Kirguistán - Informe 2007 Amnistía Internacional

Human Rights in República Kirguís

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Kirguistán is now live »

Jefe del Estado: Kurmanbek Bakiev
Jefe del gobierno: Feliks Kulov
Pena de muerte: abolicionista en la práctica
Estatuto de la Corte Penal Internacional: firmado

Las autoridades devolvieron

a Uzbekistán a cinco ciudadanos uzbekos. Las fuerzas de seguridad uzbekas siguieron persiguiendo a personas refugiadas y solicitantes de asilo en Kirguistán, en algunos casos en operaciones antiterroristas conjuntas con las autoridades de Kirguistán. Al menos cinco solicitantes de asilo uzbekos, según los informes, fueron objeto de desaparición forzada. Se recibieron informes de tortura y malos tratos generalizados en centros de detención temporal de la policía. Activistas de los derechos humanos sufrieron hostigamiento por hacerse cargo de casos de violencia contra las mujeres bajo custodia policial.

Información general

Hubo manifestaciones en las que se protestó por la corrupción y se acusó al Estado de connivencia con la delincuencia organizada. Edil Baisalov, dirigente de una organización de defensa de los derechos humanos y miembro de la coalición opositora Por las Reformas, fue atacado en abril por un agresor no identificado, días después de haber ayudado a organizar una manifestación para protestar por la elección de Rysbek Akmatbaev, presunto líder de una banda criminal, para ocupar el escaño parlamentario de su hermano fallecido. En mayo, Rysbek Akmatbaev fue asesinado por hombres armados no identificados.

Después de las tensiones entre el Parlamento y el gobierno respecto a la reforma de la Constitución, en noviembre se celebró una manifestación de una semana de duración, organizada por la coalición Por las Reformas en Bishkek, en la que los participantes pidieron la dimisión del presidente y el primer ministro. En noviembre, el Parlamento aprobó una nueva Constitución redactada por las dos partes, que entró en vigor ese mismo mes.

Pena de muerte

La nueva Constitución abolió la pena de muerte. Al término de 2006 seguía pendiente la revocación de las disposiciones relativas a la pena capital del Código Penal. Se prorrogó la suspensión de las ejecuciones decretada en 1998.

Muertes en circunstancias sospechosas

No se investigaron las circunstancias en torno a los homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad en operaciones antiterroristas.

Cinco personas perdieron la vida en el mes de julio durante una operación antiterrorista del Servicio de Seguridad Nacional (SNB) en Jalalabad. El SNB afirmó que los fallecidos eran miembros del Movimiento Islámico de Uzbekistán, un grupo armado de oposición, y del partido político islámico Hizb-ut-Tahrir, ambos prohibidos.

Muhammadrafik Kamalov, imán kirguís independiente, de la ciudad de Kara-Suu, murió abatido por disparos de las fuerzas de seguridad en agosto. También perdieron la vida en el mismo incidente dos presuntos miembros del Movimiento Islámico de Uzbekistán acusados de haber participado en una incursión armada en la frontera con Tayikistán en el mes de mayo en la que murieron al menos 12 agentes de seguridad y hombres armados. En octubre, tres hombres fueron condenados a muerte por su participación en la incursión. Al principio, el SNB acusó al imán Kamalov de ser miembro del Movimiento Islámico de Uzbekistán, pero después insinuó que podían haberlo utilizado como escudo humano. La muerte y el sepelio del imán dieron origen a manifestaciones pacíficas en Kara-Suu.

En septiembre, según los informes, un ciudadano uzbeko sospechoso de ser un dirigente del Movimiento Islámico de Uzbekistán resultó mortalmente herido por disparos de agentes del SNB cuando se negó a entregarse. Fuentes del SNB afirmaron que sus heridas no eran mortales y que murió de insuficiencia cardiaca en el hospital. El SNB lo había relacionado con el incidente fronterizo de mayo y con la muerte del imán Kamalov.

Personas refugiadas procedentes

de Uzbekistán en peligro

De las más de 500 personas solicitantes de asilo que huyeron de Andiyán, Uzbekistán, en mayo de 2005, cuando las fuerzas de seguridad dispararon contra manifestantes en su mayoría desarmados, matando a cientos de personas, cinco fueron extraditadas a Uzbekistán, muchas estaban detenidas y algunas parecían haber sido objeto de desaparición forzada.

En agosto, las autoridades extraditaron a Uzbekistán a cuatro refugiados y un solicitante de asilo sin notificarlo previamente al Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR). Los cuatro refugiados, que estaban detenidos en Kirguistán desde junio de 2005, habían sido reconocidos como tales por el ACNUR, pero en junio perdieron sus recursos contra la decisión de las autoridades kirguises de no reconocer su condición de refugiados. Faez Tadzhikalilov, solicitante de asilo uzbeko detenido desde septiembre de 2005, seguía en espera del resultado de la revisión gubernamental de su solicitud de asilo cuando fue extraditado. En Uzbekistán, según los informes, estas cinco personas fueron recluidas en régimen de incomunicación y en noviembre se las acusó formalmente del asesinato del fiscal de la ciudad de Andiyán en mayo de 2005.

Entre los cientos de personas detenidas arbitrariamente por las fuerzas de seguridad kirguises y uzbekas había, según los informes, ciudadanos uzbekos que se ocultaban en Kirguistán.

Gulmira Maksudova fue detenida en julio y acusada formalmente de terrorismo y falsificación de documentos. Gulmira era hija de Akram Yuldashev, presunto líder del grupo de oposición Akramia, encarcelado desde 1998 y acusado de planear y organizar desde prisión los sucesos de Andiyán. En septiembre, el tribunal regional de Osh absolvió a Gulmira y ordenó su liberación al no encontrar pruebas de terrorismo.

En agosto, el ACNUR y organizaciones de defensa de los derechos humanos expresaron su preocupación por la aparente desaparición forzada de refugiados y solicitantes de asilo uzbekos en el sur de Kirguistán. Más adelante se informó de que al menos dos de ellos estaban en prisión preventiva en Andiyán, Uzbekistán.

El ACNUR afirmó que las autoridades kirguises no habían respondido a las peticiones de información sobre la desaparición forzada de al menos cinco refugiados uzbekos identificados por su nombre, entre ellos un activista de la oposición democrática laica que, según los informes, había sido secuestrado en julio por los servicios de seguridad uzbekos. Ante la imposibilidad de garantizar la seguridad de los refugiados en Osh, el ACNUR trasladó a todos los refugiados registrados a Bishkek con la intención de reasentarlos de forma permanente en un tercer país.

Fuerza excesiva y tortura

En agosto se enviaron tropas especiales a un centro de detención temporal de Jalalabad en el que, según los informes, estallaron disturbios tras un altercado violento entre un recluso y un guardia. Las autoridades admitieron posteriormente que los funcionarios habían propinado patadas, puñetazos y golpes de porra a los reclusos. Los detenidos relataron a activistas de los derechos humanos que habían sido golpeados por hasta siete funcionarios mientras estaban esposados y que los habían obligado a ponerse máscaras antigás con el suministro de aire cerrado. Afirmaron que las palizas y la tortura eran habituales en el centro de detención, que además adolecía de un grave hacinamiento, y que no disponían de ropa de cama, instalaciones higiénicas, lugares donde hacer ejercicio ni ventilación adecuada. No se puso a disposición judicial a ningún funcionario responsable de actos de tortura y otros malos tratos.

Según los detenidos, en julio un alto funcionario del centro de detención golpeó brutalmente a una detenida que tenía problemas mentales para obligarla a revelar el paradero de su esposo. Éste, presunto miembro del Movimiento Islámico de Uzbekistán, se entregó para impedir que continuaran los malos tratos a su esposa. Según los informes, la mujer sufrió después un aborto y fue trasladada a un hospital psiquiátrico.

En junio, dos organizaciones de defensa de los derechos humanos, Spravedlivost (Justicia) y Vozdukh (Soplo de Aire), denunciaron actos de hostigamiento por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley regionales tras hacerse cargo de los casos de dos mujeres presuntamente torturadas cuando estaban bajo custodia policial.

En enero, según los informes, una mujer embarazada que declaraba como testigo en un caso de robo fue golpeada, amenazada y llamada prostituta mientras era interrogada por un funcionario del Ministerio del Interior. La mujer estuvo hospitalizada después durante 10 días por una amenaza de aborto. Denunció los hechos ante la fiscalía regional, pero no se emprendió acción alguna. Cuando Spravedlivost dio a conocer sus denuncias en febrero, el funcionario presentó una querella criminal por difamación contra la mujer y contra la organización. El juicio por difamación, que comenzó en junio, se aplazó al caer enferma la testigo, que había sido insultada y amenazada en el tribunal por simpatizantes del funcionario. El juicio se reanudó en noviembre.

En junio, según los informes, funcionarios del Ministerio del Interior golpearon a una mujer a la que habían detenido en su domicilio de Bazar-Kurgan. A su familia no le permitieron acceder a ella mientras estuvo bajo custodia. La mujer, que había estado detenida en dos ocasiones, en 2003 y 2005, había denunciado con anterioridad que mientras estaba bajo custodia había sido torturada, entre otras cosas con violaciones reiteradas. Según los informes, un funcionario al que la mujer había acusado de golpearla y de insertarle agujas bajo las uñas en 2005 amenazó a Azimzhan Askarov, activista de la organización de defensa de los derechos humanos Vozdukh, que se hizo cargo del caso, con presentar cargos de difamación criminal en su contra. El fiscal del distrito dijo que los artículos de Azimzhan Askarov incitaban al odio social, racial o étnico y que en el futuro su oficina los censuraría antes de su publicación. En julio, la mujer fue condenada a cinco años de prisión por robo, aunque la pena se suspendió en apelación. Según los informes, la mujer y su familia recibieron presiones de funcionarios del Ministerio del Interior para que retirase las denuncias de tortura. Al término de 2006 estaba pendiente de resolución un recurso ante el Tribunal Supremo.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Informes

  Europe and Central Asia: Summary of Amnesty International's concerns in the region, January-June 2006 (Índice AI: EUR 01/017/2006)

  Commonwealth of Independent States: Positive trend on the abolition of the death penalty but more needs to be done (Índice AI: EUR 04/003/2006)

Visita

  Una delegación de Amnistía Internacional visitó Kirguistán en noviembre.

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