Japón
Jefe del gobierno
Yoshihiko Noda (sustituyó a Naoto Kan en septiembre)
Pena de muerte
retencionista
Población
126,5 millones
Esperanza de vida
83,4 años
Mortalidad infantil (‹5 años)
3,3 por cada 1.000

El 11 de marzo, un seísmo de magnitud 9 registrado cerca de la costa oriental de Japón provocó un enorme tsunami de resultados catastróficos, incluido el peor desastre nuclear ocurrido en el mundo en los últimos 25 años. El sistema de detención preventiva conocido como daiyo kangoku continuó permitiendo prácticas de interrogatorio abusivas por parte de la policía. El gobierno no pidió disculpas a las supervivientes del sistema de esclavitud sexual de las fuerzas armadas japonesas ni les ofreció reparaciones conforme a lo establecido en las normas internacionales. El ministro de Justicia recibió intensas presiones para llevar a cabo ejecuciones. A pesar de que aumentó el número de solicitantes de asilo que llegaban a Japón, la condición de refugiado se concedió en muy pocos casos.

Información general

El 11 de marzo, un seísmo seguido de un tsunami asoló la zona de Tohoku, en el este de Japón. Aproximadamente 20.000 personas murieron o fueron dadas por desaparecidas. La central nuclear de Fukushima Daiichi sufrió graves daños. Las emisiones radiactivas sobrepasaron los niveles de seguridad, suscitando gran preocupación en cuanto a la duración de sus efectos en la salud y la seguridad alimentaria. Se estableció una zona de evacuación obligatoria de 20 kilómetros, que muchas personas consideraron demasiado pequeña. Decenas de miles de personas, incluidas las que vivían en la zona de evacuación, quedaron desplazadas en casas y refugios temporales de la prefectura de Fukushima. El gobierno japonés y la empresa Tokyo Electric Power Company recibieron duras críticas por su gestión de la crisis, en especial por no ofrecer información sobre los riesgos a su debido tiempo, lo que suscitó gran preocupación sobre las consecuencias negativas en el derecho a la salud de la población afectada.

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Sistema de justicia

En abril, el ministro de Justicia ordenó a la fiscalía que supervisase, a modo experimental, todos los interrogatorios grabados que realizaran el Departamento de Investigaciones Especiales y el Departamento Especial de Asuntos Penales, así como los interrogatorios de personas sospechosas que sufrieran enfermedades mentales o dificultades de aprendizaje. El Ministerio de Justicia y el Departamento de Policía analizaron una revisión de la Ley sobre Centros de Detención y Trato a Personas Detenidas. Sin embargo, no se introdujeron reformas en la ley ni en el sistema de detención preventiva conocido como daiyo kangoku, que permitía a la policía detener a personas sospechosas durante periodos de hasta 23 días.

  • En mayo, Shoji Sakurai y Takao Sugiyama, condenados por robo con asesinato, fueron absueltos tras haber pasado 29 años en prisión. Durante la repetición del juicio, el tribunal consideró que las grabaciones de los interrogatorios, incluida la confesión, se habían manipulado y carecían de credibilidad debido a las dudas sobre si la confesión se había conseguido de forma voluntaria.
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Violencia contra mujeres y niñas

El 30 de agosto, el Tribunal Constitucional de Corea del Sur declaró inconstitucional que el gobierno de ese país no hubiera hecho ningún esfuerzo tangible para resolver las disputas con Japón en relación con las reparaciones debidas a las supervivientes del sistema de esclavitud sexual de las fuerzas armadas japonesas. Japón siguió negándose a indemnizar a las mujeres coreanas movilizadas como esclavas sexuales antes de la Segunda Guerra Mundial y en el curso de ella. El Tribunal Constitucional surcoreano señaló que, con su pasividad, Corea del Sur había vulnerado los derechos básicos de las ex “mujeres de solaz”. En octubre, el gobierno surcoreano planteó ante la ONU la cuestión del sistema de esclavitud sexual establecido por las fuerzas armadas japonesas, y afirmó: “La violación sistemática y la esclavitud sexual constituyen crímenes de guerra, y, en determinadas circunstancias, también crímenes de lesa humanidad”. El gobierno japonés contestó que todas las cuestiones se habían resuelto en virtud de tratados. El 14 de diciembre, activistas y supervivientes se manifestaron ante la Embajada de Japón en Seúl, Corea del Sur, en lo que constituyó la protesta número 1.000 desde que comenzaran las manifestaciones semanales, en 1992.

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Pena de muerte

No se llevaron a cabo ejecuciones; había 130 personas condenadas a muerte, incluidas varias con enfermedades mentales. En octubre, el ministro de Justicia, Hideo Hiraoka, afirmó que no pondría fin al uso de la pena capital, pero que estudiaría los casos de forma individualizada. El gobierno le presionó para que reanudase las ejecuciones. El 31 de octubre, el Tribunal de Distrito de Osaka falló que el ahorcamiento era constitucional.

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Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Aproximadamente 1.800 personas solicitaron asilo en Japón. El 17 de noviembre, el Parlamento japonés aprobó una resolución que reiteraba su compromiso con la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados, al cumplirse 30 años de su ratificación por Japón. En aplicación de un programa de reasentamiento establecido en 2010, en 2011 Japón aceptó a 18 refugiados de Myanmar cuya solicitud se había tramitado en Tailandia. Algunos refugiados de Myanmar aceptados en virtud del programa en 2010 denunciaron públicamente que los obligaban a trabajar 10 horas diarias, que no recibían suficiente apoyo del gobierno y que las autoridades los habían informado mal de forma deliberada antes de su llegada a Japón.

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