Malta - Informe 2008 Amnistia Internacional

Human Rights in República de Malta

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Malta is now live »

Jefe del Estado : Edward Fenech-Adami
Jefe del gobierno : Lawrence Gonzi
Pena de muerte : abolicionista para todos los delitos
PoblaciÓn : 0,4 millones
Esperanza de vida : 79,1 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 8/8 por cada 1.000
PoblaciÓn adulta alfabetizada : 87,9 por ciento

Las autoridades de Malta continuaron deteniendo automáticamente a personas migrantes a su llegada a la isla, lo que contravenía sus obligaciones en virtud del derecho internacional. Tampoco protegieron adecuadamente a personas que habían naufragado. El Consejo de Europa criticó a Malta por sus políticas en relación con la detención de personas migrantes.

Personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes

Deber de auxilio

Al menos en dos ocasiones, las autoridades de Malta no protegieron el derecho a la vida de personas que habían naufragado.

  • El 21 de mayo, la tripulación de una aeronave de las Fuerzas Armadas de Malta avistó a 53 personas en una embarcación que se iba a pique a unas 88 millas náuticas al sur de Malta. De acuerdo con los informes, transcurrieron 12 horas hasta que un buque de rescate llegó al lugar donde había sido divisada la embarcación, que para entonces había desaparecido. Según se informó, las personas que viajaban en ella, que podrían haber estado buscando protección internacional, lograron regresar a Libia, donde fueron recluidas en el centro de detención de Al Zoura.
  • El 24 de mayo, un barco pesquero maltés se negó a subir a bordo a 27 personas migrantes y solicitantes de asilo cuya embarcación se había ido a pique. El capitán les permitió aferrarse a una jaula para la cría de atunes para evitar que se ahogasen y finalmente los dejó subir a bordo. Las autoridades de Malta se negaron a auxiliar a estos náufragos y tampoco garantizaron su seguridad. Finalmente fueron rescatados por un buque italiano.

Detención

Malta continuó aplicando su política de detener automáticamente a las personas migrantes y solicitantes de asilo que llegaban a su territorio, en contra de las normas y el derecho internacionales. A finales de junio, unas 3.000 personas migrantes y solicitantes de asilo se encontraban detenidas en Malta; de ellas, más de 1.300 en centros de detención cerrados.

Las condiciones de reclusión en los centros de detención seguían siendo deficientes, incluido el centro de detención abierto de Hal Far, del que los migrantes podían salir, y donde hasta 800 personas vivían en unas 25 tiendas de campaña, algunas de ellas agujereadas. Las personas que ocupaban las tiendas en mal estado de conservación estaban expuestas directamente a la lluvia, al viento y a las frías temperaturas, lo que les impedía dormir y perjudicaba su salud. Entre las personas internadas en el centro de Hal Far había mujeres embarazadas. Las autoridades de Malta afirmaron que no tenían intención de sustituir las tiendas de campaña por otras estructuras.

La ONG Médicos del Mundo informó de que, en agosto, una mujer somalí en avanzado estado de gestación había dado a luz durante su reclusión. También informó de que a menudo se castigaba con la reclusión en régimen de aislamiento a las personas detenidas que solicitaban ver a un médico y que finalmente no estaban enfermas. La organización denunció las condiciones insalubres de los centros de detención.

Escrutinio internacional

El 10 de septiembre, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes publicó un informe para el gobierno maltés sobre la visita que había realizado al país en junio de 2005. El Comité señaló que Malta todavía aplicaba una política de detención sistemática de migrantes irregulares durante periodos de hasta un año y destacó que se seguía recluyendo a menores de edad no acompañados en centros de detención, a pesar de haber recomendado la modificación de esta práctica en anteriores ocasiones.

El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura también consideraba preocupante que el proceso de examen de las apelaciones contra las decisiones en materia de asilo tuviese lugar en privado sin estar presente la persona cuyo caso se consideraba. Dado que las decisiones de la Junta de Apelaciones para Refugiados no podían recurrirse, el Comité recomendó la obligatoriedad de que la persona extranjera plantease su caso personalmente.

El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura se refirió a las condiciones higiénicas del centro de detención para migrantes de Safi como «deplorables», y afirmó que se encontraba en parte saturado y que en invierno la mayor parte del centro carecía de calefacción.

El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura afirmó que en el pasado había indicado claramente que en los calabozos de la comisaría de policía de Floriana, los dormitorios para los migrantes irregulares sólo debían utilizarse para estancias cortas. Sin embargo, en el momento de la visita, 120 extranjeros llevaban hasta varios meses alojados en dos dormitorios en condiciones de terrible hacinamiento. Debido a su estado de deterioro general, al acceso limitado a la luz natural y a la inexistencia de un patio exterior para realizar ejercicios al aire libre, el Comité recomendó que estos dos dormitorios no se utilizasen más, ni siquiera en casos de emergencia.

El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura solicitó a las autoridades maltesas que revisasen el papel de las fuerzas armadas como administradoras de los centros de detención para migrantes irregulares. En opinión del Comité, estos centros debían ser gestionados por personal especialmente contratado al efecto y formado para ese fin. También instó a Malta a introducir directrices relativas a la expulsión de migrantes irregulares por vía aérea, de conformidad con las Veinte Directrices sobre la Devolución del Consejo de Europa.

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