Líbano - Informe 2008 Amnistia Internacional

Human Rights in República Libanesa

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Líbano is now live »

Jefe del Estado : Emile Lahud (hasta noviembre)
Jefe del gobierno : Fuad Siniora
Pena de muerte : retencionista
PoblaciÓn : 3,7 millones
Esperanza de vida : 71,5 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 27/17 por cada 1.000
PoblaciÓn adulta alfabetizada : 88,3 por ciento

La inestabilidad y la violencia políticas dominaron el año, durante el cual más de 40 personas murieron en atentados con explosivos y otros ataques y centenares más perdieron la vida en combates que el ejército libanés y el grupo armado Fatah al Islam mantuvieron durante meses en el campo para población palestina refugiada de Nahr al Bared y sus alrededores. La tensión y las divisiones existentes en el país, que estaba aún recuperándose de la devastadora guerra entre Israel y Hezbolá de 2006, dejaron prácticamente paralizado el Parlamento e impidieron la elección de un nuevo presidente.

Las mujeres sufrían discriminación en la legislación y en la práctica, y el Estado no tomó las medidas necesarias para protegerlas de la violencia. La población palestina refugiada continuó sometida a discriminación y a violaciones de sus derechos sociales y económicos. Aumentaron los informes de tortura y malos tratos bajo custodia. Los tribunales continuaron imponiendo condenas de muerte, pero no hubo ejecuciones.

Nahr al Bared

El 20 de mayo estallaron en el campo de refugiados palestinos de Nahr al Bared intensos combates entre Fatah al Islam, grupo islamista armado que se había introducido hacía poco allí, y las fuerzas armadas libanesas. Según informes, 168 soldados libaneses, 42 civiles y 220 miembros de Fatal al Islam murieron antes de que el ejército recuperara el control del campo el 2 de septiembre.

Durante los enfrentamientos, ambos bandos pusieron a la población civil en peligro. Fatah al Islam estableció posiciones armadas en el campo y se retiró a ellas tras atacar una base del ejército. Éste lanzó intensos ataques de artillería, posiblemente indiscriminados, sobre el campo, gran parte del cual quedó destruido. Al parecer, tras hacerse el ejército con el control se saquearon, incendiaron y destruyeron de manera generalizada viviendas y otras propiedades desalojadas. En diciembre, el primer ministro escribió a Amnistía Internacional para comunicarle que el ejército estaba investigando estos presuntos hechos y que una de las conclusiones a que se había llegado ya era que el ejército había quemado algunas viviendas para eliminar un veneno que Fatah al Islam había esparcido.

La mayoría de los alrededor de 30.000 refugiados palestinos desplazados de Nahr al Bared se instalaron en el campo de refugiados de Beddaawi. A partir de octubre se les permitió regresar a Nahr al Bared, pero la mayoría de ellos continuaban desplazados al final del año. Se prohibió el acceso al campo a los medios de comunicación y a las organizaciones locales de derechos humanos.

  • El 22 de mayo, dos civiles murieron y varios más resultaron heridos al ser alcanzado por al menos un artefacto explosivo un convoy de la ONU que repartía ayuda humanitaria en el campo. Según informes, el ejército negó toda responsabilidad en el ataque. El mismo día, Naif Selah Selah y una mujer embarazada, Maha Abu Radi, murieron a causa de disparos y otras personas resultaron heridas cuando el autobús en el que huían del campo se aproximó a un control militar de seguridad. Unos hombres armados sacaron del autobús a un niño de 13 o 14 años y, antes de dejarlo marchar, lo amenazaron con un cuchillo y le aplicaron descargas eléctricas para hacerle «confesar» que iba a perpetrar un atentado suicida. No se tuvo noticia de ninguna investigación independiente sobre estos sucesos.

Decenas de palestinos sufrieron amenazas, humillaciones y abusos a manos de soldados, a menudo tras ser obligados a detenerse en controles militares de seguridad. Entre otros abusos, los hacían desnudarse y tenderse en la carretera y los sometían a golpes, patadas, culatazos, insultos y humillaciones. Según informes, en varios casos los soldados azotaron a las víctimas, les aplicaron descargas eléctricas y las sometieron a abusos sexuales.

Se detuvo a unas 200 personas por su presunta relación con Fatah al Islam. Todas quedaron recluidas y, según informes, se presentaron cargos contra decenas de ellas por delitos de terrorismo punibles con la muerte. Se denunciaron torturas o malos tratos a algunas de las personas detenidas.

  • El 29 de junio, tres personas murieron a causa de disparos cuando participaban en una manifestación pacífica convocada para pedir que se permitiera regresar a sus hogares a los refugiados desplazados de Nahr al Bared. Los soldados del ejército libanés abrieron fuego contra los manifestantes y, según informes, no intervinieron cuando, a continuación, civiles libaneses atacaron la manifestación.
  • El 12 de diciembre, el general François el Hajj, jefe de operaciones del ejército libanés durante los combates de Nahr al Bared, y un guardaespaldas murieron en un atentado con coche bomba en Baabda.

Homicidios

Más de 40 personas murieron a causa de atentados con explosivos o disparos de desconocidos.

  • Dos miembros del Parlamento partidarios del gobierno de Fuad Siniora fueron asesinados en sendos atentados con coche bomba perpetrados en Beirut. A uno de ellos, Walid Eido, lo mataron el 13 de junio junto con nueve personas más, y al segundo, Antoine Ghanim, el 19 de septiembre, junto con otras cinco personas.
  • El 24 de junio, seis miembros de las fuerzas de la ONU para el mantenimiento de la paz murieron al ser atacado su convoy con explosivos cerca de la localidad meridional de Jiam.

Asesinato de Rafiq al Hariri

El 30 de mayo, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución 1757, por la que se establecía un tribunal especial para Líbano con objeto de juzgar a los presuntos responsables del homicidio, en febrero de 2005, del ex primer ministro Rafiq al Hariri y otras 22 personas, y, si el tribunal lo decidía así, de varios atentados aparentemente conexos, perpetrados desde octubre de 2004.

  • Cinco altos cargos de los servicios de seguridad y cuatro personas más que habían sido detenidos entre agosto y noviembre de 2005 en relación, aparentemente, con la investigación del homicidio, continuaron recluidos sin cargos.

El 28 de noviembre, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU presentó su noveno informe sobre el homicidio y sobre otros 18 atentados que estaba ayudando a investigar.

Tortura y otros malos tratos

Hubo crecientes informes de tortura y otros malos tratos infligidos, en particular, a palestinos, musulmanes sunníes que eran sospechosos por razones de seguridad y presuntos partidarios de Fatah al Islam. Al menos dos hombres murieron bajo custodia, a causa posiblemente de malos tratos.

  • Nueve hombres a los que se juzgaba ante el Tribunal Militar desde el 21 de abril denunciaron haber sido torturados durante su reclusión en régimen de incomunicación de marzo a abril de 2006 en el centro de detención de Beirut del Ministerio de Defensa. Uno de ellos, Ghassan al Slaybi, dijo que le habían aplicado descargas eléctricas y que lo habían golpeado con un palo y obligado a participar en la tortura de su hijo Muhammad, también detenido. Otros hombres afirmaron que los habían sometido a falaqa (golpes en las plantas de los pies) y a ballanco (colgar a la víctima de las muñecas, con éstas atadas a la espalda). Algunos dijeron que habían firmado confesiones falsas bajo coacción. Pidieron ser examinados por un médico, pero, según informes, el Tribunal se lo denegó.

El 20 de febrero, las autoridades libanesas y el Comité Internacional de la Cruz Roja firmaron un protocolo por el que se permitía al segundo el acceso a «todos los detenidos de todos los centros de detención».

  • El 19 de agosto, Fawzi al Sadi, palestino sospechoso de mantener vínculos con Fatah al Islam, murió en la prisión de Roumieh, según informes, porque se le había negado la debida atención médica. No se tuvo noticia de ninguna investigación sobre su muerte.
  • En un proceso que, al contrario de lo que era habitual, dio resultados, el 8 de marzo un soldado raso de las Fuerzas de Seguridad Interna fue condenado por el Tribunal Penal de Beirut a 15 días de arresto por haber torturado a un trabajador egipcio en una comisaría de policía de Beirut en mayo de 2004. Le había aplicado el método conocido como farruj (pollo), consistente en atar a la víctima las muñecas a los tobillos y colgarla de ellas, suspendida de una barra colocada por detrás de las rodillas.

En febrero, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria declaró arbitraria la detención de Nehmet Naim al Haj, recluido desde noviembre de 1998, y señaló que su «confesión» se había obtenido con tortura. En mayo declaró también arbitraria la detención de Yusef Chaban, explicando que éste había sido declarado culpable debido en gran medida a una «confesión» obtenida presuntamente mediante tortura y que se le había negado todo derecho de apelación ante una autoridad judicial superior.

Pena de muerte

Según informes, el 4 de diciembre se condenó a muerte a cuatro hombres por asesinato. Había al menos 40 personas más condenadas a muerte, pero no se llevó a cabo ninguna ejecución.

Personas refugiadas

Varios centenares de miles de refugiados palestinos, la mayoría de los cuales llevaban toda la vida viviendo en Líbano, continuaron sufriendo restricciones discriminatorias que afectaban a sus derechos económicos y sociales, en especial a su acceso al empleo, la atención de la salud, la seguridad social, la educación y la vivienda. Más de la mitad de los refugiados palestinos vivían en campos caracterizados por el deterioro y el hacinamiento crónico o en asentamientos provisionales que carecían de infraestructura básica.

Había alrededor de 50.000 refugiados iraquíes, centenares de los cuales fueron detenidos por carecer de visado o permiso de residencia válidos. Corrían el riesgo de quedar detenidos indefinidamente o de ser devueltos a Irak.

Discriminación y violencia contra las mujeres

Las mujeres continuaron soportando discriminación generalizada tanto en la vida pública como en la privada. Ni el ordenamiento jurídico ni las políticas y prácticas del Estado les proporcionaban la debida protección contra la violencia en el seno de la familia. Se permitían prácticas discriminatorias en virtud de las leyes relativas a la condición personal, la legislación sobre nacionalidad y las disposiciones del Código Penal relativas a la violencia en el ámbito familiar. Las trabajadoras domésticas migrantes continuaron recibiendo protección inadecuada contra la explotación y el maltrato físico y psicológico, incluidos los abusos sexuales, en el trabajo.

Según informes, al menos seis trabajadoras domésticas migrantes murieron en circunstancias controvertidas. No se sabía con certeza qué investigaciones se estaban llevando a cabo sobre sus muertes o sobre los abusos que pudieran haber sufrido previamente.

  • El 25 de enero se informó de que Bereketi Amadi Kasa, joven etíope de 22 años, había muerto a causa de una caída cuando huía de la casa de las personas para las que trabajaba en Al Zalqaa, al norte de Beirut.

En agosto, el clérigo chií sheij Muhammad Hussein Fadlallah dictó una fetua contra los homicidios por motivos de «honor», a los que calificó de actos repulsivos, prohibidos por el derecho islámico.

Repercusiones de la guerra de 2006

No se llevó ante la justicia por violaciones graves del derecho internacional humanitario a ningún integrante de ninguno de los bandos de la guerra de 2006 entre Israel y Hezbolá.

Al menos 7 civiles murieron y 32 resultaron heridos en 2007 a causa de bombas de racimo sin explotar lanzadas por las fuerzas israelíes durante la guerra de 2006. Dos civiles más murieron y otros nueve resultaron heridos a causa de otros tipos de material militar que tampoco había explotado en su momento o no se había reconocido. Cinco personas que trabajaban en equipos de despeje de material explosivo murieron y otras 14 resultaron heridas. Las autoridades israelíes continuaron negándose a facilitar a la ONU información exhaustiva sobre los ataques con bombas de racimo.

No se sabía con certeza qué suerte habían corrido dos soldados israelíes capturados en el norte de Israel por militantes de Hezbolá en julio de 2006. Sus captores continuaron negándoles el acceso al Comité Internacional de la Cruz Roja.

Impunidad

No se iniciaron investigaciones criminales ni procesamientos por los abusos masivos contra los derechos humanos cometidos impunemente durante la guerra civil de 1975-1990 y después de ella, como homicidios de civiles; secuestros y desapariciones forzadas de palestinos, libaneses y ciudadanos extranjeros, y detenciones arbitrarias practicadas por las diversas milicias y por las fuerzas gubernamentales sirias e israelíes. En 1992, el gobierno libanés había manifestado que durante la guerra civil habían desaparecido 17.415 personas en total.

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