Kenia - Informe 2007 Amnistía Internacional

Human Rights in República de Kenia

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Kenia is now live »

Jefe del Estado y del gobierno: Mwai Kibaki
Pena de muerte: abolicionista en la práctica
Estatuto de la Corte Penal Internacional: ratificado

El gobierno intensificó los actos de intimidación y hostigamiento
contra periodistas y personas dedicadas a la defensa de los derechos
humanos. La impunidad que rodeaba los abusos cometidos por la policía
se vio reforzada, al no investigar las autoridades las denuncias de
brutalidad policial. La violencia contra las mujeres y las niñas,
incluida la violación y la violencia en el ámbito familiar, siguió
siendo un motivo de preocupación grave, aunque se aprobó una nueva ley
que penalizaba los delitos sexuales.

Información general

El gobierno de Mwai Kibaki fue objeto de críticas generalizadas por la implicación de varios ministros en dos escándalos de corrupción. La Comisión Anticorrupción de Kenia citó a 30 personas, entre ellas el vicepresidente y dos ministros, en relación con el escándalo de Anglo Leasing, en el que se emplearon elevadas sumas de fondos públicos para pagar material que nunca se entregó. Sin embargo, el fiscal general, Amos Wako, decidió no procesar a los 15 sospechosos contra los que la Comisión había dictado acta de acusación formal.

En febrero se publicó el informe de una investigación sobre el escándalo de Goldenberg, que supuso la pérdida de 1.000 millones de dólares estadounidenses en el contexto de falsas exportaciones de oro y diamantes durante la década de los noventa. El informe recomendaba que se presentaran cargos por corrupción contra el empresario Kamlesh Patni, el ministro de Educación George Saitoti, el ex presidente Daniel Arap Moi y varias personas más. En marzo se presentaron cargos contra cinco personas, entre ellas Kamlesh Patni. En agosto, un tribunal compuesto por tres jueces del Tribunal Superior resolvió que la acusación contra George Saitoti, que había dimitido, carecía de fundamento.

Ataques contra la libertad de los medios de comunicación

Aumentó la intimidación y el hostigamiento de periodistas y trabajadores de medios de comunicación a manos de las autoridades.

En marzo, policías armados que cumplían órdenes del gobierno asaltaron las oficinas y la imprenta del Grupo Standard, empresa líder en el sector de la comunicación, y los estudios de la emisora de televisión KTN: quemaron la edición del 2 de marzo del diario The Standard, causaron daños en el material de ambos locales y se llevaron los equipos informáticos. Esta incursión dio lugar a protestas generalizadas a escala nacional e internacional. Antes de llevarse a cabo, se había detenido a tres periodistas del periódico y se los había acusado de publicar artículos «alarmantes» por informar de que el presidente había mantenido conversaciones secretas con un adversario político. El Grupo Standard presentó una denuncia contra el ministro de Seguridad Interna y el director general de la policía en relación con la incursión, y una comisión parlamentaria celebró varias sesiones para investigarla. En septiembre se retiraron los cargos contra los tres periodistas.

Clifford Derrick Otieno, que había interpuesto en mayo de 2005 una querella contra Lucy Kibaki, esposa del presidente Kibaki, fue víctima de repetidas amenazas y actos de hostigamiento. En enero se vio obligado a abandonar el país, pero su familia siguió recibiendo amenazas. Su causa contra Lucy Kibaki fue sobreseída por el magistrado jefe. En noviembre, tras varios aplazamientos, el Tribunal Constitucional desestimó su recurso de apelación contra el sobreseimiento de la causa.

En mayo, según informes, dos periodistas que trabajaban para el canal de televisión Citizen fueron agredidos por policías cuando intentaban fotografiar a agentes que, al parecer, estaban tratando de cobrar sobornos.

Un proyecto de ley -Proyecto de Ley de 2006 del Consejo de Medios de Comunicación de Kenia- propuso la creación por ley de un consejo de medios de comunicación para sustituir al consejo voluntario existente. Dicho proyecto de ley fue objeto de críticas por parte de quienes consideraban que el sistema anual de licencias que proponía tenía como fin imponer restricciones a la labor periodística, que la composición de la junta de nombramientos del consejo propuesto permitía interferencias políticas y que se limitaba el derecho de apelación contra las decisiones de dicho consejo. Al concluir 2006, el Parlamento aún no lo había aprobado.

Hostigamiento de defensores y defensoras de los derechos humanos

El gobierno trató de socavar y obstaculizar el trabajo de las personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos. Organizaciones no gubernamentales acusaron al gobierno de utilizar la Comisión Anticorrupción de Kenia y la Autoridad Tributaria de Kenia para intimidar a quienes lo criticaban.

En septiembre, la Comisión Anticorrupción de Kenia citó a Maina Kiai, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Kenia, en relación con una investigación sobre denuncias de abuso de poder. Algunas de dichas denuncias contra Maina Kiai, abiertamente crítico con el gobierno, guardaban relación con su sobresueldo por gastos de traslado y con la manera en que se seleccionaba a los auditores. Cuarenta organizaciones de la sociedad civil salieron en su defensa, alegando que la investigación escondía motivaciones políticas y formaba parte de un plan más amplio del gobierno para hostigar e intimidar a defensores y defensoras de los derechos humanos.

Impunidad

Las autoridades no investigaron las denuncias de violaciones de derechos humanos a manos de la policía, que incluían informes de tortura y homicidios ilegítimos. Según informes, en octubre, Hassan Noor Hassan, director provincial de la policía, había dado orden a la policía del distrito de Nakuru de «tirar a matar» tras una serie de enfrentamientos étnicos.

A pesar de que la representante especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos solicitó información al respecto, no se tuvieron noticias de ninguna investigación sobre las denuncias de malos tratos de Ojiayo Samson y Mithika Mwenda, ambos activistas de derechos humanos. Los dos hombres habían sido golpeados por agentes de policía en julio de 2005, tras haber sido detenidos durante una manifestación, y seguían pesando sobre ellos cargos penales.

Continuaba sin investigarse la muerte de Paul Limera, de 14 años, Hillary Ochieng, de 17, Vincent Otieno, de 15, George Ogada y Paul Mwela, abatidos a tiros por agentes de policía durante una manifestación celebrada en 2005.

En octubre, la ministra de Justicia, Martha Karua, anunció la creación de un nuevo órgano encargado de recibir denuncias públicas y pedir responsabilidades en relación con los excesos policiales.

Un grupo de ex insurgentes Mau Mau presentaron en octubre una querella contra el gobierno británico para pedir una indemnización por abusos contra los derechos humanos, entre ellos violaciones, palizas y otras torturas, cometidos durante la rebelión por la independencia en la década de los cincuenta. Según la Comisión de Derechos Humanos de Kenia, decenas de miles de personas fueron torturadas por las autoridades británicas de la época.

Violencia contra las mujeres y las niñas

Las mujeres siguieron enfrentándose a actos generalizados de violencia y, según informes, aumentó la violencia contra las niñas. Según informes, la mayoría de los actos de violencia sexual contra niñas fueron obra de familiares o amigos íntimos de la familia.

En marzo, 10 escolares fueron violadas durante una manifestación celebrada en la localidad de Nyeri. Más tarde se detuvo a cinco muchachos del lugar, pero no se recibieron noticias sobre ningún procesamiento.

En mayo, el gobierno aprobó la Ley sobre Delitos de Naturaleza Sexual de 2006. Dicha ley imponía penas mínimas por diferentes delitos, definía los delitos de violación, desfloración y otros delitos de naturaleza sexual, y proscribía el recurso a conductas o experiencias sexuales previas como pruebas contra la víctima. Sin embargo, la ley no reconocía la violación conyugal, ofrecía una definición restrictiva de la violación y no penalizaba la mutilación genital femenina forzada.

Desalojos forzosos

Decenas de miles de residentes fueron desalojados de áreas forestales y asentamientos informales por la fuerza. Los desalojos se distinguieron por el uso de la violencia, la destrucción de viviendas y propiedades y el carácter inadecuado de las medidas de realojamiento e indemnización. En ocasiones se envió una notificación previa, pero no en todos los casos.

El gobierno prometió elaborar directrices a escala nacional sobre los desalojos y en mayo estableció un grupo especial interministerial para concluirlas, pero al finalizar el año aún no se había publicado un borrador.

En marzo, 3.000 familias fueron desalojadas del bosque de Kipkurere, en el valle del Rift. Se prendió fuego a los asentamientos y se destruyeron las propiedades y las provisiones de alimentos.

En junio se desalojó a 8.000 personas del bosque de Emborut, en el valle del Rift. Se incendiaron viviendas, escuelas e iglesias.

Más de 600 familias quedaron sin cobijo tras la destrucción en septiembre del barrio marginal de Komora, en Nairobi, para facilitar la construcción de una urbanización privada. Los residentes alegaron que no tenían adónde ir, que sólo les habían dado 10 minutos para abandonar sus hogares y que habían destruido las chapas de hierro que ellos habían utilizado para construir sus viviendas.

Protección de personas refugiadas y solicitantes de asilo

Decenas de miles de nuevos refugiados somalíes cruzaron la frontera con Kenia y se unieron a los 160.000 refugiados -la mayoría de Somalia- que ya vivían en campos en torno a la localidad de Dadaab, en el este del país. A finales de octubre habían llegado en torno a 34.000, huyendo de la escalada de violencia en el sur y el centro de Somalia.

Se recibieron informes de tensiones crecientes entre los refugiados y miembros del grupo étnico local turkana en el campo de Kakuma, cerca de la frontera sudanesa. Cuatro personas perdieron la vida en enfrentamientos y ataques contra el campo en agosto. Refugiados que habían sido devueltos al sur de Sudán volvieron al campo de Kakuma en mayo debido, según informes, a la situación de inseguridad en el sur de Sudán.

Kenia, Ruanda y el órgano de la ONU para los refugiados, el ACNUR, firmaron un acuerdo en marzo sobre el regreso voluntario de unos 3.000 refugiados ruandeses.

Pena de muerte

A pesar del compromiso del gobierno de abolir la pena de muerte, expresado en marzo de 2005 ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, no se dieron pasos significativos en esa dirección en 2006. Siguieron dictándose condenas de muerte, aunque no se había llevado a cabo ninguna ejecución desde 1986.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Declaración

• Kenya: A Joint Appeal to African Ministers on urban housing (Índice AI: AFR 32/002/2006)

Visita

• Una delegación de Amnistía Internacional visitó Kenia en septiembre y octubre.

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