Malaisia

Human Rights in Malaisia

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Malaisia is now live »

Jefe del Estado Yang di-Pertuan Agong Mizan Zainal Abidin
Jefe del gobierno Abdulá Ahmad Badawi
Pena de muerte retencionista
Población 27 millones
Esperanza de vida 73,7 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m) 12/10 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada 88,7 por ciento

El gobierno endureció el control de la disidencia y restringió el derecho a la libertad de expresión y religión. Se detuvo a autores de blogs en aplicación de la Ley contra la Sedición, y se utilizó la Ley de Imprentas y Editoriales para controlar el contenido de periódicos. Un total de 10 personas fueron detenidas arbitrariamente y recluidas en virtud de la Ley de Seguridad Interna. Las fuerzas de seguridad continuaron haciendo un uso excesivo de la fuerza, a la vez que se aplazó la creación de una comisión independiente de denuncias de conducta policial indebida. Voluntarios y personal de inmigración practicaron detenciones masivas de trabajadores y trabajadoras migrantes. Al menos 22 personas fueron condenadas a muerte. Se desconocía el número de ejecuciones llevadas a cabo.

Información general

En las elecciones de marzo, la oposición obtuvo el control de cinco de los 13 estados malaisios y 82 de los 222 escaños parlamentarios, acabando con la aplastante mayoría de la coalición del Frente Nacional (Barisan Nasional). En agosto fue elegido parlamentario Anwar Ibrahim, dirigente de la oposición que había estado detenido en aplicación de la Ley de Seguridad Interna.

"...el mecánico Sanjeev Kumar, que había quedado paralítico y mentalmente inestable, al parecer a causa de las torturas sufridas mientras estuvo recluido."

Libertad de expresión

Las autoridades recurrieron a la Ley de Imprentas y Editoriales para suspender o cancelar permisos de publicación y a la Ley contra la Sedición para detener a autores de blogs.

  • En abril, las autoridades suspendieron el permiso de publicación del diario tamil Makkal Osai, al parecer, debido a que había ofrecido amplia información sobre la coalición de la oposición durante el periodo previo a las elecciones.
  • En mayo, las autoridades amenazaron con revocar la licencia de publicación del diario católico The Herald por utilizar la palabra «Alá» como sinónimo de «Dios».
  • En septiembre, Syed Azidi Syed, autor de un blog, fue detenido y permaneció recluido durante tres días en aplicación de la Ley contra la Sedición, presuntamente debido a que había publicado un artículo en el que pedía a la gente que ondease la bandera malaisia boca abajo como forma de protesta contra determinadas políticas del gobierno.
  • En mayo, Raja Petra Kamarudin, autor de un blog, fue acusado en virtud de la Ley contra la Sedición por un artículo en el que al parecer daba a entender que el viceprimer ministro había participado en el asesinato de una mujer mongola. En septiembre fue detenido arbitrariamente y recluido en aplicación de la Ley de Seguridad Interna. Según información aparecida en la prensa, el ministro del Interior había dicho seis días antes de su detención que Raja Petra Kamarudin podría ser detenido en virtud de la Ley de Seguridad Interna por insultar a los musulmanes y degradar al islam en artículos publicados en su sitio web. El ministro del Interior dictó una orden de dos años de detención, renovable indefinidamente. En noviembre, tras un intenso debate público, el Tribunal Superior ordenó que Raja Petra Kamarudin fuera puesto en libertad.

Reclusión sin juicio

Un total de 10 personas fueron detenidas en 2008 en aplicación de la Ley de Seguridad Interna. Al finalizar el año había al menos 50 detenidos en virtud de esa ley, de los que 17 llevaban entre cuatro y ocho años recluidos sin cargos ni juicio. Se sabía que 31 detenidos habían sido excarcelados, entre ellos 4 ciudadanos indonesios que fueron expulsados.

  • En septiembre quedó en libertad el mecánico Sanjeev Kumar, que había quedado paralítico y mentalmente inestable, al parecer a causa de las torturas sufridas mientras estuvo recluido. Al finalizar el año estaba sujeto a órdenes de restricción de residencia.
  • Cinco dirigentes de la Fuerza de Acción por los Derechos de los Hindúes continuaban recluidos por organizar concentraciones contra la marginación de la población malaisia de etnia india. En marzo, mientras estaba recluido, Manoharan Malayalam fue elegido miembro de la asamblea estatal. En mayo, el Tribunal Federal desestimó los recursos de hábeas corpus presentados por los cinco hombres afirmando que su detención había sido legal. Posteriormente recurrieron esa decisión. Amnistía Internacional los consideró presos de conciencia.

Uso excesivo de la fuerza

  • En mayo, el parlamentario de la oposición Lim Lip Eng fue golpeado por personal de seguridad, que al parecer pertenecía a la Dependencia Federal de Reserva, tras intentar mediar en un enfrentamiento entre la policía y vecinos relacionado con un conflicto sobre el acceso a una carretera.
  • En mayo, al menos 10 hombres uniformados que al parecer pertenecían a la Dependencia Federal de Reserva sacaron al mecánico Chang Jium Haur de su automóvil por la fuerza y lo golpearon hasta que perdió el conocimiento. Al finalizar el año nadie había sido procesado por los hechos.

El Parlamento aplazó el debate sobre el proyecto de ley de la Comisión Especial de Denuncias, propuesto por el gobierno para vigilar la conducta indebida de la policía y ampliamente criticado por grupos de derechos humanos nacionales e internacionales.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo y derechos de las personas migrantes

De los tres millones de migrantes que había en Malaisia, un tercio continuaba corriendo peligro de detención y expulsión por estar en situación irregular, incluido un número indeterminado de personas que temían sufrir persecución si regresaban a su país natal. El gobierno no hacía distinción entre trabajadores migrantes y personas refugiadas y solicitantes de asilo. Hasta agosto, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados había registrado un total de 41.405 personas en situación de riesgo, de las que 11.172 eran niños. El 88 por ciento procedía de Myanmar.

En marzo, el Departamento de Prisiones finalizó el traspaso de 11 centros de detención de inmigrantes al Departamento de Inmigración. Los 480.000 voluntarios sin formación del Cuerpo de Voluntarios Populares (Relawan Ikatan Rakyat) asumieron la gestión de los centros. Aumentaron los informes de graves abusos a personas detenidas por parte de miembros del Cuerpo de Voluntarios.

  • En abril se desató un motín en el Centro de Detención de Inmigrantes de Lenggeng, en protesta por las brutales palizas propinadas a algunas personas detenidas y las lamentables condiciones del centro de inmigración.

Durante sus operaciones contra la inmigración, los miembros del Cuerpo de Voluntarios Populares, que podían practicar detenciones sin una orden y sin asistencia policial o de funcionarios de inmigración, no hicieron distinción entre solicitantes de asilo, refugiados, apátridas y trabajadores migrantes. En una operación realizada en agosto detuvieron a más de 11.600 personas y, tras tramitar los casos, hallaron que sólo 500 eran migrantes irregulares.

En junio, el Ministro del Interior anunció una serie de medidas enérgicas que pretendían la expulsión de 200.000 migrantes irregulares, fundamentalmente filipinos. Según cifras del gobierno de Filipinas, hasta agosto habían sido expulsados 35.000. Este número se había incrementado en varios miles al finalizar el año. La Comisión de Derechos Humanos de Filipinas estaba investigando las denuncias de palizas y condiciones de hacinamiento de los detenidos durante la operación.

Libertad de religión

En 2008 aumentó notablemente la politización de la religión. Las personas que deseaban abjurar del islam continuaban encontrándose con dificultades.

  • En marzo, un tribunal de la ley islámica condenó a Kamariah Ali, nacida musulmana, a dos años de cárcel por abjurar del islam.
  • En agosto, un foro del Colegio de Abogados, en el que se hablaba de los conflictos legales a los que se enfrentaban las familias malaisias si uno de los cónyuges quería convertirse al islam, fue interrumpido en mitad de la sesión por la policía y manifestantes islamistas porque estos últimos amenazaban con entrar por la fuerza en el lugar en que se celebraba. No se tomaron medidas contra los manifestantes.

Discriminación

La discriminación racial continuaba siendo una práctica institucionalizada en Malaisia, especialmente en las «políticas de discriminación positiva» respaldadas por el gobierno para los bumiputeras (pueblos indígenas y malayos de Sabah y Sarawak) con respecto a la propiedad de la tierra, el empleo y la educación, que en algunos casos provocaban la total exclusión de otros grupos.

  • En agosto hubo protestas generalizadas tras proponer un representante del gobierno que la University Teknologi Mara asignase el 10 por ciento de las plazas universitarias a personas no malayas. Durante los últimos 50 años sólo los malayos habían podido acceder a la universidad, que contaba con 120.000 alumnos. El primer ministro y el ministro de Educación Superior rechazaron la propuesta.

Pena de muerte

En enero, la ONG Malaisios contra la Pena de Muerte calculaba que había 300 personas condenadas a muerte, la mayoría por delitos relacionados con drogas. Amnistía Internacional tenía constancia de que los Tribunales Superiores habían condenado a 22 personas a muerte en 2008, pero se desconocía el número de ejecuciones llevadas a cabo.

En diciembre, Malaisia votó en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria mundial de las ejecuciones.

Castigos crueles, inhumanos y degradantes

Se siguió utilizando la flagelación con vara como castigo para muchos delitos, incluidos algunos relacionados con la inmigración.

 

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