Liberia - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in República de Liberia

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Liberia is now live »

Jefa del Estado y del gobierno
Ellen Johnson-Sirleaf
Pena de muerte
abolicionista en la práctica
Población
4 millones
Esperanza de vida
57,9 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
144/136 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
55,5 por ciento

En diciembre se hizo público el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Se registraron algunos avances en la creación de la Comisión Nacional Independiente de Derechos Humanos. Aunque el gobierno llevó a cabo algunas mejoras institucionales para abordar la violación y otras formas de violencia sexual contra las mujeres y las niñas, muchos casos no se denunciaron. La administración de justicia seguía constituyendo motivo de gran preocupación, y los retrasos judiciales provocaron una situación de hacinamiento en las prisiones.

Información general

En abril, junio y julio, la presidenta Ellen Johnson-Sirleaf llevó a cabo una importante remodelación del gobierno con el fin de abordar el bajo rendimiento en sectores clave, especialmente en el ámbito judicial y de la seguridad.

La absolución en abril de cinco altos cargos del gobierno –Charles Gyude Bryant, ex presidente del Gobierno Nacional de Transición de Liberia, Edwin Snowe, ex presidente de la Cámara de Representantes, y otros tres miembros del gobierno de transición– se consideró un importante retroceso en la lucha contra la corrupción. La Comisión contra la Corrupción creada a comienzos de año comenzó a investigar dos importantes casos. Varios ministros del gobierno fueron destituidos por presunta corrupción.

En julio, la presidenta Johnson-Sirleaf clausuró oficialmente el programa de desarme, desmovilización, rehabilitación y reintegración, que desde 2003 había conseguido el desarme y la desmovilización de 101.000 excombatientes y la reintegración de 90.000.

En febrero, abril y mayo se registraron en Monrovia tres casos distintos de violencia en los que participaron soldados de las Fuerzas Armadas de Liberia y agentes de la Policía Nacional de Liberia.

La falta de confianza en la administración de justicia hizo que en varias ocasiones la población se tomase la justicia por su mano. En junio, por ejemplo, en la ciudad sudoriental de Harper, la acusación de que se había cometido un homicidio ritual desencadenó disturbios en los que participaron más de 2.000 personas, que saquearon la comisaría, provocaron daños en la prisión e intentaron matar a agentes de policía rociándolos con gasolina.

En abril, una misión conjunta sobre el terreno integrada por miembros de las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU en Liberia y Costa de Marfil visitó la zona occidental de este último país y halló que, de los aproximadamente 1.500 a 2.000 combatientes liberianos vinculados a milicias marfileñas, una gran parte estaba implicada en la explotación ilegal de recursos naturales.

En septiembre se prorrogó por un año más el mandato de la Misión de la ONU en Liberia (UNMIL) y se redujo el personal militar y civil a aproximadamente 8.500 efectivos.

En diciembre, el Consejo de Seguridad de la ONU levantó el embargo de armas impuesto a Liberia desde 1999 y prorrogó la prohibición de viajar y la congelación de bienes de personas consideradas como una amenaza para el proceso de paz. El mandato del Grupo de Expertos que vigilaba las sanciones impuestas por la ONU a Liberia se amplió hasta diciembre de 2010.

No se tomaron medidas para la abolición de la pena de muerte, que se había reinstaurado en 2008 contraviniendo el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que Liberia se había adherido en 2005.

Impunidad

Apenas se registraron avances a la hora de procesar a las personas responsables de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto que se desarrolló en Liberia entre 1989-1996 y 1999-2003.

En enero, Benjamin Yeaten, ex general del Frente Patriótico Nacional de Liberia que mantenía una estrecha relación con el ex presidente Charles Taylor, fue inculpado por los asesinatos de dos viceministros y de un ex ministro y familiares suyos en noviembre de 1997 y junio de 2003. Según se afirmó, Benjamin Yeaten vivía en Togo.

En junio, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación finalizó su trabajo y envió una versión del informe sin editar al Parlamento y a la presidenta. El informe final se hizo público en diciembre. La Comisión recomendó la creación de un tribunal penal extraordinario para procesar a las personas identificadas como responsables de delitos económicos y de delitos previstos en el derecho internacional. En total se identificaron 98 personas como los “más destacados responsables”, incluidos Charles Taylor y otros siete dirigentes de diversos grupos armados. Se determinó que 36 de estas personas habían sido responsables de delitos previstos en el derecho internacional, pero no se recomendó su procesamiento porque se habían expresado con sinceridad y habían mostrado arrepentimiento. En la lista de simpatizantes de grupos armados estaba incluida la presidenta Johnson-Sirleaf, y la Comisión recomendó que se la inhabilitara para cargo público durante 30 años. En julio, la presidenta Johnson-Sirleaf se comprometió a trabajar con todas las partes interesadas clave para poner en práctica las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, pero al finalizar el año no se habían registrado avances.

Comisión Nacional Independiente de Derechos Humanos

Tras considerables retrasos, se avanzó hacia la creación de la Comisión Nacional Independiente de Derechos Humanos. En agosto, la presidenta Johnson-Sirleaf designó a siete integrantes, incluido el presidente. Al finalizar el año, el Senado no había confirmado los nombramientos.

Violencia contra mujeres y niñas

La violación y otras formas de violencia sexual contra las mujeres y las niñas continuaban siendo generalizadas. La gran mayoría de los casos de violación denunciados correspondían a niñas menores de 16 años. De los 807 casos denunciados en el condado de Montserrado durante el primer semestre de 2009, en 77 las víctimas eran niñas menores de 5 años; en 232 se trataba de niñas de entre 5 y 12 años; y en 284, las víctimas eran niñas y muchachas de entre 13 y 18 años. Seguía siendo difícil calcular el número total de violaciones, especialmente de mujeres, debido a la estigmatización y el rechazo que sufrían las supervivientes por parte de sus familias y comunidades. Según organizaciones internacionales que trabajaban en Liberia en cuestiones relacionadas con la violencia sexual y de género, la gran mayoría de las violaciones eran cometidas por hombres pertenecientes al entorno de la víctima o superviviente, como un vecino o un familiar cercano.

  • Según informes, una niña de 12 años del condado de Bong fue violada por cuatro hombres, entre los que se encontraba su padrastro. Después de la violación, echaron a la niña de su casa y la calificaron de “loca” y “poseída por el demonio”.
  • En febrero, tras ocho meses de espera para que un tribunal de distrito del condado de Margibi juzgase un caso de violación múltiple de una niña de 14 años, una sesión a puerta cerrada entre el juez, la defensa, la niña y el fiscal finalizó de hecho con la retirada del caso. Según se dijo, habían obligado a la niña a retirar la denuncia. La persona acusada quedó en libertad.

El gobierno creó un tribunal especial dedicado a los delitos de violencia de género. Hasta noviembre había celebrado cuatro juicios, tres de los cuales habían finalizado con declaraciones de culpabilidad.

Continuaban llevándose a cabo prácticas tradicionales nocivas como la mutilación genital femenina y la práctica de la ordalía, en la que la inocencia o culpabilidad de la persona acusada se decidía de forma arbitraria y que, en Liberia, había provocado en algunos casos la muerte de la acusada.

Sistema de justicia

Los sectores policial, judicial y penitenciario seguían planteando grandes desafíos. El poder judicial carecía de capacidad para ver casos a su debido tiempo, lo que contribuía a que hubiera un gran número de causas pendientes en el sistema de justicia penal. Expertos locales calculaban que los retrasos crónicos suponían que el 92 por ciento de las personas encarceladas se encontraban en espera de juicio.

Las cárceles continuaban careciendo de medios adecuados, lo que propició varias fugas de presos a lo largo del año. En abril, 50 presos escaparon de una prisión de máxima seguridad en el sudeste de Liberia. En noviembre, tropas de la UNMIL impidieron el intento de fuga de unos 50 presos en Monrovia.

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