Indonesia - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in República de Indonesia

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Indonesia is now live »

Jefe del Estado y del gobierno
Susilo Bambang Yudhoyono
Pena de muerte
retencionista
Población
230 millones
Esperanza de vida
70,5 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
37/27 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
92 por ciento

A lo largo del año se produjeron violentos enfrentamientos en Papúa, cuya población continuaba sufriendo graves restricciones de su derecho a la libertad de expresión y reunión. Según informes, la policía recurrió a la tortura y otros malos tratos e hizo un uso excesivo o innecesario de la fuerza, lo cual en ocasiones desembocó en homicidios ilegítimos en todo el archipiélago. El sistema de justicia penal seguía mostrándose incapaz de hacer frente a la impunidad reinante por las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado y en el presente. No se llevaron a cabo ejecuciones durante el año; sin embargo, una nueva normativa en Aceh estableció la muerte por lapidación. Continuaron los ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos y había no menos de 114 presos de conciencia. La nueva Ley de Salud contenía disposiciones que dificultaban el acceso igualitario a la salud materna.

Información general

En abril se celebraron elecciones al Parlamento, y en julio, comicios presidenciales. Tras la primera vuelta electoral, el presidente Susilo Bambang Yudhoyono fue elegido para un segundo mandato de cinco años. Las elecciones se celebraron sin que se produjeran incidentes violentos importantes, salvo en Papúa.

En julio, al menos nueve personas murieron en Yakarta en dos atentados con bomba.

Libertad de expresión

Al menos 114 personas fueron detenidas por expresar pacíficamente sus ideas. La gran mayoría eran activistas políticos pacíficos que fueron condenados a prisión por izar banderas independentistas prohibidas en Papúa o en las Islas Molucas.

  • En marzo, Buce Nahumury fue condenado a cuatro años de cárcel por participar en una danza cakalele pacífica en la provincia de Ambon Maluku en junio de 2007. Durante la danza se desplegó ante el presidente la bandera “Benang Raja”, símbolo del movimiento independentista de las Molucas del Sur. Las otras 22 personas que participaron en la danza cakalele cumplían penas de entre 7 y 20 años de prisión.

Los defensores de los derechos humanos continuaron siendo objeto de hostigamiento e intimidación. Se presentaron cargos penales por difamación contra no menos de siete de ellos, que, según el nuevo Código Penal, podían ser condenados a un máximo de algo más de cinco años de cárcel. Continuaban sin resolverse la mayoría de las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado contra defensores de los derechos humanos, como tortura, asesinato y desaparición forzada, y los responsables no habían sido procesados.

Aunque dos personas habían sido condenadas por participar en el asesinato del destacado defensor de los derechos humanos Munir Said Thalib (conocido como Munir), hubo denuncias creíbles de que los altos mandos responsables de su asesinato continuaban en libertad. Munir Said Thalib fue envenenado el 7 de septiembre de 2004.

Libertad de religión

Los grupos religiosos minoritarios sufrían discriminación y seguían expuestos a ataques violentos por parte de agentes no estatales.

Los alumnos de la escuela universitaria cristiana STT Setia continuaban viviendo y estudiando en alojamientos temporales que no reunían las condiciones de habitabilidad adecuadas. En julio de 2008 habían sido evacuados de las instalaciones universitarias de Pulo, en la localidad de Pinang Ranti, en el subdistrito de Makassar, Yakarta Oriental, tras ser atacados violentamente por sectores del Frente de Defensores del Islam. En octubre, al menos 17 estudiantes iniciaron una huelga de hambre porque corrían peligro de desalojo forzoso para ser trasladados a lugares que, en su opinión, eran aún más inadecuados para vivir y estudiar. Al finalizar el año, los estudiantes de STT Setia seguían viviendo y estudiando en ubicaciones temporales de Yakarta.

Papúa

La violencia aumentó bruscamente en torno a la fecha de las elecciones parlamentarias y presidenciales, generando un clima de miedo e intimidación. Según los informes recibidos, las fuerzas de seguridad hicieron un uso excesivo o innecesario de la fuerza durante manifestaciones y torturaron y sometieron a malos tratos a personas en el momento del arresto, y durante el interrogatorio y la detención. Según informes, las fuerzas de seguridad también cometieron homicidios ilegítimos. Se impusieron severas restricciones al derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica.

  • El 6 de abril, la policía abrió fuego contra los participantes en una protesta en la ciudad de Nabire, en la provincia de Papúa, e hirió a no menos de siete personas, entre las que había un estudiante de 10 años al que dispararon cuando regresaba de la escuela. Un agente de policía también resultó herido al ser alcanzado por una flecha. La policía también golpeó y sometió a otros malos tratos a Monika Zonggonau, Abet Nego Keiya y otros 15 activistas políticos durante la detención y posteriormente. El 9 de abril se halló el cadáver de Abet Nego Keiya en la localidad de Waharia, en el distrito de Nabire.
  • Los presos de conciencia Filep Karma y Yusak Pakage, condenados a 15 y 10 años de cárcel, respectivamente, continuaban en prisión. Los dos hombres habían sido condenados en 2005 por izar la bandera “Lucero del Alba”.

Policía

La tortura continuó siendo una práctica generalizada durante la detención, el interrogatorio y la reclusión. Los presuntos delincuentes de comunidades pobres y marginadas y los activistas políticos pacíficos estaban especialmente expuestos a ser víctimas de violaciones de derechos humanos por parte de la policía, como uso excesivo o innecesario de la fuerza –a veces con resultado de muerte–, tortura y otros malos tratos, y desprotección de manifestantes y minorías religiosas.

  • En enero, al menos 75 habitantes de la localidad de Suluk Bongkal, en la provincia de Riau, fueron acusados de reclamar tierras ilegalmente. La policía los había detenido en diciembre de 2008 tras proceder a su desalojo forzoso. En agosto fueron condenados a 10 meses de cárcel y al pago de una multa de un millón de rupias indonesias. Al finalizar el año no habían recibido indemnización, reparación ni alojamiento alternativo adecuado.

En enero, la policía publicó una nueva normativa sobre el uso de la fuerza durante la actuación policial (núm. 1/2009) que en gran parte era conforme a los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego. En junio publicó una normativa sobre la aplicación de los principios de derechos humanos (núm. 8/2009). Sin embargo, los mecanismos de rendición de cuentas externos e internos que se ocupaban de los abusos policiales continuaban siendo deficientes.

Impunidad

Seguía reinando la impunidad por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado en Aceh, Papúa, Timor Oriental y otros lugares.

El gobierno continuó promoviendo la reconciliación con Timor Oriental sin que se hiciese justicia por los crímenes cometidos durante la ocupación indonesia (1975-1999).

  • En agosto, el gobierno se inmiscuyó en el proceso judicial en Timor Oriental al presionar al gobierno timorés para que dejase en libertad a Martenus Bere, dirigente de la milicia procesado por cargos de exterminio de civiles en la ciudad de Suai y otros crímenes de lesa humanidad cometidos en 1999. En octubre se permitió el regreso de Martenus Bere a Timor Occidental (Indonesia) sin que su caso fuera visto por un tribunal independiente en un juicio justo.

Más de 300 personas acusadas por las Salas Especiales de Delitos Graves establecidas por la ONU para juzgar crímenes de lesa humanidad y otros delitos seguían en libertad y fuera de la jurisdicción territorial de Timor Oriental. Se creía que la mayoría vivían en Indonesia. El gobierno se negó a extraditar a los acusados alegando que no reconocía el mandato de la ONU para juzgar a ciudadanos indonesios en Timor Oriental.

En septiembre, el Comité Especial sobre Desapariciones Ocurridas en 1997 y 1998 de la Asamblea de Representantes del Pueblo instó al gobierno a que crease un tribunal especial de derechos humanos para juzgar a los responsables de desapariciones forzadas y a que ratificase la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Sin embargo, al finalizar el año el gobierno no había seguido las recomendaciones.

Pena de muerte

No se recibieron informes de ejecuciones. Sin embargo, al menos 117 personas continuaban condenadas a muerte.

En septiembre, el Parlamento Regional de Aceh aprobó el Código Penal Islámico local, que incluía disposiciones que permitían la lapidación por adulterio y la imposición de hasta 100 golpes de vara por homosexualidad. Aunque el gobernador de Aceh se negó a firmar el nuevo Código, en octubre entró en vigor automáticamente.

Derecho a la salud

El índice de mortalidad materna continuaba siendo elevado, especialmente en las comunidades pobres y marginadas.

En septiembre se aprobó una nueva Ley de Salud. Al contrario de lo establecido en el Código Penal, la ley permitía el aborto en determinadas circunstancias: que el embarazo pusiera en peligro a la madre, al bebé o a ambos, o que fuese consecuencia de una violación y causase un trauma psicológico a la víctima. ONG locales criticaron la nueva ley al considerar que discriminaba a las personas que no estaban casadas, especialmente en lo relativo al acceso a la información sobre sexualidad y reproducción.

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