Kuwait - Informe 2007 Amnistía Internacional

Human Rights in Estado de Kuwait

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Kuwait is now live »

Jefe del Estado: Al-Shaij Sabah al-Ahmad al-Sabah (sustituyó a Shaij Saad al-Abdullah al-Sabah en enero, que a su vez sustituyó a Al-Shaij Jaber al-Ahmad al-Sabah ese mismo mes)
Jefe del gobierno: Al-Shaij Nasser Mohammad al-Ahmad al-Sabah (sustituyó a Al-Shaij Sabah al-Ahmad al-Sabah en febrero)
Pena de muerte: retencionista
Estatuto de la Corte Penal Internacional: firmado

Las mujeres participaron por primera vez en las elecciones a la Asamblea Nacional. Cinco ex detenidos de Guantánamo fueron absueltos, y otras personas «detenidas por razones de seguridad» presentaron apelaciones contra sus condenas. Los trabajadores y trabajadoras migrantes fueron objeto de una amplia variedad de abusos. Un mínimo de 10 personas fueron ejecutadas por asesinato y contrabando de drogas. Al menos otras seis seguían condenadas a muerte. Se recibieron informes de torturas y malos tratos a personas que estaban detenidas.

Información general

El emir disolvió la Asamblea Nacional en mayo, tras una disputa entre parlamentarios sobre la reforma electoral. Las elecciones al Parlamento, previstas para 2007, se celebraron en junio. Los parlamentarios de la oposición consiguieron la mayoría de los escaños, y en julio la Asamblea aprobó un proyecto de ley de reforma electoral destinado a disminuir la corrupción electoral y a reducir el número de circunscripciones de 25 a 5.

Derechos de las mujeres

Las elecciones parlamentarias permitieron a las mujeres ejercer por primera vez sus recién adquiridos derechos políticos en unas elecciones nacionales. Ese mismo año, las mujeres del distrito de Salmiya habían participado por primera vez en unas elecciones locales destinadas a cubrir los puestos vacantes en el ayuntamiento.

«Guerra contra el terror»

En septiembre, dos ciudadanos kuwaitíes, Abdullah Kamel al-Kandari y Omar Rajab Amin, fueron devueltos a Kuwait tras permanecer detenidos por Estados Unidos en Guantánamo, Cuba, y se creía que estaban recluidos en espera de juicio por cargos relacionados con terrorismo.

En mayo, cinco ciudadanos kuwaitíes, Abdulaziz al-Shimmari, Adel al-Zamel, Mohammad al-Deehani, Saad al-Azmi y Abdullah al-Ajmi, que habían sido devueltos desde Guantánamo en noviembre de 2005, fueron absueltos por el Tribunal Penal de los cargos de «pertenencia a Al Qaeda» y «comisión de un acto de agresión contra una nación extranjera amiga, poniendo así en peligro las relaciones exteriores de Kuwait». Durante el juicio, los hombres se declararon inocentes y afirmaron que habían confesado ser miembros de Al Qaeda y de los talibanes debido a las torturas a que los habían sometido los interrogadores estadounidenses en Guantánamo.

En diciembre, el Tribunal de Casación anuló la condena de Nasser Najd al-Mutairi, que había estado detenido en Guantánamo y había sido condenado a cinco años de cárcel por pertenencia a Al Qaeda, intento de levantarse en armas contra un Estado amigo y tenencia de armas. En junio de 2005 había sido absuelto de los cargos por un tribunal inferior, pero el Tribunal de Apelaciones anuló el fallo en noviembre de 2005.

En septiembre, el Tribunal de Apelaciones reanudó el juicio de alrededor de 28 personas de las 37 que el año anterior habían sido juzgadas por cargos relacionados con terrorismo, incluida la pertenencia a la Brigada de los Leones de la Península, grupo presuntamente vinculado a Al Qaeda. En noviembre se confirmaron las condenas a muerte de cuatro acusados y se conmutaron por condenas a cadena perpetua las penas de muerte impuestas a otros dos.

Trabajadores y trabajadoras migrantes

Se recibieron nuevos informes de abusos contra trabajadores y trabajadoras migrantes. En mayo, las autoridades abrieron una investigación sobre una denuncia presentada por la Embajada de India en la que se afirmaba que 60 ciudadanos indios habían sido objeto de abusos por parte de una empresa no identificada, entre los que se incluían el impago de salarios, la obligación de hacer horas extraordinarias sin cobrar y la denegación de servicios médicos.

En julio entró en vigor una nueva ley que pretendía reducir los abusos contra los trabajadores y trabajadoras migrantes empleados en el servicio doméstico. La ley exigía que los contratos en los que se estipulaban las condiciones laborales del personal del servicio doméstico debían estar firmados por la oficina gubernamental de trabajo en el servicio doméstico, el empleador y el trabajador o trabajadora.

Libertad de expresión y de asociación

En mayo, los 15 fundadores del Partido Umma fueron absueltos de los cargos de violación de la legislación sobre prensa y reuniones públicas. Una persona fue multada por «poner en circulación publicaciones sin autorización previa».

En mayo, el Tribunal Constitucional revocó las restricciones relativas a reuniones públicas vigentes desde 1979.

En marzo, una nueva ley de prensa otorgó a los tribunales el poder de autorizar y suspender publicaciones. La ley no revocó las disposiciones que permitían el encarcelamiento de periodistas.

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