México - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in Estados Unidos Mexicanos

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
México is now live »

Jefe del Estado y del gobierno
Felipe Calderón Hinojosa
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
109,6 millones
Esperanza de vida
76 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
22/18 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
92,8 por ciento

Aumentaron los informes sobre graves violaciones de derechos humanos a manos de miembros del ejército que realizaban actividades policiales. La policía federal y las policías estatales y municipales siguieron cometiendo también graves violaciones de derechos humanos en varios estados. Las mujeres sufrían elevados niveles de violencia de género sin disponer apenas de acceso a la justicia. Bandas de delincuentes secuestraron a miles de migrantes irregulares y asesinaron a algunos de ellos. Se registraron frecuentes violaciones de mujeres migrantes. Varios periodistas y defensores de los derechos humanos fueron víctimas de homicidios, actos de acoso y cargos penales falsos. Las comunidades marginadas en cuyas tierras se deseaba llevar a cabo proyectos de desarrollo económico corrían el riesgo de sufrir acoso, ser desalojadas por la fuerza o ver negado su derecho a ser consultadas e informadas de manera adecuada. En dos decisiones históricas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló contra México en sendos casos relacionados con graves violaciones de derechos humanos.

Información general

Tras las elecciones legislativas, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se convirtió en la fuerza política más numerosa de la Cámara de Diputados. En noviembre, el Senado eligió un nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). México aceptó aplicar 83 de las 91 recomendaciones formuladas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Alrededor de 50.000 efectivos de las fuerzas armadas ejercían actividades policiales con el fin de mejorar la seguridad pública y luchar contra la delincuencia organizada y los cárteles de la droga. Según noticias aparecidas en los medios de comunicación, más de 6.500 personas murieron en actos de violencia relacionados con la delincuencia organizada. Las fuerzas de seguridad también fueron con frecuencia blanco de ataques.

El Congreso estadounidense autorizó el desembolso de 486 millones de dólares más como parte de la Iniciativa de Mérida, acuerdo sobre cooperación y seguridad regional de tres años de duración. La transferencia del 15 por ciento de los fondos previstos en la Iniciativa estaba condicionada al cumplimiento de determinadas condiciones en materia de derechos humanos. Sin embargo, se siguieron facilitando fondos a México a pesar de incumplir dichas condiciones.

Policía y fuerzas de seguridad

Sistema de justicia militar y abusos del ejército

Aumentaron los informes sobre violaciones de derechos humanos perpetradas por miembros del ejército, como ejecuciones extrajudiciales y homicidios ilegítimos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y otros malos tratos. Durante el año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos formuló 30 recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional sobre casos confirmados de abusos, frente a las 14 formuladas en 2008. Algunas víctimas y familiares de víctimas que intentaron presentar denuncias fueron objeto de amenazas. El sistema de justicia militar siguió investigando y juzgando las violaciones de derechos humanos relacionadas con miembros del ejército. Las autoridades gubernamentales se negaron a reconocer la magnitud de los abusos o la impunidad de éstos.

  • En agosto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que los familiares de cuatro civiles desarmados a los que el ejército había matado a tiros en Santiago de los Caballeros (estado de Sinaloa) en marzo de 2008 no tenían derecho a impugnar que el sistema de justicia militar se encargara de la causa.
  • En marzo, miembros del ejército fueron responsables de la desaparición forzada de Miguel Alejandro Gama Habif, Israel Ayala Martínez y Aarón Rojas de la Fuente en Nuevo Laredo (estado de Tamaulipas). En abril se encontraron sus cadáveres calcinados. A los familiares no se les permitió ver los cadáveres ni el informe de la autopsia. En mayo, la Secretaría de la Defensa Nacional indicó que se había detenido a 12 militares, pero no se facilitó información oficial sobre los cargos ni sobre el juicio.
  • En marzo, tras detenerlos, el ejército sometió a torturas a 25 agentes de la policía municipal mientras permanecían en situación de detención preventiva sin cargos (arraigo) en una base militar de Tijuana (estado de Baja California). Después de ser acusados formalmente de delitos vinculados con la delincuencia organizada, los agentes fueron trasladados a una prisión civil de Tepic, en el estado de Nayarit. Al finalizar el año no se tenía noticia de que se hubiera abierto ninguna investigación sobre las denuncias de tortura.

Fuerzas de policía

En enero entró en vigor la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En ella se preveía un aumento de la profesionalización y coordinación de la policía y una cierta mejora de la protección de los derechos humanos. La Ley de la Policía Federal, promulgada en junio, establecía un único cuerpo federal de policía dotado de nuevas atribuciones para atender denuncias y llevar a cabo investigaciones, incluidas labores de vigilancia electrónica y operaciones encubiertas, sin los adecuados controles judiciales.

Se recibieron varios informes sobre violaciones de derechos humanos a manos de la policía federal y las policías estatales y municipales, como desapariciones forzadas, uso excesivo de la fuerza, torturas y otros malos tratos y detenciones arbitrarias. El gobierno no hizo realidad sus promesas de investigar todas las denuncias de tortura.

  • En febrero, Gustavo Castañeda Puentes fue víctima de desaparición forzada a manos de policías en Monterrey (estado de Nuevo León). A pesar de que testigos del hecho identificaron a los presuntos responsables, la investigación no condujo a la detención de éstos.
  • En marzo, la policía federal detuvo de manera ilegal a Jesús Arturo Torres en su domicilio de Chihuahua (estado de Chihuahua). Los agentes lo golpearon y lo amenazaron de muerte durante las tres horas que duró el interrogatorio. Jesús Arturo Torres quedó en libertad sin cargos. Presentó una denuncia, pero al concluir el año no se sabía si la investigación había avanzado o no.

Derechos de las personas migrantes

Se detuvo y deportó a más de 60.000 migrantes irregulares, en su gran mayoría ciudadanos centroamericanos que intentaban llegar a Estados Unidos. Las personas migrantes, en especial las mujeres, los niños y las niñas, corrían peligro de ser víctimas de abusos, como palizas, amenazas, secuestros, violaciones y asesinatos, principalmente a manos de bandas de delincuentes, pero también de algunos funcionarios públicos. Las medidas para prevenir y castigar los abusos eran inadecuadas y los migrantes no tenían prácticamente acceso a la justicia. El gobierno promovió el establecimiento de directrices regionales sobre el cuidado de los migrantes menores de edad y facilitó formación a algunos funcionarios sobre el modo de mejorar la protección de estos menores bajo custodia.

En julio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos publicó un informe en el que se ponía de relieve el elevadísimo número de secuestros por dinero y otros abusos sufridos por migrantes a manos de bandas de delincuentes. Se estimaba que hasta 10.000 migrantes podían haber sido secuestrados durante los seis meses anteriores y que en muchos casos las mujeres habían sido objeto de agresiones sexuales. Las iniciativas oficiales para poner fin a estos abusos eran totalmente inadecuadas.

  • En enero, cerca de San Cristóbal (estado de Chiapas), la policía del estado mató a tiros a tres migrantes irregulares e hirió a varios más cuando perseguía el vehículo en el que viajaban. Al finalizar el año aún no había terminado el enjuiciamiento de varios agentes de policía.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

En un informe publicado en octubre por la oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se documentaban amenazas y agresiones contra defensores y defensoras de los derechos humanos a manos de particulares y agentes del Estado. Se subrayaba también la ausencia de acciones efectivas para investigar e impedir los ataques. Los defensores de los derechos humanos, sobre todo los que promovían el respeto por los derechos económicos, sociales y culturales, eran objeto de cargos penales falsos y procedimientos judiciales injustos.

  • En febrero, unos hombres armados sin identificar que afirmaron ser policías secuestraron, torturaron y asesinaron a Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, defensores de los derechos de los indígenas, en Ayutla (estado de Guerrero). Los dos hombres habían recibido amenazas por sus actividades. Al terminar el año, Raúl Hernández, preso de conciencia y activista de otra organización local de defensa de los derechos de los indígenas, seguía en prisión acusado falsamente de asesinato. En marzo, otros cuatro hombres imputados en la misma causa, los presos de conciencia Manuel Cruz, Orlando Manzanarez, Natalio Ortega y Romualdo Santiago, quedaron en libertad después de que un tribunal federal dictaminara que no existían pruebas suficientes en su contra. Se amenazó de muerte a defensores de los derechos humanos que luchaban por que se hiciera justicia en ambos casos.
  • En agosto, un hombre sin identificar disparó repetidas veces y estuvo a punto de matar a Salomón Monárrez, del Frente Cívico Sinaloense, organización de derechos humanos radicada en Culiacán (estado de Sinaloa). Al final del año no había concluido todavía la investigación del caso.

Libertad de expresión: ataques contra periodistas

Los periodistas, sobre todo los que trabajaban en temas relacionados con la seguridad pública y la corrupción, siguieron sufriendo amenazas, agresiones y secuestros. Se recibieron informes según los cuales al menos 12 periodistas fueron asesinados durante 2009. El hecho de que las investigaciones sobre los homicidios, los secuestros y las amenazas rara vez desembocaran en el procesamiento de los responsables agravaba el clima de impunidad.

Pueblos indígenas y comunidades marginadas

Los pueblos indígenas y los miembros de otras comunidades marginadas solían ser objeto de procedimientos judiciales injustos. En varios casos, a causa del interés por explotar los recursos naturales de las tierras en las que vivían, se ignoró o amenazó su derecho a la tierra o a sus hogares.

  • En septiembre quedó en libertad la presa de conciencia Jacinta Francisco Marcial, de Santiago Mexquititlán (estado de Querétaro), gracias a un nuevo juicio en el que el Ministerio Público Federal retiró el cargo que había presentado contra ella. Se la había perseguido porque era una mujer indígena que vivía en la pobreza, y había pasado tres años en la cárcel por un delito que no había cometido. Al acabar el año, otras dos mujeres indígenas acusadas de los mismos cargos seguían encarceladas en espera de una nueva sentencia.
  • Guardias de seguridad privados amenazaron e intimidaron en repetidas ocasiones a miembros de la comunidad de Lomas del Poleo, situada a las afueras de Ciudad Juárez (estado de Chihuahua), en el marco de una campaña emprendida seis años atrás para expulsar a las familias de sus hogares con el fin de iniciar un proyecto de desarrollo comercial. Al finalizar el año no se había pronunciado todavía el tribunal agrario encargado de ver la reclamación presentada por las familias para reivindicar su derecho a la tierra. A pesar de las reiteradas quejas, las autoridades no impidieron ni investigaron las amenazas.

Violencia contra mujeres y niñas

La violencia contra las mujeres en la comunidad y el hogar seguía siendo un fenómeno generalizado en la mayoría de los estados. En los estados de Chihuahua y México se denunció el asesinato de decenas de mujeres tras ser secuestradas y violadas. Todos los estados adoptaron medidas jurídicas para mejorar la prevención y el castigo de los actos de violencia de género, pero la aplicación de las nuevas leyes siguió siendo muy limitada. La impunidad de los asesinatos y otros delitos perpetrados contra mujeres continuaba siendo la norma.

  • Siguieron los asesinatos y secuestros de mujeres y niñas en Ciudad Juárez. En 2009, según los informes, al menos 35 mujeres desaparecieron, y al final del año seguía sin tenerse noticia de su paradero. El gobierno del estado publicó un informe sobre los avances conseguidos en la prevención y el castigo de los asesinatos de mujeres, pero no facilitó una relación completa de todos los casos denunciados. Respecto al caso del Campo Algodonero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó en noviembre que el Estado mexicano había incurrido en discriminación y que no había protegido a tres mujeres asesinadas en 2001 en Ciudad Juárez ni había garantizado una investigación efectiva sobre su secuestro y asesinato. La Corte ordenó una nueva investigación, reparaciones para los familiares de las víctimas, investigaciones sobre los funcionarios relacionados con el caso y mejores medidas para impedir e investigar los secuestros y asesinatos de mujeres y niñas.

Derechos sexuales y reproductivos

En una aparente reacción contra la despenalización del aborto promulgada en 2007 en el Distrito Federal, las asambleas legislativas de 17 de los 31 estados mexicanos aprobaron modificar sus constituciones estatales con el fin de garantizar el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Al finalizar el año estaba todavía pendiente de resolución un recurso contra la modificación de la Constitución del estado de Baja California presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El gobierno hizo pública por fin una norma oficial actualizada para los profesionales de la salud encargados de asistir a mujeres víctimas de actos de violencia. Según la norma, las supervivientes de violación tenían derecho a recibir información sobre el aborto legal, y a acceder a él. Los gobiernos de algunos estados señalaron a los medios de comunicación que no aplicarían la directiva.

Impunidad

Continuaba muy arraigada la impunidad por violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. Las medidas adoptadas para procesar a los responsables fueron escasas o nulas.

  • Las investigaciones de centenares de casos de graves violaciones de derechos humanos perpetradas durante la “guerra sucia” de las décadas de 1960, 1970 y 1980 continuaron paralizadas, y siguieron sin aparecer algunos documentos de investigaciones anteriores.
  • En febrero, en una investigación especial de la Suprema Corte de Justicia, se llegó a la conclusión de que en mayo de 2006 la policía había cometido graves violaciones de derechos humanos en San Salvador Atenco, incluidas agresiones sexuales contra personas detenidas. Sin embargo, en el informe de la investigación se señalaba que sólo se podían pedir cuentas a los agentes implicados directamente en los abusos, pero no a los altos cargos que habían ordenado la operación y no habían impedido ni investigado los abusos. En septiembre, en una investigación penal especial llevada a cabo por un organismo federal sobre las torturas –incluidas agresiones sexuales– perpetradas contra 26 mujeres detenidas en Salvador Atenco, se llegó a la conclusión de que los responsables habían sido 34 agentes de la policía estatal, pero no se formularon cargos y la causa se devolvió a la Procuraduría General del estado de México, que anteriormente no había procedido contra los responsables. No se tuvo noticia de que hubiera nuevas acciones judiciales.
  • En marzo, un tribunal federal confirmó el archivo de la causa por genocidio seguida contra el ex presidente Luis Echeverría en relación con la matanza de estudiantes ocurrida en Tlatelolco en 1968.
  • En octubre, la Suprema Corte de Justicia finalizó una investigación especial sobre las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la crisis política registrada en Oaxaca en 2006. Llegó a la conclusión de que se debía hacer rendir cuentas al gobernador y a otras autoridades del estado. Al terminar el año, sin embargo, no se disponía de información sobre la apertura de nuevas investigaciones para cumplir la recomendación del tribunal. Juan Manuel Martínez seguía en prisión acusado del asesinato del periodista estadounidense Brad Will, ocurrido en octubre de 2006 en Oaxaca, a pesar de que no existían pruebas en su contra y de que las autoridades federales no habían llevado a cabo una investigación completa y exhaustiva para identificar a los responsables.
  • En diciembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró a México responsable de la desaparición forzada de Rosendo Radilla perpetrada por el ejército en 1974 en el estado de Guerrero. La Corte ordenó una nueva investigación de carácter civil, reparaciones para los familiares y una reforma del Código Penal Militar que impidiera al sistema de justicia militar llevar a cabo investigaciones y juicios relacionados con violaciones de derechos humanos.

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