Campos del Frente Polisario

El Frente Polisario no tomó medidas para abordar la impunidad de las personas acusadas de abusos contra los derechos humanos cometidos en los campos en las décadas de 1970 y 1980.

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