Las fuerzas de seguridad cometieron graves violaciones de derechos humanos, como homicidios
ilegítimos, tortura y detención y reclusión arbitrarias. Continuaron el hostigamiento
y la intimidación de periodistas y abogados, así como la reclusión sin juicio de opositores
políticos. Las condiciones de reclusión eran duras y se violaban de manera habitual
los derechos de las personas privadas de libertad.
El 17 de septiembre, los líderes políticos malgaches firmaron en la capital, Antananarivo,
una “hoja de ruta” para resolver la crisis política en curso, con la mediación de
la Comunidad para el Desarrollo del África Austral (SADC). En octubre se nombró un
nuevo primer ministro y en noviembre se formó un Gobierno de Unidad Nacional del que
formaban parte miembros de la oposición. El ex presidente Didier Ratsiraka regresó
a Madagascar en noviembre después de nueve años de exilio en Francia, pero volvió
a París el 12 de diciembre. El 1 de diciembre se proclamó un nuevo Parlamento de Transición.
Los miembros de las fuerzas de seguridad mataron con impunidad casi absoluta a presuntos
delincuentes.
Tres hombres murieron en Antananarivo el 8 de septiembre por disparos efectuados por
agentes de policía adscritos al Grupo de Intervención Rápida (GIR). Según los informes,
los hombres estaban desarmados y no se resistieron a las órdenes policiales de detenerse.
A pesar de que el incidente recibió una gran publicidad, al terminar el año no se
había abierto investigación alguna.
El 9 de diciembre, el fiscal Michel Rahavana perdió la vida cerca de su oficina y
de la cárcel de Toliara a manos de un grupo de agentes de policía que intentaban liberar
a un colega a quien el fiscal había detenido en relación con un robo. Al finalizar
el año, tras una huelga llevada a cabo por miembros de la judicatura, el ministro
de Justicia anunció que se emprenderían investigaciones.
El 17 de julio, el taxista Hajaharimananirainy Zenon, conocido como Bota, murió tras
ser detenido y torturado en el barrio de las 67 Hectáreas, en Antananarivo, por miembros
de la Fuerza de Intervención de la Policía (FIP) que dejaron su cuerpo en el depósito
de cadáveres del hospital de Antananarivo a la mañana siguiente. La familia del fallecido
presentó una denuncia formal el 30 de agosto, pero al terminar el año no se sabía
con certeza si se había iniciado alguna investigación oficial.
Decenas de opositores o presuntos opositores de la Alta Autoridad de Transición (HAT)
continuaban recluidos sin juicio, algunos desde 2009.
Rakotompanahy Andry Faly, ex trabajador en prácticas de la emisora de radio Malagasy
Broadcasting System (MBS), continuaba recluido a pesar de su grave estado de salud,
y las autoridades desestimaron las reiteradas peticiones para que se le concediera
la libertad bajo fianza. Andry Faly había sido detenido junto con otros tres trabajadores
de MBS en Antananarivo en junio de 2009 por miembros de la Comisión Nacional Mixta
de Investigación (CNME), organismo de seguridad creado especialmente por la Alta Autoridad
de Transición. En julio de 2011 lo trasladaron a la clínica de la prisión central
de Antanimora, en Antananarivo, donde continuaba al terminar el año. Era uno de los
18 detenidos que se declararon en huelga de hambre en 2010 para pedir a las autoridades
que acelerasen su juicio.
Las condiciones de reclusión eran duras y se ignoraban los derechos de los presos.
Los reclusos no tenían acceso a atención médica, alimentos ni saneamiento adecuados.
Según un informe hecho público en junio por las autoridades, en las cárceles, cuya
capacidad máxima era de 10.319 personas, había recluidas 19.870. De ellos, 785 eran
mujeres y 444, menores de edad. El informe señalaba también que 10.517 reclusos estaban
en prisión preventiva.
Según cifras oficiales, 58 reclusos estaban en espera de ejecución, algunos de ellos
desde hacía años mientras esperaban que el Tribunal de Casación examinase sus casos.
Según UNICEF, los niños y niñas de Madagascar sufrían los efectos adversos de la deficiente
nutrición, la carencia de hogar, la pérdida de escolarización, la falta de atención
médica básica y el escaso o nulo acceso a agua y servicios de saneamiento, y continuaba
la trata de niños y niñas para el servicio doméstico y con fines de explotación sexual.
Estas prácticas se llevaban a cabo con impunidad.
La detención y la reclusión arbitrarias eran prácticas habituales. En algunos casos,
los abogados que asistían o defendían a opositores o presuntos opositores de la Alta
Autoridad de Transición también sufrían detenciones y reclusiones que constituían
hostigamiento, intimidación y negación del derecho a asistencia letrada para sus clientes.
El 28 de febrero, Rolland Stephenson Ranarivony, abogado de un miembro de la Iglesia
Protestante Reformada de Madagascar (FJKM), fue detenido y recluido por agentes de
la Dirección de Seguridad del Territorio (DST) cuando se presentó para preguntar por
la situación de su cliente, recluido en las celdas de la DST en Antananarivo. Quedó
en libertad ese mismo día, tras denunciar públicamente el presidente del Colegio de
Abogados de Madagascar su detención y reclusión.
La Alta Autoridad de Transición actuó contra los medios de comunicación de propiedad
privada y contra aquellos que, a su juicio, tenían vínculos con la oposición.
Según el ministro de Comunicación, en agosto se notificó la suspensión de 80 medios
de comunicación tras declararse ilegales sus licencias. Algunos periodistas y propietarios
de medios denunciaron la decisión, que, en su opinión, obedecía a motivos políticos.
Al terminar el año no se sabía con certeza si las suspensiones continuaban en vigor.
