Irán - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in República Islámica de Irán

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Irán is now live »

Jefe del Estado y líder de la República Islámica de Irán
ayatolá Sayed Alí Jamenei
Jefe del gobierno y presidente
Mahmud Ahmadineyad
Pena de muerte
retencionista
Población
74,2 millones
Esperanza de vida
71,2 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
33/35 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
82,3 por ciento

Las elecciones presidenciales de junio, cuyo resultado fue muy cuestionado, estuvieron precedidas y sobre todo seguidas de una intensificación de las medidas contra las protestas políticas, que agudizó aún más la inveterada represión habitual. Las fuerzas de seguridad, en especial la milicia paramilitar Basij, hicieron uso excesivo de la fuerza contra manifestaciones, en las que murieron o resultaron heridas de gravedad decenas de personas. Las autoridades restringieron la libertad de expresión hasta límites sin precedentes, bloqueando la red de telefonía móvil y fija y la comunicación por Internet. Al concluir el año las personas detenidas superaban las 5.000, muchas de las cuales fueron sometidas a tortura –incluida presuntamente violación en algunos casos– u otros malos tratos bajo custodia. Varias de estas personas murieron a causa de las lesiones y decenas de ellas fueron luego procesadas en masivos “juicios mediáticos” manifiestamente injustos. La mayoría fueron condenadas a prisión, pero al menos a seis se les impuso la pena de muerte.

Las violaciones contra los derechos humanos cometidas en torno a las elecciones se perpetraron en un marco de fuerte represión que persistió a lo largo de 2009 y entre cuyas víctimas hubo personas pertenecientes a minorías étnicas o religiosas, estudiantes, defensores y defensoras de los derechos humanos y personas que propugnaban la reforma política. Las mujeres continuaban sufriendo una gran discriminación en la ley y en la práctica, y a quienes hacían campaña en favor de sus derechos se les hostigaba, detenía y encarcelaba. La tortura y otros malos tratos a personas detenidas seguían siendo práctica generalizada, y al menos 12 personas murieron bajo custodia. Se negaba sistemáticamente a las personas detenidas asistencia letrada, atención médica y acceso a sus familias, y muchas se enfrentaban a juicios injustos. Irán siguió siendo uno de los Estados con mayor índice de ejecuciones y uno de los pocos que ejecutaban todavía a personas que eran menores de edad en el momento en que se cometió el delito. Se ejecutó al menos a 388 personas, una de ellas por lapidación, y al menos cinco que eran menores de edad en el momento del delito.

Información general

Persistió la tensión internacional generada por el programa de enriquecimiento de uranio de Irán. En marzo, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó en votación prorrogar las sanciones económicas y políticas. En septiembre, el gobierno reveló la existencia de un centro de enriquecimiento de uranio hasta entonces desconocido.

Irán continuó acogiendo a casi un millón de refugiados, en su mayoría de Afganistán. Estas personas tenían limitado el acceso a los servicios sociales y a la educación.

Elecciones presidenciales: abusos generalizados

Las autoridades intensificaron la represión de quienes criticaban al gobierno o se oponían a él durante los meses previos a las elecciones presidenciales del 12 de junio, en las que el presidente en ejercicio, Mahmud Ahmadineyad, fue declarado oficialmente ganador. Sólo se permitió concurrir a ellas a 3 de los 474 aspirantes al cargo. Al conocerse el resultado oficial, comunicado el 13 de junio, estallaron multitudinarias protestas y centenares de miles de personas tomaron las calles. Se desplegó a las fuerzas de seguridad, en especial a la milicia paramilitar Basij, para suprimir las manifestaciones por la fuerza, sobre todo después de que el 19 de junio el líder supremo ordenara el cese de las protestas. Sin embargo, éstas continuaban al final del año en días significativos, como la festividad religiosa de la Ashura, el 27 de diciembre. Las autoridades bloquearon las líneas de telefonía móvil y la comunicación por Internet, incluidos los sitios de redes sociales, para impedir la difusión de información, e impidieron a los periodistas extranjeros informar de las manifestaciones, llegando a expulsar a algunos. El contenido de los periódicos fue controlado por agentes de seguridad. Las fuerzas de seguridad irrumpieron en recintos universitarios, donde algunos estudiantes resultaron heridos. Las autoridades acusaron a los gobiernos estadounidense y británico de organizar los disturbios, lo que ellos negaron.

Los tres candidatos a las elecciones derrotados denunciaron fraude electoral ante el organismo responsable de administrar el proceso electoral. Se llevó entonces a cabo un recuento parcial, pero la mayoría de las denuncias fueron desestimadas. El 5 de agosto, Mahmud Ahmadineyad tomó posesión de su cargo para un segundo mandato.

Homicidios ilegítimos

La milicia Basij y otras fuerzas de seguridad hicieron uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes, a los que golpearon con porras y arrollaron con motocicletas, causándoles lesiones. La autoridades dijeron que habían muerto 43 personas en las protestas, pero fuentes de la oposición afirmaron que la verdadera cifra probablemente superaba el centenar. Resultaron heridas centenares de personas.

  • Neda Agha Soltan, de 27 años, murió de un disparo recibido en una calle de Teherán el 20 de junio durante una manifestación. Su muerte fue filmada y se identificó al responsable como miembro de la milicia Basij, pero las autoridades acusaron a los medios de comunicación británicos y estadounidenses de ser los causantes. Los familiares de Neda Agha Soltan y otras personas fueron sometidos a hostigamiento e intimidaciones por agentes de las fuerzas de seguridad mientras lloraban su pérdida.

Detención y reclusión

Al final del año se había detenido tras las elecciones a bastantes más de 5.000 personas, entre las que había políticos de la oposición, periodistas, profesores universitarios, estudiantes, abogados, activistas de derechos humanos y militares. También estuvieron en el punto de mira de las autoridades las personas con doble nacionalidad o vinculadas a Estados Unidos o Reino Unido. Algunas fueron detenidas en manifestaciones; otras, en sus casas o en sus trabajos, y hubo también casos de personas heridas a las que se detuvo en el hospital. A la mayoría, si no a todas, se les negó la posibilidad de recibir asistencia letrada, y a muchas, el acceso a sus familias y la atención médica.

Centenares de personas detenidas quedaron en libertad al cabo de unos días o de semanas, pero decenas fueron acusadas formalmente de imprecisos delitos, como fomentar una “revolución de terciopelo” o cometer “actos contra la seguridad del Estado”, y fueron sometidas a “juicios mediáticos”.

  • Mohammad Ali Abtahi, Mohsen Aminzadeh, Said Hajjarian y al menos cuatro líderes políticos más fueron detenidos días después de las elecciones. Todos fueron considerados presos de conciencia. Said Hajjarian quedó en libertad bajo fianza en octubre, y Mohammad Ali Abtahi, en noviembre. Mohsen Aminzadeh continuaba bajo custodia al final del año.

Violación y otras torturas

Algunos detenidos fueron llevados al centro de detención de Kahrizak, al sur de Teherán, donde los sometieron a tortura y otros malos tratos. El lugar se hizo enseguida tan notorio por estos abusos, que el líder supremo ordenó su cierre en julio. Al terminar el año, 12 agentes se enfrentaban a juicio ante un tribunal militar por abusos, 3 de ellos por asesinato.

Aparecieron convincentes indicios de que algunas de las personas detenidas, tanto mujeres como hombres, habían sido violadas y sometidas a otras torturas bajo custodia, pero en vez de investigarlos de manera exhaustiva, las autoridades los negaron rápidamente, tras lo cual comenzaron a hostigar a esas personas y cerraron la oficina de un comité encargado de recoger testimonios de víctimas.

  • Ebrahim Sharifi, estudiante de 24 años, testificó que unos agentes de seguridad lo habían violado, golpeado brutalmente y sometido a un simulacro de ejecución durante la semana siguiente a su detención el 22 de junio. Intentó presentar una demanda judicial, pero tuvo que ocultarse porque tanto él como su familia fueron amenazados por agentes de seguridad. El 13 de septiembre, un tribunal desestimó su denuncia de violación y lo acusó de haberla inventado por razones políticas, tras lo que Ebrahim Sharifi huyó de Irán.
  • Mohsen Ruholamini, hijo de un asesor del candidato presidencial Mohsen Rezaei, murió el 23 de julio tras haber pasado alrededor de dos semanas en Kahrizak. El informe forense determinó que había sufrido un ataque cardiaco y una hemorragia interna y que lo habían golpeado reiteradamente con un objeto duro.

Juicios injustos

En agosto comenzaron a celebrarse en sucesivas sesiones masivos “juicios mediáticos” contra decenas de detenidos. Estos juicios fueron manifiestamente injustos. A la mayoría de los acusados, si no a todos, se les negó el acceso a abogados. Casi todos habían estado recluidos en régimen de incomunicación durante varias semanas, y, según informes, muchos habían sido torturados o sometidos a otros malos tratos antes de comparecer ante el tribunal. Los juicios se celebraron a puerta cerrada, pero la televisión estatal emitió algunas imágenes de ellos en las que se veía a los acusados hacer “confesiones” que parecían fruto de la coacción. Más de 80 personas fueron declaradas culpables y condenadas a cumplir hasta 15 años de prisión, y al menos otras 6 fueron condenadas a muerte.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

A lo largo del año se continúo sometiendo a defensores y defensoras de los derechos humanos –incluidos activistas de los derechos de las mujeres y de las minorías, profesionales del derecho y sindicalistas– a detención arbitraria, hostigamiento, procesamiento y juicio injusto. En algunos casos se les prohibió viajar al extranjero.

  • En abril, cinco líderes del sindicato de la empresa azucarera de Haft Tapeh fueron condenados a hasta seis meses de prisión tras haber sido declarados culpables de “propaganda contra el sistema” por criticar las condiciones de su lugar de trabajo en una entrevista concedida a periodistas extranjeros en 2008. Las condenas se confirmaron en apelación, y en noviembre comenzaron a cumplirlas.
  • Cinco miembros del Comité de Reporteros de Derechos Humanos fueron detenidos en diciembre y agentes de los servicios de inteligencia buscaban a otros miembros.

Discriminación de las mujeres

Las mujeres continuaron sufriendo discriminación en la ley y en la práctica, a pesar de haberse producido pequeñas mejoras. A las personas participantes en campañas en favor de los derechos de las mujeres, como las que desarrollaban actividades para la campaña “Un Millón de Firmas”, dirigida a poner fin a la discriminación jurídica, se las sometía a hostigamiento, detención y procesamiento, y se les prohibía viajar para recoger firmas en apoyo de sus demandas.

  • El 1 de febrero, Alieh Eghdam-Doust, miembro de la Campaña por la Igualdad, comenzó a cumplir la pena de tres años de prisión que le había sido impuesta por participar en una manifestación pacífica. Había sido detenida junto con muchas otras mujeres en una protesta contra la discriminación en junio de 2006 y fue la primera que comenzó a cumplir condena.

Libertad de expresión y asociación

Las autoridades bloquearon sitios web en los que se expresaban críticas, sobre todo blogs iraníes, y periódicamente bloquearon los sitios de medios de comunicación extranjeros que informaban sobre Irán. En abril advirtieron a los usuarios de SMS que los mensajes estaban “controlados” por una nueva ley de “delitos en Internet” promulgada en enero. También cerraron o siguieron prohibiendo decenas de periódicos, revistas y otros medios de comunicación impresos; sometieron a hostigamiento a periodistas críticos con el gobierno, y se infiltraron, para menoscabarlos, en grupos de la sociedad civil independientes, como la Sociedad de Partidarios de los Derechos Humanos de Isfahán. A centenares de estudiantes se les prohibió continuar con sus estudios por su activismo en la universidad.

  • Cuatro estudiantes de la Universidad Amir Kabir de Teherán fueron detenidos en sus casas el 24 de febrero por haber participado el día anterior en una manifestación pacífica contra la decisión del gobierno de enterrar restos de soldados en el campus para que la milicia Basij y otras fuerzas de seguridad pudieran acceder sin restricciones a los recintos universitarios. También se detuvo a otros estudiantes. Todos ellos quedaron en libertad sin cargos en julio.
  • Roxana Saberi, periodista con doble nacionalidad, estadounidense e iraní, detenida el 31 de enero, fue declarada culpable de “colaborar con un Estado hostil” en un juicio a puerta cerrada ante el Tribunal Revolucionario de Teherán el 18 de abril. Fue condenada a ocho años de cárcel, pero se le redujo la pena a dos años de prisión condicional tras numerosas críticas suscitadas por su caso dentro y fuera de Irán. Quedó en libertad el 12 de mayo, y se le permitió abandonar el país.
  • Los hermanos Arash y Kamiar Alaei, médicos especializados en el tratamiento y prevención del VIH/sida, fueron condenados en enero a seis y tres años de prisión, respectivamente, por “cooperar con un gobierno enemigo”. Habían sido juzgados a puerta cerrada el 31 de diciembre de 2008. No les informaron de los cargos ni de las pruebas contra ellos, ni les permitieron presentar ni interrogar a testigos. Ambos eran presos de conciencia, encarcelados por su colaboración profesional con instituciones médicas de Estados Unidos y otros países.

Discriminación

Minorías étnicas

Los miembros de las minorías étnicas de Irán continuaron siendo objeto de discriminación, así como de hostigamiento y encarcelamiento por propugnar un mayor respeto de los derechos sociales y culturales, incluido el derecho a la educación en la lengua materna. En junio, el gobierno anunció que iba a permitir el uso en cierta medida de las lenguas regionales en la educación superior.

Los miembros de las minorías árabe ahwazí y azerbaiyana continuaron sufriendo represión. En febrero se detuvo a miembros de la pequeña minoría azerbaiyana sunní que protestaban contra los cortes en el suministro de agua. Se detuvo y encarceló a miembros de la minoría kurda sospechosos de pertenecer a grupos armados de oposición prohibidos. Algunos fueron condenados a muerte, y al menos uno fue ejecutado, posiblemente como represalia por una serie de atentados contra funcionarios perpetrados en la provincia de Kurdistán en septiembre. En Sistán Baluchistán, provincia habitada por la minoría baluchi, musulmana sunní en su mayor parte, se intensificó la violencia a medida que aumentaron los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y miembros del Movimiento Popular de Resistencia de Irán, grupo político armado conocido también como Jondallah. El 18 de octubre murieron en un ataque del que se responsabilizó este grupo al menos 42 personas, entre las que había mandos de la Guardia Revolucionaria.

  • El 30 de mayo, dos días después de un atentado con explosivos perpetrado por el Movimiento Popular de Resistencia de Irán en una mezquita de Saldan y que mató al menos a 25 personas, se ejecutó públicamente cerca de la mezquita a tres hombres acusados de haber introducido clandestinamente los explosivos en Irán. Cuando se produjo el atentado, los tres estaban en prisión, acusados de otros ataques con explosivos.

Minorías religiosas

Los miembros de las minorías religiosas, incluidas algunas no reconocidas por el gobierno, continuaron siendo objeto de discriminación, hostigamiento, detenciones arbitrarias y actos contra bienes de sus comunidades. Entre ellos figuraban los clérigos musulmanes sunníes; los clérigos chiíes que propugnaban la separación del Estado y la religión; los miembros de las comunidades derviche y de Ahl e Haqq; los miembros de una asociación filosófica denominada Al e Yasin; los cristianos, y los miembros de la comunidad bahaí, que siguieron sin tener acceso a educación superior. Las personas que abjuraban del islam estaban expuestas a sufrir agresiones y a ser procesadas por “apostasía”, delito punible con la muerte.

  • Maryam Rostampour y Marzieh Amirizadeh Esmaeilabad, ambas conversas al cristianismo, fueron detenidas el 5 de marzo en Teherán por repartir ejemplares de la Biblia y participar en concentraciones religiosas. Ambas fueron consideradas presas de conciencia. Quedaron en libertad en noviembre después de que un Tribunal Revolucionario las absolviera en octubre del cargo de “atentar contra la seguridad del Estado”, pero continuaron acusadas de “apostasía” y “proselitismo” ante un Tribunal General.
  • Dos mujeres y cinco hombres bahaíes, detenidos en marzo y mayo de 2008, continuaron recluidos sin juicio en la prisión de Evín de Teherán. Los siete se enfrentaban a cargos de espionaje para Israel e “insultos a santidades religiosas y propaganda contra el sistema”. En mayo se comunicó a sus familias que habían sido acusados también de “corrupción en la tierra”, delito punible con la muerte.

Tortura y otros malos tratos

La tortura y otros malos tratos en prisión preventiva seguían siendo prácticas comunes, facilitadas por la negación sistemática del acceso a abogados y la impunidad de los funcionarios responsables de tales abusos. Según informes, se utilizaban métodos como propinar a los detenidos fuertes palizas, confinarlos en espacios muy pequeños, privarlos de luz, comida y agua y negarles sistemáticamente la atención médica. Se creía que al menos 12 personas habían muerto bajo custodia en 2009, a causa aparentemente de malos tratos o falta de atención médica adecuada. No se tuvo noticia de ninguna investigación sobre casos de presunta tortura, excepto en Kahrizak.

Penas crueles, inhumanas y degradantes

Se impusieron y se ejecutaron penas de flagelación y amputación judicial. En febrero, el Tribunal Supremo confirmó una condena consistente en verter ácido en los ojos a un hombre que había dejado ciega a una mujer de este modo.

Pena de muerte

Irán siguió teniendo uno de los índices de ejecuciones más altos del mundo. Se ejecutó al menos a 388 personas, entre ellas un hombre que murió lapidado y como mínino cinco personas condenadas por delitos cometidos cuando tenían menos de 18 años. Al menos 14 ejecuciones se llevaron a cabo en público. Se creía que la cifra real era aún más alta.

El número de ejecuciones registradas ascendió considerablemente durante los disturbios ocurridos entre las elecciones presidenciales del 12 de junio y la toma de posesión del presidente el 5 de agosto: se tuvo noticia de 112, una media de más de dos al día.

Las autoridades llevaron a cabo ejecuciones en gran escala en enero, marzo, julio y agosto, cuando se ejecutó a un total de 77 personas.

Al concluir el año había como mínimo 11 personas condenadas a muerte por lapidación y al menos 136 condenadas por delitos cometidos cuando eran menores de edad.

  • Delara Darabi, joven de 22 años declarada culpable de un delito que cometió presuntamente cuando tenía 17 años, fue ejecutada el 1 de mayo a pesar de una suspensión de la ejecución por dos meses ordenada por el presidente de la Magistratura.

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