Información general
El primer ministro Algirdas Brazauskas dimitió en mayo después de que un partido abandonara el gobierno de coalición que presidía, lo que provocó una crisis política. En julio, Gediminas Kirkilas formó un nuevo gobierno integrado por una coalición minoritaria de cuatro partidos.
Trata de mujeres y niñas
La trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual continuó siendo un problema grave. Según estadísticas de la Oficina Europea de Policía (Europol), cada año el número de mujeres y niñas objeto de trata desde Lituania al extranjero, en especial a países de Europa Occidental, superaba con creces el millar. Organizaciones no gubernamentales informaron de que la cifra real era mucho más elevada. Según la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, Lituania era uno de los cuatro países de Europa Central y Sudoriental donde las mujeres y las niñas sufrían mayor peligro de ser objeto de trata. Además de ser un país de origen de víctimas de trata, Lituania seguía siendo un país de tránsito y destino, sobre todo de mujeres y niñas procedentes de Bielorrusia, Ucrania y la región rusa de Kaliningrado.
Escrutinio internacional
En febrero, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura publicó un informe basado en las conclusiones de una visita efectuada a Lituania durante 2004. El Comité señalaba que había recibido varias denuncias de malos tratos en centros de detención, apoyadas en informes médicos. Observaba también que las personas que denunciaban malos tratos no podían acceder a un examen médico forense sin la autorización previa de un investigador o un fiscal, y que las autoridades debían solucionar este problema.
Asimismo, el Comité afirmaba que las condiciones en varios centros de detención eran totalmente inaceptables. Señalaba que las personas detenidas permanecían encerradas hasta 24 horas al día en celdas sucias y abarrotadas, con poca o ninguna luz natural y, en muchos casos, con iluminación artificial muy débil. Algunas celdas no disponían de instalaciones higiénicas. Las personas recluidas en centros de detención de la policía no podían acceder con prontitud a exámenes médicos.