Laos - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in República Democrática Popular de Laos

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Laos is now live »

Jefe del Estado
Choummaly Sayasone
Jefe del gobierno
Bouasone Bouphavanh
Pena de muerte
abolicionista en la práctica
Población
6,3 millones
Esperanza de vida
64,6 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
68/61 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
72,7 por ciento

En torno a 4.500 solicitantes de asilo de etnia hmong fueron devueltos contra su voluntad desde Tailandia a Laos. Las autoridades laosianas continuaron restringiendo gravemente la libertad de expresión, reunión y asociación, sin permitir la actividad de medios de comunicación independientes. La falta de acceso de observadores de derechos humanos independientes dificultaba la evaluación de la situación de los derechos humanos. La gestión de los recursos naturales y el reacondicionamiento de las tierras provocaron desalojos, y una autoridad del gobierno afirmó que las disputas de tierras se habían convertido en el problema más acuciante del país.

Información general

El 25 de septiembre, Laos ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención de la ONU contra la Corrupción. En noviembre entró en vigor un decreto gubernamental sobre registro de asociaciones nacionales que permitía por primera vez la formación de una sociedad civil.

La malnutrición crónica continuaba siendo elevada; en las zonas rurales, la mitad de los niños y niñas menores de cinco años estaban desnutridos, y la cifra era aún mayor en zonas aisladas y entre los grupos étnicos que no eran lao-tai.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

En diciembre, las autoridades laosianas y tailandesas coordinaron la devolución desde Tailandia de unos 4.500 laosianos de etnia hmong. Un número indeterminado había ido a Tailandia a solicitar asilo, pero no se les dio la oportunidad de registrar sus peticiones en el ACNUR (la agencia de la ONU para los refugiados) y fueron devueltos. Varios centenares fueron reasentados en lugares destinados a tal fin, como la localidad de Phalak, en el distrito de Kasi, pero se desconocía el paradero y el estado en que se encontraba la mayoría. No se permitía que observadores independientes accediesen sin restricciones a las personas devueltas, y los recursos destinados a hacer frente a la llegada de un número tan elevado de personas eran insuficientes.

Libertad de expresión

El gobierno ejercía un estricto control sobre los debates públicos, como los que se mantenían en los medios de comunicación y en Internet.

  • Tras pasar 10 años encarcelados, tres activistas partidarios de la democracia que habían sobrevivido después de las denominadas Protestas de Octubre continuaban recluidos en la prisión de Samkhe, a pesar de que su excarcelación estaba prevista para el 25 de octubre. Las autoridades afirmaron que los hombres habían sido condenados a 20 años de cárcel.
  • El 2 de noviembre, las fuerzas de seguridad detuvieron a más de 300 agricultores y otras personas que tenían previsto protestar por la pérdida de tierras y la ausencia de apoyo económico y social. Todos los detenidos quedaron en libertad, salvo 9 personas cuyo paradero y suerte se desconocía.

Pena de muerte

Continuaba vigente la suspensión de facto de las ejecuciones, y no se recibieron informes de que se hubiera llevado a cabo ninguna. Sin embargo, su aplicación continuaba manteniéndose en riguroso secreto.

  • Tras conocerse que estaba embarazada, una mujer británica detenida en 2008 por presunto narcotráfico, delito que se castigaba preceptivamente con la muerte, fue condenada a cadena perpetua por un tribunal de Vientián, como establecía la legislación nacional, tras un juicio sin las debidas garantías. Posteriormente fue trasladada a Reino Unido para cumplir la condena.

Condiciones de reclusión

A pesar del secretismo generalizado, se recibieron informes sobre la dureza de las condiciones en las prisiones y los centros policiales de detención laosianos. Los alimentos y el agua potable eran escasos. Los guardas golpeaban a las personas encarceladas como forma de castigo, y con algunas utilizaban grilletes de madera.

Libertad de religión

Según informes recibidos de las provincias de Savannaketh y Saravan, funcionarios locales intentaron obligar a personas de religión cristiana a abjurar de su fe. Según los informes, utilizaban métodos como interrogatorios, amenazas de muerte y hostigamiento; al parecer, perseguían sobre todo a quienes se habían convertido recientemente al cristianismo.

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