Kirguistán
Jefa del Estado
Roza Otunbaeva (sustituyó en julio a Kurmanbek Bakiev, que había dimitido en abril)
Jefe del gobierno
Almaz Atambaev (sustituyó en diciembre a Roza Otunbaeva, que ocupaba provisionalmente el cargo desde abril en sustitución de Daniar Usenov)
Pena de muerte
abolicionista
Población
5,6 millones
Esperanza de vida
68,4 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
49/42 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
99,3 por ciento

En junio, cuatro días de violencia entre personas de etnia kirguís y de etnia uzbeka se saldaron con centenares de muertes y la huida de miles de personas de sus hogares. Los esfuerzos por restablecer el orden en la región se vieron malogrados por las graves violaciones de derechos humanos cometidas, y hubo informes generalizados sobre uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, detenciones arbitrarias, y tortura y otros malos tratos durante traslados y bajo custodia. El factor étnico pareció obstaculizar los intentos de establecer la verdad sobre lo ocurrido. Al menos 271 personas quedaron sometidas a detención preventiva, acusadas de participar en los sucesos violentos de junio; la mayoría eran de etnia uzbeka. Hubo casos de palizas y detenciones contra defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas de la sociedad civil y profesionales de la abogacía; a algunas de estas personas las recluyeron por delitos graves y las torturaron para que confesaran.

Información general

A principios de abril hubo una escalada de la tensión entre el gobierno del presidente Kurmanbek Bakiev y la oposición, que estalló el 7 de abril en enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en la capital, Bishkek. Murieron 87 personas, y cientos más resultaron heridas, entre ellas agentes de policía, hombres armados y civiles desarmados. Poco después, la oposición disolvió el Parlamento y el Tribunal Constitucional y formó un gobierno provisional presidido por Roza Otunbaeva. El presidente Bakiev dimitió el 15 de abril y huyó del país. En las semanas siguientes, turbas kirguises atacaron pueblos kurdos, rusos y turco-mesjetios en todo el país, matando a sus habitantes, saqueando y destruyendo propiedades y llevándose el ganado. En mayo, en la ciudad de Jalal-Abad, enfrentamientos violentos entre uzbekos y grupos mayoritariamente kirguises que simpatizaban con el depuesto presidente Bakiev se saldaron con la muerte de al menos cinco hombres y con decenas de heridos.

El 10 de junio aumentaron con gran rapidez los enfrentamientos entre bandas de jóvenes mayoritariamente kirguises y uzbekos en la ciudad de Osh. A lo largo de los cuatro días siguientes, los incendios provocados, los saqueos y los ataques –incluidos homicidios y violencia sexual– en gran escala se extendieron por las regiones de Osh y Jalal-Abad y afectaron de manera desproporcionada a las zonas de población uzbeka. Los datos oficiales publicados en octubre situaban provisionalmente la cifra de muertos en 408, pero el número definitivo, que al final del año no se había publicado, era probablemente superior. Al menos 1.900 personas resultaron heridas de gravedad. Tras los episodios de violencia, las fuerzas de seguridad pusieron en marcha enérgicas operaciones de registro, y se emprendieron investigaciones criminales y procesamientos que muchos consideraban deficientes y tendenciosos.

Las imágenes por satélite revelaron que sólo en la ciudad de Osh había 1.807 edificios completamente destruidos. Unas 400.000 personas, kirguises y uzbekas, huyeron de sus hogares. Hasta un total de 100.000 refugiados, en su mayoría mujeres, niños y ancianos de etnia uzbeka, cruzaron la frontera para huir a Uzbekistán, aunque al final de junio prácticamente todos habían regresado. Miles continuaron desplazados internamente, alojados de manera temporal y, en la mayoría de los casos, inadecuada con parientes o familias de acogida, o en edificios públicos, tiendas de campaña o campos para desplazados.

Las comunidades étnicas siguieron rebatiendo con vehemencia las causas y los datos publicados sobre la violencia de junio. Varios informes independientes verosímiles señalaron la complicidad de funcionarios y fuerzas de seguridad kirguises en los ataques.

Las autoridades reconocieron la necesidad de una investigación independiente sobre los sucesos de junio y asignaron el cometido a dos comisiones, una nacional y otra internacional. Además, el Defensor del Pueblo de Kirguistán anunció que llevaría a cabo su propia investigación. Al final del año no se había publicado ningún informe.

En un referéndum celebrado el 27 de junio se aprobó la nueva Constitución, que introducía la democracia parlamentaria, limitaba el periodo de ejercicio presidencial a un solo mandato de seis años y confirmaba a Roza Otunbaeva en el cargo de presidenta hasta diciembre de 2011. Las elecciones parlamentarias del 10 de octubre permitieron el regreso al Parlamento de cinco partidos políticos, pero el primer intento de formar un gobierno de coalición fracasó en noviembre. Finalmente se formó el gobierno de coalición a últimos de diciembre.

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Tortura y otros malos tratos

Hubo informes generalizados de tortura y otros malos tratos después de los violentos sucesos de junio. Las palizas por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley aparentemente seguían siendo sistemáticas: en la calle en el momento del arresto, durante el traslado al centro de detención, en el interrogatorio inicial y en los centros de detención preventiva. Según informes, las fuerzas de seguridad hicieron uso excesivo de la fuerza en sus operaciones de registro, teóricamente dirigidas a confiscar armas y detener a sospechosos. El hecho de que las investigaciones criminales y las operaciones para hacer cumplir la ley tras la violencia de junio se dirigieran de manera desproporcionada contra personas y vecindarios uzbekos y, en cambio, no se identificara ni investigara a presuntos agresores kirguises era motivo de profunda preocupación. Cientos de hombres, la mayoría uzbekos, fueron detenidos de manera arbitraria y presuntamente golpeados en el curso de redadas, y más tarde fueron sometidos a tortura y otros malos tratos bajo custodia. En agosto, según informes, la presidenta Otunbaeva afirmó que tenía conocimiento de que las fuerzas de seguridad habían cometido violaciones de derechos humanos durante los sucesos de junio y posteriormente, pero explicó que en la práctica ella no tenía ningún control sobre las operaciones para hacer cumplir la ley en el sur del país.

  • A primera hora del 21 de junio, las fuerzas de seguridad irrumpieron en el pueblo uzbeko de Nariman, en la región de Osh; según informes, golpearon a sus habitantes con las culatas de sus fusiles y destruyeron documentos personales en el curso de registros domiciliarios. De acuerdo con un portavoz del Ministerio del Interior, la finalidad de la operación era desmontar las barricadas que se habían levantado, detener a sospechosos y confiscar armas. Según la información recibida, dispararon a un hombre, que murió camino del hospital, mataron a golpes a otro e hirieron a muchos más. Se detuvo a varios hombres.
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Juicios injustos

Los juicios seguían distando de cumplir las normas internacionales.

Los tribunales impusieron al menos 24 penas de cadena perpetua y 6 penas de entre 15 y 25 años de cárcel tras juicios injustos por asesinato y disturbios multitudinarios en relación con los episodios de junio. No se investigaron las denuncias sobre confesiones forzadas ni se interrogó a testigos de la defensa, y varias abogadas fueron víctimas de amenazas y agresiones.

  • En septiembre, los repetidos actos de violencia contra la familia del destacado defensor de los derechos humanos Azimzhan Askarov y sus abogados, tanto dentro como fuera de la sala del tribunal, empañaron el juicio contra él y otras siete personas por el asesinato de un agente de policía kirguís cometido durante los episodios violentos de la localidad de Bazar-Korgan. Según informes, los funcionarios judiciales –incluido el juez– sólo intervinieron esporádicamente para detener la violencia y restablecer el orden. Los abogados de los acusados no tuvieron oportunidad de interrogar a testigos ni de presentar mociones, ni pudieron llamar a declarar a testigos de descargo porque las autoridades no eran capaces de garantizar su seguridad. Cuando los abogados se quejaron de que en esas condiciones no podían defender a sus clientes, al parecer el juez los amenazó con retirarles la licencia para ejercer la abogacía. Los acusados negaron su culpabilidad y sostuvieron ante el tribunal que los habían obligado a confesar bajo coacción. No se investigaron sus denuncias, y a cinco de ellos –incluido Azimzhan Askarov– los condenaron a cadena perpetua. El tribunal regional de Jalal-Abad, que vio el asunto en apelación, no examinó ninguna de las denuncias de los acusados sobre confesiones forzadas ni ordenó investigarlas. Los abogados defensores no pudieron citar a testigos y siguieron siendo objeto de amenazas por parte de familiares y compañeros del agente de policía asesinado. El tribunal ratificó las sentencias impuestas en primera instancia. Al final del año estaba pendiente un recurso ante el Tribunal Supremo. Azimzhan Askarov llevaba muchos años trabajando sobre casos de tortura en la región como director de la ONG Vozdukh (Aire).
  • En noviembre comenzó en Bishkek el juicio contra el ex presidente Bakiev, algunos de sus familiares, miembros de su gobierno y miembros de la unidad de élite Alfa de las Fuerzas Especiales, por cargos relacionados con los actos de violencia de abril. Se juzgó al presidente Bakiev in absentia por autorizar el uso de la fuerza. Los miembros de la unidad Alfa estaban acusados de ejecutar la orden de disparar a matar. Durante el juicio colectivo, que comenzó en un estadio deportivo cubierto de Bishkek, familiares de las víctimas mortales profirieron insultos racistas contra los acusados y abogados rusos y amenazaron con matarlos si no se marchaban del país. El juicio se suspendió el 30 de noviembre debido a la explosión de un pequeño artefacto en el exterior del estadio.
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Impunidad

En noviembre, la presidenta Otunbaeva dijo a los fiscales que le preocupaba el número de denuncias que había recibido sobre tortura y otros malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad en relación con los sucesos de junio, denuncias que al parecer no se habían investigado debidamente. Al final de diciembre no parecía que se hubiera procesado a nadie por malos tratos bajo custodia policial. El fiscal adjunto para la región de Osh afirmó que su oficina había recibido muy pocas denuncias de tortura bajo custodia, afirmación que contrastaba claramente con las denuncias sobre palizas u otros malos tratos generalizados a detenidos uzbekos formuladas por organizaciones de derechos humanos y abogados defensores.

El viceministro primero del Interior afirmó en septiembre que se habían dado casos aislados de tortura y otros malos tratos a detenidos uzbekos y que el Ministerio había ordenado investigaciones sobre los más graves. En algunos casos, el viceministro había dirigido las investigaciones en persona. Había entrevistado a Azimzhan Askarov, quien, al preguntársele directamente, había negado rotundamente haber sufrido tortura y otros malos tratos a manos de agentes de policía. Esta breve entrevista en presencia de agentes de policía locales era toda la investigación realizada hasta la fecha sobre las denuncias de tortura formuladas una y otra vez por el abogado de Azimzhan Askarov, a pesar de que existían pruebas documentales anteriores –incluidas fotografías– de las lesiones sufridas bajo custodia.

Parcialidad por motivos étnicos

Preocupaba el hecho de que las autoridades hubieran actuado condicionadas por el factor étnico tras los acontecimientos de junio. Grupos de civiles kirguises, a menudo formados por mujeres, agredieron a familiares de víctimas y detenidos en el exterior de comisarías o fiscalías, obstruyendo en la práctica sus intentos de presentar denuncias por tortura ante la policía y los fiscales. Grupos de mujeres kirguises agredieron también a los abogados –tanto kirguises como uzbekos y rusos– que defendían a los detenidos uzbekos, y lo hicieron tanto en dependencias judiciales como policiales y casi siempre en presencia de agentes de policía que no intervinieron para impedir las agresiones. Al final del año no se habían recibido informes que indicaran la apertura de investigaciones sobre los delitos cometidos por estos grupos.

  • El 5 de noviembre, un tribunal de Jalal-Abad declaró a dos kirguises culpables de asesinar a tres civiles uzbekos el 13 de junio, y los condenó a 25 y 20 años de prisión. Fue la única vez en el año que se condenó a personas de etnia kirguís por un delito grave cometido durante los actos violentos de junio. La Fiscalía de Jalal-Abad afirmó que había 88 personas acusadas formalmente en relación con la violencia de junio, y que 26 de ellas eran kirguises.

A 10 de noviembre de 2010, los datos oficiales revelaban que se había detenido a 271 personas en relación con los violentos sucesos de junio. Según afirmaban abogados y defensores de los derechos humanos, la mayoría de los detenidos eran uzbekos.

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Represión de la disidencia

En abril, el gobierno provisional revocó la prohibición de entrada al país que el gobierno del depuesto presidente Bakiev había impuesto a varios defensores de los derechos humanos extranjeros.

En un clima caracterizado por las tensiones étnicas y un discurso cada vez más nacionalista, los defensores de los derechos humanos se vieron en la difícil posición de tener que justificar su trabajo protegiendo a distintas comunidades étnicas. Quienes documentaron los sucesos de junio sufrieron la persecución de las autoridades, que intentaron confiscarles el material y obstaculizar su trabajo. Los abogados y defensores de los derechos humanos uzbekos estaban especialmente expuestos a sufrir actos de violencia, y fueron objeto de amenazas, palizas y, en algunos casos, detención, tortura y condena a cadena perpetua tras un juicio injusto. También aumentaron las presiones contra sus colegas kirguises y de otras etnias, que fueron amenazados y agredidos por civiles kirguises por defender los derechos de detenidos uzbekos.

  • El abogado Tair Asanov fue agredido en los tribunales después de haber solicitado una investigación sobre los malos tratos policiales infligidos a su cliente y a otros nueve hombres durante su juicio en la ciudad de Osh. El cliente de Asanov estaba acusado de varios delitos, desde implicación en las muertes del jefe de policía del distrito de Kara Suu y su chófer hasta participación en las revueltas. Tras pedir que se investigaran las palizas, Tair Asanov fue agredido por familiares del jefe de policía asesinado, que estaban presentes en la sala del tribunal. Una vez concluida la vista, los familiares siguieron a Asanov hasta el exterior de la sala y volvieron a atacarlo. Aunque estaba presente, la policía no intervino mientras lo golpeaban.
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Visitas

  • Delegadas de Amnistía Internacional visitaron Kirguistán en septiembre.