Liberia - Informe 2008 Amnistia Internacional

Human Rights in República de Liberia

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Liberia is now live »

Jefa del Estado y del gobierno : Ellen Johnson-Sirleaf
Pena de muerte : abolicionista para todos los delitos
Población : 3,5 millones
Esperanza de vida : 44,7 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 217/200 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada : 51,9 por ciento

La situación de los derechos humanos mejoró durante el año, aunque seguían necesitándose mejoras en la administración de justicia. Las prisiones estaban masificadas, y la mayoría de los reclusos continuaban en espera de juicio. No se avanzó en el establecimiento de la Comisión Nacional Independiente de Derechos Humanos. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación progresó poco en la aplicación de su trabajo. La violencia contra las mujeres seguía siendo un fenómeno generalizado. Hubo varios casos de acoso contra periodistas por parte de las fuerzas de seguridad. En La Haya, Países Bajos, continuaba el juicio contra el ex presidente liberiano Charles Taylor, acusado formalmente de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad (véase el apartado sobreSierra Leona).

Información general

La lucha contra la corrupción seguía siendo prioritaria para el gobierno de Ellen Johnson-Sirleaf. Continuaron celebrándose juicios contra ex miembros del Gobierno Nacional de Transición de Liberia acusados de robo. Tras una moción de censura, Edwin Snowe dimitió de su cargo como presidente de la Cámara de Representantes. Fue sustituido en abril por Alex Tyler, del Partido de Acción Liberiana.

En julio, tres hombres fueron detenidos y acusados de traición: George Koukou, ex presidente de la Asamblea Legislativa Nacional de Transición; el general de división Charles Julu, ex jefe del Estado Mayor del Ejército y director de la Unidad Antiterrorista bajo el gobierno de Samuel Doe, y el coronel Dorbor. El juicio seguía en curso al concluir el año. En abril se levantaron las sanciones sobre los diamantes y la madera, y Liberia fue admitida en el Proceso de Kimberley, un sistema de verificación reconocido por la comunidad internacional y concebido para certificar el origen de los diamantes en bruto, a fin de reducir el contrabando. Los legisladores liberianos debatieron un controvertido proyecto de ley que tenía por objeto congelar los activos de ex dirigentes gubernamentales, y que fue finalmente rechazado.

El proceso de repatriación voluntaria con ayuda del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) finalizó en junio. Aproximadamente 80.000 personas de nacionalidad liberiana seguían viviendo en otros países, y unos 50.000 refugiados, en su mayoría de Costa de Marfil, permanecían en Liberia.

Según se afirmó, ex combatientes liberianos habían participado en la crisis política de Guinea en febrero. También se recibieron informes no confirmados sobre movimientos transfronterizos de ex combatientes liberianos con destino a Costa de Marfil.

En febrero se celebró una conferencia de donantes en la que se revisaron los logros de Liberia. Asimismo, Estados Unidos canceló la deuda de Liberia, que ascendía a 391 millones de dólares.

En diciembre se amplió el mandato de la Misión de la ONU en Liberia (UNMIL) hasta septiembre de 2008.

Manifestaciones violentas

Los retrasos experimentados en el pago de ayudas de manutención por parte del Estado dieron lugar a manifestaciones de ex combatientes en al menos tres ciudades de Liberia. En enero, unos 50 miembros del grupo étnico mandingo protagonizaron una manifestación ante la mansión de la presidenta para exigir que se actuara en relación con las disputas por cuestiones de tierras que tenían lugar en el condado de Nimba. Se creó una comisión presidencial para investigar la situación. Más tarde estallaron en el sureste otras protestas violentas en relación con la tierra.

A mediados de abril se produjeron también manifestaciones violentas de estudiantes universitarios en Gbarnga, para protestar por las deficientes instalaciones del campus. En junio estallaron protestas en la Universidadde Liberia, al manifestarse los estudiantes en apoyo al profesorado, que se había declarado en huelga por el impago de sus salarios.

En julio, una investigación policial sobre robos y violencia en el puerto de Freeport, el principal de Monrovia, desató enfrentamientos violentos en los que 50 personas resultaron heridas. Se estableció una comisión para investigar el incidente. También se registraron protestas violentas en Bong Mines, a 80 kilómetros de Monrovia, cuando la muerte de un niño de cinco años desató la ira de la población residente, convencida de que la policía estaba implicada en los hechos. Durante los disturbios, incendiaron una comisaría de policía recién construida y destrozaron las residencias de la Policía Nacional de Liberia y el domicilio del alcalde de la localidad. En diciembre, unas protestas en una plantación de caucho de Firestone y la correspondiente respuesta policial se saldaron con cinco personas heridas y el saqueo de las instalaciones de la plantación.

Reforma del sector de seguridad

Unos 90.000 ex combatientes se acogieron a programas de reintegración, si bien unos 9.000 más seguían esperando una oportunidad para reintegrarse. Algunos de los reintegrados se incorporaron a programas de formación policial y militar. En julio, una unidad compuesta sólo por mujeres completó su formación básica.

Las deficiencias del sistema judicial seguían siendo enormes. El funcionariado administraba las normas y procedimientos de forma incoherente, no observaba las normas básicas de derechos humanos e incurría en prácticas corruptas. Aunque se asignaban fiscales a todos los tribunales de distrito, la mayoría de ellos carecía de abogados defensores. El juicio por ordalía –práctica según la cual se sometía a la persona acusada a una prueba dolorosa para determinar su culpabilidad o inocencia– seguía utilizándose ampliamente en las zonas rurales. Durante el año apenas mejoró el sistema de justicia de menores.

Se redactó un proyecto de ley para establecer una comisión de reforma legislativa, encargada de hacer una revisión general de las leyes para garantizar que se ajustasen a las normas internacionales.

Las condiciones de reclusión siguieron siendo deficientes, y las fugas de la cárcel eran frecuentes. La masificación constituía un problema en la prisión central de Monrovia, que albergaba a 780 personas, pese a haber sido concebida para dar cabida a 470 reclusos. La mayoría de las personas detenidas se encontraba en espera de juicio. La UNMIL formó a 104 trabajadores de seguridad, y se esperaba que formara a más durante el año 2008. 

Justicia transicional

Se avanzó poco en el establecimiento de la Comisión Nacional Independiente de Derechos Humanos, debido a retrasos en el nombramiento de sus integrantes.

El trabajo de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación avanzaba lentamente. En marzo, su actividad quedó suspendida por existir dudas con respecto a su transparencia. Se estableció un grupo de trabajo compuesto por integrantes de la Comisión y donantes, que tomó varias medidas positivas, entre ellas la contratación de personal clave. La sociedad civil se mostró preocupada por la falta de progresos en el trabajo de la Comisión. Se preveía que las vistas públicas empezaran en enero de 2008.

Juicios contra presuntos criminales de guerra

Continuaba el juicio contra Roy M. Belfast Jr. (también conocido como Charles McArthur Emmanuel y Charles «Chuckie» Taylor Jr.), hijo de Charles Taylor, acusado de tortura, conspiración para torturar y uso de un arma de fuego en un acto de violencia cuando servía como jefe de la Unidad Antiterrorista.

Derechos de las mujeres

A pesar de la aprobación de una nueva ley sobre violación en diciembre de 2005, en la que se ofrecía una definición más clara del delito de violación y se preveían castigos más estrictos, la incidencia de este delito contra mujeres y niñas seguía siendo elevada. Aumentó el número de juicios por violación en los tribunales de distrito, y en 2007 se dictó la primera sentencia condenatoria por violación desde el final del conflicto. No obstante, los funcionarios judiciales no aplicaban de manera uniforme las disposiciones pertinentes de la ley de 2006, y la mayoría de los casos se resolvían al margen de los tribunales.

Libertad de prensa

En febrero, la policía clausuró el periódico Independent, que había publicado fotos de un ministro de la Presidencia en la cama con dos mujeres. En marzo, el Tribunal Supremo de Liberia trató de levantar la prohibición del periódico, pero el gobierno la mantuvo y ordenó a las imprentas que no lo imprimieran; finalmente, el gobierno levantó la prohibición en junio.

En febrero, el director de la Red Liberiana de Radiodifusión (LBS, por sus siglas en inglés), emisora de radio controlada por el gobierno, expulsó indefinidamente al periodista Othello Guzean por haber emitido una entrevista con Thomas Fallah, parlamentario de la oposición, perteneciente al Congreso por el Cambio Democrático. El director de la LBS calificó de inaceptable la emisión de la entrevista, y añadió que contravenía la línea editorial de la emisora.

En junio, en los enfrentamientos entre los estudiantes de la Universidad de Liberia y las fuerzas de seguridad, estas últimas golpearon a los periodistas Daylue Goah, del periódico New Democrat, y Evan Ballah, del diario Public Agenda. Goah sufrió lesiones graves.

En agosto, la Policía Nacional de Liberia y la Autoridad de Control de Drogas agredieron al periodista J. Rufus Paul, del periódico Daily Observer, y lo detuvieron durante un breve periodo. La policía alegó que lo habían detenido por su «intento de informar sobre una redada sin haber sido invitado».

En septiembre, los guardaespaldas de la presidenta Ellen Johnson-Sirleaf, pertenecientes a los Servicios Especiales de Seguridad, intimidaron, por lo que según ellos era una «violación del protocolo», a varios periodistas locales y a corresponsales de agencias de noticias internacionales, entre ellos Jonathan Paylelay, de la BBC; Dosso Zoom, de Radio France International, y Alphonso Towah, de Reuters.

Visitas de Amnistía Internacional

  • Amnistía Internacional visitó Liberia en febrero y septiembre.

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