Indonesia - Informe 2008 Amnistia Internacional

Human Rights in República de Indonesia

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Indonesia is now live »

Jefe del Estado y del gobierno : Susilo Bambang Yudhoyono
Pena de muerte : retencionista
PoblaciÓn : 228,1 millones
Esperanza de vida : 69,7 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 46/37 por cada 1.000
PoblaciÓn adulta alfabetizada : 90,4 por ciento

Se recibieron informes de uso excesivo de la fuerza y homicidios ilegítimos por parte de fuerzas policiales y de seguridad. La mayoría de los responsables de graves violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, como las de Nanggroe Aceh Darussalam, Papúa y Timor Oriental, continuaban gozando de impunidad. La situación en Papúa seguía siendo tensa y aumentaron las amenazas y los ataques selectivos contra activistas de derechos humanos y dirigentes eclesiásticos. El número de posibles presos de conciencia aumentó considerablemente, y hasta 76 personas fueron detenidas por expresar pacíficamente sus opiniones políticas o religiosas.

Fuerzas policiales y de seguridad

Entre las violaciones de derechos humanos cometidas por miembros del ejército y la policía hubo uso excesivo de la fuerza durante manifestaciones y detenciones, muertes por disparos y torturas.

  • Según los informes, en enero un grupo de personas golpeó, propinó patadas e insultó a dos vecinos gays, que posteriormente fueron detenidos arbitrariamente por la policía. Los trasladaron a la comisaría de Banda Raya, en la provincia de Aceh, en donde sufrieron abusos sexuales y otras formas de tortura y malos tratos. Al parecer, los hombres fueron atacados debido únicamente a su orientación sexual.
  • En mayo, cuatro personas, entre las que había una mujer embarazada, murieron abatidas por disparos durante un enfrentamiento entre infantes de marina y vecinos de Pasuruan en relación con unas tierras en conflicto. Otras ocho, entre las que había un niño de cuatro años, resultaron heridas. En julio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Komnas HAM) pidió al ejército que permitiese a los habitantes de la zona seguir utilizando las tierras en conflicto mientras esperaban una decisión definitiva de los tribunales, e instó al gobierno y al ejército a que indemnizasen a las víctimas por las pérdidas que ellas y sus familias habían sufrido. Un total de 13 infantes de marina fueron identificados como sospechosos de los disparos. Al finalizar el año, ninguno había sido procesado y todos continuaban desempeñando sus funciones.

En noviembre, el relator especial de la ONU sobre la cuestión de la tortura, Manfred Nowak, visitó Indonesia y concluyó que, teniendo en cuenta la carencia de salvaguardas jurídicas e institucionales y la impunidad estructural reinante, las personas privadas de libertad estaban extremadamente expuestas a sufrir tortura y otros malos tratos.

Libertad de expresión

La libertad de expresión continuó sometida a graves restricciones. Tras la visita de Hina Jilani, representante especial del secretario general de la ONU sobre la cuestión de los defensores de los derechos humanos, se produjo un brusco aumento de los ataques y amenazas contra defensores y defensoras de los derechos humanos. La representante especial expresó su preocupación ante la persistente impunidad por las violaciones cometidas en el pasado contra el colectivo de defensores de los derechos humanos, y ante la ausencia de iniciativas concretas del gobierno para proteger a este colectivo, como protección específica para los defensores que trabajaban en cuestiones relacionadas con el VIH/sida y en favor de los derechos de gays, lesbianas, bisexuales y personas transgénero. Asimismo, destacó el continuo hostigamiento e intimidación de defensores por parte de la policía, el ejército y otros organismos de inteligencia y seguridad, así como las restricciones en el acceso a las víctimas y a los lugares donde se habían producido violaciones de derechos humanos, especialmente en Papúa.

Hasta 63 personas fueron detenidas y encarceladas por expresar pacíficamente sus ideas. Continuaban en prisión otras 13 encarceladas en años anteriores.

  • En junio, al menos 21 personas fueron detenidas en Ambon, en la provincia del archipiélago de las Molucas, después de una visita del presidente. Según los informes, los bailarines que interpretaban una danza tradicional local ante el presidente fueron detenidos tras levantar una bandera independentista de las Molucas. Al parecer, durante el interrogatorio los golpearon y amenazaron. La mayoría fueron acusados de «rebelión», delito punible con una condena máxima de cadena perpetua, en aplicación de los artículos 106 y 110 del Código Penal. Se les consideró posibles presos de conciencia.

En julio, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales los artículos 154 y 155 del Código Penal comúnmente conocidos como artículos sobre delitos de «incitación al odio». Dichos artículos tipificaban como delito «la expresión pública de sentimientos de hostilidad, odio o desprecio hacia el gobierno» y prohibían «la expresión de esos sentimientos u opiniones a través de los medios de comunicación públicos». El gobierno había utilizado con frecuencia estas disposiciones para restringir las críticas pacíficas y encarcelar a opositores políticos, críticos, estudiantes y defensores de los derechos humanos. La decisión fue acogida con satisfacción generalizada, aunque no se aplicó con carácter retroactivo. Continuaban encarcelados los presos de conciencia Filep Karma, condenado a 15 años, y Yusak Pakage, condenado a 10 años. Ambos habían sido condenados en mayo de 2005 en parte debido a la aplicación de estos artículos por izar la bandera de Papúa.

Papúa

Continuó el conflicto de baja intensidad entre las fuerzas de seguridad y los activistas por la independencia de Papúa. Las fuerzas armadas amenazaron reiteradamente a miembros de la comunidad local partidarios de la independencia por medios pacíficos. Un oficial del ejército que había sido acusado de crímenes contra la humanidad en Timor Oriental, pero aún no había sido juzgado, fue nombrado jefe militar de Jayapura, la capital de Papúa. Según los informes, entre las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad hubo ejecuciones extrajudiciales, tortura y uso excesivo de la fuerza.

  • Albert Rumbekwan, director de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Papúa, fue amenazado de muerte y quedó bajo vigilancia tras la visita de la representante especial del secretario general de la ONU sobre la cuestión de los defensores de los derechos humanos.

Pena de muerte

En abril, Ayub Bulubili fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento por el asesinato premeditado de una familia de seis personas. Al finalizar 2007 se sabía que había al menos 115 personas condenadas a muerte.

En febrero, un grupo de abogados indonesios presentó ante el Tribunal Constitucional una petición de revisión judicial de la Ley de Narcóticos de 1997, alegando que la estipulación de la condena a muerte por delitos relacionados con drogas era contraria a la Constitución de 1945, que garantizaba el derecho a la vida. Sus abogados representaban a cinco personas que habían sido condenadas a muerte por delitos relacionados con drogas: tres mujeres, Edith Yunita Sianturi, Rani Andriani (Melisa Aprilia) y Myuran Sukumaran, esta última de nacionalidad australiana; y dos hombres, Andrew Chan y Scott Anthony Rush, también ciudadanos australianos. El Tribunal Constitucional rechazó el recurso en octubre.

Impunidad

En mayo, el nuevo fiscal general, Hendarman Supandji, presentó ante el Tribunal Supremo una petición de revisión del asesinato, en 2004, del activista de derechos humanos Munir Said Thalib, por el que nadie había rendido cuentas.

En febrero, la Comisión de la Verdad y la Amistad, creada conjuntamente por Indonesia y Timor Oriental para documentar los delitos cometidos en Timor Oriental en 1999 y promover la reconciliación, comenzó su trabajo de investigación mediante vistas públicas y a puerta cerrada. En julio, el secretario general de la ONU ordenó a representantes de esta organización que no prestaran declaración ante la Comisión a menos que se revisase su mandato para ajustarlo a las normas internacionales, y observó que la ONU no aprobaba ni toleraba las amnistías por genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra o graves violaciones de derechos humanos, y que tampoco debía hacer nada que pudiera promover estas amnistías. Observadores nacionales e internacionales también expresaron preocupación ante el trato que la Comisión de la Verdad y la Amistad dispensaba a las víctimas durante las vistas y por la posible parcialidad existente al dar mayor peso a las declaraciones de militares, miembros de milicias y burócratas que a los testimonios de las víctimas. El mandato de la Comisión se amplió hasta primeros de 2008.

Discriminación y violencia contra las mujeres

En marzo se aprobó el proyecto de Ley de Erradicación del Delito de la Trata de Personas. Organizaciones no gubernamentales nacionales acogieron con satisfacción la inclusión de una definición de la explotación sexual, las disposiciones sobre la facilitación de la trata de personas, y la inmunidad para las víctimas. Sin embargo, observaron que las disposiciones para impedir la trata de menores resultaban insuficientes, en particular las destinadas a diferenciar este tipo de abuso con respecto a otras disposiciones relativas a la trata de personas.

Las empleadas del hogar, que no estaban incluidas en la Ley del Trabajo, sufrían la violación de sus derechos laborales y eran sometidas a abusos físicos y psicológicos, incluidos abusos de índole sexual. Aunque el Ministerio de Trabajo había elaborado en junio de 2006 un anteproyecto de ley sobre personal del servicio doméstico, no se tomaron medidas para su promulgación. Por lo tanto, los trabajadores y trabajadoras del servicio doméstico no estaban incluidos en la disposición que establecía un límite máximo de horas laborales, no tenían un salario mínimo y las mujeres no contaban con la protección específica establecida para otros trabajadores en la Ley del Trabajo.

Salud

Indonesia tenía uno de los índices más elevados de mortalidad derivada de la maternidad de todo el sudeste de Asia; se calculaba que por cada 100.000 nacimientos morían anualmente entre 230 y 310 mujeres. En febrero, la Organización Mundial de la Salud (OMS) puso de relieve las principales causas, entre las que figuraba la mutilación genital femenina; los matrimonios a una edad temprana; la falta de acceso a servicios, educación e información sobre salud sexual y reproductiva y a servicios de salud profesionales durante el embarazo y el parto; el desconocimiento de las enfermedades de transmisión sexual, el VIH/sida y los métodos de anticoncepción; y la elevada tasa de abortos en condiciones poco seguras.

En febrero, un estudio conjunto del Ministerio de Sanidad y la OMS destacó la rápida propagación del VIH/sida entre grupos de población de alto riesgo, como consumidores de drogas, transexuales y trabajadores y trabajadoras de la industria del sexo, especialmente en zonas de Indonesia donde no existían servicios de atención a la salud adecuados. Un estudio financiado por el gobierno halló que más del 2 por ciento de la población de Papúa estaba infectada con el VIH, en contraste con el 0,2 por ciento de la población general de Indonesia. En noviembre se lanzó por primera vez una campaña nacional para promover el uso de preservativos.

Informes de Amnistía Internacional

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