Irán - Informe 2007 Amnistía Internacional

Human Rights in República Islámica de Irán

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Irán is now live »

Jefe del Estado y líder de la República Islámica de Irán: ayatolá Sayed Ali Jamenei
Jefe del gobierno y presidente: Mahmud Ahmadineyad
Pena de muerte: retencionista
Estatuto de la Corte Penal Internacional: firmado

Empeoró la situación de los derechos humanos, pues la sociedad civil sufría restricciones cada vez mayores de las libertades fundamentales de expresión y asociación. Decenas de personas detenidas por motivos políticos, entre las que había presos de conciencia, continuaban cumpliendo penas de cárcel impuestas en años anteriores tras juicios injustos. En 2006 se practicaron miles de detenciones, sobre todo durante manifestaciones o después de ellas. Entre las personas que fueron detenidas de forma arbitraria y que permanecían recluidas sin acceso a familiares ni a asistencia letrada figuraban defensores y defensoras de los derechos humanos, incluidos periodistas, estudiantes y miembros de la abogacía. La tortura continuó siendo habitual, especialmente durante los periodos de detención preventiva. Al menos 177 personas fueron ejecutadas; como mínimo cuatro de ellas tenían menos de 18 años en el momento de la presunta comisión del delito, y una de ellas aún no había alcanzado esa edad en el momento de la ejecución. Según los informes, un hombre y una mujer murieron lapidados. Siguieron dictándose penas de flagelación, amputación de miembros y extracción de ojos. El número real de personas ejecutadas o sometidas a castigos corporales era probablemente bastante mayor que el conocido a través de los informes.

Información general

Continuó aumentando el distanciamiento entre Irán y la comunidad internacional por la insistencia del gobierno en mantener su programa de enriquecimiento nuclear. En marzo, el Organismo Internacional de Energía Atómica remitió el caso de Irán al Consejo de Seguridad de la ONU. En diciembre, el Consejo de Seguridad acordó un programa de sanciones contra Irán tras negarse este país a suspender el programa antes de agosto, fecha que se había establecido como límite. Irán continuó acusando a gobiernos extranjeros de fomentar los disturbios en zonas fronterizas, y a su vez fue acusado de estar involucrado en el empeoramiento de la situación de la seguridad en Irak. En febrero, el gobierno de Estados Unidos pidió 75 millones de dólares estadounidenses adicionales para «apoyar la democracia» en Irán. El presidente Ahmadineyad continuó haciendo declaraciones en las que amenazaba al Estado de Israel y cuestionaba el Holocausto. El diálogo sobre derechos humanos entre Irán y la Unión Europea siguió suspendido.

En diciembre se celebraron elecciones locales y elecciones a la Asamblea de Expertos, organismo encargado de supervisar el nombramiento del líder supremo. El Consejo de Guardianes, que revisaba las leyes y políticas para garantizar que respetaban los preceptos islámicos y la Constitución, aceptó solamente a 164 de los candidatos a la Asamblea de Expertos, basándose en procedimientos de selección discriminatorios. Entre los candidatos excluidos había al menos 12 mujeres. En general, los resultados de ambas elecciones se consideraron como un revés para el gobierno del presidente Ahmadineyad.

Las autoridades tuvieron que hacer frente a la oposición armada de grupos kurdos y baluchis.

En diciembre, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución en la que se condenaba la situación de los derechos humanos en Irán. Las autoridades iraníes no fijaron fecha para las visitas de representantes de los mecanismos de derechos humanos de la ONU, pese a haber realizado una invitación permanente en 2002.

Represión de las minorías

Las minorías étnicas y religiosas siguieron sometidas a leyes y prácticas discriminatorias que continuaban siendo fuente de malestar político y social.

Población árabe

Los árabes continuaron denunciando que eran objeto de discriminación, incluso en el acceso a los recursos, y de desalojos forzosos. En octubre, el Consejo de Guardianes aprobó un proyecto de ley que asignaba el 2 por ciento de los ingresos que Irán obtenía del petróleo a la provincia de Juzestán, en donde vivía gran parte de la población árabe iraní.

Decenas de hombres y mujeres árabes fueron detenidos a lo largo del año. Al menos 36 fueron condenados a muerte o a prolongados periodos de cárcel tras juicios injustos en los que fueron declarados culpables de participar en los atentados con bomba perpetrados en Ahvaz y Teherán en 2005. Cinco de esas personas fueron ejecutadas, incluidos Mehdi Nawaseri y Mohammad Ali Sawar, ejecutados en público en febrero tras la emisión de sus «confesiones» por televisión.

Entre febrero y abril fueron detenidas no menos de cinco mujeres, algunas con sus hijos, en circunstancias que indicaban que podían haber sido recluidas para obligar a sus esposos a rendirse o a confesar. Al parecer, cuatro mujeres y dos menores continuaban recluidos al finalizar el año.

En octubre, siete abogados que defendían a algunas de las personas acusadas en relación con los atentados con bomba fueron citados para comparecer ante el fiscal revolucionario de Ahvaz acusados de «actuar contra la seguridad del Estado». La citación se envió en relación con una carta que habían enviado al presidente del Tribunal Revolucionario de Ahvaz en la que se quejaban de las deficiencias que había habido en el juicio de sus clientes.

Población azerbaiyana

En mayo se celebraron manifestaciones generalizadas en pueblos y ciudades del noroeste del país, de población mayoritariamente azerbaiyana, en protesta por la publicación en el periódico estatal Iran de unas viñetas ofensivas para la comunidad azerbaiyana. Cientos, incluso miles, de personas fueron detenidas y, según los informes, las fuerzas de seguridad mataron a decenas, aunque fuentes oficiales minimizaron las cifras de detenciones y homicidios. Se efectuaron nuevas detenciones, muchas de ellas en torno a actos y fechas importantes para la comunidad azerbaiyana, como la concentración celebrada en junio en el castillo de Babek, en Kalayber, y un boicot relacionado con los derechos lingüísticos de la comunidad azerbaiyana que se llevó a cabo al comienzo del nuevo año académico.

El preso de conciencia Abbas Lisani fue detenido en junio y permaneció recluido durante más de tres meses por su participación en las manifestaciones celebradas en Ardabil contra las viñetas. En septiembre fue condenado a 16 meses de cárcel y 50 latigazos por cargos que incluían «perturbar la seguridad del Estado». A finales de octubre, cinco días después de presentar un recurso, fue detenido de nuevo. Posteriormente informaron a su familia de que su condena se había ampliado a 18 meses de cárcel y tres años adicionales de destierro interno forzoso. Abbas Lisani manifestó su oposición incondicional al uso de la violencia. Al finalizar el año se enfrentaba a dos nuevas penas de prisión impuestas por asistir a las concentraciones que se celebraron en el castillo de Babek en 2003 y 2005.

Población kurda

Según los informes, los enfrentamientos que se produjeron en febrero entre manifestantes kurdos y las fuerzas de seguridad en Maku y otras ciudades causaron al menos nueve muertes y decenas, posiblemente cientos, de detenciones. En marzo, diputados kurdos del Majles (Parlamento) escribieron al presidente exigiendo una investigación sobre los homicidios y pidiendo el procesamiento de los responsables. Según los informes, la investigación se inició, pero al finalizar el año no se conocían sus conclusiones. Según los informes recibidos, a algunas de las personas detenidas se les impusieron posteriormente penas de entre tres y ocho meses de prisión.

La condena condicional de 18 meses impuesta a Mohammad Sadeq Kabudvand por «publicar mentiras y artículos destinados a crear discordia y tensiones raciales y tribales» aumentó a un año de prisión efectiva en el recurso de apelación. Mohammad Sadeq Kabudvand era presidente de la Organización de Derechos Humanos de Kurdistán y director del semanario Payam-e Mardom, que había sido prohibido. Aunque en septiembre se ordenó su ingreso en prisión, al finalizar el año permanecía en libertad, pendiente de un recurso presentado ante el Tribunal Supremo. Otros periodistas de Payam-e Mardom también fueron procesados.

Población baluchi

En marzo, un grupo armado baluchi, Jondallah, mató a 22 funcionarios iraníes y tomó al menos siete rehenes en la provincia de Sistán-Baluchistán. Tras los sucesos, decenas de personas, posiblemente centenares, fueron detenidas y, según los informes, muchas de ellas fueron trasladadas a lugares desconocidos. En los meses posteriores a los ataques, el número de ejecuciones anunciadas en zonas baluchis aumentó drásticamente. Según los informes recibidos, al concluir el año habían sido ejecutadas decenas de personas.

Minorías religiosas

Miembros de minorías religiosas de Irán fueron detenidos o sufrieron hostigamiento a causa de su fe.

En febrero fueron detenidos más de un millar de miembros de la Orden sufí Nematollahí que protestaban pacíficamente contra la orden de evacuar su lugar de culto en Qom. Cientos de ellos resultaron heridos debido a la actuación de miembros de las fuerzas de seguridad y de grupos progubernamentales organizados. En mayo, 52 sufíes, entre los que había dos abogados que representaban al grupo, fueron condenados a un año de cárcel y una multa; también se los condenó a ser azotados, y a los abogados se les prohibió ejercer su profesión. En agosto, el gran ayatolá Fazel Lankarani promulgó un edicto religioso en el que catalogaba al sufismo de «nulo».

Varios cristianos evangélicos, en su mayoría conversos del islam, fueron detenidos, al parecer en relación con sus actividades religiosas.

En septiembre, Fereshteh Dibaj y su esposo, Reza Montazemi, fueron detenidos y permanecieron recluidos durante nueve días antes de quedar en libertad bajo fianza. Fereshteh Dibaj era la hija más joven de Mehdi Dibaj, converso asesinado en 1994 poco después de quedar en libertad tras permanecer nueve años en prisión por «apostasía».

Sesenta y cinco bahaíes fueron detenidos durante 2006, y cinco permanecían recluidos al terminar el año. En marzo, Mehran Kawsari quedó en libertad antes de cumplir íntegramente la condena a tres años de prisión que se le había impuesto por el envío de una carta abierta al entonces presidente en noviembre de 2004.

En marzo, la relatora especial sobre la libertad de religión o de creencias expresó preocupación por una carta de octubre de 2005 en la que se ordenaba a diversos organismos del gobierno que identificasen a los bahaíes de Irán y recopilasen información sobre ellos.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Los defensores y las defensoras de los derechos humanos sufrían restricciones cada vez más severas en su labor y seguían corriendo peligro de ser objeto de represalias. Según los informes, el Ministerio del Interior preparaba en enero medidas para restringir las actividades de ONG de las que se decía que recibían financiación de «fuentes problemáticas internas y externas que pretendían derrocar el sistema». Los estudiantes, que continuaban siendo un activo sector de la sociedad, fueron a menudo objeto de represalias, como detenciones arbitrarias y la negación del derecho a estudiar en el nuevo año académico.

En agosto, el Ministerio del Interior prohibió las actividades del Centro para la Defensa de los Derechos Humanos (CDDH), dirigido por el premio Nobel de la Paz Shirin Ebadi y otros importantes abogados, afirmando que no contaba con autorización. En septiembre, el Ministerio del Interior manifestó que se le concedería una autorización «si se hacían cambios en la declaración de la misión [del centro]».

Abdolfattah Soltani, abogado y cofundador del CDDH, quedó en libertad bajo fianza en marzo. Posteriormente fue condenado a cinco años de cárcel por «revelar documentos confidenciales» y «propaganda contra el sistema». Al concluir el año, la condena estaba en fase de recurso.

El preso de conciencia Akbar Ganji, periodista que había desvelado la implicación de funcionarios del Estado en el asesinato de intelectuales y periodistas en la década de los noventa, quedó en libertad en marzo tras cumplir una pena de seis años de cárcel.

Tortura y penas crueles, inhumanas y degradantes

La tortura seguía siendo habitual en numerosas prisiones y centros de detención, especialmente en la fase de investigación de la detención preventiva, en la que a las personas detenidas se les negaba el acceso a un abogado durante periodos indefinidos. Según los informes, al menos siete personas murieron bajo custodia, algunas en circunstancias en las que la tortura, los malos tratos o la negativa a ofrecer atención médica pudieron haber contribuido a ello.

Los presos políticos Akbar Mohammadi y Valiollah Feyz Mahdavi murieron en julio y septiembre respectivamente tras realizar una huelga de hambre en protesta por su prolongada detención.

Mohammad Reza Evezpoor, azerbaiyano iraní de 14 años, fue detenido en abril tras escribir «Soy turco» en un muro. Según los informes, durante los tres días que estuvo privado de libertad fue sometido a torturas como permanecer colgado por los pies durante 24 horas y no recibir comida ni agua. Tras ser detenido de nuevo, en septiembre, volvió a ser golpeado.

Se llevaron a cabo al menos dos amputaciones y una persona fue condenada a extracción ocular. La flagelación continuó siendo una pena habitual.

En febrero, Leyla Mafi recibió 99 latigazos antes de ser excarcelada y trasladada a un centro de rehabilitación de mujeres. Obligada a prostituirse a los ocho años y violada reiteradamente, fue detenida a comienzos de 2004 y acusada de «actos contra la castidad», por lo que la condenaron a ser flagelada y ejecutada a continuación. Tras la presión internacional, la condena a muerte fue anulada.

Impunidad

Las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familias seguían sin obtener resarcimiento.

Continuaba inconcluso un nuevo examen, ordenado en 2001, de los casos de los funcionarios del Ministerio de Información acusados de «asesinatos en serie» en 1998. Nasser Zarafshan, abogado de las familias de algunas de las víctimas, seguía cumpliendo una pena de seis años de prisión tras ser declarado culpable de cargos presentados contra él por razones políticas.

Pena de muerte

En 2006 fueron ejecutadas no menos de 177 personas, incluido un menor y al menos otras tres personas que tenían menos de 18 años cuando se cometió el presunto delito. Continuaron dictándose condenas a muerte por diversos delitos, como contrabando de drogas, robo a mano armada, asesinato, violencia por motivos políticos y delitos de tipo sexual. Tras las protestas llevadas a cabo tanto en Irán como en otros países, se suspendieron o revocaron las condenas a muerte impuestas a algunas mujeres y a presos que eran menores de 18 años cuando se cometieron los presuntos delitos por los que los condenaron, pero algunas de esas personas fueron condenadas otra vez a muerte tras celebrarse nuevos juicios. Según los informes, un hombre y una mujer murieron lapidados, a pesar de que el poder judicial había anunciado en 2002 la suspensión de la práctica de la lapidación. Otras personas permanecían condenadas a ser lapidadas. En septiembre, defensores y defensoras iraníes de los derechos humanos iniciaron una campaña para salvar a nueve mujeres y dos hombres condenados a muerte por lapidación y eliminar tal práctica de la legislación. Al finalizar el año se habían anulado las condenas de lapidación de al menos 3 de las 11 personas.

Libertad de expresión y de asociación

La libertad de expresión y de asociación estaba cada vez más limitada. Se produjo un aumento de la vigilancia y las restricciones en el acceso a Internet. Periodistas y autores de blogs fueron detenidos y condenados a prisión o flagelación, y al menos 11 periódicos fueron cerrados. Los familiares de personas detenidas o buscadas por las autoridades seguían corriendo peligro de sufrir hostigamiento o intimidación. Sindicalistas independientes fueron objeto de represalias, y algunos profesores universitarios, como Ramin Jahanbegloo, fueron detenidos o despedidos de sus puestos.

En enero fueron detenidos hasta 1.000 miembros del sindicato independiente de trabajadores de la Empresa de Autobuses Sherkat-e Vahed, que estaba prohibido, por llevar a cabo una huelga para pedir el reconocimiento del sindicato y protestar por la detención de su dirigente, Mansour Ossanlu. Todos quedaron en libertad posteriormente, pero a decenas de ellos aún no se les permitía regresar a sus trabajos al finalizar el año. Mansour Ossanlu quedó en libertad bajo fianza en agosto, tras permanecer recluido durante siete meses por sus actividades en el sindicato, pero en noviembre fue detenido de nuevo y permaneció recluido durante un mes; según los informes, la detención se produjo después de que asistiera a reuniones convocadas por la Organización Internacional del Trabajo.

Derechos de las mujeres

En marzo y junio, las fuerzas de seguridad disolvieron con dureza las manifestaciones celebradas en Teherán en las que se pedía el fin de la discriminación que sufrían las mujeres en la legislación. Algunas personas que participaban en las manifestaciones resultaron heridas.

El ex diputado del Majles Sayed Ali Akbar Mousavi-Kho'ini fue detenido en la manifestación de junio y permaneció recluido durante más de cuatro meses antes de quedar en libertad bajo fianza en octubre. Afirmó que había sido torturado mientras estaba detenido.

En agosto, activistas de los derechos de las mujeres lanzaron una campaña para reunir un millón de firmas destinadas a pedir igualdad de derechos para las mujeres.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Informes

  Irán: Caso de llamamiento sobre un defensor de los derechos humanos. Abdolfattah Soltani (Índice AI: MDE 13/009/2006)

  Irán: El nuevo gobierno no soluciona la grave situación de los derechos humanos (Índice AI: MDE 13/010/2006)

  Irán: En defensa de los derechos de las minorías: Los árabes ahwazíes (Índice AI: MDE 13/056/2006)

Cómo puedes ayudar