Malaisia - Informe 2007 Amnistía Internacional

Human Rights in Malaisia

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Malaisia is now live »

Jefe del Estado: rajá Tuanku Syed Sirajuddin
Jefe del gobierno: Abdullah Ahmad Badawi
Pena de muerte: retencionista
Estatuto de la Corte Penal Internacional: no ratificado

El año finalizó sin que el gobierno hubiera cumplido su compromiso de
crear una comisión policial independiente de denuncias. Al menos 80
hombres acusados de estar vinculados a grupos radicales islamistas
fueron recluidos sin cargos ni juicio en virtud de la Ley de Seguridad
Interna. Las libertades de expresión, asociación y reunión continuaron
limitadas por leyes restrictivas. Las personas sospechosas de ser
migrantes irregulares o solicitantes de asilo eran hostigadas y
permanecían recluidas en duras condiciones en espera de su expulsión.
Cientos de personas, en su mayor parte presuntos migrantes irregulares,
fueron encarceladas o sometidas a penas de flagelación con vara tras
juicios injustos. Se siguió imponiendo la pena de muerte y cuatro
personas fueron ejecutadas.

Reforma policial

Organizaciones no gubernamentales continuaron presionando al gobierno para que crease una Comisión Policial Independiente sobre Conducta Indebida y Denuncias. En 2005, la Comisión Real de Investigación, encargada de examinar la conducta de la policía, había recomendado que se llevase a cabo un amplio abanico de reformas, incluida la creación de dicha comisión independiente antes de mayo de 2006. Al finalizar el año, el fiscal general aún estaba analizando el anteproyecto de la ley por la que se crearía esta comisión. Otras recomendaciones, como la derogación o reforma de las leyes que permitían la reclusión sin juicio o exigían la obtención de un permiso policial para celebrar reuniones públicas, no se llevaron a la práctica.

Brutalidad policial

Se recibieron con gran frecuencia informes sobre uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de policía durante manifestaciones pacíficas. En marzo y mayo, agentes de policía armados con escudos dispersaron violentamente una serie de protestas pacíficas contra los precios del combustible que se celebraron en Kuala Lumpur, para lo que utilizaron porras y cañones de agua. Según los informes, varias personas resultaron heridas de gravedad y decenas fueron detenidas. Todas quedaron en libertad posteriormente.

Continuaba la preocupación sobre la eficacia de las salvaguardas destinadas a garantizar la seguridad y el bienestar de las personas recluidas bajo custodia policial. Según los informes recibidos, al menos cinco personas, entre las que había una mujer, murieron bajo custodia a lo largo del año.

Reclusión sin juicio

La Ley de Seguridad Interna, que permitía la reclusión sin juicio durante un periodo de hasta dos años, prorrogable indefinidamente, continuó aplicándose y también utilizándose como amenaza. Al finalizar el año permanecían detenidos no menos de 80 hombres acusados de pertenecer o estar vinculados a grupos radicales islamistas. Se renovaron al menos 20 órdenes de reclusión, y las razones no se hicieron públicas.

En mayo, 11 personas fueron detenidas en Sabah en virtud de la Ley de Seguridad Interna por su presunta relación con un grupo islamista conocido como Darul Islam Sabah.

En octubre, al menos 17 miembros de la Comunidad Islámica (Jemaah Islamiyah) y el Grupo Extremista Malaisio (Kumpulan Militan Malaysia) fueron puestos en libertad, pero se dictaron contra ellos órdenes que restringían su libertad de circulación.

Al menos 700 presuntos delincuentes continuaban privados de libertad en virtud del Decreto de Emergencia (Orden Público y Prevención del Delito), que permitía la reclusión indefinida sin juicio. Muchas de esas personas estaban recluidas en aplicación de dicho decreto porque la policía no contaba con pruebas suficientes como para acusarlas. En octubre, el Tribunal Federal falló que, una vez que el ministro de Seguridad Interna hubiera dictado una orden de reclusión, no podía impugnarse ante los tribunales la legalidad de la detención por la policía en virtud del Decreto de Emergencia.

Trabajadores y trabajadoras migrantes, personas refugiadas y solicitantes de asilo

Refugiados, solicitantes de asilo y trabajadores migrantes continuaban siendo vulnerables a la detención, la reclusión en condiciones deficientes y la expulsión en virtud de la Ley de Inmigración. Los trabajadores migrantes eran objeto de abusos psicológicos y físicos por parte de empleadores y agencias de contratación, y a menudo se les negaba el acceso igualitario a las prestaciones y protecciones que trabajadoras y trabajadores malaisios tenían garantizadas, como las disposiciones relativas a la maternidad, la limitación de la jornada laboral y las vacaciones.

Se recibieron informes de malos tratos y uso excesivo de la fuerza durante numerosas redadas y detenciones masivas de presuntos trabajadores migrantes, en su mayor parte llevadas a cabo por miembros del cuerpo de voluntarios civiles armados (Ikatan Relawan Rakyat Malaysia, RELA). Cientos de personas fueron azotadas tras ser declaradas culpables de delitos relacionados con la inmigración.

En febrero fueron encontrados en un lago de Selayang, cerca de Kuala Lumpur, los cadáveres de cinco trabajadores migrantes que, al parecer, habían huido de una redada del RELA. Testigos presenciales informaron de que al menos uno de los cuerpos mostraba señales de malos tratos.

Libertad de expresión y de asociación

Hubo constantes críticas a la Ley de Imprentas y Editoriales, que permitía a las autoridades denegar, revocar o suspender los permisos de edición.

Durante el año, dos directores de periódico fueron obligados a dimitir tras la publicación de información sobre abusos policiales en sus diarios, y cuatro periódicos fueron obligados a suspender sus actividades tras publicar unos dibujos del profeta Mahoma que habían aparecido por primera vez en 2005, en un periódico danés, y se habían considerado ofensivos.

En mayo, el Partido de la Justicia del Pueblo, de la oposición, protestó por la denegación del permiso de edición para el periódico oficial del partido.

En virtud de la Ley de Asociaciones, a dos partidos de la oposición, el Congreso Dayak Malaisio y el Partido Socialista de Malaisia (Parti Sosialis Malaysia), se les denegó el permiso para inscribirse en el registro.

Pena de muerte y castigo corporal

En marzo, el Colegio de Abogados de Malaisia aprobó una resolución por la que pedía la abolición de la pena de muerte y la suspensión de todas las ejecuciones.

Sin embargo, a lo largo de 2006 continuaron dictándose condenas a muerte, en la mayoría de los casos como pena preceptiva para determinados delitos relacionados con las drogas. Se llevaron a cabo cuatro ejecuciones por traición armada. Las autoridades seguían sin dar a conocer con regularidad estadísticas sobre la pena capital.

En mayo, el Parlamento aprobó una ley de privatización del agua que ampliaba el uso de la pena de muerte a los casos graves de contaminación del agua.

La flagelación con vara, que constituía una pena cruel, inhumana y degradante, también se impuso como sanción.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Informe

• Malaisia: La campaña de Amnistía Internacional para poner fin a la tortura y los malos tratos en la «guerra contra el terror» (Índice AI: ASA 28/003/2006)

Visitas

• Delegaciones de Amnistía Internacional se reunieron con autoridades del gobierno en marzo y con grupos locales de la sociedad civil en junio para analizar los avances en la puesta en práctica de la reforma policial.

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