Irán
Jefe del Estado
ayatolá Sayed Alí Jamenei, líder de la República Islámica de Irán
Jefe del gobierno
presidente Mahmud Ahmadineyad

Las autoridades siguieron restringiendo severamente la libertad de expresión, reunión y asociación. Se detuvo de forma arbitraria, se recluyó en régimen de incomunicación, se encarceló tras juicios injustos y se prohibió viajar al extranjero a disidentes y a defensores y defensoras de los derechos humanos, incluidos los derechos de las minorías y las mujeres. Había decenas de presos y presas políticos y de conciencia. La tortura y los malos tratos eran habituales y quedaban impunes. Las mujeres, las minorías étnicas y religiosas y las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales estaban discriminadas en la ley y en la práctica. Seguían imponiéndose crueles penas judiciales de flagelación y amputación. Fuentes oficiales reconocieron 314 ejecuciones, pero se registró un total de 544. La cifra real podía ser bastante más elevada.

Información general

El programa nuclear de Irán siguió provocando tensión internacional. La ONU, la Unión Europea y algunos gobiernos, en especial Estados Unidos, mantuvieron las sanciones existentes y, en algunos casos, impusieron más, entre ellas, prohibiciones de viaje a presuntos responsables de violaciones de derechos humanos. Se agravaron la inseguridad alimentaria y las dificultades económicas.

Fueron descartados miles de posibles candidatos a las elecciones parlamentarias de marzo.

En marzo se prorrogó un año más el mandado del relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Irán. Tanto él como el secretario general de la ONU publicaron informes en los que señalaban violaciones generalizadas de derechos humanos, como vulneración del Estado de derecho e impunidad.

Tras la reforma del Código Penal aprobada en febrero por el Parlamento, siguió permitiéndose la imposición de penas crueles, inhumanas y degradantes y de castigos que no se basaban en el derecho codificado, así como la impunidad de la violación en algunas circunstancias. Tampoco se prohibieron la pena de muerte para personas condenadas por delitos cometidos cuando eran menores de edad ni las ejecuciones por lapidación. Al terminar el año no había entrado en vigor el Código Penal reformado.

En diciembre, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución por la que se instaba al gobierno de Irán a mejorar los derechos humanos en el país.

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Libertad de expresión, de asociación y de reunión

Las autoridades seguían restringiendo severamente las libertades de expresión, asociación y reunión. Tomaron medidas para crear un sistema nacional de Internet sujeto a control, sometían a vigilancia regular la comunicación telefónica, bloqueaban sitios web, interferían la emisión de canales extranjeros y actuaban con dureza contra quienes expresaban abiertamente sus opiniones. Se hostigó y detuvo a profesionales de los medios de comunicación y a blogueros. Se encarceló u hostigó a activistas estudiantiles y a miembros de minorías, a los que se prohibió en algunos casos cursar estudios superiores. Continuaban en prisión decenas de presos de conciencia detenidos en años anteriores, a los que se sumaron otros condenados en 2012.

  • Shiva Nazar Ahari, periodista, activista de derechos humanos e integrante del Comité de Reporteros por los Derechos Humanos, empezó en septiembre a cumplir una condena de cuatro años de prisión. En octubre se declaró en huelga de hambre, junto con otras ocho presas de conciencia, para protestar por los presuntos abusos a que las sometía el personal de la prisión de Evín (Teherán).
  • Abbas Khosravi Farsani, estudiante de la Universidad de Isfahán, fue detenido el 21 de junio por haber criticado a las autoridades en un libro y en su blog. Lo obligaron a “confesar” cargos como “atentar contra la seguridad nacional al provocar inquietud pública y publicar mentiras”, “insultar al líder supremo” y “pertenecer a un grupo de oposición vinculado a Israel”. Quedó en libertad 20 días más tarde, pero se le prohibió reanudar sus estudios en la universidad. Al finalizar el año continuaba en espera de juicio.

Decenas de sindicalistas independientes se hallaban recluidos por sus actividades sindicales pacíficas.

  • En febrero se comunicó a Reza Shahabi, tesorero del sindicato de trabajadores de una empresa de autobuses y recluido desde 2010, que había sido condenado a seis años de prisión por “reunión y colusión” con objeto de menoscabar la “seguridad del Estado” y “difusión de propaganda contra el sistema”. Según la información recibida, su salud se había deteriorado, tras haber sufrido torturas y negación de asistencia médica inmediata.
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Detención y reclusión arbitrarias

Quienes criticaban al gobierno o se oponían a él eran detenidos y recluidos de forma arbitraria por las fuerzas de seguridad. Pasaban largos periodos en régimen de incomunicación, y se les negaba la atención médica. Muchos eran torturados o sometidos a malos tratos. Decenas de personas detenidas por ese motivo fueron condenadas a prisión en juicios injustos.

Numerosas personas, detenidas tras haber criticado pacíficamente al gobierno en el marco de las protestas masivas de 2009-2011, continuaron todo el año en prisión o bajo arresto domiciliario. Muchas eran presos de conciencia.

  • Los líderes de oposición Mehdi Karroubi y Mir Hossein Mousavi, y la esposa de este último, Zahra Rahnavard, llevaban sometidos a arresto domiciliario desde febrero de 2011, cuando se les impuso dicha medida sin orden judicial.
  • En julio, Mansoureh Behkish, integrante de la ONG de derechos humanos Madres del Parque de Laleh, fue condenada en apelación a seis meses de prisión tras haber sido declarada culpable de atentar contra la seguridad del Estado “al haber constituido el grupo Madres en Duelo” y difundir “propaganda contra el sistema”. También recibió una condena condicional de 42 meses de prisión. Al concluir el año se hallaba en libertad.
  • En agosto, el bloguero Hossein Ronaghi Maleki fue detenido, junto con decenas de trabajadores de ayuda humanitaria y activistas de derechos humanos, en un campamento de socorro a las víctimas de los terremotos que habían sacudido la provincia de Azerbaiyán Oriental. Hossein Ronaghi Maleki, ex preso de conciencia, condenado en 2010 a 15 años de prisión, acababa de quedar en libertad por motivos de salud siete semanas antes, tras haber pagado una cuantiosa fianza. Según afirmó posteriormente, después de esta nueva detención fue torturado en un centro del Ministerio de Información en Tabriz. Quedó en libertad en noviembre.
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Defensores y defensoras de los derechos humanos

Los defensores y defensoras de los derechos humanos, incluidos abogados, sindicalistas, activistas de los derechos de las minorías y activistas de los derechos de las mujeres, seguían expuestos a sufrir hostigamiento, detención arbitraria y encarcelamiento tras juicio injusto. Muchas de estas personas, incluidas algunas condenadas en juicios injustos en años anteriores, eran presos de conciencia. Las autoridades intimidaban continuamente a las familias de los activistas.

  • Mohammad Sadiq Kabudvand, periodista y fundador de la Organización de Derechos Humanos de Kurdistán, seguía cumpliendo una condena de 10 años y medio por sus actividades periodísticas y de derechos humanos. Para protestar por la negativa de las autoridades a permitirle ver a su hijo, gravemente enfermo, en mayo y julio se declaró en huelga de hambre, con el consiguiente deterioro de su salud. Se le negó tratamiento médico adecuado.
  • Nasrin Sotoudeh, abogada que había representado, entre otras personas, a la Nobel de la Paz Shirin Ebadi, continuaba cumpliendo una condena de seis años de prisión impuesta en 2011, por “difusión de propaganda contra el sistema” y “pertenencia a un grupo ilegal con objeto de menoscabar la seguridad nacional”. Era presa de conciencia desde 2010. Pasó 49 días en huelga de hambre, a la que puso fin en diciembre, cuando las autoridades accedieron a levantar las restricciones que pesaban sobre su hija de 13 años.
  • Al concluir el año continuaban recluidos, como presos de conciencia, los abogados Mohammad Ali Dadkhah, Abdolfattah Soltani y Mohammad Seyfzadeh, cofundadores del Centro para los Defensores de los Derechos Humanos, clausurado por la fuerza a finales de 2008. Narges Mohammadi, presidenta ejecutiva del Centro, salió de prisión en julio, cuando se le concedió un permiso penitenciario temporal por razones médicas. En noviembre se impuso a la esposa de Abdolfattah Soltani una condena condicional de un año de prisión y se le prohibió salir del país durante cinco años por motivos relacionados con un premio de derechos humanos que había recibido su esposo.
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Juicios injustos

Se seguía sometiendo a juicio injusto ante tribunales revolucionarios y penales a personas inculpadas por motivos políticos o de otra índole, con frecuencia por cargos imprecisos, que no constituían delitos comunes reconocibles. Privadas a menudo de asistencia letrada, estas personas solían ser condenadas sobre la base de “confesiones” u otras informaciones obtenidas, presuntamente, mediante tortura. Los tribunales aceptaban dichas “confesiones” como prueba, sin investigar cómo se habían conseguido.

  • Mohammad Ali Amouri y otros cuatro miembros de la minoría árabe ahwazí fueron condenados a muerte en julio, tras haber sido declarados culpables de imprecisos cargos, como “enemistad con Dios y corrupción en la tierra”, que se castigaban con la pena capital. Llevaban hasta un año recluidos por su activismo en favor de la minoría árabe ahwazí. Según la información recibida, al menos cuatro de ellos fueron torturados y no tuvieron acceso a un abogado. Al concluir el año, aún no se había visto el recurso de apelación.
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Tortura y otros malos tratos

Las fuerzas de seguridad siguieron sometiendo impunemente a detenidos a torturas y malos tratos. Los métodos que solían denunciarse incluían palizas, simulacros de ejecución, amenazas, reclusión en espacios muy pequeños y negación de atención médica adecuada.

  • Saeed Sedeghi, empleado de comercio condenado a muerte por delitos relacionados con drogas, fue torturado en la prisión de Evín tras haberse aplazado su ejecución a raíz de protestas internacionales. Fue ahorcado el 22 de octubre.

Al menos ocho muertes ocurridas bajo custodia se debieron, posiblemente, a torturas, aunque ninguna de ellas fue objeto de una investigación independiente.

  • En noviembre, el bloguero Sattar Beheshti murió bajo custodia de la policía cibernética, tras haber presentado una denuncia por torturas. Las contradictorias explicaciones de las autoridades pusieron en tela de juicio la imparcialidad de la investigación judicial. Las fuerzas de seguridad presionaron a la familia del bloguero para que guardara silencio.
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Discriminación de las mujeres

Las mujeres seguían estando discriminadas en la ley y en la práctica: en el matrimonio y el divorcio, las herencias, la custodia de los hijos, la nacionalidad y los viajes internacionales. Las que no se ceñían al código indumentario impuesto se exponían a ser expulsadas de la universidad. Algunos centros de enseñanza superior comenzaron a segregar por sexos o restringieron o prohibieron el acceso de las mujeres al estudio de determinadas materias.

Seguía debatiéndose un proyecto de ley de protección familiar que agravaba la discriminación. El proyecto de Código Penal no abordaba la discriminación existente, pues mantenía, por ejemplo, que el testimonio de una mujer valía la mitad del de un hombre.

  • En octubre, Bahareh Hedayat, Mahsa Amrabadi y otras siete mujeres recluidas en la prisión de Evín se declararon en huelga de hambre para protestar por los humillantes registros corporales y la confiscación de objetos personales a los que las sometía el personal penitenciario. Posteriormente, 33 presas políticas firmaron una carta abierta en la que calificaban de abusos sexuales los registros de orificios corporales y exigían una disculpa de las autoridades penitenciarias, así como el compromiso de que no las volverían a someter a abusos.
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Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

Lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales seguían sufriendo discriminación en la legislación y en la práctica.

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Discriminación: minorías étnicas

Las minorías étnicas, como la árabe ahwazí, la azerbaiyana, la baluchi, la kurda y la turcomana, estaban discriminadas por ley y en la práctica, y se les negaba acceso en pie de igualdad con el resto de la ciudadanía iraní al empleo, a la educación y a otros derechos económicos, sociales y culturales. Continuó estando prohibido el uso de las lenguas minoritarias en organismos públicos y en la enseñanza. Quienes defendían los derechos de las minorías se enfrentaban a amenazas, detención y encarcelamiento.

  • Jabbar Yabbari y al menos otros 24 árabes ahwazíes fueron detenidos en abril durante manifestaciones convocadas en conmemoración de una protesta contra la discriminación que había tenido lugar en 2005.

Las autoridades no protegieron adecuadamente contra las agresiones a los refugiados afganos y obligaron a algunos a abandonar el país. En Isfahán, las autoridades locales prohibieron la entrada de ciudadanos afganos a un parque municipal.

Los activistas azerbaiyanos criticaron la respuesta de las autoridades iraníes al terremoto del 11 de agosto en Qaradagh (Azerbaiyán Oriental), que calificaron de lenta e inadecuada. Además, acusaron a las autoridades de haber restado importancia a la destrucción causada por el terremoto y al número de víctimas mortales que se había cobrado, y les reprocharon haber detenido a personas que colaboraban en las tareas de socorro. En septiembre, 16 activistas de los derechos de las minorías recibieron condenas condicionales de seis meses de prisión, tras haber sido declarados culpables de cargos relacionados con la seguridad por su trabajo de ayuda humanitaria.

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Libertad de religión o de creencias

Las autoridades discriminaban a las minorías no chiíes, incluidas otras comunidades musulmanas, a clérigos chiíes disidentes y a miembros de órdenes religiosas sufíes y de la comunidad Ahl-e-Haq, así como a otras minorías religiosas y asociaciones filosóficas, entre ellas las de musulmanes convertidos al cristianismo. Se intensificó la persecución de los bahaíes, que fueron demonizados por las autoridades y los medios de comunicación estatales.

  • El clérigo musulmán disidente Sayed Hossein Kazemeyni Boroujerdi continuaba cumpliendo la condena de 11 años de prisión que se le había impuesto en 2007. En abril, mayo y diciembre, las autoridades citaron a 10 de sus seguidores para interrogarlos. No se tuvo constancia de que se presentaran cargos contra ninguno de ellos.
  • En agosto, las autoridades detuvieron al menos a 19 musulmanes suníes en la provincia de Juzestán y a 13 en Azerbaiyán Occidental, al parecer a causa de sus creencias religiosas. Otros 8 fueron detenidos en la provincia de Kurdistán en octubre. Al final del año no se sabía si se habían presentado cargos contra alguno de ellos ni si los habían vuelto a interrogar.
  • Naderkhani, pastor cristiano detenido en 2009, había sido condenado a muerte tras haber sido declarado culpable de apostasía por un tribunal en 2010. El Tribunal Supremo confirmó la sentencia, pero ésta quedó anulada cuando se remitió el caso al líder supremo para que diera su opinión. Quedó en libertad en septiembre, tras haber pasado tres años en prisión por evangelizar a musulmanes.
  • Al menos 177 bahaíes –a quienes se les negaba el derecho a practicar su fe– fueron detenidos por sus creencias religiosas. Siete líderes comunitarios detenidos en 2009 seguían cumpliendo las condenas de 20 años de prisión que les habían impuesto por “espionaje para Israel” e “insultos a santidades religiosas”.
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Penas crueles, inhumanas o degradantes

Siguieron imponiéndose y ejecutándose penas de flagelación y amputación.

  • Según fuentes, el periodista y bloguero Siamak Ghaderi y otros 13 presos políticos fueron flagelados en agosto en la prisión de Evín. A él lo habían condenado a cuatro años de prisión y 60 latigazos por “insultar al presidente” y “difundir falsedades”, debido en parte a la publicación en su blog de varias entrevistas con personas de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales en 2007.
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Pena de muerte

Cientos de personas fueron condenadas a muerte. Se reconocieron oficialmente 314 ejecuciones. Fuentes fidedignas oficiosas indicaban que se habían llevado a cabo, como mínimo, 230 ejecuciones más, muchas de ellas en secreto, con lo que el total ascendía a 544. La verdadera cifra podía ser muy superior, mayor de 600.

De las ejecuciones reconocidas oficialmente, el 71 por ciento se habían impuesto por delitos relacionados con drogas y en juicios sin las debidas garantías. Muchas de las personas ejecutadas procedían de comunidades pobres y marginadas, incluida la afgana. Siguió dictándose la pena capital en casos de asesinato, violación, uso de armas de fuego durante la comisión de un delito, espionaje, apostasía y relaciones sexuales extraconyugales y entre personas del mismo sexo.

Hubo al menos 63 ejecuciones públicas. No se tuvo constancia de ninguna ejecución por lapidación, aunque había como mínimo 10 personas condenadas a muerte por lapidación.

  • Allahverdi Ahmadpourazer, musulmán suní perteneciente a la minoría azerbaiyana, fue ejecutado en mayo por presuntos delitos de drogas. Posiblemente había sido sometido a un juicio injusto.
  • Amir Hekmati, de doble nacionalidad iraní y estadounidense, fue condenado a muerte en enero tras haber sido declarado culpable de espionaje. Su presunta “confesión” fue emitida por la televisión estatal. En marzo, el Tribunal Supremo le revocó la condena. Continuaba en prisión, en espera de ser juzgado nuevamente.
  • En abril se comunicó a la familia de Hamid Ghassemi-Shall, de doble nacionalidad canadiense e iraní, que la ejecución de éste era inminente. No obstante, al concluir el año permanecía en prisión. Había pasado 18 meses en régimen de aislamiento y sin acceso a un abogado y, en diciembre de 2008, había sido condenado a muerte en un juicio injusto por “enemistad con Dios”, “espionaje” y “cooperación con un grupo de oposición ilegal”.
  • Tres miembros de la minoría kurda fueron ejecutados el 20 de septiembre en la prisión central de Urmía por sus actividades políticas.
  • Las autoridades suspendieron la condena a muerte impuesta a Saeed Malekpour, residente en Canadá, por “insultar y profanar el islam”. Esta acusación se debía a la publicación de imágenes pornográficas en Internet por parte de otras personas, que habían utilizado para ello, sin su conocimiento, un programa creado por Saeed Malekpour para publicar fotos en línea. Permanecía recluido desde su detención, en octubre de 2008. Sus denuncias de tortura no se habían investigado.
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Visitas

  • Desde 1979 no se permitía a Amnistía Internacional visitar Irán para investigar sobre la situación de los derechos humanos. En general, las autoridades no respondieron a las comunicaciones de la organización.