Mongolia - Informe 2007 Amnistía Internacional

Human Rights in Mongolia

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Mongolia is now live »

Jefe del Estado: Nambaryn Enkhbayar
Jefe del gobierno: Miyegombiin Enkhbold (sustituyó a Tsakhiagiin Elbegdorj en enero)
Pena de muerte: retencionista
Estatuto de la Corte Penal Internacional: ratificado

La aplicación de la pena de muerte se mantenía en secreto. Las personas recluidas en centros de detención preventiva y comisarías de policía y las que estaban condenadas a muerte corrían peligro de sufrir tortura y malos tratos.

Información general

En enero, el gobierno encabezado por Tsakhiagiin Elbegdorj presentó su dimisión. La corrupción era habitual y estaba institucionalizada. En enero, Mongolia ratificó la Convención de la ONU contra la Corrupción y en julio aprobó la Ley Anticorrupción de Mongolia, que entró en vigor en noviembre.

Pena de muerte

Las ejecuciones se llevaban a cabo en secreto, y no había estadísticas oficiales de las condenas a muerte. Se recibieron informes de periodos de detención superiores a 24 meses y del uso continuado de esposas y grilletes para los pies.

Tortura y malos tratos

Al parecer, la tortura y los malos tratos se utilizaban de forma sistemática en las comisarías de policía y en los centros de detención preventiva. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley gozaban de impunidad generalizada, y las víctimas de tortura no tenían derecho a obtener indemnización ni rehabilitación.

Las condiciones de reclusión eran duras y el hacinamiento era habitual. Las personas encarceladas corrían peligro de contraer tuberculosis y estaban expuestas a temperaturas extremas. Seis presos cuyas condenas a muerte fueron conmutadas cumplían «penas de aislamiento» especiales de 30 años; se los separaba del resto de los presos y se les prohibía recibir visitas de familiares y abogados.

En el centro de detención de Gants Khudag había falta de luz y aire fresco, y los niveles de humedad y contaminación del aire eran elevados. Los internos padecían problemas de la vista y otras afecciones de la salud.

Una persona se quedó ciega tras pasar 300 días en el centro de detención de Gants Khudag. Solicitó una indemnización por los daños sufridos en la vista a consecuencia de las condiciones de detención y por los malos tratos que le habían infligido los funcionarios de la prisión. Ambas solicitudes fueron denegadas.

Desalojos forzosos

En agosto, algunos mineros informales («ninja») fueron detenidos y desalojados por entrar sin autorización en el yacimiento de la empresa minera Altan Dornod en Ar Naimgan. Unidades militares y policiales detuvieron a todas las personas que no contaban con identificación, incluidos mujeres y menores, y los retuvieron durante más de 24 horas en el centro de detención policial de Ogoomor soum. Más de 10.000 mineros «ninja» fueron obligados a subirse a camiones y trasladados a zonas rurales aisladas sin infraestructuras ni acceso a alimentos, agua o servicios médicos.

Daños medioambientales

No se ofreció indemnización ni otra forma de reparación a los ganaderos que se vieron obligados a abandonar sus tierras a consecuencia de los daños sufridos por éstas y por su ganado, relacionados con las toxinas químicas utilizadas por la industria minera. En las zonas mineras de Zaamar y Boroo, provincias de Toev, Selenge y Ovorkhangai, había niveles elevados de mercurio y cianuro de sodio, y gran parte del ganado resultó envenenado por estas y otras toxinas.

El río Onggi, que pasaba por las provincias de Omnogovi, Ovorkhangai y Dundgovi y cubría una distancia de 435 kilómetros, se secó tras la concesión de 30 licencias para la extracción y prospección en su cabecera. La desaparición del río dejó a no menos de 57.000 personas de la región con escasez de agua potable. Más de 80.000 cabezas de ganado tuvieron que ser trasladadas a otras provincias, lo que supuso para cada familia un coste superior al millón de tugriks (880 dólares estadounidenses).

Restricciones a la libertad de expresión

La libertad de expresión siguió padeciendo severas restricciones. A lo largo del año, más de 40 periodistas fueron amenazados o atacados, o fueron objeto de hostigamiento o investigación por parte de las autoridades. Los medios de comunicación nacionales estaban controlados por las autoridades, y a menudo sufrían amenazas o discriminación si las criticaban. Según los informes, 10 periodistas fueron detenidos durante manifestaciones, y sus cámaras y otro material fueron destruidos.

En julio, B. Tsevegmid, periodista de Nomin TV, fue golpeada en Orkhon Aimag por personas no identificadas que, según los informes, le habían pedido que dejase de emitir información. Según los informes recibidos, la policía no realizó una investigación adecuada.

En abril, la diputada D. Harbin impidió de forma ilegal la distribución pública de un periódico que contenía un artículo negativo sobre ella. Afirmó que su condición política la autorizaba a hacerlo.

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