Irán - Informe 2008 Amnistia Internacional

Human Rights in República Islámica de Irán

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Irán is now live »

Jefe del Estado y líder de la República Islámica de Irán : ayatolá Sayed Alí Jamenei
Jefe del gobierno y presidente : Dr. Mahmud Ahmadineyad
Pena de muerte : retencionista
Población : 71,2 millones
Esperanza de vida : 70,2 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 32/31 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada : 82,4 por ciento

Las autoridades continuaron reprimiendo la disidencia. Periodistas, personas conocidas por sus escritos o su erudición y activistas comunitarios y de los derechos de las mujeres fueron víctimas de detención arbitraria, impedimentos para viajar, cierre de sus ONG y hostigamiento. Siguió habiendo oposición armada, principalmente de grupos kurdos y baluchis, al igual que represión estatal contra las minorías de Irán. La discriminación contra las mujeres siguió estando muy arraigada en la legislación y en la práctica. La tortura y otros malos tratos eran generalizados  en las prisiones y los centros de detención. Una campaña de medidas de seguridad anunciada en abril se caracterizó por un acusado aumento del número de ejecuciones: al menos 335 personas fueron ejecutadas, entre ellas 7 que eran menores de edad en el momento del delito. Continuaron imponiéndose y aplicándose condenas a muerte por lapidación, amputación y flagelación.

Información general

El programa de enriquecimiento de uranio de Irán siguió siendo un foco de tensión internacional. Las autoridades israelíes y estadounidenses se negaron a descartar la posibilidad de llevar a cabo acciones militares contra Irán. En marzo, el Consejo de Seguridad de la ONU impuso nuevas sanciones al país. En septiembre, el gobierno de Estados Unidos calificó a la Guardia Revolucionaria de Irán de «organización terrorista» por su presunto apoyo a la insurgencia en Irak y Afganistán. En diciembre, agencias de inteligencia estadounidenses publicaron un informe en el que se afirmaba que Irán habían puesto fin en 2003 a todo programa de armas nucleares que pudiera tener. Ese mismo mes, la Asamblea General de la ONU condenó la situación de los derechos humanos en el país.

El ayatolá Meshkini, presidente de la Asamblea de Expertos, organismo encargado de supervisar el nombramiento del líder supremo, murió en julio. Fue sustituido por el ex presidente Hashemi Rafsanyani.

Un número creciente de iraníes se veían abocados a la pobreza a medida que la situación económica se fue deteriorando. En junio estallaron disturbios por haberse racionado la gasolina. En octubre, las fuerzas de seguridad pusieron fin por la fuerza a tres meses de huelga de los trabajadores de una fábrica de azúcar de Haft Tapeh, provincia de Juzestán, a quienes no se habían pagado salarios ni otras prestaciones. Junto con otros trabajadores y maestros, los empleados de Haft Tapeh celebraron grandes manifestaciones, en las que se practicaron detenciones.

Libertad de expresión

Se reprimió de manera generalizada la disidencia pacífica por medio de leyes redactadas con imprecisión y de severas prácticas. La respuesta a las manifestaciones consistió a menudo en detenciones masivas y juicios injustos. Las autoridades mantuvieron fuertes restricciones al acceso a Internet. Se detuvo y condenó a prisión o a flagelación a periodistas, intelectuales y autores de blogs, incluidas personas que tenían doble nacionalidad, y se cerraron varias publicaciones. En abril, el ministro de Información, Gholam Husein Elhami, acusó públicamente a los estudiantes y al movimiento de defensa de los derechos de las mujeres de participar en un intento de provocar el «derrocamiento suave» del gobierno iraní.

  • Ali Farahbakhsh, periodista, fue puesto en libertad condicional en octubre, tras 11 meses de reclusión. Había sido declarado culpable de «espionaje» y de «recibir dinero de extranjeros» en relación con su asistencia a una conferencia sobre medios de comunicación organizada en Tailandia.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Los grupos independientes de derechos humanos y otras ONG continuaron soportando largas demoras, a menudo de años, para registrarse oficialmente, por lo que corrían el riesgo de que los cerraran por realizar actividades ilegales. Se tomaron represalias, como detención arbitraria y tortura, contra estudiantes que hacían campaña en favor de un mayor respeto de los derechos humanos. Se persiguió por su labor a defensores de los derechos humanos, a los que en algunos casos Amnistía Internacional consideró presos de conciencia.

  • Emaddedin Baghi, presidente de la Asociación para la Defensa de los Presos y destacado activista contra la pena de muerte, fue detenido en octubre tras recibir una citación relacionada con la acusación de «poner en peligro la seguridad nacional». Cuando sus familiares se disponían a depositar la fianza, les informaron de que Emaddedin Baghi tenía que cumplir una condena condicional que le había sido impuesta en 2003 por cargos como «publicar mentiras». Tenía además pendiente de apelación otra condena de tres años de prisión impuesta en julio de 2007 por «propaganda en favor de opositores», cargo relacionado con su trabajo en favor de unos árabes iraníes ahwazíes condenados a muerte en juicios injustos. Asimismo, a su esposa, Fatemeh Kamali Ahmad Sarahi, y a su hija, Maryam Baghi, les impusieron en octubre sendas condenas condicionales de tres años de prisión por el cargo de «reunión y colusión con objeto de alterar la seguridad nacional», presentado contra ellas por haber asistido a un taller de derechos humanos organizado en Dubai en 2004. En diciembre, Emaddedin Baghi sufrió un ataque.
  • Mansour Ossanlu, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa de Autobuses de Teherán y los Suburbios, fue detenido en julio, tras haber viajado a Europa para conseguir apoyo para el movimiento sindical independiente de Irán. Gracias a las protestas internacionales, recibió tratamiento médico para una lesión ocular que, según informes, había sufrido en el curso de una discusión con funcionarios de la prisión en otra ocasión en que había estado recluido. En octubre, un tribunal de apelación confirmó una condena a cinco años de prisión impuesta en febrero.

Discriminación contra las mujeres

Las mujeres siguieron sufriendo discriminación generalizada en la legislación y en la práctica. Se detuvo a millares por no observar el código indumentario obligatorio.

Las personas participantes en la Campaña por la Igualdad, iniciativa con la que se pretendía reunir en Irán un millón de firmas para pedir el fin de la discriminación legalizada contra las mujeres, estaban expuestas a sufrir hostigamiento y detención. En agosto, Nasim Sarabandi y Fatemeh Dehdashti fueron condenadas a seis meses de prisión, con dos años de suspensión, por «atentar contra la seguridad nacional mediante la difusión de propaganda contra el sistema». Fueron las primeras personas juzgadas y condenadas por reunir firmas. Al final del año, cuatro activistas de la Campaña se hallaban detenidas sin cargos ni juicio: Ronak Safarzadeh y Hana Abdi, mujeres kurdas detenidas en Sanandaj en octubre y noviembre, respectivamente, y Maryam Hosseinkhah y Jelveh Javaheri, a quienes se había detenido en Teherán en relación con su trabajo de edición del sitio web de la Campaña. Las autoridades pusieron constantes filtros al sitio web, por lo que el acceso a él resultaba difícil.

Delaram Ali, defensora de los derechos de las mujeres detenida en junio de 2006 tras una manifestación pacífica en que se pedía mayor respeto por los derechos de las mujeres, consiguió que se aplazara temporalmente la condena de 30 meses de prisión que le había sido impuesta, gracias a una campaña local e internacional en su favor. En marzo se detuvo a la entrada del Tribunal Revolucionario de Teherán a 33 mujeres activistas durante una protesta contra el juicio de cinco mujeres contra las que se habían presentado cargos en relación con la manifestación de junio de 2006. Todas quedaron en libertad, pero algunas con riesgo de procesamiento.

Represión contra minorías

Continuó la represión contra las minorías étnicas de Irán, que siguieron luchando por conseguir un mayor reconocimiento de sus derechos culturales y políticos.

Población árabe

Al menos ocho árabes ahwazíes iraníes fueron ejecutados tras haber sido declarados culpables de participar en unos atentados con explosivos perpetrados en Juzestán en 2005. Se creía que al menos 17 más corrían riesgo de ejecución tras juicios injustos relacionados con los atentados. Según informes, en abril se detuvo a un gran número de árabes ahwazíes, posiblemente centenares, ante la inminencia del aniversario de unos disturbios que habían estallado en 2005 en protesta por una carta escrita presuntamente por un asesor presidencial, que negó su autenticidad, en la que se establecía una política de reducción de la población árabe de Juzestán.

  • En abril, el periodista Mohammad Hassan Fallahiya fue condenado a tres años de prisión con trabajos forzados por escribir artículos en los que criticaba al gobierno y por sus presuntos contactos con grupos de oposición activos fuera de Irán. Había sido detenido en noviembre de 2006 y se le había negado el acceso a un abogado durante todo el proceso judicial. Su familia dijo que las autoridades de la prisión de Evín no le permitían llevarle unas medicinas que necesitaba para unos trastornos cardiacos y sanguíneos que padecía, por lo que su vida corría peligro.

Población azerbaiyana

Se detuvo a centenares de activistas azerbaiyanos iraníes en relación con una manifestación pacífica celebrada el 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna. Los manifestantes reivindicaban el uso de su lengua en las escuelas y demás instituciones educativas de las zonas del noroeste de Irán donde residía la mayor parte de la población azerbaiyana iraní.

  • El preso de conciencia Saleh Kamrani, abogado y defensor de los derechos humanos, estuvo recluido en la prisión de Evín entre agosto y diciembre. En septiembre de 2006 había sido condenado a un año de cárcel, con una suspensión de cinco años, por «difundir propaganda contra el sistema». No se sabía con certeza si su detención guardaba relación con esta condena.

Población baluchi

Jondallah, grupo armado baluchi, llevó a cabo ataques contra funcionarios iraníes, entre ellos uno perpetrado con explosivos en febrero contra un autobús en el que viajaban miembros de la Guardia Revolucionaria. También tomó rehenes, al menos uno de los cuales fue víctima de homicidio.

  • Nasrollah Shanbeh-zehi fue detenido tras el ataque al autobús y ejecutado públicamente cinco días más tarde tras un juicio sumario.
  • Yaqub Mehrnehad, director de la Sociedad Popular Juvenil Voz de la Justicia, ONG reconocida, fue detenido en abril en Zahedán y puesto inicialmente bajo custodia del Ministerio de Información, tras una reunión celebrada en la oficina provincial del Ministerio de Cultura y Orientación Islámica a la que, según informes, había asistido el gobernador de Zahedán. Al final del año se hallaba recluido en la prisión de Zahedán sin acceso a un abogado. Cabía la posibilidad de que hubiera sido torturado.
  • En mayo, la policía mató de un disparo a Roya Sarani, niña baluchi de 11 años, cuando su padre la llevaba en automóvil a casa a la salida de la escuela en Zahedán. Según informes, las autoridades presionaron a la familia para que celebrara sólo un pequeño funeral. No se tuvo noticia de ninguna investigación oficial sobre el homicidio.

Población kurda

Miembros del Partido por Una Vida Libre en Kurdistán (Partiya Jiyana Azadîya Kurdistanê) atacaron a las fuerzas iraníes, que bombardearon zonas del norte de Irak donde pensaban que se ocultaban las fuerzas de este grupo. Se detuvo a numerosos kurdos, acusados en muchos casos de pertenecer a grupos prohibidos o tener contactos con ellos. Los periodistas y los defensores kurdos de los derechos humanos estaban especialmente expuestos a sufrir hostigamiento y detención.

  • Mohammad Sadiq Kabudvand, presidente de la Organización de Derechos Humanos de Kurdistán y director del semanario prohibido Payam-e Mardom, fue detenido en julio, aparentemente por «atentar contra la seguridad nacional», «hacer propaganda contra el sistema» y «cooperar con grupos opuestos al sistema», aunque no se presentaron formalmente cargos contra él. Denunció deficientes condiciones de reclusión y malos tratos, incluida la denegación del acceso al retrete, restricción que al parecer tenía por objeto obligar a otros destacados miembros de la Organización a presentarse a las fuerzas de seguridad para responder a sus preguntas.

Minorías religiosas

En todo el país, los miembros de la comunidad bahaí continuaron sufriendo persecución debido a su religión. Se detuvo a un mínimo de 13 en al menos 10 ciudades. Soportaban hostigamiento y prácticas discriminatorias, como negación del acceso a la educación superior, a préstamos bancarios y al cobro de pensiones. Se profanaron nueve cementerios bahaíes.

En agosto y noviembre se produjeron enfrentamientos con sufíes en los que resultaron heridas decenas de personas, y en noviembre se practicaron más de 100 detenciones. Según informes, en septiembre una pareja –un hombre convertido al cristianismo que se había casado con una mujer cristiana en una ceremonia islámica– fue azotada en Gohar Dasht por motivos relacionados con su fe.

Tortura y otros malos tratos

La tortura y otros malos tratos eran habituales en muchas prisiones y centros de detención, donde se veían facilitados por los largos periodos de detención sin cargos y la negación del acceso a abogados y familiares. Al menos dos personas murieron bajo custodia, posiblemente a causa de torturas. Rara vez, por no decir nunca, se hizo rendir cuentas por sus delitos a torturadores.

  • En mayo se detuvo en la Universidad Politécnica Amir Kabir a cuatro estudiantes y jefes de redacción de publicaciones estudiantiles. Según sus familias, fueron torturados. Al parecer sufrieron abusos como sesiones de interrogatorio de 24 horas, privación del sueño, palizas con cables y puñetazos y amenazas contra ellos y contra sus familias. Los detuvieron en relación con unos artículos en los que, a juicio de las autoridades universitarias, se llegaba a «insultar a santidades islámicas». En julio, las familias de los estudiantes detenidos enviaron una carta abierta al ayatolá Shahroudi, presidente de la magistratura, donde describían la presunta tortura.
  • Zahra Bani Yaghoub, licenciada en medicina, murió bajo custodia en Hamadan en octubre. Había sido detenida por pasear en un parque con su novio, y murió al día siguiente. Las autoridades dijeron que se había ahorcado. Su familia afirmó que estaba bien de ánimo cuando hablaron con ella por teléfono media hora antes de que la encontraran muerta. Informaciones de los medios de comunicación en noviembre indicaban que la persona que estaba al frente del centro de detención había sido detenida, pero que después había quedado en libertad bajo fianza y continuaba en su puesto.
  • En noviembre se ordenó un nuevo juicio sobre el caso de la muerte bajo custodia en 2003 de Zahra Kazemi, periodista gráfica irano-canadiense que había muerto torturada. La única persona procesada por ello había sido absuelta en 2004, y en 2005 se había confirmado esta sentencia. La periodista había sido detenida por tomar fotografías en el exterior de la prisión de Evín.

Pena de muerte

El número de ejecuciones ascendió acusadamente en 2007. Amnistía Internacional recibió informes que indicaban que al menos 335 personas fueron ejecutadas, aunque casi con seguridad la cifra real fue superior. Algunas se llevaron a cabo en público y a menudo consistieron en ahorcamientos múltiples. Se impusieron condenas a muerte por una amplia variedad de delitos, como contrabando de drogas, robo a mano armada, asesinato, espionaje, actos de violencia política y delitos de índole sexual. Con el funcionamiento en el este de Irán de un tribunal «especial» establecido en mayo de 2006 para reducir el tiempo transcurrido entre el delito y su castigo, se produjo un notable aumento del número de personas baluchis ejecutadas.

Personas menores de edad en el momento del delito

Se ejecutó al menos a 7 personas que eran menores de 18 años en el momento del delito, y había al menos 75 condenadas a muerte por delitos cometidos cuando eran menores de edad. Gracias a las protestas que tuvieron lugar dentro y fuera del país se conmutó la condena a muerte al menos a 2 personas que estaban en estas circunstancias: Sina Paymard y Nazanin Fatehi.

  • Makwan Moloudzadeh, kurdo iraní condenado a muerte por un delito cometido cuando era menor de edad, fue ejecutado en diciembre. Había sido sometido a un juicio con graves irregularidades por tres violaciones que cometió presuntamente ocho años antes, cuando tenía 13. Para imponer la condena a muerte, el juez se basó en su «conocimiento» de que el delito se había cometido y de que Makwan Moloudzadeh estaba ya en la pubertad en aquel momento, por lo que podía ser juzgado y condenado como adulto.

Ejecución por lapidación

Jafar Kiani murió lapidada en Takestán en julio, pese a que el presidente de la magistratura había ordenado suspender temporalmente la ejecución. Posteriormente, unos funcionarios dijeron que el juez responsable del caso se había «equivocado». Al menos nueve mujeres, incluida una acusada junto con Jafar Kiani, y dos hombres corrían riesgo de lapidación. En noviembre, funcionarios judiciales afirmaron que se había enviado una nueva versión del Código Penal al Parlamento (Majles) para su examen y que, si se aprobaba, ofrecería la posibilidad de conmutar las condenas de lapidación.

Penas crueles, inhumanas y degradantes

Se siguieron imponiendo y aplicando condenas de flagelación y amputación.

  • En noviembre, Soghra Molai recibió 80 azotes por «relaciones ilícitas», tras haberse anulado en un nuevo juicio la condena a muerte por lapidación que le había sido impuesta. Continuó privada de libertad, para cumplir una pena de cárcel por participación en el asesinato de su esposo.

Se aplicaron condenas de amputación de dedos o manos al menos a ocho personas que habían sido declaradas culpables de robo.

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