El gobierno restringió la libertad de expresión en los medios de comunicación impresos
y electrónicos. A los 50 años de la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Interna
continuaban las detenciones sin cargos ni juicio. Se impuso judicialmente el castigo
de azotes con vara a migrantes, personas refugiadas y ciudadanos y ciudadanas malaisios
por diversos delitos, entre los que figuraban infracciones de las leyes de inmigración.
En aplicación de la ley islámica, por primera vez tres mujeres recibieron azotes con
vara. En mayo, Malaisia fue elegida miembro del Consejo de Derechos Humanos de la
ONU.
Najib Tun Razak cumplió su segundo año como primer ministro tras sustituir a Abdulá
Badawi. Tenía de plazo hasta marzo de 2013 para convocar elecciones al Parlamento.
Continuó el juicio del líder de la oposición Anwar Ibrahim, contra quien por segunda
vez en 12 años se habían formulado cargos penales de sodomía que tenían motivaciones
políticas. De ser declarado culpable, Anwar Ibrahim se exponía a una pena de prisión
y a la prohibición de ocupar cargos políticos durante cinco años. En marzo, cuando
anunció la nueva política económica de Malaisia para los siguientes años, Najib Tun
Razak pidió la reforma de la política malaisia de discriminación positiva que favorecía
a los bumiputras (condición jurídica que comprendía a las personas de etnia malaya
e indígenas de Malaisia oriental).
Las autoridades restringieron la libertad de expresión al establecer como requisito
que las publicaciones debían contar con autorización gubernamental y al imponer sanciones
penales con arreglo a la Ley contra la Sedición a quienes criticaban al gobierno.
En junio, el Ministerio del Interior suspendió la distribución de SuaraKeadilan, el periódico del principal partido de la oposición, el Partido de Justicia Popular
(PKR), al negarse a renovar la licencia necesaria para su publicación. En julio, el
gobierno restringió la publicación de otro diario de la oposición, Harakah, perteneciente al Partido Islámico Pan-Malaisio (PAS).
El bloguero Irwan Abdul Rahman, también conocido como Hassan Skodeng, fue detenido
en agosto tras publicar un texto satírico sobre el presidente de la mayor empresa
de servicios públicos de Malaisia en el que cuestionaba una campaña de ahorro de energía.
Irwan Abdul Rahman quedó en libertad bajo fianza y, con arreglo a la Ley sobre Comunicaciones
y Multimedia de 1998, fue acusado de utilizar indebidamente Internet por publicar
contenidos falsos u ofensivos de forma malintencionada. De ser declarado culpable,
se enfrentaba a una condena de hasta un año de prisión y una multa de 50.000 ringgits
malaisios (15.500 dólares estadounidenses).
Las autoridades presionaron a una emisora de radio que emitía en chino para que despidiese
al presentador Jamaluddin Ibrahim, tras las críticas vertidas en su programa contra
la política gubernamental de discriminación positiva. En agosto, la Comisión Malaisia
de Comunicaciones y Multimedia envió una carta a la emisora de radio en la que, según
informes, afirmaba que el programa amenazaba la seguridad nacional y ponía en peligro
las relaciones raciales.
En septiembre, la policía detuvo al caricaturista político Zunar antes de la presentación
de su libro Cartoon-o-phobia y confiscó ejemplares de la publicación. El dibujante fue acusado con arreglo a la
Ley contra la Sedición y se enfrentaba a una pena de hasta tres años de cárcel. En
junio, el Ministerio del Interior prohibió tres de los libros y revistas anteriores
del dibujante por considerarlos “perjudiciales para el orden público” en virtud de
la Ley de Imprentas y Editoriales de 1984. Según esta ley, la publicación y distribución
de estas viñetas era punible con hasta tres años de cárcel o multas de hasta 20.000
ringgits malaisios (6.200 dólares estadounidenses). Zunar quedó en libertad bajo fianza.
En enero, la policía hizo una redada durante una clase de religión islámica cerca
de Kuala Lumpur y detuvo a 50 hombres con arreglo a la Ley de Seguridad Interna. La
mayoría de los detenidos quedaron pronto en libertad, pero el gobierno expulsó sumariamente
a varios de los que eran extranjeros a países como Siria, donde corrían peligro de
sufrir tortura por su presunta participación en grupos políticos islámicos.
En agosto, en una protesta pacífica celebrada en la ciudad de Petaling Jaya con motivo
del 50 aniversario de la Ley de Seguridad Interna, la policía detuvo a 30 de los
aproximadamente 300 manifestantes. Todos los detenidos quedaron posteriormente en
libertad. La prohibición en la legislación malaisia de las reuniones públicas de más
de cinco personas sin autorización suponía una grave limitación de las protestas públicas
y la libertad de reunión.
En julio, Mohamad Fadzullah bin Abdul Razak, ciudadano malaisio de 28 años, fue detenido
con arreglo a la Ley de Seguridad Interna tras regresar de Tailandia. El gobierno
alegó que Mohamad Fadzullah formaba parte de una red terrorista internacional. Las
autoridades dictaron contra él una orden de dos años de reclusión en virtud de la
Ley de Seguridad Interna, que establecía la reclusión indefinida sin cargos ni juicio.
Según el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, que visitó Malaisia
en junio, la detención de personas refugiadas en el país era sistemática. Los trabajadores
migrantes a menudo se veían expuestos a condiciones laborales abusivas, además de
ser detenidos por delitos relacionados con la inmigración.
En agosto, el gobierno anunció que iba a aumentar a casi el doble el número de integrantes
del Cuerpo de Voluntarios Populares (RELA), una fuerza de voluntariado civil que utilizaba
sus competencias policiales para detener a personas migrantes y refugiadas por delitos
relacionados con la inmigración. Los integrantes del RELA a menudo extorsionaban a
migrantes y refugiados para obtener dinero, y en ocasiones los golpeaban. El gobierno
también volvió a permitir la presencia de agentes del RELA en centros de detención
de inmigrantes, de donde los había retirado en 2009.
Las condiciones de los centros de detención de inmigrantes seguían siendo deficientes.
En junio, alrededor de 500 solicitantes de asilo birmanos iniciaron una huelga de
hambre para protestar por la reiterada falta de agua en el centro de detención de
inmigrantes de Lenggeng.
En octubre, según informes, siete funcionarios de inmigración y dos ciudadanos extranjeros
fueron detenidos por su presunta participación en trata de personas. Sin embargo,
no se iniciaron procedimientos penales, sino que quedaron recluidos sin juicio con
arreglo a la Ley de Seguridad Interna.
Las autoridades imponían a menudo azotes con vara como castigo para numerosos delitos,
incluidos los relacionados con la inmigración. Más de 60 delitos conllevaban este
castigo. Sólo en una semana, decenas de trabajadores migrantes fueron expulsados a
Indonesia tras ser azotados con vara por delitos relacionados con la inmigración.
En febrero, por primera vez en la historia de Malaisia, tres mujeres fueron azotadas
con vara. Las mujeres, todas ellas musulmanas, fueron condenadas por mantener relaciones
sexuales extramatrimoniales y se les aplicó el castigo con arreglo a disposiciones
de la ley islámica, cerca de Kuala Lumpur. En abril se conmutó por servicios comunitarios
la condena a seis azotes impuesta en 2009 a Kartika Sari Dewi Shukarno, la primera
mujer condenada a recibir azotes con vara.
Según información de la agencia estatal de noticias, Bernama, y de otros medios de
comunicación malaisios, los tribunales condenaron al menos a 114 personas a “ser colgadas
del cuello hasta morir”. Las autoridades no dieron a conocer el número de ejecuciones
llevadas a cabo.
Más de la mitad de las condenas a muerte de que se tuvo noticia se impusieron por
posesión ilegal de drogas cuando se superaban determinadas cantidades, delito que
acarreaba la pena capital preceptiva. En esos casos, los acusados se enfrentaban a
cargos de tráfico de drogas. En virtud de las leyes contra el narcotráfico, se los
suponía culpables a menos que demostrasen su inocencia, lo cual contravenía las normas
internacionales sobre juicios justos.
Una de cada seis condenas a muerte de las que se tuvo noticia se había impuesto a
ciudadanos de otros países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).
Entre los condenados había siete de Indonesia, tres de Myanmar, tres de Singapur,
tres de Tailandia y dos de Filipinas.
