Italia
Jefe del Estado
Giorgio Napolitano
Jefe del gobierno
Mario Monti

La comunidad romaní siguió padeciendo discriminación, segregación en campamentos por motivos étnicos, desalojos forzosos y privación de alojamiento. Era habitual que las autoridades no protegieran los derechos de las personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo. Volvieron a fracasar los intentos de tipificar la tortura como delito y de establecer una institución nacional de derechos humanos independiente. No se adoptaron medidas sistémicas para prevenir las violaciones de derechos humanos a manos de la policía y garantizar la rendición de cuentas. La violencia contra las mujeres, incluidos los homicidios, continuó siendo generalizada.

Discriminación

Romaníes

El gobierno no abordó adecuadamente las violaciones de derechos humanos que seguían cometiéndose contra la comunidad romaní, sobre todo en el acceso a una vivienda adecuada. Varios cientos de romaníes fueron víctimas de desalojo forzoso, y muchos quedaron sin hogar. Continuó el cierre, sin los debidos procedimientos y garantías legales, de campamentos autorizados o “tolerados”. Las autoridades no mejoraron las penosas condiciones de vida imperantes en la mayoría de los campamentos autorizados. Las condiciones eran aún peores en los campamentos informales, donde el acceso a agua, saneamiento y energía era escaso. Las autoridades locales prefirieron perpetuar las políticas de segregación étnica de los romaníes en campamentos y continuaron privando de acceso a la vivienda social a muchos de ellos.

La Estrategia Nacional para la Inclusión de los Romaníes, presentada en febrero, quedó sin aplicarse en su mayor parte. En marzo y septiembre, respectivamente, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial y el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa reiteraron sus críticas a las autoridades por no garantizar los derechos de la comunidad romaní. El gobierno no ofreció reparaciones a los romaníes que habían sufrido violaciones de derechos humanos durante el estado de excepción impuesto en 2008 en relación con los asentamientos de comunidades “nómadas” en cinco regiones italianas, que había estado en vigor hasta noviembre de 2011, cuando el Consejo de Estado lo declaró ilegal. En vez de ello, el gobierno recurrió en febrero la decisión del Consejo de Estado alegando que éste se había excedido en sus funciones de control. Al terminar el año, el recurso estaba pendiente de resolución ante el Tribunal Supremo de Italia. El Consejo de Estado declaró en mayo que, mientras se pronunciaba el Tribunal, podían completarse ciertas actuaciones iniciadas durante el estado de excepción.

  • Las autoridades de Roma siguieron aplicando el “Plan Nómadas”, con el resultado de varios desalojos forzosos de campamentos informales, “tolerados” y autorizados y el reasentamiento de muchos romaníes en campamentos autorizados segregados. Los residentes del campamento de Tor de’ Cenci fueron desalojados a la fuerza en dos operaciones realizadas los días 25 de julio y 28 de septiembre, sin un proceso adecuado de consulta previa y con la oposición de las ONG, la Iglesia católica y el gobierno nacional. En junio, las autoridades municipales abrieron un nuevo campamento segregado en un lugar apartado de La Barbuta, cerca del aeropuerto de Ciampino. En marzo, las ONG iniciaron acciones judiciales ante un tribunal civil de Roma para que el alojamiento de romaníes en La Barbuta se declarase discriminatorio. Unos 200 residentes del campamento de Tor de’ Cenci fueron trasladados a La Barbuta.
  • En mayo se registraron amenazas racistas, intimidación e incitación a la violencia contra la comunidad romaní en la localidad de Pescara tras el asesinato de un aficionado al fútbol presuntamente a manos de un romaní. Las familias romaníes dijeron que tenían miedo de salir a la calle y llevar a los niños a la escuela. Al poco tiempo de iniciarse los disturbios, el alcalde de Pescara hizo unos comentarios discriminatorios contra la comunidad romaní en los que aludía a la necesidad de revisar su acceso a la vivienda social.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

El Tribunal Supremo confirmó que las parejas del mismo sexo tenían derecho a la vida familiar, que en determinadas circunstancias incluía el derecho a recibir idéntico trato que las parejas casadas de distinto sexo. No obstante, también resolvió que el matrimonio contraído en el extranjero entre personas del mismo sexo carecía de validez en el ordenamiento jurídico italiano.

Personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes

En vista de que muchos refugiados y solicitantes de asilo –incluidos menores de edad– continuaban expuestos a la miseria y la penuria económica, algunos tribunales de países de la Unión Europea paralizaron su devolución a Italia en aplicación del Reglamento Dublín. Con frecuencia, las autoridades no abordaban las necesidades de estas personas ni protegían sus derechos.

Las condiciones imperantes en los centros de reclusión de inmigrantes irregulares distaban mucho de cumplir las normas internacionales. Según fuentes, en muchas ocasiones no se respetaban las garantías legales para la devolución de migrantes irregulares a sus países de origen. Los trabajadores migrantes eran frecuentemente explotados, estaban expuestos a sufrir abusos y seguían sin tener acceso adecuado a la justicia. Las políticas de migración de Italia no respetaban el derecho de los migrantes al trabajo, a unas condiciones laborales justas y favorables y a la justicia. En septiembre, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa criticó el trato que recibían refugiados, migrantes y solicitantes de asilo y, en concreto, la falta de medidas de integración para los refugiados y su situación de miseria, las degradantes condiciones de reclusión de los migrantes irregulares y el riesgo de sufrir abusos como consecuencia de acuerdos alcanzados con países como Libia, Egipto y Túnez.

  • El Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió en febrero que, al hacer retroceder a migrantes y solicitantes de asilo africanos en alta mar, Italia había violado su obligación de no devolver personas a países en los que corrían peligro de sufrir abusos, contraída en virtud de las normas internacionales de derechos humanos. En la causa Hirsi Jamaa and Others v. Italy, el Tribunal examinó la difícil situación de 24 personas procedentes de Somalia y Eritrea, que estaban entre más de 200 personas interceptadas en el mar por las autoridades italianas en 2009 y obligadas a regresar a Libia. En septiembre, el Consejo de Europa inició los procedimientos para examinar los progresos de Italia en la ejecución de la sentencia.

Italia firmó un nuevo acuerdo con Libia sobre control de la migración el 3 de abril. Las autoridades italianas habían pedido el apoyo de Libia para contener los flujos de migración pasando por alto que los refugiados, migrantes y solicitantes de asilo seguían expuestos a sufrir graves abusos contra los derechos humanos en aquel país. En virtud del acuerdo, Libia se comprometió a reforzar sus controles fronterizos para impedir la salida de migrantes de su territorio, a la vez que Italia aportaba formación y material para reforzar la vigilancia de las fronteras. El acuerdo no incluía garantías efectivas de protección de los derechos humanos ni tenía en cuenta la necesidad de protección internacional de los migrantes.

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Seguridad y medidas antiterroristas

El 19 de septiembre, el Tribunal Supremo confirmó las sentencias condenatorias dictadas en apelación contra 22 agentes de la CIA, un militar estadounidense y dos agentes de los servicios secretos italianos por el secuestro de Usama Mostafa Hassan Nasr (conocido como Abu Omar) en Milán en febrero de 2003; Abu Omar había sido trasladado posteriormente por la CIA a Egipto, donde, según afirmaba, lo habían torturado. Todos los ciudadanos estadounidenses fueron juzgados in absentia. El Tribunal Supremo ordenó también que dos altos cargos del organismo de inteligencia italiano y otros tres altos funcionarios volvieran a ser juzgados por su implicación en el secuestro. El Tribunal de Apelación de Milán había desestimado los cargos contra ellos en diciembre de 2010 ante la afirmación del gobierno de que no debían revelarse pruebas fundamentales por razones de “secreto de Estado”. Se pidió a este tribunal que reconsiderara el alcance y los límites del “secreto de Estado” y aclarara cómo iba a aplicarse en el nuevo juicio.

También en septiembre, el Parlamento Europeo pidió a Italia y a otros Estados miembros de la Unión Europea que revelaran toda la información necesaria sobre todos los aviones sospechosos de participar en los programas de entrega y detención secreta dirigidos por la CIA, que investigaran eficazmente el papel de los gobiernos en las operaciones de la CIA y que respetaran el derecho a la libertad de información y respondieran adecuadamente a las peticiones de acceso a información.

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Tortura y otros malos tratos

En octubre, el Parlamento aprobó la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura, pero Italia no tipificó la tortura como delito en su Código Penal, como exige la Convención. No se adoptaron medidas sistémicas para prevenir las violaciones de derechos humanos a manos de la policía y garantizar rendición de cuentas por tales abusos. Las condiciones de reclusión y el trato que recibían los detenidos en muchas cárceles y otros centros de detención eran inhumanos y violaban, entre otros, su derecho a la salud. El Senado publicó en abril un informe sobre el estado de las prisiones y los centros de reclusión de migrantes en el que se documentaban condiciones graves de hacinamiento, falta de respeto a la dignidad humana e incumplimiento de otras obligaciones internacionales.

Juicios relacionados con la cumbre del G-8 en Génova

El Tribunal Supremo ratificó el 5 de julio las 25 sentencias condenatorias dictadas en apelación contra altos funcionarios y agentes de policía responsables de torturas y otros malos tratos sufridos por manifestantes el 21 de julio de 2001. Los funcionarios habían sido declarados culpables de falsificar documentos de detención y condenados a entre 3 años y 8 meses y 5 años de prisión. Sin embargo, no se encarceló a ninguno debido a una ley destinada a rebajar los índices de población reclusa, que permitía reducir las penas en 3 años, aunque todos fueron apartados del servicio durante 5 años. Las sentencias condenatorias dictadas en apelación contra nueve agentes por lesiones graves quedaron anuladas al haber prescrito el delito antes de concluir el proceso de apelación ante el Tribunal Supremo por lo que, además, no fueron apartados del servicio. Estaban previstas actuaciones disciplinarias contra todos los agentes declarados culpables, incluidos los autores de los delitos prescritos.

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Homicidios ilegítimos

Debido a deficiencias en las investigaciones de una serie de muertes bajo custodia, los agentes de policía y guardias penitenciarios implicados no tuvieron que rendir cuentas. La asignación de armas de fuego sin las debidas garantías a la policía municipal y su uso de manera incompatible con el derecho internacional eran motivo de preocupación.

  • El chileno Marcelo Valentino Gómez Cortés, de 28 años, estaba desarmado cuando, el 13 de febrero, un agente de la policía municipal de Milán lo mató de un disparo. En octubre, el agente fue declarado culpable de homicidio en primera instancia y condenado a 10 años de cárcel. Recurrió la sentencia. Desde el suceso tenía asignadas tareas administrativas y se le había revocado la licencia de armas.
  • En marzo, un guardia penitenciario fue declarado culpable de falsificación de documentos y denegación de auxilio a Aldo Bianzino, quien había muerto en la cárcel de Perugia en 2007 dos días después de su arresto. Se le impuso una condena condicional de 18 meses de privación de libertad. En el juicio quedaron de manifiesto errores en la investigación inicial sobre la muerte. La familia de la víctima siguió haciendo campaña en favor de la reapertura de la causa.
  • Un juez de primera instancia absolvió en abril a un médico acusado de homicidio involuntario por prescribir un tratamiento médico equivocado a Giuseppe Uva, quien había muerto al poco tiempo de que la policía le diera el alto en Varese en 2008. El juez ordenó llevar a cabo otra investigación centrada en el periodo transcurrido desde el momento en que la policía había dado el alto a Giuseppe Uva hasta su llegada al hospital. Los exámenes forenses realizados en diciembre de 2011 revelaban que la víctima podía haber sufrido violación y malos tratos.
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Violencia contra mujeres y niñas

La violencia contra las mujeres siguió siendo generalizada, con unos 122 homicidios registrados en el año. La relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer señaló en junio que, a pesar de los avances en la legislación y las políticas adoptadas, los homicidios no habían remitido y recomendó, entre otras cosas, la creación de una institución nacional de derechos humanos independiente y con un departamento dedicado a los derechos de las mujeres, la adopción de una ley para combatir la violencia contra las mujeres y la reforma del delito de migración irregular para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres migrantes en situación irregular.

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Novedades jurídicas, constitucionales e institucionales

El Parlamento aprobó en diciembre, con bastante retraso, la legislación necesaria para aplicar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que Italia había ratificado en 1999. Se introdujeron medidas para regular la cooperación judicial con la Corte.

También en diciembre, la comisión parlamentaria que examinaba un proyecto de ley destinado a la creación de una institución nacional de derechos humanos concluyó que la inminencia de las elecciones parlamentarias hacía imposible aprobar en esa sesión el proyecto, que ya había superado un largo debate parlamentario en la Cámara Alta. El Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos y otros organismos internacionales habían criticado a Italia en múltiples ocasiones por no establecer una institución nacional de derechos humanos conforme a las normas internacionales.

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