Liberia
Jefa del Estado y del gobierno
Ellen Johnson-Sirleaf
Pena de muerte
abolicionista en la práctica
Población
4,1 millones
Esperanza de vida
59,1 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
144/136 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
58,1 por ciento

Aunque el gobierno llevó a cabo algunas reformas institucionales con miras a mejorar la situación de los derechos humanos, los índices de delincuencia violenta, incluidos los de violación y otras formas de violencia sexual contra las mujeres y las niñas, seguían siendo elevados. El sistema de justicia penal tenía graves problemas, como las denuncias de incompetencia, brutalidad y corrupción policial y las largas demoras en el sistema judicial que daban lugar a condiciones de hacinamiento en las prisiones, llenas de detenidos aún sin juzgar. Tras considerables retrasos, se constituyó la Comisión Nacional Independiente de Derechos Humanos. En septiembre de 2010 el Senado confirmó el nombramiento de sus integrantes.

Información general

Prevalecía una total impunidad para los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la reciente guerra civil. El desempleo generalizado, incluso entre excombatientes, seguía representando una amenaza para la paz y la seguridad. Las crisis que se produjeron en las vecinas Guinea y Costa de Marfil, unidas a la facilidad con la que cruzaban las fronteras refugiados, armas y combatientes, contribuyó a aumentar el temor a que se agravase la inestabilidad. A finales del año llegaron al país cerca de 30.000 refugiados marfileños. Seguía siendo elevado el número de ocasiones en las que la población o grupos parapoliciales se tomaban la justicia por su mano, y también eran numerosos los conflictos violentos sobre tierras, los delitos violentos, la violencia sexual y en el ámbito familiar, el abuso infantil, la mutilación genital femenina y las peores formas de trabajo infantil. La crisis económica mundial y la depreciación del dólar liberiano contribuyeron a que aumentase el precio de los alimentos, se generalizase el hambre y se produjese una situación preocupante en materia de seguridad alimentaria, todo lo cual se vio agravado por la pobreza extrema.

La Ley de Libertad de Información aumentó la libertad de la prensa, si bien seguían existiendo algunas limitaciones. No se registraron avances en la aprobación de tres proyectos de ley parlamentarios propuestos en el año 2007 para la reforma de los medios de comunicación. La intimidación física, las demandas disuasorias y la injerencia administrativa limitaban la capacidad de los periodistas para desempeñar su labor.

El gobierno tomó algunas medidas a fin de establecer el marco institucional nacional que permitiera abordar las cuestiones de derechos humanos. Creó el Grupo de Trabajo para la Reforma Constitucional, la Comisión de Reforma Legislativa y la Comisión de Tierras. También introdujo reformas institucionales para abordar la violación y otras formas de violencia sexual ejercidas contra las mujeres y las niñas, y para mejorar la administración de justicia.

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Impunidad

Delitos cometidos durante la guerra civil

Apenas se registraron avances en el procesamiento de los responsables de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto que se desarrolló en Liberia entre 1989-1996 y 1999-2003. No se puso en práctica la recomendación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de crear un tribunal penal para procesar a las personas identificadas como responsables de delitos de derecho internacional, y tampoco se pusieron en práctica la mayoría de las recomendaciones formuladas por la Comisión sobre reformas jurídicas e institucionales, rendición de cuentas y reparaciones.

En abril, el ministro de Justicia manifestó públicamente su interés por juzgar a las personas responsables de los peores delitos cometidos durante la guerra civil. Se creó un comité, del que formaba parte el ministro de Justicia, para analizar el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, publicado en diciembre de 2009, y formular recomendaciones sobre si se debía seguir adelante con los procesamientos. No se juzgó a nadie en el sistema nacional de justicia. Algunos ex señores de la guerra, cuyos nombres se citaban en el informe de la Comisión, conservaban sus escaños en el Senado y seguían ocupando otras posiciones de poder.

Se siguió celebrando en el Tribunal Especial para Sierra Leona, en La Haya, el juicio a Charles Taylor, ex presidente de Liberia. Se enfrentaba a cargos de crímenes de guerra, aunque únicamente por su presunta participación en la guerra de Sierra Leona. No se lo acusaba de delitos de derecho internacional cometidos en Liberia.

Violaciones de derechos humanos recientes

Siguió suscitando honda preocupación la impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas desde que finalizó la guerra civil. Senadores, viceministros, agentes de policía, agentes de los Servicios Especiales de Seguridad y de la Policía Nacional de Liberia participaron al parecer en palizas, saqueos, detenciones arbitrarias, secuestros, tiroteos, homicidios rituales y otros abusos, u ordenaron que se cometieran. En la mayoría de los casos no se llevaron a cabo investigaciones ni se emprendieron actuaciones judiciales contra los presuntos autores.

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Sistema de justicia

Pese a que se pusieron en marcha iniciativas para mejorar la protección institucional de los derechos humanos en el sistema de justicia penal y abordar los problemas de capacidad y la escasez de recursos, seguían existiendo grandes desafíos. Los sectores policial, judicial y penitenciario eran inadecuados, corruptos y abusivos.

Según informes, los cuerpos encargados de hacer cumplir la ley detuvieron y mantuvieron recluidas a personas de forma ilegítima, e hicieron uso de la tortura y otros malos tratos, entre otras ocasiones cuando trataban de extorsionar a personas en la calle para que les entregaran dinero. Muchos de los agentes de la Policía Nacional de Liberia no disponían del equipo adecuado, recibían un salario insuficiente, eran corruptos y mostraban poca disposición a atajar la actividad delictiva. Las condiciones en los calabozos policiales eran atroces, y por sistema se encerraba juntos a menores y adultos. Los detenidos sufrían con frecuencia abusos a manos de la policía y de otros detenidos.

En el sistema formal de justicia los juicios a menudo carecían de las debidas garantías, y no se respetaba el debido proceso. Era la norma que la prolongada detención en espera de juicio durara más de lo que permitía la ley, con lo que aproximadamente el 90 por ciento de la población reclusa estaba formada por presos preventivos. Además de la corrupción y la incompetencia, afectaba al sistema la falta de transporte, instalaciones judiciales, abogados y jueces capacitados.

Las condiciones en las 14 instituciones penitenciarias del país eran duras. Persistía el hacinamiento y faltaba personal, así como alimentos, agua, saneamiento o servicios médicos. La seguridad era inadecuada, lo que provocaba fugas de presos y una violencia endémica entre la población penitenciaria, que se traducía entre otras cosas en palizas y violaciones. La mitad de los presos del país se encontraban recluidos en la Prisión Central de Monrovia, que, por regla general, albergaba a entre 800 y 1.000 reclusos –cuatro veces su capacidad–. Los presos preventivos solían compartir el espacio con los presos convictos.

En el sistema paralelo de justicia tradicional, los tribunales consuetudinarios no funcionaban de conformidad con las normas de debido proceso, igualdad de género y separación de poderes. Continuaba llevándose a cabo la práctica de la ordalía, en la que la inocencia o culpabilidad de la persona acusada podía decidirse de manera arbitraria, con métodos que incluían la tortura e incluso la muerte.

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Pena de muerte

No se tomaron medidas para la abolición de la pena de muerte, que se había restablecido en 2008 contraviniendo el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que Liberia se había adherido en 2005. Varias personas fueron condenadas a muerte en 2010.

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Derechos de las mujeres

La violación y otras formas de violencia sexual contra mujeres y niñas seguían siendo generalizadas, al igual que la violencia en el ámbito familiar y los matrimonios precoces y forzados. En la mayoría de los casos de violación denunciados, la víctima era una niña menor de 16 años. Resultaba difícil calcular el número de violaciones debido a la estigmatización y al rechazo que sufrían las sobrevivientes por parte de sus familias y comunidades.

Hasta marzo, la Unidad de Delitos de Violencia Sexual y de Género, creada en febrero de 2009 en el seno del Ministerio de Justicia para tratar exclusivamente los asuntos relativos al enjuiciamiento de delitos de género, había celebrado siete juicios, en cuatro de los cuales se dictaron sentencias condenatorias. Las causas las veía un tribunal especial, el Tribunal Penal E, creado de conformidad con lo establecido en el Proyecto de Ley de Violencia Sexual y de Género de 2008 para ocuparse de delitos de violencia de género y al que se había dotado de jurisdicción exclusiva de primera instancia sobre causas de agresión sexual.

Como resultado de las iniciativas puestas en marcha por la presidenta Johnson-Sirleaf para conseguir una mayor paridad de género en los ministerios, en el Tribunal Supremo y en las administraciones locales, aumentó la participación de las mujeres en la política y en la vida pública.

La tasa de mortalidad materna siguió estando entre las más altas del mundo a pesar de los esfuerzos del gobierno por resolver el problema. Seguía muriendo un gran número de mujeres debido principalmente a la grave escasez de personal médico cualificado, a la insuficiente atención obstétrica de urgencia, a la ineficiencia de los sistemas de derivación a atención especializada, a la deficiente situación nutricional de las mujeres embarazadas y a la elevadísima cantidad de embarazos en adolescentes.

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Derechos de la infancia

Persistían los abusos infantiles generalizados, incluida la violencia sexual. La mutilación genital femenina se seguía practicando ampliamente, sobre todo en las zonas rurales. La legislación liberiana no prohibía explícitamente esta práctica.

Muchos niños y niñas, entre ellos excombatientes y desplazados internos no acompañados, vivían en la calle, especialmente en Monrovia. Los orfanatos se enfrentaban a grandes dificultades para poder facilitar saneamiento básico, atención médica adecuada y una dieta idónea. Muchos niños y niñas huérfanos vivían al margen de estas instituciones.

Aunque la legislación prohibía contratar a menores de 16 años para trabajar en horario escolar, el trabajo infantil estaba muy extendido, incluidas sus peores formas, como trabajos peligrosos en la extracción de diamantes aluviales, rotura de piedras para la construcción, prostitución infantil y trata de menores. La Comisión de Trabajo Infantil del Ministerio de Trabajo, responsable de velar por el cumplimiento de las políticas y la legislación en materia de trabajo infantil, resultó en gran medida ineficaz.

Se siguieron abordando de manera inadecuada los casos de menores en conflicto con la ley al no existir un sistema de justicia de menores operativo.

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Reasentamiento y conflictos de tierras

Un gran número de personas internamente desplazadas y refugiadas necesitaba un lugar adecuado en el que reasentarse. Entre el año 2004 y finales de 2010, volvieron a sus hogares más de 168.000 liberianos de una población refugiada que ascendía a un total de 233.264 personas registradas. Se produjeron incontables retornos no oficiales. La llegada de cerca de 30.000 refugiados marfileños a Liberia generó una crisis que oprimió más a comunidades ya crispadas y empobrecidas. Los refugiados marfileños o de otros lugares se encontraban a menudo en una situación desesperada y apenas tenían acceso a alimentos, agua, cobijo, trabajo, educación o a atención médica muy necesaria.

Muchos de los ex refugiados liberianos que volvieron a sus hogares se encontraron en la miseria al existir escasas oportunidades laborales y no ser posible acceder a tierra, cobijo y agua, o a servicios básicos como atención médica y educación. Algunos de los refugiados que regresaron se convirtieron en desplazados internos porque otras personas se habían apropiado de sus bienes. Estallaron violentas disputas por la propiedad de la tierra entre quienes habían huido de la guerra y ahora regresaban y los desplazados internos que se habían quedado con sus tierras. Estos conflictos solían verse agravados por títulos de propiedad de las tierras dudosos y la pasividad del gobierno a la hora de resolver el problema. Los conflictos de tierras agudizaron las tensiones étnicas entre los krahn y los sarpo, entre los krahn y los gio, entre los mandingo y los gio/mano y entre los kissi y los gbandi.

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Violencia religiosa e interétnica

A pesar de que la mayoría cristiana y la minoría musulmana se relacionaban con frecuencia, existían ciertas tensiones que ocasionalmente provocaban que grupos étnicos y religiosos enfrentados cometiesen homicidios y prendiesen fuego, saqueasen y dañasen edificios religiosos católicos y musulmanes. Un episodio especialmente grave de violencia colectiva religiosa e interétnica sucedió en febrero en Voinjama y Konia, en el condado de Lofa.

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Los derechos humanos región a región

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