Liberia - Informe 2007 Amnistía Internacional

Human Rights in República de Liberia

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Liberia is now live »

Jefa del Estado y del gobierno: Ellen Johnson-Sirleaf
Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos
Estatuto de la Corte Penal Internacional: ratificado

Con el regreso de personas desplazadas y refugiadas a sus casas se
produjeron tensiones étnicas en el norte del país que fueron la causa
de violentos incidentes relacionados con cuestiones sobre tierras. Ex
combatientes desmovilizados descontentos contribuyeron a la violencia.
Avanzaron las reformas de la policía y el ejército, pero el proceso de
reforma del poder judicial era sumamente lento. Apenas se tomaron
medidas para elaborar un mecanismo destinado a procesar a los
sospechosos de haber cometido crímenes de guerra y crímenes contra la
humanidad durante el conflicto que finalizó en 2003. En marzo, el ex
presidente Charles Taylor fue entregado a Liberia e inmediatamente
trasladado al Tribunal Especial para Sierra Leona, para ser juzgado por
crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos durante el
conflicto armado en Sierra Leona. La Comisión de la Verdad y la
Reconciliación comenzó a trabajar en junio. La violencia contra las
mujeres continuó siendo generalizada. Se produjeron varios casos de
hostigamiento a periodistas por parte de las fuerzas de seguridad.

Información general

El 16 de enero fue investida presidenta Ellen Johnson-Sirleaf, la primera mujer en ocupar una jefatura de Estado en África. Todos los nombramientos políticos finalizaron hacia mediados de año, y el consejo de ministros contó con la participación de siete mujeres. Las organizaciones de la sociedad civil expresaron preocupación ante algunos nombramientos, como el de Kabineh Ja'neh, ex dirigente político del grupo armado Liberianos Unidos por la Reconciliación y la Democracia (LURD), que fue designado juez suplente del Tribunal Supremo.

La nueva presidenta adoptó una postura firme contra la corrupción. En julio se hizo pública la auditoría al Gobierno Nacional de Transición de Liberia realizada por la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO). Varios altos funcionarios del Estado fueron destituidos tras ser acusados de corrupción. La Comisión de Reforma de la Administración elaboró un documento normativo que se centró en gran medida en la forma de abordar la corrupción en el gobierno. A comienzos de diciembre, al menos seis miembros del Gobierno Nacional de Transición de Liberia fueron detenidos y acusados de robo, una medida del gobierno que contó con la aprobación pública de miembros de la sociedad civil.

El gobierno cumplió más de la mitad de sus objetivos mediante un plan de acción de 150 días destinado a abordar algunas de las necesidades más urgentes de la población. Una conferencia de donantes de ayuda celebrada en julio demostró el compromiso de prestar apoyo a largo plazo a Liberia.

El reasentamiento de 314.095 personas desplazadas internas, de las que 9.732 eran refugiadas, que había comenzado en marzo de 2004, se dio por concluido en abril, aproximadamente seis meses antes de lo previsto.

En septiembre se amplió a marzo de 2007 el mandato de la Misión de la ONU en Liberia (UNMIL). La UNMIL hizo públicos dos informes que se centraron en gran parte en las deficiencias de la administración de justicia.

En septiembre, cerca de 39.000 ex combatientes aún no se habían adherido a los programas de reintegración. Se elaboraron planes para incorporarlos a proyectos auspiciados por el Fondo Fiduciario del Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD).

La inestabilidad existente en Costa de Marfil en cuanto a la seguridad continuó representando una amenaza para Liberia. Preocupaban el posible desplazamiento de grupos armados desde Costa de Marfil a Liberia y el reclutamiento de ex combatientes liberianos, incluidos menores.

Sanciones

En junio, el gobierno envió una carta al Consejo de Seguridad de la ONU en la que destacaba los avances realizados con respecto a los criterios que el país debía cumplir para el levantamiento de las sanciones sobre los diamantes y la madera. Ese mismo mes, el Consejo de Seguridad de la ONU levantó el embargo sobre la madera, pero prorrogó las sanciones sobre los diamantes seis meses más, con una revisión después de transcurridos cuatro meses. El embargo de armas establecido por la ONU se levantó parcialmente.

La ministra de Justicia intentó facilitar la aprobación de legislación destinada a incorporar las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU en la legislación liberiana. Las dificultades se plantearon especialmente en lo relativo a la congelación de los bienes de particulares, dado que varios parlamentarios estaban en la lista de personas a las que debía aplicarse esta medida. Edwin Snowe, al que se habían congelado los bienes y se había prohibido viajar, fue elegido presidente de la Cámara de Representantes. Isaac Nyanebo, ex miembro del LURD, se convirtió en presidente provisional del Senado. Al finalizar 2006, aún había cuatro miembros del Parlamento en la lista de personas cuyos bienes habían sido congelados.

Violencia por motivos políticos

A lo largo del año, militares desmovilizados y ex miembros de las fuerzas de seguridad organizaron protestas, a veces violentas, para mostrar su descontento por las indemnizaciones por cese laboral y las prestaciones de las pensiones o los conjuntos de medidas para la reintegración. Tuvieron lugar diversos incidentes violentos cuando ex jefes militares y soldados desmovilizados ocuparon ilegalmente plantaciones de caucho.

Durante el reasentamiento y la reintegración se produjeron conflictos sobre las tierras.

En mayo ocurrieron hechos violentos cuando personas residentes en Ganta causaron disturbios ante los rumores de que miembros del grupo étnico mandinga iban a reclamar tierras. El gobierno respondió creando una comisión presidencial para estudiar la causa de la violencia.

Plantaciones de caucho

Se produjeron algunos avances en los intentos de recuperar el control de las plantaciones de caucho que ex combatientes rebeldes habían ocupado al finalizar el conflicto. El 15 de agosto, una fuerza especial conjunta del gobierno y la UNMIL sobre las plantaciones de caucho se hizo con el control de algunas plantaciones, incluida la de Guthrie.

En mayo, la UNMIL publicó un informe sobre las plantaciones de caucho en el que expresaba su preocupación por la ausencia de autoridad estatal y la inexistencia de un Estado de derecho, así como por las detenciones y reclusiones ilegales. La UNMIL aumentó las actividades de patrullaje en cinco plantaciones de caucho, lo que hizo que disminuyera el número de informes de abusos contra los derechos humanos de civiles.

Proceso de reforma

En enero comenzaron las actividades de reestructuración del ejército, con ayuda de Estados Unidos. Las actividades de reclutamiento se extendieron a lo largo de todo el año, y hasta septiembre se había recomendado el reclutamiento de 500 de las 7.000 personas que lo habían solicitado. A mediados de octubre, organizaciones de la sociedad civil celebraron un foro sobre la reforma del sector de la seguridad para expresar sus preocupaciones.

Para el mes de septiembre se habían jubilado y habían obtenido una indemnización por cese laboral la mayor parte de los 2.400 miembros de la Policía Nacional de Liberia que no habían conseguido un puesto en el segundo turno de reclutamiento para la nueva fuerza policial.

Pese a los importantes avances producidos en la reforma y reestructuración de la policía, los niveles de delitos violentos, a veces cometidos por ex combatientes, continuaron siendo elevados. En septiembre, el Ministerio de Justicia pidió públicamente a los residentes de Monrovia, la capital, que organizasen grupos parapoliciales con el fin de protegerse. Este llamamiento fue condenado por miembros de la sociedad civil, que acusaron al gobierno de no asumir sus responsabilidades y pidieron el reforzamiento de la policía.

Se intentaron abordar los numerosos problemas que sufría el sistema judicial, incluidos los acuerdos extrajudiciales sobre causas penales, las injerencias por parte del poder ejecutivo y el hecho de que no se respetasen las garantías constitucionales. El equipo de tareas sobre el Estado de derecho formado por el gobierno de Liberia y la UNMIL elaboró un documento de estrategia en el que se establecía un programa de reforma del poder judicial; según los informes, el documento fue aprobado por la presidenta, pero no se hizo público. Durante 2006, la UNMIL ayudó en la contratación de fiscales y defensores públicos y en la formación del personal ya existente. Mejoró la gestión de la carga de trabajo, y la confianza de la opinión pública en el sector judicial aumentó en cierto grado. Sin embargo, durante el año se recibieron numerosos informes de violaciones del proceso debido.

Se propuso la creación de una comisión de reforma legislativa que revisase las leyes para garantizar que cumplían las normas internacionales. También se propuso la creación de una comisión de investigación judicial que estableciese los criterios de actuación de los jueces.

Justicia transicional

Se hicieron pocos avances en la creación de la Comisión Nacional Independiente de Derechos Humanos, prevista en el Acuerdo General de Paz que puso fin al conflicto. Comenzó el nombramiento de los integrantes del grupo de selección, elegidos por el presidente del Tribunal Supremo en consulta con la sociedad civil, y cuyo cometido era designar a los miembros de la Comisión.

En febrero tomaron posesión siete miembros de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Tras un periodo preparatorio de tres meses, la Comisión comenzó a trabajar en junio, y en septiembre se hizo público su plan de trabajo. A finales de septiembre se había contratado a cerca de 200 personas para que tomasen declaración a los testigos, un proceso que comenzó el 10 de octubre. Sin embargo, las vistas públicas previstas para finales de año fueron aplazadas. El 23 de octubre, partidarios del ex presidente Charles Taylor presentaron un recurso ante el Tribunal Supremo para que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación dejase de oír las declaraciones contra el ex presidente, alegando que éstas perjudicarían su juicio ante el Tribunal Especial para Sierra Leona (véase infra). Fueron motivo de preocupación la seguridad de los testigos, el papel de la sociedad civil en el proceso de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y la forma en que ésta debía dar respuesta a la preocupación de la opinión pública.

Al finalizar 2006, la Comisión había recibido aproximadamente 2,2 millones de dólares estadounidenses de los 14 millones que se calculaban necesarios.

Charles Taylor

El 17 de marzo, la presidenta Johnson-Sirleaf hizo una petición oficial al gobierno de Nigeria para que Charles Taylor fuese entregado a Liberia. El 25 de marzo, el presidente nigeriano, Olusegun Obasanjo, accedió oficialmente a la petición. Charles Taylor escapó temporalmente del lugar en donde estaba refugiado en Nigeria, pero fue detenido posteriormente. Llegó a Liberia el 29 de marzo, y allí fue detenido por la UNMIL, según el mandato de la resolución 1622 del Consejo de Seguridad de la ONU, y trasladado de inmediato al Tribunal Especial para Sierra Leona.

A pesar de los temores de que su detención pudiese provocar actos de violencia, lo cierto es que la opinión pública liberiana en general mostró alivio. La detención y el traslado de Charles Taylor fueron ampliamente considerados como un paso importante para abordar la impunidad en África Occidental.

Presuntos criminales de guerra

En enero y febrero fueron detenidas personas que habían estado vinculadas a Charles Taylor y que posteriormente quedaron en libertad.

El juicio del ciudadano neerlandés Gus van Kowenhoven, ex compañero de Charles Taylor, finalizó en junio. Fue declarado culpable de tráfico de armas y condenado a ocho años de cárcel. Sin embargo, fue absuelto de los cargos de crímenes de guerra.

En marzo, Roy Belfast Jr., también conocido como Charles Taylor Jr., hijo de Charles Taylor, fue detenido en Estados Unidos por fraude en la solicitud del pasaporte. Se declaró culpable de los cargos. El 6 de diciembre, mientras esperaba su condena, el Gran Jurado Federal de Estados Unidos dictó contra él acta de acusación formal por tortura y conspiración para torturar, actos que presuntamente cometió cuando servía como jefe de la Unidad Antiterrorista. Era la primera vez que se acusaba a una persona en Estados Unidos en aplicación de la ley contra la tortura desde que fue promulgada, en 1994.

Derechos de las mujeres

La violación de mujeres y niñas continuó durante 2006. A pesar de la aprobación de una nueva ley sobre violación en diciembre de 2005, hubo fallos reiterados en su aplicación. Era habitual que los sospechosos de violación quedasen en libertad bajo fianza. Muchos casos de violación se resolvieron mediante acuerdos extrajudiciales. La ONU y grupos en favor de los derechos de las mujeres destacaron reiteradamente su preocupación por que a los casos de violación no se les diera prioridad en los tribunales. Durante 2006, sólo un proceso por violación finalizó con una declaración de culpabilidad.

La UNMIL facilitó la visita a Liberia durante una semana del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, con el fin de que prestase asistencia al gobierno en el cumplimiento de su obligación de presentar informes en virtud de la Convención de la ONU sobre la Mujer.

Libertad de prensa

En numerosas ocasiones a lo largo del año, funcionarios del Estado, incluida la presidenta, expresaron su preocupación por los reportajes de prensa irresponsables. Los Servicios Especiales de Seguridad (SSS) hostigaron reiteradamente a periodistas.

En abril, periodistas de dos diarios independientes, Inquirer e Informer, fueron atacados por la policía mientras cubrían los enfrentamientos entre policía y vendedores callejeros en Monrovia.

En mayo, George Watkins, reportero de Radio Veritas, fue atacado por agentes de los SSS por, al parecer, informar de que esta fuerza de seguridad había reclutado a un ex jefe rebelde.

En junio, agentes de los SSS hostigaron y detuvieron brevemente en la residencia presidencial a cuatro periodistas locales que trataban de recabar información sobre la destitución de varios altos mandos de los SSS.

Según los informes, cuatro policías de Zwedru, en el condado de Grand Gedeh, azotaron en octubre a un periodista local de una emisora de radio de la comunidad por criticar el servicio policial.

En diciembre, el periodista Rufus Paul, del Daily Observer, fue objeto de un ataque, al parecer por orden del director de los Archivos Nacionales. El periodista se encontraba investigando la presunta malversación de fondos de los Archivos Nacionales por parte del director.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Informes

Liberia: Truth, Justice, and Reparation: Memorandum on the Truth and Reconciliation Commission Act (Índice AI: AFR 34/005/2006)

Liberia: Submission to the Truth and Reconciliation Commission (Índice AI: AFR 34/006/2006)

Liberia: Guía Breve sobre la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (Índice AI: AFR 34/007/2006)

Visita

Una delegación de Amnistía Internacional realizó una visita de investigación a Liberia entre mayo y junio.

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