Líbano - Informe 2007 Amnistía Internacional

Human Rights in República Libanesa

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Líbano is now live »

Jefe del Estado: Emile Lahoud
Jefe del gobierno: Fouad Siniora
Pena de muerte: retencionista
Estatuto de la Corte Penal Internacional: no ratificado

En julio y agosto, la guerra entre Hezbolá e Israel, que duró 34 días, se saldó con la muerte de unas 1.200 personas libanesas, entre ellas centenares de menores, y el desplazamiento de alrededor de un millón como consecuencia de los ataques israelíes, que destruyeron también decenas de miles de casas y una gran parte de las infraestructuras civiles de Líbano. Al menos 20 personas resultaron muertas y decenas heridas como consecuencia de las bombas de racimo israelíes que quedaron sin explotar después del conflicto. Hezbolá lanzó misiles contra Israel, lo que acarreó la muerte de 43 civiles y daños en centenares de edificios. La ONU continuó investigando el asesinato del ex primer ministro libanés Rafiq al-Hariri. Las personas refugiadas palestinas residentes en Líbano siguieron sufriendo restricciones, por ejemplo, en el acceso a la vivienda y al trabajo y en los derechos laborales. Las leyes siguieron discriminando a las mujeres y no les proporcionaban una protección adecuada contra la violencia.

Información general

El 12 de julio, el brazo armado de Hezbolá (Resistencia Islámica) atacó a una patrulla israelí en Israel, matando a tres soldados israelíes y capturando a otros dos. Este hecho provocó un importante enfrentamiento militar entre fuerzas de Israel y de Hezbolá. El gobierno libanés afirmó que no le habían advertido con antelación del ataque de Hezbolá que había desencadenado el conflicto, y dijo que no aprobaba esta acción armada y que había tratado de alcanzar un alto el fuego desde el principio.

Las hostilidades terminaron el 14 de agosto, después de que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara la resolución 1701, que imponía un alto el fuego y ampliaba la intervención de la Fuerza Provisional de la ONU en el Líbano (FPNUL). El 17 de agosto, el ejército libanés entró en el sur del Líbano.

Las tensiones internas se agravaron después del conflicto. La dimisión en noviembre de seis ministros del gobierno, incluidos los cinco representantes de la comunidad chií, provocó una crisis política. El 21 de noviembre, unos desconocidos mataron al ministro de Industria, Pierre Gemayel, del Partido Kataeb (Falange). El Consejo de Seguridad de la ONU aceptó la petición del primer ministro Fouad Siniora para que la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU incluyera este homicidio entre los ataques perpetrados desde octubre de 2004, es decir, entre los hechos cuya investigación por las autoridades libanesas contaba con la asistencia técnica de la Comisión. Durante todo el mes de diciembre, miles de simpatizantes de Hezbolá, del Movimiento Patriótico Libre y de partidos políticos aliados organizaron constantes manifestaciones multitudinarias y en gran medida pacíficas en Beirut para pedir un peso mayor en el gobierno.

Guerra entre Hezbolá e Israel

Cuando se declaró el alto el fuego el 14 de agosto, los ataques israelíes habían causado 1.191 muertos y más de 4.400 heridos en Líbano, en su inmensa mayoría civiles. Una tercera parte de los civiles muertos eran menores. Aunque el ejército libanés no participó en los combates, unos 40 militares libaneses murieron como consecuencia de los ataques israelíes.

Alrededor de un millón de personas, una cuarta parte de la población del país, se vieron desplazadas durante el conflicto; unas 200.000 no habían podido regresar a sus hogares al finalizar el año.

Una gran parte de las infraestructuras civiles de Líbano resultaron dañadas o destruidas, incluidas decenas de miles de casas, el aeropuerto de Beirut, puertos marítimos, carreteras generales, puentes, escuelas, supermercados, gasolineras y fábricas. Unas 50 escuelas resultaron destruidas y hasta 300 quedaron dañadas por los bombardeos israelíes. Muchos de los pescadores, obreros y agricultores de Líbano perdieron sus medios de subsistencia. Un gran vertido de combustible causado a mediados de julio por el bombardeo israelí de la central eléctrica costera de Jiyye provocó una amenaza a largo plazo para la fauna y la flora marina de la región.

En el sur de Líbano quedaron sin explotar hasta un millón de bombas de racimo después del conflicto, lo que suponía un peligro constante para los civiles. Al finalizar el año, unas 200 personas, entre ellas decenas de menores, habían muerto o resultado heridas a causa de estas bombas y de minas recién puestas. El hecho de que las autoridades israelíes no proporcionaran mapas de las zonas exactas atacadas por sus fuerzas con bombas de racimo dificultó la retirada de las bombas que habían quedado sin explotar.

El 26 de agosto, ?Abbas Yusef Shibli, de seis años, estaba jugando con tres amigos cerca de su casa en el pueblo de Blida, cuando uno de los niños intentó recoger lo que le pareció un frasco de colonia. El objeto explotó, causándole la rotura del colon y de la vesícula biliar y la perforación de un pulmón. Sus tres amigos resultaron también heridos.

Según los informes, combatientes de Hezbolá lanzaron casi 4.000 cohetes, algunos de ellos cargados con cojinetes de bolas, contra el norte de Israel, incluidas zonas pobladas. Los cohetes, que no se podían dirigir con la suficiente precisión para distinguir entre blancos civiles y militares, causaron la muerte de 43 civiles, obligaron a miles de civiles en el norte de Israel a desplazarse de sus casas o a pasar largos periodos en refugios antiaéreos y provocaron daños en edificios. En todo el sur de Líbano se produjeron también enfrentamientos entre tropas israelíes y combatientes de Hezbolá.

Hezbolá no reveló la suerte ni el estado de los dos soldados israelíes que había capturado, mientras que al menos seis ciudadanos libaneses, en su mayoría conocidos o presuntos combatientes de Hezbolá, permanecían detenidos en cárceles israelíes al finalizar el año. Según los informes, ambos bandos mantenían negociaciones indirectas para un intercambio de prisioneros. Después de que Hezbolá negara al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) el acceso a los dos soldados israelíes, Israel suspendió el acceso de este organismo a los prisioneros que tenía en su poder.

Tanto Hezbolá como Israel cometieron graves violaciones del derecho internacional humanitario, incluidos crímenes de guerra. Los ataques con cohetes contra el norte de Israel efectuados por Hezbolá equivalieron a ataques deliberados contra civiles y bienes civiles y a ataques indiscriminados. Estos ataques conculcaron también otras normas del derecho internacional humanitario, como la prohibición de los ataques de represalia contra la población civil.

Investigación de la muerte de Rafiq al-Hariri

En septiembre, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU presentó su quinto informe provisional sobre su investigación del homicidio del ex primer ministro Rafiq al-Hariri y de otras 22 personas en 2005. El 13 de noviembre, el gobierno libanés aprobó un borrador de la ONU sobre la creación de un tribunal internacional para juzgar a las personas presuntamente implicadas en los homicidios, pero no estaba claro si la ausencia de los seis ministros que habían dimitido invalidaba esta decisión. La decisión requería también la ratificación del Parlamento y del presidente.

Desapariciones forzadas

A pesar de las acciones emprendidas por familiares y ONG, siguió sin conocerse la suerte de miles de libaneses y de personas de otras nacionalidades que habían sido objeto de desapariciones forzadas entre 1975 y 1990.

Se confirmó la identidad de 15 militares libaneses cuyos restos se habían encontrado entre 20 cadáveres exhumados en Beirut en noviembre de 2005. En mayo, el dirigente de las Fuerzas Libanesas, Samir Gea'gea', afirmó que, poco después de su captura, se había dado muerte a cuatro iraníes secuestrados por su milicia en 1982. En junio, el fiscal general manifestó que unos 44 cadáveres exhumados en ?Anjar en diciembre de 2005 habían sido enterrados antes de 1950. En marzo, el cadáver del ciudadano francés Michel Seurat, secuestrado en 1985, fue devuelto a sus familiares después de haberse encontrado, según los informes, durante la ejecución de unas obras.

Detenciones por motivos políticos

El 5 de febrero tuvieron lugar violentas manifestaciones ante la embajada danesa en Beirut para protestar por la publicación en un periódico danés de unas viñetas que habían ofendido a numerosos musulmanes. Se prendió fuego a la embajada y al menos una persona murió durante los actos de violencia. Se detuvo a más de 400 personas, incluidos 42 ciudadanos sirios que, según los informes, no habían participado en las manifestaciones. Estas 42 personas fueron recluidas en la prisión de Barber Khazen, al oeste de Beirut, bajo el control de las Fuerzas de Seguridad Interna. Permanecieron recluidas durante cinco días y no se les permitió el acceso a asistencia letrada. Durante los interrogatorios efectuados por miembros de las Fuerzas de Seguridad Interna, al menos dos fueron golpeadas con el aparente propósito de obligarlas a «confesar» su participación en las manifestaciones. El 10 de febrero comparecieron ante un tribunal militar de Beirut, que ordenó su puesta en libertad.

El 11 y el 12 de febrero, según los informes, otras más de 200 personas detenidas en relación con las manifestaciones del 5 de febrero comparecieron ante el mismo tribunal, cuyos procedimientos no cumplían las normas internacionales sobre juicios justos. No se hicieron públicos los resultados de las vistas.

Tortura y malos tratos

Se continuaron recibiendo informes de torturas y otros malos tratos bajo custodia.

Se recibieron informes según los cuales 13 personas detenidas entre el 30 de diciembre de 2005 y el 4 de enero de 2006 por presuntos delitos contra la seguridad habían sido objeto de torturas o malos tratos mientras permanecieron recluidas en la Sección de Información del Departamento de Seguridad Interna y en un pabellón especial de la cárcel de Rumieh. Golpes con palos y barras de metal, privación del sueño y amenazas de muerte y violación fueron algunos de los métodos presuntamente empleados. Según los informes, varios de los hombres «confesaron» como consecuencia de las torturas y de los actos de coacción. Tres de los hombres quedaron en libertad en septiembre.

Las autoridades siguieron sin permitir al Comité Internacional de la Cruz Roja el acceso sin restricciones a todas las cárceles, en especial las que se hallaban bajo el control del Ministerio de Defensa en las que se encontraban recluidos civiles. Se mantuvo esta postura a pesar de un decreto presidencial promulgado en 2002 en el que se concedía dicho acceso al CICR.

Grupos de derechos humanos criticaron un memorando de entendimiento firmado a finales de 2005 por el Reino Unido y Líbano en el que las autoridades libanesas daban garantías de que no se torturaría ni se sometería a tratos inhumanos a presuntos terroristas devueltos del Reino Unido a Líbano. Los grupos argumentaban que este tipo de memorandos socavaban la prohibición absoluta de la tortura.

Personas refugiadas palestinas

Varios centenares de miles de refugiados palestinos que vivían en Líbano siguieron sufriendo grandes restricciones en el acceso a la vivienda, al trabajo y a los derechos laborales. La ley sobre la propiedad de bienes prohibía a los refugiados palestinos tener bienes en propiedad, y las autoridades libanesas prohibieron la ampliación o renovación de los campos de refugiados.

En junio, el Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, criticó la persistente discriminación sufrida por los menores palestinos en Líbano. El Comité expresó su preocupación sobre las duras condiciones sociales y económicas en las que vivían los menores palestinos en los campos de refugiados, así como sobre su limitado acceso a servicios públicos tales como la educación y los servicios sociales y de salud.

Discriminación y violencia contra las mujeres

Las mujeres continuaron sufriendo una discriminación generalizada en la vida pública y privada. Ni el sistema legal ni las políticas y prácticas oficiales proporcionaban una protección adecuada contra la violencia en el ámbito familiar. Se permitían prácticas discriminatorias en virtud de las leyes sobre la condición personal, de las leyes sobre nacionalidad y de las normas del Código Penal relativas a la violencia en el seno familiar.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Los grupos de derechos humanos pudieron en general actuar con libertad, pero las autoridades hostigaron a algunos defensores de los derechos humanos.

El abogado y defensor de los derechos humanos Muhamad Mugraby fue juzgado por «difamar al estamento militar» después de que hubiera criticado el sistema judicial militar de Líbano ante miembros del Parlamento Europeo en 2003. En abril, el Tribunal Militar de Casación retiró los cargos y resolvió que el Tribunal Militar Permanente, que lo había declarado culpable, no tenía jurisdicción sobre este caso.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Informes

  Lebanon: Limitations on Rights of Palestinian Refugee Children, Briefing to the Committee on the Rights of the Child (Índice AI: MDE 18/004/2006)

  Israel/Líbano: ¿«Daños colaterales» o destrucción deliberada? Ataques israelíes contra la infraestructura civil (Índice AI: MDE 18/007/2006)

  Israel/Líbano: En la línea de fuego. Los ataques de Hezbolá contra el norte de Israel (Índice AI: MDE 02/025/2006)

  Israel/Líbano: Fuera de toda proporción. La población civil carga con la peor parte de la guerra (Índice AI: MDE 02/033/2006)

  Israel/Líbano: Israel y Hezbolá deben preservar a la población civil. Las obligaciones de las partes en conflicto en Israel y el Líbano conforme al derecho internacional humanitario (Índice AI: MDE 15/070/2006)

Visitas

  Representantes de Amnistía Internacional visitaron Líbano en enero, marzo, julio, agosto, septiembre y diciembre. En diciembre, la secretaria general de Amnistía Internacional mantuvo reuniones en Beirut con el presidente, el primer ministro, el presidente de la Asamblea Nacional y otras altas autoridades, y visitó a víctimas y a supervivientes de la reciente guerra en zonas del sur de Líbano. Amnistía Internacional pidió también que se llevaran a cabo investigaciones y se proporcionaran reparaciones a las víctimas de violaciones perpetradas durante la guerra entre Hezbolá e Israel.

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