JapÓn - Informe 2008 Amnistia Internacional

Human Rights in Japón

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Japón is now live »

Jefe del gobierno : Yasuo Fukuda (sustituyó a Abe Shinzo en septiembre)
Pena de muerte : retencionista
PoblaciÓn : 128,3 millones
Esperanza de vida : 82,3 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 5/4 por cada 1.000

Continuaron las ejecuciones. Se empezó a aplicar una medida antiterrorista consistente en fotografiar y tomar las huellas dactilares a todas las personas extranjeras que entraban en Japón. A pesar de producirse un aumento de la presión internacional, el gobierno siguió sin adoptar medidas para solucionar el asunto de las reparaciones a las víctimas del sistema de esclavitud sexual puesto en marcha por Japón durante la Segunda Guerra Mundial.

Información general

El opositor Partido Democrático ganó las elecciones a la Cámara de Concejales en julio. Sin embargo, la coalición gobernante seguía conservando una mayoría de dos tercios en la Cámara de Representantes.

Pena de muerte

En 2007 se ejecutó a nueve hombres. Al menos 107 personas seguían condenadas a muerte.

En abril y agosto, cuando todavía era ministro de Justicia Nagase Jinen, tuvieron lugar seis ejecuciones. En diciembre, bajo su sucesor, Kunio Hatoyama, se llevaron a cabo otras tres ejecuciones. En septiembre, Kunio Hatoyama había anunciado públicamente que estaba considerando la posibilidad de revocar la disposición del Código de Procedimiento Penal que exigía la firma del ministro de Justicia antes de llevar a cabo una ejecución. Los tribunales confirmaron 23 condenas de muerte, el número más alto en un año desde 1962. Las ejecuciones solían tener lugar en secreto y no se avisaba a los condenados de que iban a ser ejecutados.

  • Según los informes, uno de los tres hombres ejecutados en agosto, Takezawa Hifumi, se había vuelto paranoico y agresivo como consecuencia de una enfermedad mental producida por una apoplejía que había sufrido antes de su detención. Según los informes sobre el juicio, tanto los médicos presentados por la defensa como por la acusación habían diagnosticado que estaba mentalmente enfermo. Fue condenado a muerte en marzo de 1998.

Se acosó a personas que actuaban como abogados defensores en causas abiertas por delitos penados con la muerte. Algunos recibieron sobres con balas o fueron censurados por medios de comunicación nacionales.

En noviembre, el ministro de Justicia se reunió con grupos abolicionistas como Amnistía Internacional para conocer su opinión.

Torturas y otros malos tratos

En mayo, el Comité de la ONU contra la Tortura examinó el informe inicial del gobierno japonés –que se debía haber presentado en julio de 2000– y mostró su honda preocupación por el hecho de que el daiyo kangoku (un procedimiento de detención preventiva) no cumpliera las normas internacionales. El comité subrayó también la ausencia de un sistema independiente para hacer un seguimiento de los detenidos bajo custodia policial y de un procedimiento efectivo de presentación de denuncias.

  • En noviembre, el tribunal del distrito de Osaka no aceptó una confesión efectuada durante una investigación prejudicial, debido a la sospecha, basada en una grabación digital del interrogatorio, de que se había obtenido por la fuerza. Este hecho supuso la primera absolución de un acusado como consecuencia de una grabación digital.

Inmigración y personas refugiadas

En 2007 se presentaron 816 solicitudes para obtener el estatuto de refugiado –500 de las personas solicitantes eran de Myanmar–. Se concedió el estatuto de refugiado a 41 personas, entre las que había 35 myanmaros y 3 iraníes.

El Comité de la ONU contra la Tortura llegó a la conclusión de que en las modificaciones introducidas en la Ley de Control de Inmigración y Reconocimiento de la Condición de Refugiado no se prohibía de manera expresa la expulsión de una persona a países en donde existiera el peligro de que sufriera torturas. No había un organismo independiente que examinara las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado ni las condiciones en los centros de detención. Tampoco existía un sistema independiente de presentación de quejas que analizara las denuncias de actos de violencia perpetrados por funcionarios contra solicitantes de asilo detenidos, y las personas detenidas seguían sin tener acceso a asistencia médica adecuada. Los solicitantes de asilo pasaban bajo custodia un tiempo excesivo entre la denegación de la solicitud de asilo y la expulsión. Los menores de edad permanecían detenidos durante periodos prolongados y corrían el peligro de ser expulsados sin sus padres y sin aviso previo.

En octubre se empezó a fotografiar y a tomar las huellas dactilares a todos los extranjeros mayores de 16 años que entraban en Japón, incluidos los residentes permanentes, y a aplicar procedimientos acelerados para expulsar a toda persona que el Ministerio de Justicia considerase un «posible terrorista». Estas medidas se combinaban con una «lista de vigilancia», sin que existiera ningún mecanismo para que una persona pudiera impugnar su inclusión en ella.

Violencia contra las mujeres

Parlamentos de todo el mundo adoptaron resoluciones en las que se pedía justicia para las supervivientes del sistema de esclavitud sexual aplicado por las fuerzas armadas japonesas durante la Segunda Guerra Mundial. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó en julio la resolución 121, los parlamentos neerlandés y canadiense aprobaron en noviembre mociones similares y el Parlamento Europeo adoptó una resolución el 13 de diciembre.

Informe y visita de Amnistía Internacional

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