Libia - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in República Árabe Libia Popular y Socialista

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Libia is now live »

Jefe del Estado
Muamar al Gadafi
Jefe del gobierno
Al Baghdadi Ali al Mahmudi
Pena de muerte
retencionista
Población
6,4 millones
Esperanza de vida
73,8 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
20/19 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
86,8 por ciento

La libertad de expresión, asociación y reunión continuaron estando gravemente restringidas, y las autoridades se mostraron poco tolerantes con la disidencia. Se castigaba a quienes criticaban el historial del gobierno en materia de derechos humanos. Continuó deteniéndose a ex presos de Guantánamo devueltos a Libia por las autoridades estadounidenses; uno de ellos murió bajo custodia, aparentemente suicidándose. Se detuvo y se sometió a malos tratos a personas de nacionalidad extranjera sospechosas de encontrarse en situación irregular en el país; entre ellas había personas refugiadas y solicitantes de asilo. Se inició una investigación oficial sobre homicidios de reclusos cometidos en la prisión de Abu Salim en 1996, pero no se reveló ningún detalle; se detuvo a familiares de algunas de las víctimas, que habían hecho campaña para que se determinara la verdad. Continuaron sin resolverse centenares de casos de desaparición forzada y otras violaciones graves de derechos humanos cometidas en las décadas de 1970, 1980 y 1990, y la Agencia de Seguridad Interna, implicada en ellos, continuó actuando con impunidad.

Información general

En febrero, Muamar al Gadafi asumió el cargo de presidente de la Unión Africana, y en septiembre pronunció por primera vez un discurso ante la Asamblea General de la ONU, cuya presidencia ocupaba Libia. También en septiembre se cumplieron 40 años de gobierno de Muamar al Gadafi en Libia. Continuaron las conversaciones entre la Unión Europea y Libia para la firma de un acuerdo marco.

El 20 de agosto, Abdelbaset Ali Mohmed al Megrahi, ciudadano libio declarado culpable del atentado con explosivos perpetrado en 1988 contra el Vuelo 103 de Pan Am en Escocia, Reino Unido, fue puesto en libertad por las autoridades escocesas y devuelto a Libia tras confirmarse que padecía un cáncer terminal.

En octubre, las autoridades accedieron a que el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria visitase Libia, pero no fijaron ninguna fecha concreta y tampoco invitaron al relator especial sobre la cuestión de la tortura, pese a haberse solicitado.

En noviembre, Suiza suspendió la normalización de las relaciones con Libia por mantener las autoridades libias a dos hombres de negocios suizos, Rachid Hamdani y Max Goeldi, recluidos en régimen de incomunicación desde del 18 de septiembre hasta el 9 de noviembre. Ese mes, los dos hombres fueron declarados culpables de delitos de inmigración y condenados a 16 meses de prisión y a pagar multas de 2.000 dinares libios (alrededor de 1.000 euros). Ambos se encontraban en la embajada suiza al final del año y estaban acusados también de irregularidades comerciales y fiscales.

Represión de la disidencia

Las autoridades dejaron en libertad al menos a dos presos de conciencia, pero volvieron a detener a uno de ellos y continuaron manteniendo privados de libertad a otros. En el Código Penal y en la Ley 71 de 1972 se tipificaban como delitos actividades que no eran más que el ejercicio pacífico de la libertad de expresión y asociación.

  • Jamal el Haji y Faraj Saleh Hmeed, detenidos desde febrero de 2007 por intentar organizar una manifestación pacífica, quedaron en libertad el 10 de marzo. El 9 de diciembre, Jamal el Haji fue detenido y acusado formalmente de insultar al poder judicial tras haberse quejado del trato recibido bajo custodia.
  • Fathi el Jahmi, famoso por sus críticas al sistema político y preso de conciencia casi continuamente desde marzo de 2002, con acceso esporádico e insuficiente a servicios médicos, fue enviado el 5 de mayo de Libia a Jordania para que recibiera atención médica urgente. Murió el 21 de mayo. No se tuvo noticia de ninguna investigación independiente de las autoridades libias sobre las circunstancias del empeoramiento de su estado de salud y la causa de su muerte.
  • Abdelnasser al Rabbasi, que había sido detenido en enero de 2003 y cumplía una pena de 15 años de prisión por “menoscabar el prestigio del líder de la revolución” en un correo electrónico enviado al periódico Arab Times en el que criticaba a Muamar al Gadafi, continuó en la prisión de Abu Salim.
  • Adnan el Urfi, abogado, fue detenido el 9 de junio, tras haber llamado por teléfono en mayo a un programa de radio titulado “Buenas Noches, Bengasi”, donde había contado las violaciones de derechos humanos soportadas por uno de sus clientes y criticado el sistema judicial de Libia. Un tribunal de Bengasi lo absolvió de todos los cargos en septiembre, tras lo que quedó en libertad en espera del resultado del recurso presentado por la fiscalía.

Seguridad y medidas antiterroristas

Según informes, los líderes encarcelados del Grupo de Combate Islámico de Libia renunciaron a la violencia tras continuar las negociaciones con la Fundación Gadafi para el Desarrollo, dirigida por Saif al Islam al Gadafi. En marzo, la Fundación anunció que durante los dos años anteriores habían sido puestos en libertad 136 miembros del Grupo. En octubre quedaron en libertad 45 miembros más, junto con otros 43 presuntos seguidores de grupos “yihadistas”. La Fundación publicó una lista de los excarcelados en octubre y pidió al secretario del Comité General del Pueblo para la Justicia que ayudara a su reintegración social.

  • En junio, Muhammad Hassan Abou Sadra, víctima de detención arbitraria según el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, quedó en libertad tras más de 20 años de reclusión.
  • Abu Sufian Ibrahim Ahmed Hamuda y Abdesalam Safrani, detenidos de Guantánamo a quienes las autoridades estadounidenses habían devuelto en septiembre 2007 y diciembre de 2006, respectivamente, continuaron recluidos en la prisión de Abu Salim. Las autoridades libias se negaron a revelar su condición jurídica. Otros tres ciudadanos libios recluidos en Guantánamo, a quienes las autoridades estadounidenses habían decidido dejar en libertad en septiembre, no habían sido devueltos a Libia al final del año.
  • Abdelaziz al Fakheri, conocido también como Ibn al Sheikh al Libi, se suicidó, según informes, en la prisión de Abu Salim el 9 de mayo. Había estado recluido permanentemente desde su devolución a Libia a finales de 2005 o comienzos de 2006 tras haber estado bajo la custodia de las fuerzas estadounidenses como presunto terrorista. Las autoridades dijeron que habían abierto una investigación sobre su muerte, y posteriormente aclararon que se había suicidado, pero no explicaron nada más.
  • Mahmoud Mohamed Aboushima, presunto miembro del Grupo de Combate Islámico de Libia detenido en julio de 2005, poco después de su regreso de Reino Unido, continuaba recluido en la prisión de Abu Salim al final del año a pesar de haber confirmado el Tribunal Superior en julio de 2007 la orden de dejarlo en libertad dictada previamente por un tribunal de primera instancia.

Personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo

Las autoridades continuaron deteniendo a presuntos migrantes irregulares. Según informes, algunos sufrieron malos tratos, y millares fueron expulsados tras su detención. Tampoco proporcionaron las autoridades la protección debida, según el derecho internacional, a los refugiados y solicitantes de asilo. En mayo, las autoridades italianas comenzaron a enviar a migrantes irregulares interceptados en el mar a Libia, donde quedaban detenidos. El ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, afirmó que hasta septiembre había reconocido la condición de refugiado a 206 personas de las 890 enviadas de Italia a Libia cuyos casos había examinado. En noviembre, la organización libia que trabajaba con el ACNUR anunció que estaba previsto abrir clínicas de salud en cuatro centros de detención.

  • Según informes, el 10 de agosto las fuerzas de seguridad hicieron uso excesivo de la fuerza contra un grupo de hasta 200 extranjeros que intentaron fugarse del centro de detención de Ganfouda, cerca de Bengasi; emplearon incluso munición real, armas blancas y palos, por lo que causaron muertes y lesiones graves. La mayoría de los fugitivos fueron capturados y devueltos al centro. Según informes, algunas personas recluidas allí fueron agredidas por agentes de seguridad tras el intento de fuga.

Impunidad

A lo largo de 2009, los familiares de centenares de presos que se creía que habían sido víctimas de homicidio en la prisión de Abu Salim en 1996 celebraron manifestaciones pacíficas de protesta en Bengasi, Ajdabiya y otras ciudades en demanda de verdad, justicia y reparación. Las autoridades informaron a algunas familias de que los presos habían muerto y les proporcionaron certificados de defunción en algunos casos, pero muchas de ellas rechazaron el ofrecimiento de una indemnización, porque estaba condicionado a que no pidieran reparación judicial. En septiembre, las autoridades pusieron a un juez al frente de una investigación sobre lo ocurrido, pero no revelaron su mandato ni ningún otro detalle de la investigación. En octubre anunciaron que se iba a demoler la prisión de Abu Salim, lo que suscitó protestas entre las familias de algunas víctimas, que temían que se destruyeran pruebas.

Las fuerzas de seguridad, en particular la Agencia de Seguridad Interna, continuaron actuando con impunidad y detuvieron e interrogaron a presuntos disidentes y terroristas, a los que recluían en régimen de incomunicación, sin permitirles el acceso a abogados.

  • El 26 de marzo se detuvo a tres miembros del Comité Organizador de Familias de Víctimas de Abu Salim de Bengasi, Fouad Ben Oumran, Hassan el Madani y Fathi Tourbil, que dirigían las manifestaciones de familiares de las víctimas. Junto con otros dos, detenidos el 28 de marzo, quedaron en libertad sin cargos al cabo de unos días.

El 28 de octubre, el Comité General del Pueblo para la Justicia invitó a ponerse en contacto con él a quien hubiera estado bajo custodia de “órganos de seguridad” sin juicio o tras haber cumplido condena o resultado absuelto en el marco de la “reconciliación nacional”. Según informes, el secretario del Comité dijo que las víctimas recibirían una indemnización por cada mes pasado en prisión y que se dejaba “la puerta abierta” para pedir reparación por vía judicial. Sin embargo, las autoridades no se disculparon públicamente por las violaciones de derechos humanos cometidas ni llevaron a los responsables ante la justicia.

Discriminación de las mujeres

Las mujeres seguían sufriendo discriminación en la ley y en la práctica. Se procesó y condenó a algunas por zina (relaciones sexuales fuera del matrimonio), y se impuso una pena de flagelación al menos a una.

  • El 21 de octubre, un grupo de mujeres de un centro estatal de asistencia de Bengasi se manifestaron contra el presunto acoso sexual a que las sometían allí los funcionarios. Según informes, tras la manifestación éstos las presionaron para que se retractaran de sus denuncias. El 26 de octubre se formularon cargos por difamación contra Mohamed al Sarit, periodista que había informado de la protesta, al parecer basándose en las demandas presentadas por algunas de las mujeres. De acuerdo con los informes, se iniciaron investigaciones sobre las denuncias de acoso sexual, pero no se juzgó a ningún presunto responsable.

Pena de muerte

Se mantuvo la pena de muerte para gran cantidad de delitos, incluidos algunos que no eran más que el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión y asociación. Según informes, se ejecutó al menos a cuatro hombres –un nigeriano y tres egipcios–, pero la cifra real de personas ejecutadas podría haber sido mayor, ya que las autoridades no revelaban información sobre las ejecuciones. En aplicación de una amnistía concedida en septiembre con motivo del 40 aniversario de la Revolución de Al Fateh, se conmutaron por cadena perpetua todas las condenas de muerte impuestas antes del 1 de septiembre. Se indultó a otros 8 condenados a muerte y a otros 11 se les conmutó la condena por diversas penas de prisión.

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