Jordania - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in Reino Hachemí de Jordania

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Jordania is now live »

Jefe del Estado
rey Abdalá II bin al Husein
Jefe del gobierno
Samir Rifai (sustituyó a Nader al Dahabi en diciembre)
Pena de muerte
retencionista
Población
6,3 millones
Esperanza de vida
72,4 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
24/19 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
91,1 por ciento

Hubo informes sobre tortura y otros malos tratos, y al menos dos hombres murieron presuntamente por palizas de la policía. Había millares de personas recluidas sin cargos ni perspectivas de juicio. Los juicios ante el Tribunal de Seguridad del Estado continuaban incumpliendo las normas internacionales de justicia procesal. Una nueva Ley de Sociedades preparó el terreno a una mayor injerencia del Estado en el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Las mujeres sufrían discriminación jurídica y de otras clases y no recibían la debida protección contra la violencia en el ámbito familiar; al menos 24 fueron víctimas, según informes, de homicidio por motivos de “honor”. Un nuevo reglamento mejoró las condiciones de las personas migrantes empleadas en el servicio doméstico, pero seguían estando expuestas a sufrir explotación y abusos. Se condenó a muerte al menos a 12 personas; no hubo ejecuciones.

Información general

En noviembre, el rey disolvió la Cámara Baja del Parlamento, elegida en noviembre de 2007. Quedaron previstas nuevas elecciones para finales de 2010. El nuevo gabinete juró su cargo en diciembre.

Detención sin juicio, tortura y otros malos tratos

Hubo nuevos informes sobre tortura y otros malos tratos a pesar de que una reforma del Código de Procedimiento Penal había reducido el periodo máximo permitido de detención sin cargos a la mitad: un mes en caso de falta y tres en el de delito. La reforma hacía necesario también solicitar la aprobación judicial para mantener a una persona detenida durante este tiempo.

En abril, el Centro Nacional de Derechos Humanos, organismo oficial, reveló en su informe correspondiente a 2008 que al realizar visitas de inspección no anunciadas a prisiones había recibido quejas de reclusos que aseguraban haber sido golpeados y sometidos a otros malos tratos por los guardias. En el informe se señalaba que en algunos casos no se podía hacer rendir cuentas a los autores de tales abusos, porque las pruebas físicas tendían a ser temporales y a menudo no había testigos independientes.

Según informes, había millares de personas recluidas en virtud de la Ley de Prevención del Delito de 1954, que confería a los gobernadores provinciales atribuciones para recluir indefinidamente sin cargos ni juicio a las personas sospechosas de haber cometido delitos o consideradas “un peligro para la sociedad”. En su informe sobre 2008, el Centro Nacional de Derechos Humanos citó más de 13.000 casos de reclusión por estos motivos. Aunque la reclusión de mujeres para “protegerlas” del riesgo de sufrir violencia en el ámbito familiar quedaba fuera de las competencias que les otorgaba la ley, los gobernadores continuaron utilizando ésta con tal fin.

  • Sadem Abdul Mutelib al Saoud murió en el hospital el 8 de noviembre a causa, al parecer, de lesiones sufridas al ser detenido y golpeado por la policía en el Centro de Seguridad de Al Husein de Ammán en octubre. Entró en coma y murió tres semanas más tarde. El 11 de noviembre se remitió al menos a cuatro agentes de policía a un tribunal policial en relación con el homicidio.

Seguridad y medidas antiterroristas

Decenas de personas acusadas de delitos de terrorismo o contra la seguridad del Estado fueron juzgadas ante el Tribunal de Seguridad del Estado, cuyos procedimientos incumplían las normas internacionales sobre juicios justos. En particular, el Tribunal continuaba admitiendo como pruebas “confesiones” que los acusados afirmaban haber hecho bajo tortura mientras estaban en prisión preventiva, aparentemente sin tomar medidas adecuadas para investigar tales afirmaciones.

Sin embargo, en septiembre el Tribunal de Casación anuló las condenas de cadena perpetua impuestas a ocho hombres acusados de haber planeado un atentado terrorista en 2004 tras determinar que sus “confesiones” habían sido obtenidas con coacción y no eran, por tanto, válidas.

Libertad de expresión, asociación y reunión

En septiembre, tras haber sido ratificada por el rey, entró en vigor una nueva Ley de Sociedades que aumentaba el control del gobierno sobre el registro legal, el funcionamiento y las actividades de las ONG, permitía la injerencia del poder ejecutivo en sus asuntos y las obligaba a solicitar la aprobación oficial para recibir fondos del extranjero.

Los periodistas y otras personas podían ser procesados por “insultar” al rey, el poder judicial o la religión.

  • Islam Samhan, poeta y periodista, fue condenado en junio a un año de prisión y al pago de una multa por el Tribunal de Primera Instancia de Ammán, que lo declaró culpable de insultar al islam y el sentimiento religioso. Había sido detenido en octubre de 2008 y permanecido tres o cuatro días recluido tras haber publicado una selección de poemas suyos en los que se dijo que había utilizado versículos del Corán. Estaba en libertad en espera del resultado de una apelación.

Uso excesivo de la fuerza

La gendarmería fue acusada de hacer uso excesivo de la fuerza para dispersar una manifestación en gran medida pacífica, que se había convocado en Al Rabiah, Ammán, el 9 de enero. Ese día, unas 3.000 personas que se habían congregado para protestar por los ataques israelíes contra la Franja de Gaza, fueron dispersadas por la fuerza y, al parecer, sin previo aviso por agentes de la gendarmería, que utilizaron porras, cañones de agua y gas lacrimógeno. La Dirección de Seguridad Pública dijo que iba investigar lo ocurrido, pero al final del año no se habían revelado públicamente las conclusiones de ninguna investigación.

También se acusó a la policía de hacer uso excesivo de la fuerza al practicar algunas detenciones.

  • Fakhri Anani Kreishan murió el 14 de noviembre tras haber sido agredido, presuntamente, por un agente de policía dos días antes a la puerta de su casa, en Maan. Según informes, había entrado en coma tras ser golpeado en la cabeza por un agente de policía, que lo bajó luego a rastras por unas escaleras. La autopsia reveló que la causa principal de la muerte había sido una lesión en la cabeza, causada por un objeto duro. El 17 de noviembre se acusó del asesinato a un agente de policía, al que se remitió a un tribunal policial.

Derechos de las personas migrantes: trabajadoras domésticas

Decenas de miles de trabajadoras domésticas migrantes siguieron estando expuestas a sufrir abusos económicos, físicos y psicológicos a manos de sus empleadores y de los representantes de las agencias de contratación. El riesgo de suicidio o intento de suicidio era desproporcionadamente mayor entre ellas que entre otras personas residentes en Jordania. En marzo, el periódico Al Ghad informó de una “estadística oficial” de fuentes desconocidas según la cual en los tres primeros meses de 2009 habían muerto 25 trabajadoras domésticas, 18 de ellas por suicidio y 4 por enfermedad. En octubre, el Ministerio de Trabajo anunció que en 2009 habían intentado suicidarse 14 trabajadoras domésticas de Sri Lanka y que parecían haberlo hecho a causa de sus condiciones de trabajo.

En agosto, las autoridades introdujeron un nuevo reglamento de la Ley del Trabajo para regular las condiciones laborales de todas las personas empleadas en el servicio doméstico, incluidas las migrantes. Se prescribía en él un número máximo de horas de trabajo, el derecho a tener vacaciones y permiso por enfermedad y el derecho a tener contacto periódico con la propia familia. Sin embargo, a pesar de abordar importantes cuestiones, el reglamento, que estaba redactado de manera muy general y se prestaba a la interpretación en ciertos aspectos, no especificaba mecanismos para determinar los salarios y resolver, así, inveterados problemas de impago salarial o salario bajo. Tampoco contenía salvaguardias efectivas contra la violencia física y los abusos sexuales que sufrían a manos de sus empleadores las personas que trabajaban en el servicio doméstico, la gran mayoría de las cuales eran mujeres; además, parecía poner a las mujeres en situación de riesgo, al obligar a las trabajadoras domésticas a solicitar el permiso de sus empleadores para marcharse de su casa.

  • El 7 de marzo murió una trabajadora doméstica indonesia tras haberla golpeado sus empleadores tratando, al parecer, de “disciplinarla”. La autopsia determinó que había recibido fuertes golpes en la cabeza y que tenía costillas fracturadas y contusiones graves en el cuerpo. La pareja para la que trabajaba fue acusada de homicidio sin premeditación.

Personas refugiadas

Jordania continuó acogiendo a unos 450.000 refugiados de Irak, llegados en su mayoría tras la invasión de su país dirigida por Estados Unidos en 2003. Muchos llevaban una existencia precaria, sin condición jurídica reconocida, posibilidades de trabajo ni apoyo estatal.

Violencia y discriminación contra las mujeres

Según informes, 24 mujeres fueron víctimas de homicidio por motivos de “honor” a manos de varones de sus familias. A los autores de este tipo de delitos seguían imponiéndoseles condenas indebidamente leves, en aplicación del artículo 98 del Código Penal, que dejaba al arbitrio de los tribunales la imposición de condenas de tres meses de prisión como mínimo si consideraban que el acusado había matado “en un arrebato de furia provocado por un acto ilegítimo o peligroso de la víctima”. En agosto, las autoridades establecieron un tribunal especial para juzgar a los acusados de delitos por motivos de “honor”. En septiembre, el ministro de Justicia dijo que el gobierno pensaba reformar el Código Penal, incluido el artículo 98, pero al final del año se estaba todavía a la espera de las reformas propuestas.

En mayo, el gobierno dijo al secretario general de la ONU que iba a retirar su reserva al artículo 15.4 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que garantiza a las mujeres el derecho a circular libremente y la libertad para elegir su residencia y domicilio, pero que mantendría su reserva a otros aspectos de dicho artículo, incluido el reconocimiento a las mujeres de la igualdad con los hombres ante la ley.

Pena de muerte

Se condenó a muerte al menos a 12 personas. El ministro de Justicia anunció que en cuatro casos las condenas a muerte ya eran firmes, sin derecho de apelación, y que había 40 personas condenadas a muerte al final del año. En abril, el Ministerio de Justicia anunció que se iba a reformar el Código Penal a fin de abolir la pena de muerte para varios delitos, aunque todo indicaba que el homicidio con premeditación seguiría siendo castigado con la muerte. La reforma propuesta no había recibido aprobación parlamentaria al final del año.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

  • Jordania debe llevar a cabo una investigación completa de los presuntos homicidios policiales, 18 de noviembre de 2009

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