Kenia - Informe 2008 Amnistia Internacional

Human Rights in República de Kenia

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Kenia is now live »

Jefe del Estado y del gobierno : Mwai Kibaki
Pena de muerte : abolicionista en la práctica
PoblaciÓn : 36 millones
Esperanza de vida : 52,1 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 115/99 por cada 1.000
PoblaciÓn adulta alfabetizada : 73,6 por ciento

La violencia que se desató a raíz de los controvertidos resultados electorales se saldó con centenares de muertes y el desplazamiento interno de miles de personas. El gobierno cerró la frontera con Somalia, negando refugio a millares de personas que huían del conflicto somalí. Más de 100 personas de varias nacionalidades, incluida la keniana, fueron trasladadas ilegítimamente a Somalia y Etiopía en el contexto de la «guerra contra el terror». Se recibieron informes sobre uso excesivo de la fuerza y homicidios ilegítimos a manos de la policía. No se llevaron a cabo investigaciones oficiales. Persistía la violencia contra las mujeres y las niñas, especialmente la violación.

Información general

El 27 de diciembre se celebraron elecciones generales. El 30 de diciembre, la Comisión Electoral de Kenia anunció que el presidente, Mwai Kibaki, había vencido al candidato opositor Raila Odinga en la elección presidencial. El Movimiento Democrático Naranja (Orange Democratic Movement), de Raila Odinga, consiguió una amplia mayoría de escaños en el Parlamento sobre el Partido de la Unidad Nacional (Party of National Unity), de Mwai Kibaki, y sobre los demás partidos. Numerosos observadores electorales cuestionaron la credibilidad del registro y cómputo de los votos en la elección presidencial.

El gobierno de Mwai Kibaki continuó siendo objeto de críticas generalizadas por no llevar ante los tribunales a altos cargos gubernamentales implicados en importantes escándalos de corrupción.

Violencia electoral

La violencia fue generalizada antes, durante y después de las elecciones. Tras anunciarse el 30 de diciembre los controvertidos resultados electorales a la presidencia, grupos de jóvenes armados mataron a centenares de personas e incendiaron viviendas y otras propiedades por todo el país, y a consecuencia de la violencia millares de personas quedaron desplazadas internamente.

  • El 7 de septiembre, Flora Igoki Tera, candidata al Parlamento por el distrito de Meru, en la provincia de Kenia Central, fue agredida por tres hombres armados que le propinaron golpes, la obligaron a ingerir heces humanas y le advirtieron que no se metiera en política. La policía declaró que había investigaciones en curso, pero al finalizar el año no se había procesado a nadie.
  • En diciembre, decenas de personas resultaron muertas, centenares de viviendas fueron incendiadas y más de 16.000 personas quedaron desplazadas internamente en el área de Kuresoi del distrito de Molo tras los ataques llevados a cabo por bandas armadas que, según se creía, tenían vínculos con figuras políticas. Esa zona había sufrido ya similares actos de violencia en el periodo previo a las elecciones generales de 1992 y 1997. La violencia continuó pese al despliegue adicional de agentes de seguridad. Aunque la policía declaró que había investigaciones en curso, al finalizar el año no se tenía noticia de ningún procesamiento.

Impunidad: violaciones de derechos humanos cometidas por la policía

Persistían las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por la policía, entre ellas informes de tortura y de homicidios ilegítimos. Las autoridades no investigaron estas denuncias ni garantizaron la rendición de cuentas de la policía.

El 30 de diciembre, decenas de personas en diferentes partes de Kenia murieron por disparos de la policía durante las protestas contra el presunto fraude en las elecciones generales celebradas tres días antes.

Entre junio y octubre, la policía mató a tiros a centenares de personas en el curso de operaciones de seguridad contra miembros del proscrito grupo Mungiki, tras la orden del ministro de Seguridad Interna de desatar una ola de represión contra éstos y «disparar a matar». Según parece, miembros del grupo Mungiki mataron en Nairobi y Kenia Central a decenas de personas, entre ellas agentes de policía. Algunas de las víctimas fueron decapitadas.

A lo largo del año, la policía dio muerte a tiros a presuntos delincuentes en diversas partes del país en vez de proceder a su detención. Se hizo caso omiso de los llamamientos de la sociedad civil local e internacional para que el gobierno investigase las decenas de homicidios de este tipo.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

El 3 de enero, el gobierno de Kenia anunció la clausura de su frontera con Somalia tras la reactivación del conflicto armado entre el Gobierno Federal de Transición de Somalia, respaldado por Etiopía, y el Consejo de Tribunales Islámicos de Somalia. El gobierno de Kenia manifestó que había clausurado la frontera para impedir el acceso a Kenia de combatientes del Consejo de Tribunales Islámicos.

Tras la clausura, el gobierno devolvió a Somalia a centenares de solicitantes de asilo. Millares de personas que intentaban huir del conflicto en ese país no pudieron cruzar a Kenia y se vieron gravemente expuestas a abusos de derechos humanos a manos de las partes implicadas en el conflicto somalí. El cierre fronterizo restringió también el acceso de ayuda humanitaria a las personas desplazadas internamente en el lado somalí de la frontera.

«Guerra contra el terror»

Entre diciembre de 2006 y febrero de 2007, las autoridades de Kenia detuvieron por lo menos a 140 personas de al menos 17 nacionalidades, además de la keniana, cuando intentaban entrar al país desde Somalia. Se las recluyó en varias comisarías de policía de Nairobi y en el aeropuerto internacional Jomo Kenyatta, también en Nairobi. La mayoría de ellas estuvieron privadas de libertad sin cargos durante semanas y, según informes, algunas fueron objeto de torturas u otros malos tratos. Según parece, algunas sufrieron palizas a manos de la policía keniana, que también las obligó a desnudarse para después fotografiarlas. No se les permitió tener ningún contacto con sus familiares. Tampoco se les permitió solicitar asilo, y se les negó el acceso a representantes de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

En enero y febrero, al menos 85 detenidos fueron trasladados de forma ilícita –sin que tuvieran la posibilidad de recurrir a proceso legal alguno– a Somalia y posteriormente a Etiopía, junto con otras personas detenidas por tropas etíopes en Somalia. Al concluir 2007 había más de 40 aún privadas de libertad en régimen de incomunicación y en detención secreta en Etiopía. El gobierno keniano aseguró al finalizar el año que no se había trasladado de forma ilícita a ningún ciudadano de Kenia.

  • Abdi Mohammed Abdillahi, ciudadano keniano de ascendencia somalí cuya familia reside en Kenia, fue detenido a principios de enero en Liboi, en el noreste de Kenia, en la frontera con Somalia, tras huir de Mogadiscio. Estuvo detenido en la comisaría de policía de Garissa y, con posterioridad, en otras comisarías de Nairobi. Según su familia, a mediados de enero pudieron visitarlo en la comisaría de Karen, en Nairobi, donde la policía les dijo que quedaría en libertad una vez fuera interrogado. El 20 de enero, el gobierno de Kenia lo trasladó a Somalia en un vuelo chárter. Según los informes, a fines de enero estuvo recluido en el aeropuerto internacional de Mogadiscio, en Somalia, y en febrero se encontraba en un centro de detención en Etiopía. Al finalizar 2007 se creía que aún se encontraba detenido en Etiopía.

Violencia contra las mujeres

Mujeres y niñas siguieron enfrentándose a actos de violencia generalizados. Pese a la aprobación en 2006 de la Ley sobre Delitos Sexuales, informes de los medios de comunicación y otros trabajos de investigación señalaron elevados índices de violación, de abusos sexuales contra personas menores de edad y de violencia doméstica. El riesgo de violencia y de abuso sexual era especialmente elevado entre las niñas que habían perdido a sus progenitores víctimas del sida. En la mayoría de los casos, los actos de violencia sexual eran cometidos en el seno de la familia y la comunidad por personas conocidas de las víctimas.

Libertad de expresión

En noviembre entró en vigor una versión revisada de la Ley sobre los Medios de Comunicación de 2007. La ley disponía la supervisión y regulación de los medios a través de un Consejo de Medios de Comunicación compuesto de 13 miembros, facultado para conceder o retirar acreditaciones periodísticas. El proyecto de ley contenía una cláusula por la que se obligaba a los redactores a revelar sus fuentes cuando los tribunales así lo pidieran en el caso de que el material que hubieran publicado fuera objeto de actuaciones judiciales. El clamor nacional e internacional que desató esa propuesta forzó su retirada.

  • El 7 de enero, guardaespaldas del presidente golpearon a un reportero gráfico del diario Daily Nation cuando intentaba fotografiar al mandatario durante un servicio religioso que se celebraba en Nairobi.
  • En marzo, una juez ordenó el encarcelamiento por un año de Mburu Muchoki, jefe de redacción del tabloide semanal TheIndependent, debido a que no había hecho efectiva la multa de 500.000 chelines kenianos (unos 7.000 dólares estadounidenses) que se le había impuesto en un juicio por difamación promovido contra él por la ministra de Justicia y Asuntos Constitucionales. El periodista quedó en libertad a los tres meses en virtud de un indulto presidencial promulgado en junio. En el momento de quedar en libertad no se había visto el recurso que había planteado contra la sentencia.
  • A raíz del incremento de la tensión política tras los polémicos resultados electorales, el 30 de diciembre el gobierno prohibió a los medios de comunicación kenianos realizar emisiones en directo. El Consejo de Medios de Comunicación de Kenia criticó la prohibición por considerarla una violación de la libertad de los medios.

El gobierno siguió hostigando a diversos sectores de los medios independientes. En abril, poco más de un año después del asalto a las oficinas y la imprenta del Grupo Standard, el gobierno emitió un documento en el que se ordenaba al sector estatal proceder a la cancelación de toda publicidad que se hubiera contratado con los medios del Grupo.

Personas desplazadas internamente

Más de 100.000 personas –aproximadamente 20.000 familias– quedaron desplazadas internamente en el distrito de Mt. Elgon, próximo a la frontera con Uganda, tras enfrentamientos motivados por la propiedad de tierras. Centenares de personas sufrieron lesiones y, según los informes, en torno a 200 resultaron muertas a consecuencia de heridas de bala y de arma blanca y quemaduras sufridas durante los ataques.

Desalojos forzosos

Al finalizar 2007, el gobierno no había cumplido su promesa de 2006 de emitir directrices a escala nacional sobre los desalojos, compromiso expresado en respuesta a una serie de desalojos forzosos realizados en el pasado que habían afectado a decenas de miles de personas en áreas forestales y asentamientos informales. Tampoco dispuso una suspensión de los desalojos forzosos hasta que las directrices entrasen en vigor.

Según los informes, el gobierno anunció en octubre que iba a reasentar y a indemnizar a más de 10.500 personas a las que se había desalojado forzosamente del área forestal de Mau en 2006, aunque se calculaba que el número de personas desalojadas había sido muy superior.

Pena de muerte

Los tribunales siguieron imponiendo la pena capital, aunque no se tuvo noticia de ninguna ejecución.

No se registraron progresos hacia la abolición de la pena de muerte. El 1 de agosto el Parlamento rechazó una moción en favor de la abolición de la pena capital.

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