Liberia

Derechos humanos en República de Liberia

Jefa del Estado y del gobierno Ellen Johnson-Sirleaf
Pena de muerte abolicionista en la práctica
Población 3,9 millones
Esperanza de vida 44,7 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m) 212/194 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada 51,9 por ciento

La presidenta Ellen Johnson-Sirleaf firmó una ley en virtud de la cual se reintroducía la pena de muerte para el delito de asesinato cometido durante un robo a mano armada. La escasez de personal continuó dificultando la labor del poder judicial. Se recibieron informes de un elevado índice de violaciones y de otras formas de violencia sexual. Entre las medidas adoptadas para abordar el aumento de las violaciones y la violencia sexual se encontraba la decisión del gobierno de establecer un tribunal especial para tratar estos delitos. No hubo progresos en la designación de las personas que debían integrar la Comisión Nacional Independiente de Derechos Humanos.

El trabajo de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación avanzó a buen ritmo y al finalizar el año habían concluido las audiencias individuales. El juicio del ex presidente Charles Taylor se reanudó en enero en La Haya. Chuckie Taylor, hijo de Charles Taylor, juzgado en Estados Unidos en virtud de la Ley de Ayuda para las Víctimas de la Tortura de 1994, fue condenado por delitos cometidos en Liberia a finales de la década de 1990 cuando servía como jefe de la Unidad Antiterrorista durante el mandato presidencial de su padre.

Información general

En diciembre concluyó la fase final del programa de desarme, desmovilización, rehabilitación y reintegración, con 7.251 excombatientes acogidos al programa, de los cuales un 40 por ciento eran mujeres.

Los juicios por traición contra dos altos mandos de las ex Fuerzas Armadas de Liberia, el general Charles Julu y el coronel Andrew Dorbor, concluyeron con su absolución en mayo. En enero, la presidenta indultó a George Koukou, ex presidente en funciones de la Asamblea Legislativa Nacional de Transición, acusado de traición.

"...los conflictos de tierras eran la mayor amenaza para la paz en Liberia."

El juicio contra el ex presidente del Gobierno Nacional de Transición de Liberia, Charles Gyude Bryant, por cargos de corrupción, se interrumpió y Charles Gyude Bryant se comprometió a devolver los fondos de los que se había apropiado ilegalmente. No había concluido el juicio de Edwin Snowe, ex presidente de la Cámara de Representantes, imputado por robo de fondos públicos.

A lo largo del año Liberia recibió 15 millones de dólares estadounidenses del Fondo de la ONU para la Consolidación de la Paz. En abril, los acreedores del Club de París acordaron la reducción de la deuda de Liberia por un monto de 254 millones de dólares estadounidenses, sujeto a la implementación de las reformas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional. En junio, miembros del gobierno de Liberia y donantes reunidos en Berlín terminaron de elaborar una estrategia para la reducción de la pobreza.

En febrero se desplegó bajo el mando de la Misión de la ONU en Liberia (UNMIL) una unidad india de mantenimiento de la paz, la primera de la ONU formada íntegramente por mujeres. El mandato de la UNMIL fue renovado hasta septiembre de 2009 y al finalizar el año contaba con 11.000 efectivos.

El experto independiente de la ONU sobre Liberia visitó el país en julio.

A lo largo del año se incrementaron los delitos violentos, en especial el robo a mano armada, alentados por la elevada tasa de desempleo, los conflictos sobre tierras, la pobreza y la gran disponibilidad de armas pequeñas. Las actividades de los excombatientes seguían siendo una fuente de inestabilidad, en especial en el contexto de las actividades mineras ilegales.

La ONU amplió un año más el embargo de armas a Liberia.

Conflictos de tierras

Una investigación publicada por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en septiembre mostró que los conflictos de tierras eran la mayor amenaza para la paz en Liberia.

  • En mayo, al menos 19 trabajadores agropecuarios perdieron la vida y al menos otros 21 desaparecieron en la frontera entre los condados de Margibi y Grand Bassa, a consecuencia de un conflicto de tierras entre el senador Roland Kaine, ex miembro del Frente Patriótico Nacional de Liberia, y el secretario de comercio Charles Bennie, ex miembro de Liberianos Unidos por la Reconciliación y la Democracia. Al parecer, Roland Kaine había ordenado matar a los trabajadores contratados por Charles Bennie. El estilo de los homicidios recordó al conflicto liberiano, al encontrarse indicios de que las víctimas habían sido arrojadas a un río con las manos atadas a la espalda para que se ahogaran. El juicio de Roland Kaine y otras 15 personas comenzó en noviembre.

Pena de muerte

En mayo, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley en virtud del cual se retenía la pena de muerte para el delito de asesinato cometido durante un robo a mano armada, un acto de terrorismo o un secuestro. En julio la presidenta firmó la ley, contraviniendo las obligaciones contraídas por Liberia en virtud del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, al que Liberia se adhirió en 2005.

En diciembre, Liberia se abstuvo en la votación de una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria mundial de las ejecuciones.

Justicia transicional

Las audiencias públicas individuales de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación comenzaron en enero y concluyeron en septiembre. Una de las sesiones tuvo lugar en Estados Unidos, la primera vez que se celebraban audiencias fuera del país donde se cometieron las violaciones. Las vistas individuales fueron seguidas de audiencias institucionales y temáticas que continuaban al finalizar el año.

La ONU y otros organismos internacionales expresaron su preocupación en relación con la falta de protección adecuada a los testigos. El mandato de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación se amplió tres meses; era probable que su informe se publicara en 2009. En septiembre la Comisión solicitó al Tribunal Especial para Sierra Leona que llamase a declarar al presidente Charles Taylor. En diciembre, en un intento de que los presuntos autores asistiesen a las audiencias, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación publicó una lista con los nombres de 198 presuntos autores que se habían negado a comparecer ante la Comisión para responder de las acusaciones contra ellos.

La Comisión Nacional Independiente de Derechos Humanos todavía no estaba operativa debido a que se produjeron demoras en la designación de sus miembros. En junio se presentaron al órgano legislativo varias enmiendas a algunas disposiciones de la ley que regía las actuaciones de la Comisión.

Impunidad

El gobierno no adoptó ninguna medida para investigar y enjuiciar a las personas responsables de delitos de derecho internacional cometidos durante los 14 años de conflicto.

A finales de octubre, Roy M. Belfast Jr. (también conocido como Charles McArthur Emmanuel o Charles «Chuckie» Taylor Jr.), hijo de Charles Taylor, fue declarado culpable ante un tribunal estadounidense de tortura y otros delitos relacionados cuando servía como jefe de la Unidad Antiterrorista de Liberia. Ésta fue la primera declaración de culpabilidad en virtud de la Ley de Ayuda para las Víctimas de la Tortura, que se promulgó en Estados Unidos en 1994. Chuckie Taylor también fue la primera persona juzgada y condenada por delitos de derecho internacional cometidos durante el conflicto liberiano. Se esperaba que la pena fuese impuesta a principios de 2009.

En marzo, un tribunal de apelación de Países Bajos revocó el fallo condenatorio dictado contra Gus Kouwenhoven, que había sido declarado culpable de violar un embargo de armas de la ONU al suministrar armas a Charles Taylor durante el conflicto de Liberia. El tribunal de apelación siguió el criterio adoptado por el tribunal de distrito al absolver a Gus Kouwenhoven de las acusaciones de crímenes de guerra.

Violencia contra mujeres, niños y niñas

La violación y otras formas de violencia sexual seguían estando entre los delitos cometidos con mayor frecuencia. Según datos de la ONU, entre enero y junio de 2008 se denunciaron 349 violaciones, lo que suponía un aumento significativo respecto al año anterior. El acceso a los servicios de salud para recibir tratamiento de urgencia y asistencia psicológica seguía siendo inadecuado.

Los delitos contra niñas y niños –tales como violación, violencia sexual, violencia física, trata de personas y abandono–, seguían siendo motivo de grave preocupación.

Se adoptaron algunas medidas positivas para abordar la violación y otras formas de violencia sexual. En mayo, el gobierno decidió establecer un tribunal especial dedicado a ver casos de violencia sexual y de género. En junio se abrió en Monrovia una casa refugio para sobrevivientes de violencia sexual, con el apoyo de la UNMIL y gestionada por una ONG local. A lo largo de 2008 se aprobó un plan de acción nacional sobre violencia de género y la ONU proporcionó fondos para su puesta en práctica. En julio, Liberia ratificó el Protocolo a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos relativo a los derechos de la mujer en África.

Administración de justicia

Se avanzó algo en la formación del personal policial. Entre 2004 y el final de 2008, al menos 3.661 agentes, entre ellos 344 mujeres, recibieron formación básica, y más de 1.000, formación especializada. Sin embargo, la policía seguía sufriendo escasez de recursos –que causó, entre otras cosas, retraso en el pago de los salarios–, lo que daba lugar a prácticas corruptas y limitaba su capacidad para trabajar con efectividad y garantizar su presencia en todo el país.

El sector de la justicia continuaba sufriendo las consecuencias de la escasez de jueces cualificados, la falta de infraestructuras, unas reglas de procedimiento arcaicas y un número insuficiente de personal judicial. En todo el país sólo existía un abogado designado mediante el sistema de asistencia letrada gratuita.

Los problemas en el sistema judicial causaron condiciones de hacinamiento en la Prisión Central de Monrovia. Alrededor del 95 por ciento de todas las personas detenidas en esta institución no habían sido acusadas de ningún delito, y algunas de ellas llevaban hasta dos años en esa situación. En febrero, gracias a los esfuerzos de una organización local se logró la liberación de 36 personas que habían permanecido recluidas más de 180 días sin cargos en la Prisión Central de Monrovia y la prisión de Kakata. En noviembre y de nuevo a principios de diciembre, más de 50 y de 100 personas respectivamente escaparon de la Prisión Central de Monrovia. La policía respondió con la detención de algunas de los personas fugadas y también de algunos circunstantes.

Visitas de Amnistía Internacional

Sendas delegaciones de Amnistía Internacional visitaron Liberia en enero para obtener material fílmico y en marzo para presentar un informe. 

Informes de Amnistía Internacional

Liberia: A flawed process discriminates against women and girls (en inglés, 31 marzo 2008)
Película: Women of Liberia fighting for Peace
Liberia: Towards the final phase of the Truth and Reconciliation Commission (en inglés, 29 julio 2008)