La violencia política se cobró la vida de al menos 30 civiles. Se denunciaron torturas y otros malos tratos a detenidos. Las mujeres sufrían discriminación y no recibían la debida protección contra la violencia. Las personas migrantes empleadas en el servicio doméstico eran objeto de explotación y abusos. La población palestina refugiada continuó sufriendo discriminación, aunque se tomaron medidas para mejorar las condiciones de algunos de sus integrantes más vulnerables. El ministro de Justicia propuso una ley para abolir la pena de muerte.
Información general
Tras la reanudación de la violencia política entre partidarios del gobierno y Hezbolá y otros grupos, el 21 de mayo ambos bandos llegaron en Qatar a un acuerdo que puso fin a 18 meses de estancamiento político. El Parlamento eligió entonces a un nuevo presidente. En julio se formó un gobierno de unidad nacional, y en septiembre se aprobó una nueva ley electoral. Se estaba elaborando un plan de acción en materia de derechos humanos. El 15 de octubre, Líbano y Siria acordaron establecer relaciones diplomáticas.
"...se utilizaron como prueba en juicios «confesiones» obtenidas presuntamente con tortura."
Entre las alrededor de 160 personas muertas a causa de la violencia política había al menos 30 civiles. Más de la mitad murieron como consecuencia de enfrentamientos armados que estallaron en mayo entre fuerzas partidarias del gobierno y la oposición dirigida por Hezbolá, en los que perdieron la vida unas 70 personas, o en combates entre grupos rivales que tuvieron lugar en Trípoli en junio y julio.
- El 13 de agosto, un atentado con explosivos perpetrado contra un autobús en Trípoli mató a 5 civiles y a 10 soldados.
- El 10 de septiembre, un atentado con vehículo bomba mató a Saleh Aridi, uno de los dirigentes del Partido Democrático, grupo partidario de mantener estrechos vínculos con Siria.
Impunidad
Apenas se hizo nada para abordar la impunidad de los homicidios políticos, las desapariciones forzadas, la tortura y otros abusos cometidos durante la guerra civil (1975-1990) y desde entonces. Las autoridades libanesas dijeron en 1992 que habían desaparecido bajo la custodia de las partes en el conflicto más de 17.000 personas.
En marzo regresó a Líbano, tras 16 años de prisión en Siria, Milad Barakat, detenido en 1992 por agentes de seguridad libaneses y entregado a las autoridades sirias, que lo habían condenado a 15 años de cárcel por combatir contra el ejército sirio. No hubo nueva información, sin embargo, sobre unas 650 personas, libanesas y de otras nacionalidades, que, según informes, habían desaparecido bajo custodia de las autoridades sirias tras su secuestro o detención en Líbano. En agosto, las autoridades dijeron que se comprometían a ocuparse de la cuestión de los ciudadanos libaneses en paradero desconocido o detenidos en Siria.
No compareció ante la justicia por violaciones graves del derecho internacional humanitario ningún integrante de ninguno de los dos bandos de la guerra de 2006 entre Israel y Hezbolá.
Caso de Rafiq al Hariri
El 2 de diciembre, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU publicó su 11.° informe sobre el homicidio del ex primer ministro Rafiq al Hariri y 22 personas más en febrero de 2005, así como sobre otros 20 atentados con explosivos y asesinatos. Estaba previsto que el 1 de marzo de 2009 comenzaran las actividades del Tribunal Especial para Líbano, encargado de continuar investigando estos casos e iniciar enjuiciamientos.
- En agosto, Ayman Tarabay y Moustapha Talal Mesto, que formaban parte de un grupo de nueve hombres detenidos sin cargos desde 2005 en relación con la investigación del homicidio de Rafiq al Hariri, quedaron en libertad bajo fianza. Los otros siete hombres continuaron detenidos sin cargos ni juicio, aun cuando el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria había determinado en noviembre de 2007 que seis de ellos se encontraban detenidos arbitrariamente.
Consecuencias de la guerra de 2006
Una persona murió y siete miembros de equipos de despeje, así como 22 civiles, resultaron heridos a causa de bombas de racimo sin explotar lanzadas por las fuerzas armadas israelíes durante la guerra de 2006. Las autoridades israelíes continuaron negándose a proporcionar información útil para las labores de despeje y seguían ocupando el pueblo fronterizo de Ghajar al final del año.
El 16 de julio se entregaron a Israel los cadáveres de dos soldados israelíes capturados por Hezbolá en el norte de Israel en julio de 2006, a cambio de cinco prisioneros libaneses, cuatro de ellos miembros de Hezbolá, y de los restos de casi 200 ciudadanos árabes.
Tortura y otros malos tratos
No se investigaron de manera independiente denuncias de tortura y otros malos tratos bajo custodia, y se utilizaron como prueba en juicios «confesiones» obtenidas presuntamente con tortura. El 7 de octubre, un grupo de organizaciones de derechos humanos presentaron una lista de 27 muertes ocurridas bajo custodia desde 2007, 15 de ellas en 2008.
En diciembre, Líbano ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura.
- El 5 de junio comenzó ante el Tribunal Militar de Beirut el juicio de Hassan Naba y los otros 12 integrantes de la denominada «Red de los 13». Detenidos en diciembre de 2005 y enero de 2006, estaban acusados de «conspirar para cometer actos terroristas». En el juicio, algunos de los acusados se retractaron de las «confesiones» que habían firmado durante su prisión preventiva en la sección de información del Departamento de Seguridad Interna de Beirut, denunciando que las habían hecho sometidos a «brutalidad policial y tortura», pero el Tribunal no investigó sus denuncias. Tres de los acusados quedaron en libertad bajo fianza el 25 de septiembre.
No se llevaron a cabo investigaciones sobre informes creíbles según los cuales la mayoría de los integrantes de un grupo de 316 presuntos miembros o simpatizantes de Fatah al Islam detenidos tras los enfrentamientos ocurridos de mayo a septiembre de 2007 en el campo de refugiados palestinos de Nahr al Bared habían sido torturados bajo custodia. Entre los métodos denunciados figuraban torturas como colgarlos de las muñecas con las manos atadas a la espalda (ballanco), aplicarles descargas eléctricas, introducirles una botella de cristal en el ano, golpearlos y proferir insultos de índole religiosa contra ellos. Decenas de detenidos dijeron que habían hecho sus «confesiones» a causa de la tortura.
Uso excesivo de la fuerza
El 27 de enero murieron siete manifestantes a manos, según informes, de soldados del ejército libanés e individuos sin identificar, en el curso de unas protestas contra cortes de electricidad que afectaban a los suburbios de población mayoritariamente chií del sur de Beirut. Entre las más de 70 personas imputadas en relación con los incidentes había 11 soldados y 2 oficiales del ejército acusados formalmente de «homicidio involuntario».
Discriminación y violencia contra mujeres y niñas
Las trabajadoras domésticas migrantes continuaron recibiendo protección inadecuada contra la explotación y el maltrato físico y psicológico –incluidos los abusos sexuales– en el trabajo. Al menos 45 murieron de causas no naturales, en muchos casos porque, aparentemente, se suicidaron o cayeron desde una gran altura al intentar escapar de edificios donde trabajaban. En general, las autoridades no investigaron debidamente las muertes ni los abusos que pudieran haberse cometido previamente. El 4 de septiembre, el clérigo chií Sayyed Muhammad Hussein Fadlallah instó a los empleadores de las trabajadoras domésticas migrantes a no maltratarlas y pidió a las autoridades que las protegieran mejor.
- El 17 de enero encontraron en casa de la persona para la que trabajaba, en el sur de Beirut, el cadáver de la empleada doméstica etíope Enate Belachew, quien al parecer se había ahorcado.
En febrero, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer recomendó a las autoridades libanesas que promulgaran legislación para criminalizar la violencia contra las mujeres, garantizar que las mujeres y las niñas víctimas de violencia podían acceder de inmediato a medios de protección y procesar y castigar a los autores de la violencia, y que reformaran el Código Penal para garantizar que los autores de delitos por motivos de honor no quedaran impunes. El Comité pidió también que se criminalizara la violación marital, se promulgara una ley para regular el empleo de las trabajadores domésticas (a las que no se aplicaba la Ley del Trabajo) y que se protegiera a estas mujeres de la explotación y el maltrato.
Personas refugiadas y solicitantes de asilo
Centenares de miles de refugiados palestinos continuaban sufriendo restricciones discriminatorias que afectaban a sus derechos económicos y sociales, especialmente a su acceso al empleo, la atención de la salud, la seguridad social, la educación y la vivienda.
El 19 de agosto se anunció que unos 2.500 refugiados palestinos «indocumentados», que no estaban inscritos en los registros de las autoridades libanesas ni en los de la Agencia para la Ayuda a los Refugiados Palestinos y sufrían, por tanto, más restricciones de sus derechos humanos que los sí inscritos, habían recibido documentos de identidad oficiales de carácter temporal, que les permitían el acceso a derechos y servicios que anteriormente les estaban negados. Faltaban todavía por dirigirse a las autoridades para solicitar esos documentos un número similar de refugiados palestinos «indocumentados», que temían, al parecer, ser detenidos.
Sólo una pequeña parte de los 27.000 refugiados palestinos desplazados del campo de Nahr al Bared por los combates librados allí entre mayo y septiembre de 2007 habían podido regresar a sus hogares.
El 21 de febrero, el ACNUR expresó su satisfacción por las medidas adoptadas por el gobierno para proporcionar permisos de trabajo y residencia a unos 50.000 iraquíes que pretendían establecerse en Líbano como refugiados y a los que anteriormente se consideraba ilegales y se encarcelaba y expulsaba.
Detención arbitraria
Las autoridades no rectificaron la situación de Nehmet Naim al Haj y Yusef Chaban, que continuaban privados de libertad a pesar de que el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria había declarado en 2007 que se hallaban detenidos arbitrariamente.
Defensores y defensoras de los derechos humanos
Las organizaciones de derechos humanos podían realizar, en general, sus actividades sin injerencia indebida de las autoridades. No obstante, el abogado Muhamad Mugraby sufrió hostigamiento. El 27 de noviembre, un tribunal penal de Beirut lo absolvió del cargo de calumnias contra un funcionario público, presentado contra él en relación con un discurso sobre los derechos humanos que había pronunciado en el Parlamento Europeo en noviembre de 2003. Sin embargo, la fiscalía recurrió en diciembre la decisión del tribunal. En abril de 2006, el Tribunal Militar de Casación había desestimado este mismo cargo contra él.
Pena de muerte
Había al menos 40 personas condenadas a muerte, pero no se impuso ninguna pena de muerte ni se llevó a cabo ninguna ejecución.
En octubre, el ministro de Justicia anunció que había presentado al Consejo de Ministros una ley para abolir la pena de muerte.
En diciembre, Líbano se abstuvo en la votación de una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria mundial de las ejecuciones.