Liberia
Jefa del Estado y del gobierno
Ellen Johnson Sirleaf

El sistema de justicia seguía siendo ineficiente. El acceso a las prisiones era objeto de restricciones, y continuó la discriminación contra las mujeres y contra lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales. Se extraditó a 41 personas a Costa de Marfil sin el debido proceso.

Información general

El Tribunal Especial para Sierra Leona declaró culpable al ex presidente de Liberia Charles Taylor y lo condenó a 50 años de prisión por delitos cometidos en Sierra Leona. Sin embargo, el pueblo de Liberia no había visto todavía ningún procesamiento por las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado en su propio país.

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Impunidad

No se había aplicado todavía casi ninguna de las recomendaciones formuladas en 2009 por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación liberiana. Entre ellas figuraban el establecimiento de un tribunal penal para enjuiciar los delitos de derecho internacional, así como otras reformas legales e institucionales, y recomendaciones relativas a la rendición de cuentas y la reparación.

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Pena de muerte

A pesar de haberse adherido, en 2005, al Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por el cual el país se comprometió a trabajar por la abolición de la pena de muerte, en 2012 siguieron dictándose sentencias de muerte, aunque no se llevó a cabo ninguna ejecución. Se mantuvo la pena de muerte para los delitos de robo a mano armada, terrorismo y secuestro de vehículos si daban lugar a muertes.

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Sistema de justicia

El sistema de justicia seguía siendo ineficiente y corrupto y adoleciendo de falta de recursos. Los procesos judiciales eran lentos, por lo que los detenidos pasaban mucho tiempo en prisión preventiva. Aproximadamente el 80 por ciento de la población reclusa estaba en espera de juicio. Al terminar el año había defensores públicos en ejercicio en todos los condados, pero las organizaciones de la sociedad civil denunciaron que seguía siendo difícil encontrar representación letrada gratuita.

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Condiciones de reclusión

A lo largo del año, la atención médica bajo custodia mejoró ligeramente: el Ministerio de Salud y Bienestar Social proporcionaba atención médica periódica, aunque seguían escaseando los medicamentos y otros suministros.

La deficiente seguridad y las duras condiciones contribuyeron a que se produjeran más de una decena de fugas en prisiones de todo el país. Según algunas fuentes, las autoridades respondieron reduciendo el tiempo para estar al aire libre y hacer ejercicio. En enero se celebró la ceremonia inaugural de la construcción de una nueva prisión central en el condado de Montserrado que se esperaba sirviera para reducir el hacinamiento y proporcionar mejores instalaciones, pero al terminar el año se habían registrado escasos progresos. Muchas voces expresaron su temor de que la construcción de una nueva prisión no resolviera los problemas subyacentes al elevado número de reclusos en espera de juicio.

Tras la publicación de un informe de Amnistía Internacional en 2011, sobre las condiciones de reclusión, el gobierno restringió el acceso de las organizaciones nacionales e internacionales a los centros penitenciarios y a los datos sobre las prisiones.

Al terminar el año, el gobierno no había hecho público el informe elaborado por el Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura tras la visita realizada al país en 2011 para inspeccionar los lugares de reclusión.

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Personas refugiadas y solicitantes de asilo

En junio, 41 personas, detenidas en 2011 y acusadas de intentar pasar con armas a Costa de Marfil desde Liberia, fueron extraditadas a Costa de Marfil a petición del gobierno marfilense, a pesar de la preocupación expresada por organismos de la ONU, organizaciones de derechos humanos y otros actores, que temían que esas personas quedaran expuestas a sufrir tortura y otros malos tratos, juicios sin garantías y otros abusos contra los derechos humanos. Durante el proceso de extradición se vulneró también el principio de no devolución (non-refoulement), consagrado en el derecho internacional consuetudinario, así como el derecho al debido proceso de muchos de los acusados. Durante los procedimientos judiciales relacionados con su caso, muchas de estas personas no dispusieron de intérpretes, y en el momento de su extradición estaban pendientes de resolución un recurso contra la extradición y una petición de hábeas corpus. Al menos 11 estaban registradas como refugiados. A otras que afirmaron ser solicitantes de asilo no se les permitió acceder a los procedimientos de asilo, y tampoco se permitió el acceso a ellas del ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, ni de abogados y otras personas, para verificar su identidad o su posible derecho al asilo.

En diciembre se recibió una petición de extradición de otros ocho marfilenses, siete hombres adultos y un menor de edad. El gobierno de Costa de Marfil los acusaba de haber lanzado un ataque en junio

de 2012 en el que murieron siete miembros de la misión de paz de la ONU y un soldado marfilense. También estaban acusados formalmente en Liberia de diversos delitos, como asesinato y violación, y de ser mercenarios. Resultaba sumamente preocupante la falta de pruebas en ambos casos. De ser extraditados, podían verse expuestos a tortura u otros malos tratos, juicio sin garantías, reclusión arbitraria, desaparición forzada o ejecución extrajudicial, sumaria o arbitraria.

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Violencia contra mujeres y niñas

La violencia en el ámbito familiar, que seguía sin ser delito, continuaba siendo una práctica muy extendida, al igual que la violación y otras formas de violencia sexual contra mujeres y niñas, incluidas prácticas tradicionales nocivas, como la mutilación genital femenina y el matrimonio a edad temprana.

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Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

En un marco de homofobia generalizada de la opinión pública en general y de los medios de comunicación liberianos, se presentaron en la Asamblea Legislativa dos proyectos de ley que tenían como objetivo penalizar aún más la conducta homosexual y aumentaban la discriminación. En julio, el Senado aprobó por unanimidad una enmienda a la Ley de Relaciones Familiares con la que se pretendía tipificar como delito grave en segundo grado el matrimonio entre personas del mismo sexo. Al terminar el año no se había celebrado todavía la votación en la Cámara de Representantes. Un segundo proyecto de ley, destinado a reformar el nuevo Código Penal para penalizar la “promoción” de la homosexualidad e imponer condenas prolongadas por mantener relaciones consentidas con personas del mismo sexo, estaba en espera de votación en la Cámara de Representantes, antes de pasar al Senado, al concluir el año. La ambigüedad de la disposición sobre “promoción” del proyecto de ley de la Cámara de Representantes podía criminalizar la labor de los defensores y defensoras de los derechos humanos.

Algunas personas que eran lesbianas, gays, bisexuales, transexuales o intersexuales denunciaron incidentes de discriminación, hostigamiento y amenazas a causa de su sexualidad. Muchas de ellas denunciaron también que, como consecuencia de la introducción de estos proyectos de ley, que perpetuaban el estigma de las relaciones entre personas del mismo sexo, cada vez temían más por su seguridad y les daba más miedo solicitar servicios públicos como atención de la salud, seguridad y prestaciones sociales.

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Visitas

  • Amnistía Internacional visitó Liberia en septiembre-octubre.