Jordania
Jefe del Estado
rey Abdalá II bin al Husein
Jefe del gobierno
Abdalá Ensour (sustituyó en octubre a Fayez Tarawneh,

Las fuerzas de seguridad emplearon fuerza excesiva y detuvieron a cientos de personas que participaban en manifestaciones pacíficas y otras protestas en demanda de reformas. Las autoridades mantuvieron severas restricciones de la libertad de expresión, asociación y reunión, e impusieron aún más a los medios de comunicación electrónicos. Se recibieron informes sobre tortura y malos tratos a personas detenidas. Continuaron los juicios injustos ante el Tribunal de Seguridad del Estado. Cientos –posiblemente miles– de presuntos delincuentes permanecían recluidos indefinidamente sin cargos ni juicio. Las mujeres sufrían violencia y discriminación y, según la información recibida, al menos 10 habían sido víctimas de homicidio en nombre del “honor”. Las personas migrantes que trabajaban en el servicio doméstico sufrían explotación y abusos. Según la información recibida, algunas personas refugiadas fueron devueltas a Siria. Se impusieron al menos 16 condenas de muerte; no hubo ejecuciones.

Información general

Durante todo el año continuaron celebrándose manifestaciones en protesta por la lentitud de las reformas políticas y por las condiciones económicas, incluidos los recortes en las subvenciones del gobierno a los combustibles. Las protestas de noviembre desembocaron en violencia: un hombre perdió la vida en Irbid en circunstancias controvertidas y dos agentes de policía murieron por heridas de bala sufridas durante disturbios que se desataron en Karak y Ammán. Para tratar de aplacar la disidencia, el rey sustituyó al primer ministro en mayo y, nuevamente, en octubre, cuando disolvió el Parlamento. En virtud de una ley electoral aprobada por real decreto en julio, se convocaron elecciones para enero de 2013. Miembros de la oposición afirmaron que las candidaturas favorables al gobierno estaban injustamente en situación de ventaja.

Miles de refugiados que huían del conflicto en Siria entraron en Jordania, con lo que se agravó la presión sobre los recursos del país.

En noviembre, un tribunal británico impidió que el gobierno de Reino Unido expulsara a Abu Qatada a Jordania, al fallar que no podía garantizársele allí un juicio justo (véase el apartado sobre Reino Unido).

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Libertad de expresión, de asociación y de reunión

Las fuerzas de seguridad detuvieron a cientos de personas que participaban en manifestaciones pacíficas y otras protestas en demanda de cambios políticos y otras reformas. Muchas fueron golpeadas en el momento de la detención o bajo custodia. En septiembre, el gobierno reformó la Ley de Prensa y Publicaciones para endurecer las restricciones impuestas a los medios de comunicación electrónicos, permitiendo cerrar o bloquear páginas web.

  • Seis miembros del reformista Movimiento Talifeh Libre fueron detenidos en marzo y recluidos durante más de un mes por “insultar al rey” y otros delitos relacionados con una protesta violenta celebrada en Talifeh, en la que, al parecer, ellos no habían participado. Según la información recibida, agentes del Departamento General de Inteligencia vendaron los ojos a uno de los detenidos –Majdi Qableen–, le pusieron cadenas en los pies y lo golpearon durante el interrogatorio. Al menos otros dos fueron golpeados bajo custodia. Quedaron en libertad sin cargos en abril.
  • Ola Saif fue detenida en noviembre en Ammán, en una protesta pacífica contra la política económica. Posteriormente aseguró que la habían golpeado en la sede de la Dirección de Seguridad Pública, en el centro de Ammán, y le habían negado acceso a un abogado y a sus familiares. La acusaron de intentar derrocar el sistema político y la dejaron en libertad el 5 de diciembre.
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Tortura y otros malos tratos

Se recibieron noticias sobre torturas y otros malos tratos infligidos a personas sospechosas de delitos relacionados con la seguridad o detenidas tras protestas en favor de reformas, algunas de las cuales pasaron largos periodos en régimen de incomunicación.

  • Durante más de dos meses estuvieron recluidos en Ammán, bajo custodia del Departamento General de Inteligencia, 11 hombres detenidos el 21 de octubre por haber planificado presuntamente atentados en la capital. Permanecieron casi todo el tiempo recluidos en régimen de incomunicación, sin acceso a abogados ni a sus familias. La mayoría de ellos afirmaron haber “confesado” bajo tortura.
  • Según la información recibida, agentes de policía y del Departamento General de Inteligencia desnudaron, ataron y golpearon durante dos días a Rami al Sehwal. Pretendían así “dar una lección” a 13 hombres, incluido él, detenidos tras una manifestación pacífica celebrada en Ammán el 30 de marzo. Los 13 quedaron en libertad sin cargos.
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Juicios injustos

El Tribunal de Seguridad del Estado siguió sometiendo a civiles acusados de delitos relacionados con la seguridad a juicios que no se ajustaban a las normas internacionales de justicia procesal. En virtud de artículos del Código Penal que penalizaban la disidencia pacífica, se presentaron cargos contra cientos de personas, entre ellas nueve menores de edad, y se remitieron las causas al Tribunal de Seguridad del Estado.

  • En enero, el Tribunal de Seguridad del Estado condenó a Uday Abu Isa a dos años de prisión por haber quemado una foto del rey en una manifestación. Considerado preso de conciencia, pasó siete semanas recluido, hasta quedar en libertad tras ser indultado por el rey. Afirmó que la policía lo había golpeado tras su detención.
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Reclusión sin juicio

Cientos –posiblemente miles– de personas continuaron recluidas por tiempo indefinido y sin cargos ni juicio, en virtud de la Ley de Prevención del Delito de 1954, que confería a los gobernadores provinciales atribuciones para recluir indefinidamente sin cargos a las personas sospechosas de haber cometido delitos o consideradas “un peligro para la sociedad”.

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Violencia y discriminación contra las mujeres

Las mujeres continuaban discriminadas en la ley y en la práctica, y carecían de protección adecuada contra la violencia de género. Según se tuvo noticia, al menos 10 mujeres murieron a manos de familiares varones, víctimas de homicidios en nombre del “honor”.

El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y la relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer pidieron al gobierno que reformara la Ley de Ciudadanía y Nacionalidad para que las mujeres jordanas pudieran transmitir la nacionalidad a sus hijos y a sus esposos, como lo hacían los hombres, y que retirara sus reservas a los artículos 9 y 16 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, relativos a la nacionalidad y a la discriminación en las relaciones familiares. En noviembre, el primer ministro aseguró que el gobierno abordaría estas reservas.

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Derechos de las personas migrantes: trabajo en el servicio doméstico

Se recibió información sobre personas migrantes empleadas en el servicio doméstico, en su mayoría mujeres, que permanecían confinadas en las casas donde trabajaban, sin cobrar su salario, con los pasaportes retenidos o sometidas a violencia física o a abusos psicológicos o sexuales por sus empleadores.

En marzo, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial instó al gobierno a garantizar plenamente los derechos laborales a todos los empleados, incluidos los trabajadores domésticos migrantes, al margen de su nacionalidad o su etnia.

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Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Miles de personas que huían del conflicto de Siria se refugiaron en Jordania. El ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, comunicó en diciembre que se habían registrado ya en sus oficinas, o estaban en espera de hacerlo, más de 163.088 refugiados procedentes de Siria, aunque se creía que la cifra total era superior. Según la información disponible, algunos refugiados sirios y palestinos fueron devueltos a Siria. El 31 de agosto, el ministro de Asuntos Exteriores jordano comunicó que se había trasladado a unos 200 sirios del campo de refugiados de Al Zaatari a la frontera con Siria por haber provocado “altercados” e incitado a la violencia.

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Pena de muerte

Al menos 16 personas fueron condenadas a muerte y como mínimo 5 condenas a muerte fueron conmutadas. No hubo ejecuciones; la última había tenido lugar en 2006.

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