Líbano - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in República Libanesa

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Líbano is now live »

Jefe del Estado
Michel Suleiman
Jefe del gobierno
Saad Hariri (sustituyó a Fuad Siniora en noviembre)
Pena de muerte
retencionista
Población
4,2 millones
Esperanza de vida
71,9 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
31/21 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
89,6 por ciento

En marzo inició sus actividades el Tribunal Especial para el Líbano, establecido para juzgar a los autores del homicidio, en 2005, del ex primer ministro Rafiq Hariri y de otros atentados conexos; ordenó dejar en libertad a cuatro generales detenidos arbitrariamente en relación con las investigaciones. La población palestina refugiada continuó sufriendo discriminación, que le impedía el acceso al trabajo, la atención de la salud, la educación y una vivienda adecuada. Otras personas refugiadas estaban expuestas a ser detenidas y expulsadas. Se hicieron algunos avances en la determinación de lo ocurrido a algunas de los millares de personas que fueron víctimas de desaparición forzada durante la guerra civil de 1975-1990. Hubo también algún progreso en la mejora de las condiciones de las personas migrantes empleadas en el servicio doméstico, aunque continuaron sufriendo explotación y abusos de manera generalizada. Al menos 41 personas estaban condenadas a muerte al terminar el año.

Información general

Siguió habiendo gran tensión política tras las elecciones de junio, hasta la formación en noviembre de un gobierno de unidad nacional. Encabezado por Saad Hariri, hijo del ex primer ministro asesinado Rafiq Hariri, el nuevo gobierno se formó tras cinco meses de negociaciones entre la alianza 14 de Marzo, de Saad Hariri, y la coalición 8 de Marzo, formada por Hezbolá y otros partidos.

Según informes, varios civiles murieron y algunos más resultaron heridos en estallidos localizados de violencia política, provocados en su mayor parte por enfrentamientos entre las comunidades musulmanas alawí y sunní en Trípoli y en Aisha Bakkar y Ain al Rummaneh, en Beirut.

Continuaron mejorando las relaciones entre Líbano y Siria, y ambos países nombraron embajadores.

Hubo tensión constante con Israel. En enero, septiembre y octubre se dispararon desde el sur de Líbano varios cohetes contra Israel, y las fuerzas israelíes devolvieron el fuego. Las fuerzas aéreas israelíes continuaron violando el espacio aéreo libanés.

Según el Centro de Acción contra las Minas de Líbano, organismo oficial, murieron 3 civiles y 25 más resultaron heridos –entre ellos varios niños– por restos de bombas de racimo y minas terrestres dejadas por las fuerzas israelíes en años anteriores. En mayo, las autoridades israelíes entregaron a la Fuerza Provisional de la ONU en el Líbano datos y mapas que revelaban que sus fuerzas habían utilizado munición de racimo durante la guerra de 2006.

  • En marzo, Mohammed Abd al Aal, de 10 años, perdió la pierna izquierda y la mano derecha al explotar una bomba de racimo cuando jugaba cerca de su casa, en Hilta, en el sur de Líbano.

Población palestina refugiada y otras personas refugiadas

La mayoría de los refugiados palestinos seguían viviendo en condiciones de hacinamiento y, en muchos casos, miseria en 12 campos oficiales de refugiados. Casi 422.000 palestinos registrados como refugiados estaban sujetos a leyes y reglamentos discriminatorios, que les negaban el derecho a heredar bienes inmuebles y a trabajar en alrededor de 20 profesiones, además de otros derechos básicos.

Asimismo, al menos 3.000 refugiados palestinos carecían de documentos de identidad oficiales –necesarios para demostrar su residencia en Líbano, para registrar nacimientos, matrimonios y defunciones y para otras necesidades– por haber llegado a Líbano tras la expulsión de la Organización para la Liberación de Palestina de Jordania en 1971. En 2008, las autoridades habían expedido documentos de identidad temporales válidos por un año para unos 800 palestinos con miras a legalizar su situación y permitirles circular libremente por el país. Sin embargo, en 2009, la Dirección General de Seguridad General no dejó emitir más, por lo que los refugiados palestinos siguieron encontrando grandes obstáculos para disfrutar de sus derechos básicos.

Debido a la destrucción y las demoras en la reconstrucción, continuaron desplazados unos 21.650 palestinos que se habían visto obligados a huir del campo de refugiados de Nahr al Bared, próximo a Trípoli, en 2007, durante una batalla de 15 días entre el ejército libanés y combatientes del grupo armado Fatah al Islam. Alrededor de 4.450 residentes que habían vivido en los terrenos adyacentes al campo oficial habían podido regresar.

Líbano acogía también a refugiados de Irak, Somalia, Sudán y otros países, que se hallaban constantemente expuestos a ser detenidos, recluidos y expulsados con independencia de que estuvieran registrados oficialmente como refugiados en el organismo de la ONU para los refugiados, el ACNUR. En 2008, la Dirección General de Seguridad General había accedido informalmente a que se concediera a los refugiados un periodo de gracia de tres meses, prorrogable una vez, para encontrar un empleador que los apadrinara y les proporcionara un permiso de residencia y regular así su situación. Esta política no se mantuvo en 2009.

Violencia y discriminación contra mujeres y niñas

Las trabajadoras domésticas migrantes continuaron expuestas a sufrir explotación y abusos físicos, sexuales y psicológicos en el trabajo.

En enero, el Ministerio de Trabajo introdujo un contrato de trabajo estándar para las personas empleadas en el servicio doméstico, la gran mayoría de las cuales eran mujeres. Se incluía en él una descripción del puesto y se especificaban los derechos y deberes de empleador y empleado y el número máximo de horas de trabajo. Sin embargo, no se estableció ningún procedimiento para garantizar su cumplimiento por parte del empleador, y los cambios realizados no parecían suficientes para brindar a las personas migrantes empleadas en el servicio doméstico protección efectiva.

La legislación sobre nacionalidad no permitía a las mujeres libanesas transmitir su nacionalidad a sus esposos o hijos, ni siquiera si éstos habían nacido en Líbano.

  • En julio y septiembre, respectivamente, la fiscalía y una comisión jurídica del Ministerio de Justicia impugnaron una decisión tomada en junio por tres jueces que permitía a Samira Soueidan transmitir su nacionalidad a tres de sus hijos. Al final del año no se había celebrado ninguna vista sobre este caso. El padre de los niños, ciudadano egipcio, había muerto 15 años antes.

Tribunal Especial para el Líbano

El 1 de marzo inició sus actividades, cerca de La Haya, Países Bajos, el Tribunal Especial para el Líbano. Una de sus primeras iniciativas fue pedir a las autoridades libanesas que transfirieran los casos de cuatro generales detenidos sin cargos en Líbano desde agosto de 2005 en relación con el asesinato de Rafiq Hariri. Las autoridades libanesas lo hicieron, y el 29 de abril los cuatro generales –Jamil al Sayyed, Mustapha Hamdan, Ali al Hajj y Raymond Azar– habían sido puestos ya en libertad sin cargos por orden del Tribunal Especial. En 2008, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria había determinado que la detención de los generales era arbitraria e injusta.

Previamente, en febrero, las autoridades libanesas habían dejado en libertad bajo fianza a otros tres hombres –Ahmad Abd al Aal, Mahmoud Abd al Aal e Ibrahim Jarjoura– que llevaban tres años recluidos como sospechosos, al parecer, de haber hecho declaraciones falsas al organismo de la ONU que investigaba el asesinato de Rafiq Hariri y otros atentados conexos.

Detención arbitraria

  • Yusef Chaban, refugiado palestino que llevaba 15 años encarcelado por el asesinato de un diplomático jordano, quedó en libertad el 13 de julio en virtud de un indulto especial que le concedió el presidente Michel Suleiman en reconocimiento a la grave injusticia cometida en su caso. Continuaba en prisión a pesar de que un tribunal jordano había determinado en 2002 que los autores del asesinato habían sido otros. Yusef Chaban había sido condenado en Líbano por el Consejo de Justicia, tribunal cuyas sentencias no podían recurrirse ni revocarse. En 2006, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria había declarado que Yusef Chaban se hallaba detenido arbitrariamente.

Desapariciones forzadas y secuestros

Continuaron sin resolverse millares de casos de desaparición forzada y secuestro ocurridos durante la guerra civil. No obstante, en octubre y noviembre, un tribunal emitió decisiones preliminares por las que ordenaba a las autoridades que le proporcionasen los resultados confidenciales de las investigaciones realizadas por la Comisión Oficial de Investigación de la Suerte de las Personas Secuestradas y Desaparecidas en el año 2000, relativas a dos fosas comunes ubicadas en Beirut. Al final del año, las autoridades sólo habían entregado un breve informe médico sobre una de las fosas comunes.

  • En noviembre, las pruebas de ADN permitieron determinar que entre los restos humanos hallados en la localidad oriental de Aita al Fujar se encontraban los de Alec Collett, periodista británico que había sido secuestrado en 1985, aparentemente por un grupo armado palestino, y a quien luego habían matado.

Personas sospechosas de colaboración

Decenas de hombres y mujeres sospechosos de espiar para Israel fueron detenidos por las autoridades o entregados a ellas tras haber sido capturados e interrogados por Hezbolá. Al menos otros dos hombres detenidos en 2006 fueron juzgados por haber colaborado con Israel.

  • En agosto fue sometido a juicio ante un tribunal militar de Beirut Mahmoud Rafeh, agente retirado de las Fuerzas de Seguridad Interna. Rafeh denunció que miembros de los servicios de Inteligencia Militar lo habían torturado durante su prisión preventiva para obligarlo a “confesar”. El juicio continuaba al final del año.
  • Joseph Sader, empleado de la compañía aérea Middle East Airlines, fue secuestrado en febrero y recluido en régimen de incomunicación por un grupo no estatal que lo acusaba de facilitar información a Israel.

Pena de muerte

Al menos 40 hombres y una mujer estaban condenados a muerte al final del año. Las últimas ejecuciones se habían llevado a cabo en 2004.

Al final de 2009 no se había aprobado el proyecto de ley para abolir la pena de muerte propuesto por el ministro de Justicia Ibrahim Najja y presentado al Consejo de Ministros en 2008. El ministro presionó para que se anularan los artículos del Código Penal que permitían a los tribunales imponer la pena capital.

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