Israel y los Territorios Palestinos Ocupados
Jefe del Estado
Simón Peres
Jefe del gobierno
Benjamín Netanyahu

Las autoridades israelíes mantenían recluidas a más de 4.500 personas palestinas, de las que 178 estaban sometidas a detención administrativa al final del año. La cifra había descendido temporalmente ante las protestas de Palestina y la comunidad internacional. Se denunciaron tortura y otros malos tratos a detenidos, infligidos al practicar la detención y durante el interrogatorio. El bloqueo militar israelí de la Franja de Gaza continuó afectando gravemente a sus 1,6 millones de habitantes. En noviembre, Israel lanzó una campaña militar contra grupos armados palestinos que disparaban cohetes de forma indiscriminada desde Gaza hacia Israel; se prolongó durante ocho días y en ella murieron más de 160 personas palestinas y 6 israelíes, muchas de ellas civiles. Ambos bandos vulneraron el derecho internacional humanitario durante el conflicto. Las autoridades israelíes continuaron restringiendo la circulación de la población palestina de Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, y prosiguieron con la construcción de la valla/muro y la expansión de los asentamientos israelíes ilegales, sin proteger, además, a la población palestina ni sus bienes frente a la violencia de los colonos. También continuaron llevando a cabo desalojos forzosos y demoliciones de viviendas palestinas. El ejército israelí siguió haciendo un uso excesivo de la fuerza contra manifestantes en los Territorios Palestinos Ocupados; además del centenar de civiles muertos durante el conflicto de noviembre en Gaza, las fuerzas israelíes mataron a lo largo del año al menos a otros 35 en los Territorios Palestinos Ocupados. La población palestina de ciudadanía israelí sufría discriminación en el derecho a la vivienda y a la residencia; continuaron las demoliciones de viviendas, especialmente en la región del Néguev/Naqab. Miles de personas que buscaban protección internacional fueron sometidas a detención administrativa en virtud de una nueva ley que entró en vigor en junio. Las fuerzas israelíes responsables de matar y herir a civiles palestinos o de someter a tortura y otros malos tratos a personas detenidas continuaron eludiendo la rendición de cuentas.

Información general

No se reanudaron las negociaciones entre Israel y la Autoridad Palestina. En noviembre empeoraron las relaciones, cuando la Asamblea General de la ONU reconoció a Palestina como Estado observador sin categoría de miembro. En respuesta, Israel anunció planes de expansión de los asentamientos y retuvo los aranceles aduaneros que debía a la Autoridad Palestina. En marzo, Israel había retirado su colaboración al Consejo de Derechos Humanos de la ONU al decidir éste enviar una misión para “investigar las repercusiones” de los asentamientos israelíes en la población palestina de los Territorios Palestinos Ocupados.

En julio, a pesar de las contundentes conclusiones en sentido contrario a las que se había llegado en el ámbito jurídico internacional, un comité designado por el gobierno determinó que los asentamientos israelíes de Cisjordania no vulneraban el derecho internacional y recomendó al gobierno que reconociera oficialmente como tales los puestos de avanzada establecidos sin autorización por colonos. Por primera vez en siete años se crearon 14 puestos de avanzada y asentamientos nuevos con el respaldo de las autoridades israelíes.

A lo largo del año y de forma periódica, las fuerzas militares israelíes lanzaron ataques aéreos contra Gaza, y grupos armados palestinos atacaron Israel con cohetes. Israel continuó utilizando fuego real para obligar a que se respetasen las aguas territoriales y las “zonas de exclusión” terrestres y marítimas dentro del perímetro de Gaza, lo que causó la muerte de al menos seis civiles y heridas a otros. Dirigentes israelíes propugnaron públicamente el bombardeo de instalaciones nucleares iraníes.

En junio, extremistas procedentes de Egipto mataron a un civil israelí.

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Libertad de circulación: bloqueo de Gaza y restricciones en Cisjordania

Las innumerables restricciones a la circulación de los palestinos impuestas por las autoridades israelíes constituían un castigo colectivo a la población de Gaza y Cisjordania y, por tanto, una vulneración del derecho internacional. La circulación de la población palestina se veía restringida por la valla/muro y por más de 500 barreras y puestos de control israelíes en Cisjordania, especialmente en Jerusalén Oriental, parte de Hebrón, el valle del Jordán y las zonas cercanas a los asentamientos. Los palestinos estaban obligados a solicitar permiso a las autoridades israelíes, mientras que los israelíes, incluidos los colonos, tenían libertad de circulación en estas zonas. Continuamente se recibían informes de acoso y abusos a palestinos por parte de personal israelí en los puestos de control. Las restricciones a la circulación también impedían que la población palestina accediese a atención médica, agua y tierras de cultivo.

El bloqueo militar israelí de la Franja de Gaza, que entró en su sexto año, seguía afectando gravemente a infraestructuras básicas como el agua, el saneamiento y el suministro eléctrico. Israel seguía limitando estrictamente las exportaciones y las importaciones de Gaza, lo que asfixiaba la economía y fomentaba el peligroso contrabando subterráneo desde Egipto, que siguió causando muertes entre quienes utilizaban los túneles. A pesar de las continuas restricciones, el número de personas que pudieron viajar a través de Rafá, el paso fronterizo con Egipto, aumentó con respecto a años anteriores; sin embargo, los permisos de viaje a Cisjordania seguían siendo escasos y difíciles de conseguir, incluso para los enfermos que necesitaban tratamiento médico urgente. En septiembre, el Tribunal Superior de Justicia de Israel ratificó la política de separar Gaza de Cisjordania al rechazar la petición de una mujer de Gaza que deseaba estudiar en universidades de Cisjordania.

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Desalojos forzosos y demoliciones

En más del 60 por ciento de Cisjordania, en lo que se conocía como la zona C, el ejército israelí conservaba el control en materia de urbanismo, ordenación del territorio y seguridad y, con frecuencia, demolía viviendas palestinas. Se destruyeron en torno a 604 estructuras –de las cuales un tercio eran casas–, incluídos 36 depósitos de agua, lo que provocó el desalojo forzoso de cerca de 870 palestinos y afectó al menos a 1.600 más. Continuaron perpetrándose con casi total impunidad ataques de colonos israelíes contra residentes palestinos y sus bienes. La Administración de Tierras de Israel y los organismos municipales llevaron a cabo frecuentes demoliciones de viviendas de ciudadanos palestinos de Israel, especialmente en los pueblos “no reconocidos” oficialmente de la región del Néguev.

  • En Cisjordania, el ejército demolió reiteradamente viviendas, depósitos de agua y corrales en Umm al Jeir y otras localidades del sur de los montes de Hebrón, y amenazó con demoler totalmente pueblos como Al Aqaba, Jirbet Tana, Humsa y Hadidiya.
  • Tras decenas de demoliciones anteriores, llevadas a cabo desde julio de 2010, la Administración de Tierras de Israel ordenó la demolición de tiendas de campaña y otras estructuras en Al Araqib, pueblo “no reconocido” del Néguev, en 13 ocasiones a lo largo de 2012.
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Impunidad

Las autoridades volvieron a abstenerse de investigar de manera independiente los homicidios de civiles palestinos cometidos por soldados israelíes en Gaza y Cisjordania o de procesar a los responsables. Continuó la impunidad de los crímenes de guerra cometidos por fuerzas israelíes durante la operación “Plomo Fundido” de 2008-2009, y nada apuntaba a que se fueran a llevar a cabo investigaciones independientes sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto de noviembre de 2012 entre Gaza e Israel. Las investigaciones policiales sobre actos de violencia de colonos israelíes contra palestinos raramente daban lugar a procesamientos.

  • En mayo, las autoridades militares cerraron la investigación sobre el homicidio de 21 miembros de la familia Samouni, incluidos niños y niñas de corta edad, durante la operación “Plomo Fundido”. Al parecer, habían muerto a causa de un bombardeo cuando se encontraban refugiados en una casa a la que se habían trasladado por orden de soldados israelíes. Las autoridades resolvieron que las muertes no se habían debido a negligencia de las tropas israelíes.
  • En agosto, un soldado que había matado a tiros a dos mujeres palestinas que portaban una bandera blanca durante la operación “Plomo Fundido” fue condenado a 45 días de cárcel por “uso ilegal de un arma”, tras un acuerdo de sentencia entre el fiscal y la defensa.
  • El 28 de agosto, un tribunal de Haifa eximió a las autoridades israelíes de responsabilidad en la muerte de la activista estadounidense Rachel Corrie, que había muerto atropellada en 2003 cuando protestaba contra la demolición de viviendas en Rafá, Gaza.
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Operación “Pilar Defensivo”

El 14 de noviembre, fuerzas israelíes lanzaron una importante operación militar contra Gaza, que comenzó con un ataque aéreo en el que murió el líder del brazo militar de Hamás. Durante los ocho días siguientes, antes del alto el fuego al que se llegó el 21 de noviembre con la mediación de Egipto, perdieron la vida más de 160 palestinos, incluidos más de 30 niños y niñas y aproximadamente otros 70 civiles, así como 6 israelíes, entre ellos 4 civiles. Ambos bandos cometieron crímenes de guerra y otras violaciones del derecho internacional humanitario. La fuerza aérea israelí lanzó bombas y misiles contra zonas residenciales en ataques que en ocasiones fueron desproporcionados y se saldaron con un gran número de víctimas civiles. Otros ataques dañaron o destruyeron bienes civiles, instalaciones de medios de comunicación, edificios gubernamentales y comisarías. En la mayoría de los casos, Israel no ofreció pruebas de que estos lugares concretos se hubiesen utilizado con fines militares. La marina israelí lanzó ataques de artillería indiscriminados contra zonas costeras habitadas. El brazo militar de Hamás y otros grupos armados palestinos dispararon cohetes y otros proyectiles sobre Israel y causaron la muerte de civiles y daños a bienes civiles.

  • El 18 de noviembre, 10 miembros de la familia Al Dalu –entre ellos 4 niños menores de ocho años, una adolescente y 4 mujeres–, y 2 vecinos suyos murieron cuando su casa resultó alcanzada en un ataque aéreo israelí contra la ciudad de Gaza. Portavoces del ejército de Israel hicieron declaraciones dispares, en las que afirmaron que el ataque había sido un accidente o que su objetivo era un extremista, pero dieron nombres distintos al referirse al blanco y no ofrecieron datos que respaldasen sus aseveraciones.
  • El 19 de noviembre, Mohammed Abu Zur, de cinco años, y dos tías suyas perdieron la vida y decenas de personas resultaron heridas, durante un ataque aéreo israelí contra la casa de sus vecinos.
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Reclusión sin juicio

A lo largo del año, más de 320 palestinos de los territorios palestinos ocupados estuvieron sometidos a detención administrativa sin cargos ni juicio, aunque la cifra disminuyó considerablemente tras una huelga de hambre generalizada (véase infra el apartado sobre Condiciones de reclusión). Varios palestinos excarcelados durante un intercambio de prisioneros en 2011 fueron detenidos de nuevo por orden de una comisión militar y estuvieron recluidos durante largos periodos sin que se presentaran cargos contra ellos ni se restablecieran formalmente sus anteriores condenas.

  • En abril, Hana Shalabi, residente en Cisjordania que acababa de pasar 43 días en huelga de hambre para protestar por la detención administrativa a la que estaba sometida desde febrero de 2012, fue trasladada a Gaza, probablemente contra su voluntad, en donde debía permanecer al menos tres años.
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Condiciones de reclusión

El 17 de abril, alrededor de 2.000 palestinos detenidos y presos iniciaron una huelga de hambre para protestar por sus condiciones de reclusión, incluido el uso del régimen de aislamiento, la detención sin cargos ni juicio y la negación de las visitas de familiares. El 14 de mayo dieron por finalizada la huelga de hambre tras llegar a un acuerdo con el gobierno israelí con la mediación de Egipto; en el acuerdo, las autoridades israelíes accedían a poner fin a la reclusión en régimen de aislamiento de 19 presos y a levantar la prohibición de las visitas de familiares que pesaba sobre los presos de Gaza. Al concluir 2012 había aún dos presos palestinos recluidos en régimen de aislamiento desde hacía mucho tiempo, y seguía utilizándose la reclusión en régimen de aislamiento durante periodos como forma de castigo.

  • Hassan Shuka estaba recluido en la prisión de Ketziot, en el sur de Israel, sometido a detención administrativa sin cargos ni juicio desde el 17 de septiembre de 2010; las únicas visitas de familiares que se le permitieron fueron las de sus hermanas, de 14 y 8 años, ya que se prohibió la entrada en Israel de otros familiares.
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Tortura y otros malos tratos

Palestinos detenidos denunciaron torturas y otros malos tratos, infligidos durante su interrogatorio por la Agencia de Seguridad de Israel, entre ellos actos como mantenerlos con las extremidades sujetas con ataduras o grilletes que les causaban dolor, inmovilizarlos en posturas forzadas, privarlos del sueño y someterlos a amenazas e insultos. Durante su interrogatorio, se negó a detenidos el acceso a sus abogados durante días o, a veces, semanas. El personal del Servicio de Instituciones Penitenciarias israelí sometió a malos tratos a detenidos que llevaban mucho tiempo en huelga de hambre y les negó reiteradamente el acceso a médicos independientes.

Las autoridades no llevaron a cabo investigaciones independientes sobre las denuncias de tortura a detenidos por parte de la Agencia de Seguridad de Israel, agravando el clima de impunidad. Las investigaciones eran competencia del controlador de las Denuncias de los Interrogados, que pertenecía a la Agencia de Seguridad de Israel, a pesar de que el fiscal general había decidido en noviembre de 2010 que pasase a depender del Ministerio de Justicia. Se prorrogó el uso de la ley que eximía a la Agencia de Seguridad y la policía israelíes de grabar los interrogatorios de personas detenidas por motivos de “seguridad”, casi todas las cuales eran palestinas; la medida contribuyó a perpetuar la impunidad de la tortura y otros malos tratos. A pesar de que se presentaron más de 700 denuncias relativas al periodo comprendido entre 2001 y 2012, al concluir 2012 sólo se había iniciado una investigación criminal.

  • Samer al Barq se declaró en huelga de hambre tres veces desde abril de 2012 para protestar por su detención administrativa, ordenada en julio de 2010, y las duras condiciones del centro médico penitenciario de Ramla. Los guardias de la prisión lo sometieron a malos tratos, golpeándolo e insultándolo, y le negaron atención médica especializada.
  • Dirar Abu Sisi, ingeniero de Gaza que en febrero de 2011 había sido trasladado a la fuerza a Israel desde Ucrania, inició su segundo año de reclusión en régimen de aislamiento y sin visitas de familiares en la prisión de Shikma, cerca de Asquelón. Según la información disponible, se encontraba mal de salud y se le había negado el tratamiento médico necesario. Su abogado y su familia denunciaron que lo habían obligado, bajo tortura, a “confesar” que había diseñado cohetes para el brazo militar de Hamás.
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Libertad de expresión y de reunión

Soldados israelíes dispararon a menudo con fuego real contra manifestantes palestinos en zonas situadas dentro del perímetro de Gaza y ejercieron fuerza excesiva de forma habitual contra manifestantes en Cisjordania, debido a lo cual murieron al menos cuatro personas. Tal y como documentaron grupos locales de derechos humanos, soldados israelíes también dispararon botes de gas lacrimógeno directamente contra manifestantes pacíficos, a los que causaron heridas graves. Además, las autoridades hicieron un uso excesivo de la fuerza contra manifestaciones en Israel.

  • Mahmoud Zaqout perdió la vida y decenas de manifestantes resultaron heridos el 30 de marzo, cuando soldados israelíes dispararon fuego real durante protestas organizadas con motivo del “Día de la Tierra” cerca del cruce de Erez, en Gaza, e hicieron un uso excesivo de la fuerza contra varias manifestaciones convocadas en Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental.
  • Las fuerzas de seguridad detuvieron a más de 100 personas e hicieron un uso excesivo de la fuerza para dispersar a centenares de manifestantes israelíes que se reunieron en Tel Aviv el 22 y el 23 de junio con el fin de pedir una reducción en el coste de la vivienda y mejoras en la atención de la salud y la educación.
  • En octubre, el activista Bassem Tamimi fue encarcelado por segunda vez en 2012 por participar en protestas pacíficas contra los asentamientos israelíes. En noviembre fue condenado a cuatro meses de cárcel en un juicio sin garantías.
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Objeción de conciencia

Al menos seis ciudadanos israelíes fueron enviados a prisión al negarse a ingresar en el ejército por motivos de conciencia. Uno de ellos, Natan Blanc, seguía recluido al final del año.

  • Noam Gur fue detenida el 17 de abril por negarse a cumplir el servicio militar. Cumplió sendas penas de 10 días en prisión en abril y mayo.
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Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Se seguía negando el acceso a procedimientos justos de determinación de la condición de refugiado a personas que solicitaban protección internacional, que estaban expuestas a ser detenidas. Se encarceló a miles de solicitantes de asilo con arreglo a la Ley de Prevención de la Infiltración, que entró en vigor en junio tras ser aprobada en enero. La ley, que contravenía el derecho internacional sobre refugiados, facultaba a las autoridades para detener automáticamente a los solicitantes de asilo y a otras personas que entrasen en Israel de forma irregular y recluirlos durante un mínimo de tres años, y permitía la detención indefinida en algunos casos. Al concluir el año, las autoridades estaban ampliando el número de plazas para personas detenidas en el desierto del Néguev con el fin de dar cabida a más de 11.000, y había al menos 2.400 solicitantes de asilo detenidos, muchos de ellos en tiendas.

  • Centenares de solicitantes de asilo fueron expulsados a Sudán del Sur sin permitirles acceder a procedimientos de asilo individuales, justos, coherentes y transparentes.
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