Tortura y otros malos tratos

En marzo, el Comité de la ONU contra la Tortura publicó sus observaciones finales sobre el segundo informe periódico presentado por Moldavia. El Comité manifestó su preocupación por las “numerosas y continuas quejas […] en relación con el uso habitual y generalizado de la tortura y otros tipos de malos tratos con las personas detenidas en locales de la policía” y pidió a las autoridades que condenaran públicamente y sin equívocos el uso de la tortura. Expresó asimismo su preocupación por el hecho de que los centros de detención preventiva temporal continuaran siendo competencia de la policía, pese a que el proyecto de construir nuevos centros de detención y transferir su gestión al Ministerio de Justicia formaba parte del Plan Nacional de Acción de Moldavia sobre los Derechos Humanos en 2005. Garantizar la separación entre las autoridades responsables de realizar los interrogatorios y las encargadas de la custodia de las personas detenidas constituía una importante medida para prevenir el uso de la tortura y otros malos tratos contra personas que se encontraban detenidas.

Impunidad

En noviembre, la Oficina del Fiscal General anunció que se ampliaría al resto del país el sistema de fiscales especializados dedicados a la investigación de denuncias de tortura que había estado en funcionamiento desde 2007 en Bălţi, Cahul y Chisinau, capital del país. Sin embargo, existían constantes problemas de impunidad por actos de tortura y otros malos tratos. El Estado no llevó a cabo con prontitud investigaciones exhaustivas e independientes sobre denuncias de tortura. Se ponía en peligro a los testigos por no suspender del servicio activo a los agentes de policía a los que se investigaba por cometer actos de tortura u otros malos tratos mientras duraba la investigación oficial. En algunos casos los agentes de policía habían eludido por completo las sanciones.

• Al finalizar el año dos agentes de policía a los que se les había impuesto una pena de seis años de prisión por torturar a Viorica Plate estaban todavía en libertad, viviendo notoriamente en Moldavia, y aún no habían cumplido la condena que les habían impuesto. En febrero de 2008, Viorica Plate informó a Amnistía Internacional de que tanto ella como su representante legal habían sido acosados por los agentes de policía que la habían torturado en mayo de 2007. En marzo de 2008, la Oficina del Fiscal General comunicó a Amnistía Internacional que no se podía poner bajo custodia a los agentes de policía porque habían recurrido sus sentencias condenatorias. En septiembre de 2008, el Tribunal Supremo desestimó el recurso.

Al final del año, a consecuencia del gran número de detenciones que se practicaron en el transcurso y después de las violentas manifestaciones llevadas a cabo para protestar contra el resultado de los comicios parlamentarios de abril de 2009, continuaban los juicios contra agentes de policía acusados de cometer actos de tortura y otros malos tratos. Abogados y ONG denunciaron demoras y ocultación de pruebas por parte de las autoridades. En agosto, miembros de la Comisión Nacional, constituida en octubre de 2009 con el fin de investigar e informar sobre estos sucesos, afirmaron que el Ministerio del Interior había ocultado unas imágenes grabadas por agentes a pie de calle durante las manifestaciones. Este hecho salió a la luz cuando la Oficina del Fiscal General mostró un vídeo que, según declaró la propia Oficina, habían filmado agentes del Ministerio del Interior y que no se había puesto a disposición de la Comisión Nacional con anterioridad.

• En mayo, se suspendió la investigación sobre la paliza que unos agentes de policía propinaron a Damian Hîncu durante las protestas que tuvieron lugar en abril de 2009. La suspensión se basó en que la víctima no podía identificar a los agentes porque en el momento en que sucedió todo lo habían obligado a tenderse en el suelo boca abajo. Poco después salieron a la luz unas imágenes grabadas por una cámara de un circuito cerrado de televisión en las que se veía cómo Damian Hîncu era golpeado por alguien que se parecía mucho al jefe de policía de Chisinau. Se abrió una nueva causa contra el jefe de policía, que más tarde presentó la dimisión.

Libertad de expresión: lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero

El 28 de abril, el Tribunal de Apelación de Chisinau falló que por “motivos de seguridad y moralidad pública” la marcha en favor de la igualdad convocada por activistas de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero para el 2 de mayo, que estaba previsto que transcurriera por el centro de Chisinau, debía celebrarse en una zona poco frecuentada de la ciudad. En marzo, la organización, Centro de Información GenderDoc-M, había solicitado al ayuntamiento de Chisinau permiso para celebrar una manifestación en la Plaza de la Gran Asamblea Nacional, en el centro de la ciudad, en la que preveía que participarían unas 50 personas. La organización no recibió respuesta a su solicitud, pero el ayuntamiento envió una petición al Tribunal de Apelación de Chisinau para que impidiera que la manifestación se celebrase en el centro de la ciudad. En protesta por esta decisión los activistas se negaron a celebrar la marcha en el lugar autorizado. Las autoridades municipales de Chisinau solicitaron que se prohibiese la celebración de la marcha en respuesta a numerosas peticiones formuladas por diversos grupos religiosos y otros grupos opuestos a los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero. Se permitió que la contramanifestación organizada por estos grupos se celebrase ese mismo día en el centro de Chisinau.

Justicia internacional

El 12 de octubre, Moldavia ratificó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, con efecto a partir del 1 de enero de 2011.

Juicios injustos

República de Transdniéster

• Ernest Vardanean, periodista que trabajaba en Transdniéster, fue detenido el 7 de abril frente a su domicilio de Tiraspol en la autoproclamada República de Transdniéster, acusado formalmente de “traición en forma de espionaje”, delito que comportaba una pena de entre 12 y 20 años de prisión. El 11 de mayo, antes de que diese comienzo el juicio, la principal cadena de televisión de Transdniéster emitió un vídeo en el que el ministro de facto de Seguridad de Transdniéster declaraba que Ernest Vardanean era culpable del delito que se le imputaba. En el vídeo también aparecía Ernest Vardanean, corroborando aparentemente las afirmaciones del ministro y diciendo que lamentaba el “terrible error”. El vídeo se difundió posteriormente a través de Internet. Ernest Vardanean apenas tuvo contacto con el mundo exterior durante los 42 días que transcurrieron entre su detención inicial y la emisión del vídeo. Según los informes, al finalizar el año se encontraba detenido en espera de juicio en la sede del Servicio de Seguridad Nacional en Tiraspol.