Kenia

Human Rights in República de Kenia

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Kenia is now live »

Jefe del Estado y del gobierno Mwai Kibaki
Pena de muerte abolicionista en la práctica
Población 38,6 millones
Esperanza de vida 52,1 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m) 111/95 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada 73,6 por ciento

El gobierno no implementó un plan para poner a disposición judicial a los responsables de abusos contra los derechos humanos cometidos durante la violencia posterior a las elecciones, que remitió a principios de 2008, ni garantizó reparaciones a las víctimas. Funcionarios de seguridad del Estado siguieron torturando y matando con impunidad a personas detenidas. La violencia contra mujeres y niñas estaba muy generalizada. El gobierno no impuso una moratoria sobre los desalojos forzosos. Las instalaciones de salud pública presentaban deficiencias en cuanto a financiación, medios materiales y mantenimiento.

Información general

La violencia desatada después de las elecciones disminuyó tras la mediación política respaldada por la ONU y la Unión Africana que culminó en la firma, en febrero, de un acuerdo de reparto del poder entre los principales partidos, el Partido de la Unidad Nacional, del presidente Kibaki, y el Movimiento Democrático Naranja, liderado por Raila Odinga. Los partidos firmaron también un acuerdo que tenía como objetivo lograr «la paz, la estabilidad y la justicia sostenibles en Kenia por medio del Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos». Otros acuerdos comprometían a las partes a llevar a cabo reformas constitucionales, agrarias, legales y electorales a corto y medio plazo.

El desempleo, la delincuencia y la pobreza estaban muy extendidos y millones de personas permanecían sumamente expuestas a sequías frecuentes.

Inseguridad: violencia después de las elecciones

Tras las controvertidas elecciones presidenciales y parlamentarias de diciembre de 2007, más de 1.000 personas perdieron la vida como consecuencia de la violencia étnica por motivos políticos y de los homicidios policiales relacionados con ella. Se calculaba que más de 300.000 personas se habían visto desplazadas de sus hogares. Unas 12.000 pasaron a la vecina Uganda en calidad de refugiadas.

Además, miles de personas resultaron gravemente heridas. También se tuvo constancia de abusos como violencia sexual contra niñas y mujeres, incendio de viviendas y reasentamientos forzados generalizados.

Como resultado de la mediación política, se estableció una Comisión de Investigación sobre la Violencia Postelectoral con el mandato de investigar los hechos y el comportamiento de los organismos de seguridad del Estado y formular recomendaciones. En octubre, la Comisión presentó su informe al gobierno. Las recomendaciones de la Comisión abarcaban la responsabilidad penal individual de presuntos autores de actos de violencia, la reforma de la policía, la incorporación a la legislación nacional del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y reformas constitucionales. La recomendación fundamental de la Comisión afirmaba que el gobierno debía establecer un tribunal especial para investigar y procesar a los autores de los actos de violencia. La Comisión recomendó que, en el supuesto de que el gobierno no estableciera el tribunal, los casos se remitiesen a la Corte Penal Internacional para su investigación y la posible presentación de actas de acusación formal en relación con los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante la violencia posterior a las elecciones.

En noviembre el gobierno manifestó su apoyo a la implementación del informe y encomendó a un comité ministerial encabezado por el presidente y el primer ministro que formulara recomendaciones para la acción. En diciembre, el gobierno anunció que el comité redactaría un anteproyecto de ley mediante el cual se establecería un tribunal especial encargado de investigar y procesar a los presuntos perpetradores de la violencia posterior a las elecciones. Asimismo, el Parlamento aprobó la Ley sobre Crímenes Internacionales de 2008 mediante la cual se incorporaba el Estatuto de Roma a la legislación nacional. No obstante, al concluir 2008 el gobierno no había hecho público ningún plan de acción integral para implementar el informe ni había garantizado que se proporcionaría reparación a las víctimas de abusos contra los derechos humanos.

"El gobierno no investigó denuncias de tortura y homicidios ilegítimos cometidos por la policía..."

Personas desplazadas internamente

En mayo, el gobierno puso en marcha la «Operación Rudi Nyumbani» («Operación Vuelta a Casa»), un programa de asistencia gubernamental para ayudar a más de 300.000 personas desplazadas por la violencia posterior a las elecciones a regresar a sus hogares. Aunque el gobierno afirmó con frecuencia que el programa era un éxito, el informe de una investigación que hizo público a finales de octubre la Comisión Keniana de Derechos Humanos, no gubernamental, reveló que la mayoría de las personas internamente desplazadas no habían regresado a sus lugares de origen. Seguían viviendo en tiendas de campaña en centenares de campos de tránsito para desplazados internos que surgieron cuando los principales campos de desplazados internos se cerraron tras la puesta en marcha del programa.

Grupos de la sociedad civil locales también documentaron denuncias de personas internamente desplazadas que afirmaban que el gobierno no las había consultado durante la fase de elaboración del programa. Hubo numerosas denuncias de retornos forzosos en varias zonas, que en algunos casos incluyeron el uso de la fuerza por personal de seguridad del gobierno. Muchas personas internamente desplazadas se quejaron de que no habían podido elegir libremente entre el retorno, el reasentamiento o la integración en el lugar de desplazamiento, ya que no todas estas opciones estaban realmente disponibles para ellas. En concreto, muchas de estas personas sostenían que las zonas donde residían antes de verse desplazadas seguían siendo inseguras. También se formularon denuncias relativas a asistencia humanitaria inadecuada y a la escasa cuantía de las ayudas monetarias concedidas para el retorno.

Miles de personas permanecían internamente desplazadas en la zona del monte Elgon, cerca de la frontera entre Kenia y Uganda, como consecuencia de enfrentamientos por las tierras.

Al término de 2008 no existía un marco legal para las personas desplazadas ni una estrategia nacional para abordar la cuestión del desplazamiento forzado en Kenia, un problema que existía desde hacía mucho tiempo. Ello a pesar de las recomendaciones en este sentido de una misión de investigación de la ONU y de la Comisión de Investigación sobre la Violencia Postelectoral.

Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación

En octubre, el Parlamento aprobó una ley por la que se establecía la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación, en aplicación del acuerdo de mediación política firmado en marzo. El mandato de la Comisión abarcaría la investigación de las violaciones de derechos humanos, incluidas las cometidas por el Estado, grupos o individuos, entre el 12 de diciembre de 1963 y el 28 de febrero de 2008.

La ley reguladora de la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación incluía algunas disposiciones que infringían el derecho internacional y las normas sobre mejores prácticas, como las que permitían a la Comisión recomendar la amnistía para delitos previstos en el derecho internacional como la tortura, la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales. También contenía disposiciones que creaban obstáculos para el enjuiciamiento de los delitos contemplados en el derecho internacional. La ley no garantizaba un programa de protección integral de víctimas y testigos, ni aseguraba una amplia gama de reparaciones para las víctimas de violaciones de derechos humanos.

Al terminar el año, la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación no se había constituido.

Impunidad

Persistieron las denuncias de violaciones de derechos humanos, como actos de tortura y homicidios ilegítimos, cometidas por funcionarios de seguridad del Estado.

En marzo (después de que se formulasen denuncias de inercia gubernamental durante muchos meses), el gobierno lanzó una operación conjunta de la policía y el ejército denominada «Operación Okoa Maisha» («Operación Salvar la Vida») en la zona del monte Elgon, en el oeste de Kenia. La operación estaba dirigida contra los miembros de las Fuerzas de Defensa de la Tierra Sabaot, una milicia armada a la que se culpaba de homicidios ilegítimos, desplazamientos forzados y otros abusos contra los derechos humanos cometidos en la zona. Los medios de comunicación locales y organizaciones locales e internacionales documentaron casos de violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército y la policía durante la operación, como detenciones arbitrarias e ilegítimas de cientos de civiles, reclusiones arbitrarias y tortura en campamentos militares y bajo custodia policial. Se recibieron informes de homicidios ilegítimos de decenas de personas a manos de personal militar y de casos de familias que denunciaban que parientes suyos habían desaparecido. El gobierno desmintió estos informes pero no garantizó una investigación independiente sobre las denuncias.

En noviembre, decenas de residentes del distrito de Mandera, en el norte de Kenia, denunciaron violaciones, tortura, palizas y uso excesivo de la fuerza por parte de personal de seguridad del gobierno que participaba en una operación conjunta de la policía y el ejército para frenar la entrada de armas ilegales desde el Cuerno de África. El gobierno negó estas denuncias pero al terminar el año no se habían iniciado investigaciones independientes e imparciales.

El gobierno no investigó denuncias de tortura y homicidios ilegítimos cometidos por la policía en 2007, incluida la muerte por disparos de cientos de personas en el curso de operaciones de seguridad contra miembros del grupo proscrito Mungiki.

Violencia contra mujeres y niñas

Mujeres y niñas siguieron siendo víctimas de violencia generalizada. Durante la violencia posterior a las elecciones y en el conflicto de la zona del monte Elgon, se cometieron violaciones y otras formas de violencia sexual contra mujeres y niñas. Casi ninguno de los presuntos autores de actos de violencia de género, entre los que había policías y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, fue puesto a disposición de la justicia.

Derecho a la salud

Las instalaciones de salud pública seguían presentando deficiencias en cuanto a financiación, medios materiales y mantenimiento, lo que daba origen a una tasa elevada de mortalidad materna y otros problemas de salud en todo el país. Los efectos de la insuficiente financiación del sector de la salud eran especialmente visibles en las maternidades. La mayoría de las mujeres con bajos ingresos que utilizaban estos centros recibían una atención de la salud de baja calidad.

Desalojos forzosos

En julio de 2008, el gobierno anunció la formación de un Grupo de Trabajo sobre el Complejo del Bosque de Mau, con arreglo a su promesa de octubre de 2007 de que indemnizaría y reasentaría a miles de personas desalojadas por la fuerza de la zona en 2006. El Grupo de Trabajo debía ocuparse de la demarcación del complejo forestal, la identificación de los residentes del Bosque en posesión de documentos de propiedad y la indemnización y el reasentamiento de los residentes identificados. Al terminar el año, el Grupo de Trabajo no había concluido su labor.

En noviembre, cientos de familias que residían en asentamientos informales cerca del río Nairobi vivían bajo la amenaza de desalojo forzoso por parte del gobierno.

Al terminar 2008 el gobierno no había cumplido el compromiso contraído en 2006 de hacer públicas unas directrices nacionales sobre los desalojos. Tampoco impuso una moratoria sobre los desalojos forzosos hasta que las directrices estuvieran en vigor.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

El gobierno no revocó su decisión de enero de 2007 de cerrar la frontera entre Kenia y Somalia. Sin embargo, debido a los combates en curso y a la importante intensificación del conflicto en Somalia, personas refugiadas y solicitantes de asilo seguían cruzando la frontera para entrar en Kenia. Entre enero y septiembre, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) había registrado a más de 38.000 nuevos refugiados y solicitantes de asilo. Sólo en octubre, según los informes, más de 8.000 personas refugiadas y solicitantes de asilo cruzaron la frontera. Organismos humanitarios informaron sobre condiciones deficientes y en deterioro en los campos que albergaban a los nuevos refugiados y solicitantes de asilo y pidieron que aumentara la asistencia humanitaria del gobierno keniano y de la comunidad internacional.

Las personas refugiadas y solicitantes de asilo que huían a Kenia hacían frente al hostigamiento del personal de seguridad keniano en la frontera; muchas de estas personas eran detenidas, golpeadas y obligadas a regresar a Somalia. Algunas tenían que pagar sobornos a funcionarios de seguridad (en parte como consecuencia de la decisión oficial de mantener el cierre oficial de la frontera) para poder acceder a Kenia.

Seguridad y medidas antiterroristas

Quedaron en libertad algunas de las más de 40 víctimas de traslados ilegales de Kenia a Somalia y Etiopía que estaban recluidas en régimen de incomunicación y en secreto en Etiopía al término de 2007. Entre los liberados figuraban al menos ocho ciudadanos kenianos, a pesar de que el gobierno keniano negó de forma persistente que hubiera nacionales de Kenia afectados por los traslados ilegítimos.

  • Mohamed Abdulmalik, ciudadano keniano, fue detenido por la policía de Kenia en febrero de 2007 y trasladado ilegalmente a la custodia de Estados Unidos en la bahía de Guantánamo, Cuba, donde se creía que estaba recluido al terminar 2008. No fue acusado formalmente de ningún delito, ni pudo ejercer el derecho que le reconocen las normas internacionales de impugnar la legalidad de su detención.

Al término de 2008 el gobierno no había emprendido acción alguna para responder a las peticiones de una investigación exhaustiva e independiente sobre la detención, reclusión y transferencia de estas personas, así como sobre el trato que habían recibido mientras estaban detenidas.

Libertad de expresión

En febrero, el gobierno levantó oficialmente la prohibición de las emisiones en directo que había impuesto en diciembre de 2007, al estallar la violencia posterior a las elecciones. 

Entre enero y marzo, algunos defensores de los derechos humanos y periodistas recibieron amenazas, incluidas amenazas de muerte, de grupos armados que los acusaban de «traicionar la causa tribal» por hacer comentarios sobre las elecciones y pronunciarse en contra de algunos actos de violencia ocurridos después de ellas.

En marzo, personal militar que participaba en la operación conjunta de la policía y el ejército en la zona del monte Elgon detuvo arbitrariamente, hostigó y maltrató físicamente a periodistas que informaban sobre los hechos.

En diciembre, el Parlamento aprobó la Ley sobre Comunicaciones en Kenia (Enmienda) de 2008, patrocinada por el gobierno. La nueva ley podía dar lugar a que se impusieran restricciones injustificadas al derecho a la libertad de expresión. La ley otorgaba amplios poderes al ministro encargado de la seguridad interna para prohibir reportajes en los medios de comunicación e incautarse de equipos de transmisión por motivos de seguridad nacional, y facultaba a una Comisión de Comunicaciones controlada por el gobierno a otorgar licencias a los servicios de radio y televisión y regular sus actividades, así como a prescribir la naturaleza y el contenido de los programas. Al finalizar el año, estaba pendiente de aprobación presidencial.

  • En septiembre, Andrew Mwangura, ex periodista y directivo del Programa de Ayuda a Marinos, fue detenido por la policía. Se lo acusó formalmente de «difundir información falsa» luego de conceder entrevistas a la prensa en las que contradecía la versión oficial del gobierno sobre el destino de un barco de carga ucraniano capturado por piratas frente a la costa de Somalia en septiembre. Al terminar el año el juicio estaba en curso.

Pena de muerte

Los tribunales seguían imponiendo la pena de muerte, aunque no se tuvo noticia de ejecuciones. No se hicieron progresos en la abolición de la pena capital.

Visitas de Amnistía Internacional

Delegaciones de Amnistía Internacional visitaron Kenia en febrero, marzo, septiembre y diciembre. 

Informes de Amnistía Internacional

Kenia: Deben investigarse los traslados ilegales de personas «sospechosas de terrorismo» (31 julio 2008)
Kenya: Concerns about the Truth, Justice and Reconciliation Commission Bill (en inglés, 21 mayo 2008)
Kenya: Amnesty International’s Recommendations to the African Union Peace and Security Council (en inglés, 1 marzo 2008)
Amnesty International’s Recommendations to the African Union Assembly (en inglés, 31 enero 2008)
Kenia: El nuevo gobierno debe garantizar justicia a las víctimas de la violencia postelectoral (18 abril 2008)
Kenia: Amnistía Internacional pide al gobierno y a la Comisión Africana que actúen (15 febrero 2008)
Kenia: El gobierno debe proteger a la población de los ataques por motivos políticos y étnicos (25 enero 2008)
Kenia: Amnistía Internacional condena el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía (18 enero 2008)
Kenia: Las elecciones kenianas desencadenan una ola de homicidios políticos (4 enero 2008)

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