México

Human Rights in Estados Unidos Mexicanos

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
México is now live »

Jefe del Estado y del gobierno Felipe Calderón Hinojosa
Pena de muerte abolicionista para todos los delitos
Población 107,8 millones
Esperanza de vida 75,6 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m) 22/17 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada 91,6 por ciento

Las graves violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas y de la policía incluían homicidios ilegítimos, uso excesivo de la fuerza, torturas y detenciones arbitrarias. Varios periodistas fueron asesinados. Se sometió a defensores y defensoras de los derechos humanos a amenazas, cargos penales falsos y procedimientos judiciales injustos. Se hostigó a personas que protestaban contra proyectos de desarrollo económico. La Suprema Corte de Justicia rechazó las impugnaciones constitucionales de la ley despenalizadora del aborto promulgada en Ciudad de México. Se acometieron algunas reformas del sistema de justicia penal. La violencia contra las mujeres seguía siendo un fenómeno generalizado.

Información general

La seguridad pública y la reforma del sector energético dominaron el debate político. Se desplegaron miles de efectivos de la policía federal y 45.000 miembros de las fuerzas armadas en operaciones contra la delincuencia organizada. Sin embargo, aumentó el nivel de violencia atribuido a las redes delictivas; según noticias de los medios de comunicación, durante el año más de 6.000 personas perdieron la vida en incidentes violentos de este tipo. Decenas de agentes de las fuerzas de seguridad murieron también o resultaron heridos en el cumplimiento de su deber.

  • En septiembre se hallaron en el Parque Nacional de la Marquesa, estado de México, los cadáveres de 24 hombres asesinados. En un presunto ataque de represalia de una banda de narcotraficantes, el lanzamiento de dos granadas contra multitudes que celebraban el Día de la Independencia de México en Morelia, estado de Michoacán, ocasionó ocho muertos y numerosos heridos. En octubre, la policía detuvo a tres hombres en relación con el atentado. Los hombres confesaron haber sido los autores, pero presentaron una demanda por torturas sufridas mientras se encontraban en prisión preventiva.

El endurecimiento de las penas y la incorporación a la Constitución del arraigo (prisión preventiva sin cargos) durante 80 días fueron algunas de las medidas adoptadas para combatir la delincuencia. En septiembre, instituciones federales y estatales firmaron el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad con el fin de mejorar la coordinación de la policía y otras medidas de seguridad. En diciembre, el Congreso aprobó leyes en materia de seguridad pública para la regulación de las fuerzas de policía, pero no se reforzaron las garantías sobre derechos humanos.

El Congreso estadounidense aprobó en junio la Iniciativa de Mérida, que preveía la prestación a México de fondos por valor de 400 millones de dólares estadounidenses. El paquete de medidas incluía también el suministro de equipo y formación a la policía y las fuerzas armadas mexicanas y a los funcionarios de justicia y de inmigración. El 15 por ciento de los fondos destinados a las fuerzas armadas estaba retenido hasta que la Secretaría de Estado estadounidense informara del cumplimiento por México de determinadas condiciones en materia de derechos humanos. Entre estas condiciones figuraba la realización de investigaciones creíbles para identificar a los responsables del homicidio del reportero estadounidense Bradley Roland Will durante los disturbios políticos registrados en Oaxaca en 2006. En octubre, la Procuraduría General de la República detuvo a Juan Manuel Martínez Moreno, miembro de un grupo político de la oposición, y lo acusó formalmente del asesinato de Bradley Will. Numerosas personas e instituciones, incluidos expertos forenses independientes y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, criticaron el fundamento de la detención, pues temían que las personas acusadas en relación con el caso pudieran servir de chivo expiatorio para demostrar el cumplimiento de las condiciones impuestas en la Iniciativa de Mérida.

"...los migrantes irregulares eran objeto de abusos tales como extorsiones, palizas, secuestros, violaciones y asesinatos a manos de funcionarios o de bandas de delincuentes..."

En agosto, el gobierno hizo público su Programa Nacional de Derechos Humanos, pero en éste no se precisaba ni cómo ni cuándo se llevarían a efecto los compromisos generales formulados en él. Muchas organizaciones de la sociedad civil criticaron al gobierno por no haber mantenido con ellas un diálogo para elaborar un programa de derechos humanos sustantivo. El gobierno y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos renovaron el acuerdo para mantener en México una oficina de esta institución.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Los defensores y defensoras de los derechos humanos siguieron siendo objeto de amenazas, agresiones, cargos penales de motivación política y encarcelamientos por organizar manifestaciones de protesta o promover el respeto por los derechos humanos. El gobierno aceptó facilitar a varios de ellos las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, algunos defensores de los derechos humanos señalaron que no se habían puesto en marcha iniciativas sustanciales para investigar sus casos o facilitarles una protección efectiva.

  • En abril, cinco miembros de la Organización de Pueblos Indígenas Me’ phaa (OPIM) del municipio de Ayutla, estado de Guerrero, fueron detenidos y acusados del asesinato de Alejandro Feliciano García, cometido el 1 de enero. Esta organización se había movilizado de forma sistemática contra la marginación de la comunidad me’ phaa y había promovido los derechos de los pueblos indígenas. A pesar del juicio de amparo federal otorgado en favor de cuatro de los detenidos y de los indicios convincentes de que la detención se había debido a motivos políticos, los cinco hombres seguían bajo custodia al finalizar el año. Se los consideraba presos de conciencia.

Varios proyectos de inversión y desarrollo económico suscitaron las protestas de algunas comunidades locales por la falta de un proceso de consultas adecuado y por el posible impacto negativo de dichos proyectos sobre los derechos sociales, medioambientales y de otro tipo. Las comunidades indígenas fueron víctima de un número especialmente alto de represalias.

  • Los habitantes de la comunidad de Huizopa, en el municipio de Madera, estado de Chihuahua, que exigían que las labores de minería desarrolladas en tierras comunales cumplieran los acuerdos suscritos con la comunidad, fueron objeto de amenazas y de operaciones policiales destinadas a disolver manifestaciones legales.

Policía y fuerzas de seguridad

Personal militar

Aumentaron los informes sobre la implicación de personal militar en homicidios ilegítimos, torturas, malos tratos, detenciones arbitrarias y registros ilegales de viviendas. El sistema de justicia militar conservaba la competencia de investigar y procesar a los miembros de las fuerzas armadas acusados de violaciones de derechos humanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos formuló nueve recomendaciones sobre los graves abusos perpetrados por personal militar durante 2008.

  • En marzo, unos soldados dispararon contra un vehículo en Santiago de los Caballeros, municipio de Badiraguato, estado de Sinaloa; mataron a cuatro hombres e hirieron a otros dos. No había pruebas de que las víctimas fueran armadas ni supusieran una amenaza. Al finalizar el año, cinco militares estaban bajo custodia militar y sometidos a investigación, y estaba todavía pendiente de resolución una solicitud de amparo presentada por familiares de las víctimas para impedir que las fuerzas armadas reclamaran su competencia en el caso.

Policía

Los homicidios ilegítimos, las torturas, el uso excesivo de la fuerza y las detenciones arbitrarias por parte de la policía siguieron siendo un fenómeno generalizado. Se adoptaron medidas para crear una policía federal única con mayores atribuciones en materia de investigación. Sin embargo, no se pusieron en marcha iniciativas importantes para reforzar la rendición de cuentas de la policía por violaciones de derechos humanos, y continuó sin acometerse la reforma de las policías estatales y municipales.

  • En septiembre, según los informes, agentes de la Policía Federal Preventiva mataron a una transeúnte de 17 años, al efectuar varios disparos, de forma innecesaria y sin advertencia previa, contra un automóvil en Matamoros, estado de Tamaulipas. Los ocupantes del vehículo, Carlos Solís y Luis Alberto Salas, fueron detenidos y acusados del homicidio, a pesar de que algunos testigos afirmaron que sólo había disparado la policía. Según los informes, a los dos hombres los torturaron cuando se encontraban bajo custodia, y al finalizar el año estaban en espera de ser juzgados por el cargo de tenencia de armas.
  • En octubre, la policía estatal mató a tiros a seis miembros de la comunidad indígena de Miguel Hidalgo, en el municipio de La Trinitaria, estado de Chiapas. Al menos cuatro de las víctimas murieron en circunstancias que daban a entender que se trataba de una ejecución. Se detuvo a varios agentes y, según los informes, 26 estaban sometidos a investigación al finalizar el año.
  • En septiembre murieron más de 30 reclusos en los disturbios registrados en la prisión estatal La Mesa, en Tijuana, Baja California. El director de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California llegó a la conclusión de que algunas de las muertes se habían debido al uso de fuerza excesiva y a otras violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad responsables de la operación.

Torturas y otros malos tratos

Las torturas y los malos tratos siguieron siendo un fenómeno generalizado. Aunque se emprendieron varias iniciativas, se registraron pocos avances en la puesta en marcha de acciones judiciales efectivas contra los responsables. En agosto, el Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura visitó algunos centros de detención en varios estados y recibió información sobre numerosos casos de tortura. Sus conclusiones eran aún confidenciales.

  • En febrero, agentes de la Policía Estatal de Caminos detuvieron en Chilón, estado de Chiapas, a Eliseo Silvano Espinoza y Eliseo Silvano Jiménez, dos indígenas tzeltales. Según los informes, les dispararon, los golpearon, estuvieron a punto de asfixiarlos y los rociaron con gases lacrimógenos para tratar de que confesaran. Posteriormente, los dos hombres quedaron en libertad sin cargos. Al finalizar el año, dos agentes de policía estaban bajo custodia y eran objeto de una investigación por este incidente.
  • En octubre, docentes y simpatizantes locales de este gremio se manifestaron en el estado de Morelos. En la localidad de Xoxocotla, la policía federal disolvió una manifestación que se estaba celebrando en una carretera principal. Muchas de las personas detenidas afirmaron que las habían detenido en su domicilio, las habían golpeado y, a algunas, las habían obligado a andar descalzas sobre brasas candentes.

Libertad de expresión: periodistas

Al menos cinco trabajadores de medios de comunicación murieron de forma violenta, y como mínimo otro, víctima de un secuestro, continuaba en paradero desconocido. Estos delitos y otras agresiones a periodistas atribuidas a bandas de delincuentes siguieron impunes.

  • En abril, dos mujeres indígenas, Felícitas Martínez y Teresa Bautista, que trabajaban en una estación de radio comunitaria de la región de Triqui, estado de Oaxaca, murieron al disparar unos hombres armados contra el vehículo en el que viajaban. Las autoridades negaron que el asesinato guardase relación con sus actividades periodísticas, pero no llevaron a cabo una investigación completa de los hechos.

Impunidad

Persistía la impunidad por violaciones de derechos humanos cometidas tanto en el pasado como recientemente. La falta de instituciones efectivas encargadas de investigar y enjuiciar violaciones de derechos humanos a escala federal o estatal limitaba gravemente la rendición de cuentas y el acceso a la justicia.

  • En el 40 aniversario de la matanza de la plaza de Tlatelolco, en Ciudad de México, en la que fuerzas del gobierno dispararon contra manifestantes en circunstancias nunca aclaradas, seguía sin registrarse el menor avance en lo relativo a la rendición de cuentas de sus responsables. Al finalizar el año seguía pendiente la decisión de la corte federal que revisaba el recurso de amparo concedido al ex presidente Echeverría, según el cual éste no debía ser juzgado por genocidio en relación con la matanza de Tlatelolco.

No hubo avances judiciales para llevar ante los tribunales a los responsables de centenares de casos de homicidios extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas perpetrados durante las décadas de 1960, 1970 y 1980. El gobierno tampoco formuló compromiso alguno a este respecto.

  • En junio se presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de Rosendo Radilla, víctima de desaparición forzada a manos de las fuerzas de seguridad en 1976 y que seguía en paradero desconocido.

Las investigaciones sobre casos emblemáticos recientes, como las torturas y otros malos tratos a decenas de manifestantes en Guadalajara en 2004, las torturas –incluida violación– de al menos 26 detenidas en San Salvador Atenco en mayo de 2006, y las decenas de casos de torturas, detenciones arbitrarias y homicidios ilegítimos registrados durante la crisis política de Oaxaca en 2006 y 2007, apenas arrojaron resultados positivos. Al finalizar el año no se conocían todavía los resultados de las investigaciones emprendidas por la Suprema Corte de Justicia sobre los abusos perpetrados en San Salvador Atenco y Oaxaca.

  • El paradero de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez –miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR) que se temía que hubiesen sido víctimas de desaparición forzada en mayo de 2007– siguió sin conocerse al fracasar la investigación federal iniciada al efecto.

Violencia contra mujeres y niñas

En agosto, la Suprema Corte de Justicia rechazó las impugnaciones constitucionales de las reformas introducidas en 2007 en la legislación de Ciudad de México para despenalizar el aborto durante las primeras 12 semanas de embarazo.

La violencia contra las mujeres en el hogar, la sociedad y el entorno laboral continuó siendo un fenómeno generalizado. El gobierno siguió sin hacer públicos nuevos procedimientos para la atención de las supervivientes de violencia por profesionales de la medicina.

Veintiocho estados promulgaron leyes para el acceso de las mujeres a una vida sin violencia, pero sólo las autoridades federales y tres gobiernos estatales dictaron reglamentos para la aplicación de la nueva legislación. El aplazamiento del compromiso de financiar muchos de los refugios para mujeres sometió a una gran presión a esta red de servicios.

  • En el contexto de la escalada de la delincuencia violenta, más de 75 mujeres fueron asesinadas en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua. Defensores y defensoras de los derechos humanos que pedían justicia para las mujeres asesinadas o secuestradas fueron objeto de amenazas y actos de intimidación.
  • Se presentaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos los casos de tres de las ocho mujeres a las que en 2001 se encontró asesinadas en Campo Algodonero, Ciudad Juárez.

Migrantes

Según los informes, disminuyó el número de migrantes que cruzaban la frontera para entrar en Estados Unidos, pero aumentaron las expulsiones a México. En este último país, los migrantes irregulares eran objeto de abusos tales como extorsiones, palizas, secuestros, violaciones y asesinatos a manos de funcionarios o de bandas de delincuentes que actuaban a menudo con la complicidad de las autoridades locales. Los responsables de estos delitos no respondían prácticamente nunca de sus actos. Como consecuencia de las reformas introducidas en la legislación federal, la pena de cárcel por el delito de estar ilegalmente en México se redujo a una multa. La detención de los migrantes antes de repatriarlos siguió siendo la norma. Se aumentó la formación impartida a los funcionarios de inmigración sobre la protección de los derechos de la infancia. Tras visitar México en marzo, el relator especial de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes expresó su gran preocupación por el trato dado a los migrantes centroamericanos.

  • En abril se publicaron en los medios de comunicación fotografías de una operación conjunta realizada por los servicios de inmigración y las fuerzas navales para detener a migrantes irregulares en Las Palmas, municipio de Niltepec, estado de Oaxaca. Testigos presenciales confirmaron la veracidad de las imágenes, que mostraban a migrantes sometidos a palizas y vejaciones. Sin embargo, los servicios de inmigración y la marina desmintieron estos abusos.
  • El sacerdote Alejandro Solalinde y otros empleados del albergue de Ciudad Ixtepec, en Oaxaca, que facilitaban a los migrantes asistencia humanitaria y documentaban los abusos que éstos sufrían, recibieron repetidas amenazas en represalia por su trabajo.

Novedades jurídicas, constitucionales e institucionales

Se introdujeron reformas importantes en la Constitución relativas a la seguridad pública y al sistema de justicia penal, entre ellas la instauración de juicios orales y algunas mejoras en el proceso debido para los delitos comunes, como la presunción de inocencia. Sin embargo, como consecuencia de dichas reformas, se ampliaron también –sin garantizar la existencia de controles adecuados– las atribuciones de los ministerios públicos encargados de investigar delitos federales graves. Se fijó un periodo de ocho años para la introducción de reformas, y se creó una comisión especial gubernamental encargada de elaborar propuestas legislativas para aplicar las reformas a escala federal. Las reformas no habían empezado todavía en la mayoría de los estados.

Se bloquearon una serie de reformas dirigidas a incorporar de manera explícita en la Constitución los tratados internacionales de derechos humanos.

Informes de Amnistía Internacional

La lucha de las mujeres por la seguridad y la justicia. Violencia familiar en México (1 agosto 2008)
México: Información para el Examen Periódico Universal de la ONU (8 septiembre 2008)
Promover los derechos de los pueblos indígenas de México: Organización del Pueblo Indígena Me’ phaa (9 octubre 2008)

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