India - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in República de la India

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
India is now live »

Jefa del Estado
Pratibha Patil
Jefe del gobierno
Manmohan Singh
Pena de muerte
retencionista
Población
1.198 millones
Esperanza de vida
63,4 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
77/86 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
66 por ciento

Se recibió información sobre tortura y detenciones arbitrarias relacionadas con la legislación antiterrorista y de seguridad, que el gobierno había endurecido tras los atentados de 2008 en Bombay. La violencia de grupos maoístas en la zona central de India se extendió a Bengala Occidental, con ataques a las comunidades locales y el homicidio de al menos 300 civiles. En algunos estados hubo ejecuciones extrajudiciales, y defensores y defensoras de los derechos humanos fueron objeto de amenazas y detención arbitraria. Los procesos judiciales continuaban sin garantizar justicia para numerosas víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, violencia contra minorías religiosas y abusos de empresas. En todo el país, adivasis (comunidades indígenas), pequeños agricultores y habitantes de las ciudades que vivían en la pobreza continuaron oponiendo resistencia a los intentos de adquirir sus tierras y recursos naturales para proyectos urbanísticos y mineros aprobados mediante procedimientos acelerados y que suponían una amenaza para sus medios de vida. Al menos 50 personas fueron condenadas a muerte, pero, por quinto año consecutivo, no se llevaron a cabo ejecuciones.

Información general

Las iniciativas de paz entre India y Pakistán no progresaron, al reiterar las autoridades indias que los atentados de 2008 en Bombay habían sido obra de personas o grupos radicados en Pakistán. En los atentados, que se prolongaron durante tres días, murieron 174 personas. Tampoco se registraron avances en las iniciativas de ambos países con respecto a Cachemira, a pesar de que las autoridades indias habían reanudado las conversaciones con dirigentes cachemires. Las fuerzas de seguridad indias lanzaron operaciones policiales y paramilitares coordinadas contra la insurgencia maoísta, cada vez más extendida; se denunciaron abusos contra los derechos humanos cometidos por ambas partes. Unos 200 hombres murieron durante la violencia política desencadenada en torno a las elecciones generales de abril y mayo y en diversos atentados con explosivos perpetrados por todo el país.

El crecimiento económico continuó limitándose en gran parte a sectores urbanos clave y se vio debilitado por las tendencias recesivas globales, las preocupaciones sobre la seguridad y los persistentes abusos contra los derechos humanos cometidos por fuerzas estatales y grupos armados. Estimaciones llevadas a cabo por el gobierno en 2005 indicaban que aproximadamente una cuarta parte de la población del país vivía por debajo del umbral de pobreza nacional.

Seguridad y medidas antiterroristas

Las investigaciones sobre los atentados terroristas de 2008 en Bombay y otros lugares llevaron a la detención sin cargos de más de 30 sospechosos en varios estados, durante periodos que oscilaron entre una semana y dos meses, en aplicación de diversas leyes relativas a la seguridad. Se registraron protestas por los informes de homicidios ilegítimos, tortura y otros malos tratos de personas detenidas y por la falta de investigaciones independientes sobre lo sucedido.

  • En octubre, el Tribunal Supremo rechazó una petición para que se celebrase una investigación independiente sobre el homicidio de dos hombres jóvenes y un agente de policía en un tiroteo en Batla House, Delhi, en 2008. Al parecer, los dos hombres habían participado en la serie de atentados con explosivos perpetrados en Delhi en septiembre de 2008.

Violencia entre fuerzas de seguridad, milicias y maoístas

Tras meses de violencia política, se extendió a otros estados el conflicto de Chhattisgarh, en la zona central de India, entre grupos armados maoístas prohibidos por las autoridades y fuerzas policiales y paramilitares. Ambas partes secuestraron, torturaron y mataron con impunidad, atacando a menudo a la población civil. Entre las fuerzas paramilitares se encontraba la milicia Salwa Judum, que, según la opinión generalizada, estaba respaldada por el gobierno del estado. En torno a 40.000 adivasis continuaban viviendo como desplazados internos a causa del conflicto existente; 20.000 de ellos vivían en campos y el resto estaba desperdigado por el vecino estado de Andhra Pradesh. Las autoridades continuaban hostigando a defensores y defensoras de los derechos humanos que daban a conocer abusos cometidos por las fuerzas estatales.

  • En mayo, Binayak Sen, médico que trabajaba por los derechos económicos, sociales y culturales de adivasis y obreros contratados y criticaba a la milicia Salwa Judum de Chhattisgarh, quedó en libertad bajo fianza tras pasar dos años en prisión. Continuaba acusado de ayudar a maoístas.
  • El 17 de septiembre, seis vecinos de la localidad de Gachanpalli, distrito de Dantewada, en Chhattisgarh, murieron abatidos por disparos de agentes de policía que también quemaron sus casas.
  • El 1 de octubre, agentes de policía mataron a nueve personas, incluidos cuatro miembros de una misma familia, que vivían en Gompad, en el distrito de Dantewada.
  • En diciembre, Kopa Kunjam, miembro de Vanvasi Chetna Ashram, una organización no gubernamental de desarrollo que trabajaba por el reasentamiento de las comunidades adivasis desplazadas por el conflicto de Chhattisgarh, fue detenido por cargos de asesinato que tenían una motivación política. Las autoridades habían demolido las oficinas de Ashram en mayo.

El conflicto se extendió a Lalgarh, en Bengala Occidental, donde alrededor de 8.000 adivasis continuaban desplazados internamente, algunos de ellos en campos improvisados.

  • En septiembre, las autoridades de Bengala Occidental detuvieron a 23 mujeres adivasis en Lalgarh y las acusaron de ser maoístas; posteriormente dejaron a 14 en libertad a cambio de un oficial de policía al que activistas maoístas habían tomado como rehén.
  • En octubre, activistas maoístas secuestraron y mataron a un miembro de los servicios de inteligencia y arrojaron su cadáver mutilado a una carretera del vecino estado de Jharkhand.

Homicidios ilegítimos

Continuaron recibiéndose informes de homicidios ilegítimos en varios estados nororientales, especialmente Manipur y Assam, donde las fuerzas de seguridad y organizaciones separatistas armadas llevaban decenios librando conflictos de baja intensidad. A pesar de continuar las protestas en el noreste y Cachemira, las autoridades se negaron a derogar la Ley de Facultades Especiales de las Fuerzas Armadas, de 1958. El relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias afirmó que la Ley facilitaba las ejecuciones extrajudiciales al dar a las fuerzas de seguridad autoridad para disparar a matar en circunstancias que no implicaban necesariamente un riesgo inminente.

  • En marzo, Anil Mazumdar, director del diario Aji, murió abatido por disparos de hombres armados en Guwahati, Assam, tras mostrarse partidario de las conversaciones de paz entre el prohibido Frente Unido de Liberación de Assam y las autoridades del estado.
  • En mayo, Satish Loitongbam y Pebam Gunendro Singh, procedentes de Imphal, fueron detenidos por presuntos miembros de los Fusileros de Assam destacados en Manipur. Gunendro Singh quedó en libertad tres días después, pero Satish Loitongbam fue trasladado a un lugar desconocido y murió abatido por disparos.
  • En julio, comandos de la policía de Manipur mataron a Sanjit Chungkham y a una mujer embarazada, Rabina Devi, en el mercado de Khwairamband, en Imphal. Grabaciones en vídeo de lo sucedido mostraron que Sanjit Chungkham murió por disparos después de la detención.

Detención y reclusión arbitrarias

En agosto y septiembre, las autoridades de Manipur respondieron a las protestas deteniendo a más de 10 defensores y defensoras de los derechos humanos tras registrar sus oficinas. Entre ellos se encontraba Jiten Yumnam, que al finalizar el año continuaba en prisión preventiva. Según informes, en el estado de Manipur había en torno a otras 90 personas detenidas en espera de juicio.

Rendición de cuentas de las empresas

Comunidades marginadas de todo el país fueron las más castigadas por la falta de protección del gobierno frente a los abusos de las empresas.

Bhopal

Transcurridos 25 años desde la trágica fuga de gas de 1984 en Bhopal –uno de los desastres industriales más graves del mundo–, las comunidades locales continuaban sufriendo sus efectos y mantenían activa su campaña para lograr justicia. La actuación del Estado seguía siendo inadecuada, y las indemnizaciones, insuficientes. El lugar donde estaba la fábrica seguía contaminado y las autoridades continuaban incumpliendo las promesas hechas a los supervivientes y sus familias.

Desalojos forzosos

Comunidades marginadas, como adivasis y agricultores sin tierras de varios estados, corrían peligro de ser objeto de desalojos forzosos para dar paso a proyectos industriales y empresariales. En algunos casos se amenazó a adivasis con expulsarlos de tierras que una disposición de la Constitución demarcaba como exclusivas de esta comunidad. Las vistas públicas obligatorias no ofrecían suficiente información sobre proyectos empresariales o de desarrollo, y las autoridades y los representantes de las empresas excluían a menudo a las comunidades afectadas de participar en los procesos de toma de decisiones.

  • Comunidades adivasis de Niyamgiri, en Orissa, como la comunidad dongria khond, reanudaron las protestas tras conceder las autoridades licencia medioambiental para la explotación de una mina de bauxita a una filial de la empresa Vedanta Resources, con sede en Reino Unido, y a Orissa Mining Corporation.

Uso excesivo de la fuerza

En varios estados, la policía hizo un uso excesivo o innecesario de la fuerza contra manifestantes de comunidades marginadas. Defensores y defensoras de los derechos humanos que hacían campaña en favor de los derechos medioambientales y el derecho a la tierra de comunidades rurales fueron a menudo detenidos, amenazados e intimidados por la policía.

  • En noviembre murieron abatidos por disparos de la policía Singanna y Andrew Nachika, dirigentes adivasis de Chasi Mulia Adivasi Sangh, una organización que trabajaba por el derecho a la tierra de los adivasis en Narayanpatna, en el distrito de Korapur, Orissa. Los dos hombres participaban en una manifestación que llamaba la atención sobre la presunta brutalidad policial contra las comunidades adivasis. La policía calificó la manifestación de ataque.
  • En octubre, la policía de Madhya Pradesh hizo un uso innecesario de la fuerza contra manifestantes pacíficos del Movimiento para la Salvación del Narmada y detuvo a 20 de sus dirigentes. Los manifestantes pedían que se celebrasen consultas y se cumpliesen las órdenes judiciales para la rehabilitación de comunidades, incluidas las adivasis, desplazadas por proyectos de irrigación.
  • En agosto, las autoridades de Orissa dejaron en libertad a Abhay Sahoo, del Partido Comunista de India. Llevaba 10 meses encarcelado por 20 cargos diferentes tras encabezar una protesta contra la amenaza de desalojos forzosos provocada por la instalación de la acería surcoreana POSCO.

Impunidad

El gobierno indio no garantizó la rendición de cuentas por numerosos abusos contra los derechos humanos cometidos en el pasado.

Matanza de 1984

Hasta la fecha sólo 20 hombres habían sido condenados por la matanza selectiva de unos 3.000 sijs en el norte de India (incluida Delhi) tras el asesinato en 1984 de la entonces primera ministra Indira Gandhi.

  • La presión pública obligó a la Oficina Central de Investigaciones a procesar a Jagdish Tytler y Sajjan Kumar, dos dirigentes del Partido del Congreso acusados de incitar a sus seguidores a cometer las matanzas de Delhi, pese a que en un primer momento habían afirmado que no había pruebas en su contra. Las protestas obligaron al Partido del Congreso, en el poder, a retirar a los dos hombres de la lista de candidaturas para las elecciones generales.

Violaciones de derechos humanos

Continuaban eludiendo la justicia los responsables de violaciones de derechos humanos cometidas en Punyab desde 1984 hasta 1994 y en Assam desde 1998 hasta 2001, entre las que había desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Seguía reinando la impunidad por delitos cometidos en el pasado, como la desaparición forzada de miles de personas durante el conflicto armado que se libraba en Cachemira desde 1989. La organización Tribunal Internacional del Pueblo sobre Derechos Humanos y Justicia en la región de Cachemira administrada por India publicó un informe en el que documentaba la existencia de tumbas sin nombre de más de 2.900 personas que al parecer desaparecieron durante el conflicto de Cachemira.

Violencia entre comunidades religiosas

La mayoría de los responsables de los ataques de 2002 contra minorías musulmanas en Gujarat y de otras violaciones de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales en ese estado, no fueron procesados. Las causas pendientes apenas avanzaron a lo largo del año.

  • El homicidio de Ishrat Jahan y otras tres personas, cometido por la policía de Gujarat el 16 de junio de 2004, fue calificado de “asesinato a sangre fría” en una investigación judicial. Sin embargo, el gobierno de Gujarat impugnó este informe ante el Tribunal Superior de Gujarat, que creó un equipo especial de investigación para examinar el caso. A instancias de la familia de Ishrat Jahan, el Tribunal Supremo suspendió los procedimientos abiertos ante el Tribunal Superior de Gujarat mientras veía la causa.

En torno a 15.000 personas, en su mayoría cristianas, quedaron desplazadas en Orissa en 2008 tras la violencia de cientos de seguidores de organizaciones nacionalistas hindúes. La mayoría de ellas aún no había regresado a sus casas al finalizar el año. Las investigaciones judiciales sobre la violencia continuaban siendo incompletas y las autoridades no presentaron cargos contra la mayoría de los agresores.

Una comisión oficial inculpó a 68 dirigentes del partido Bharatiya Janatay de otras organizaciones nacionalistas hindúes aliadas– por la destrucción de la mezquita de Babri, en Ayodhya, en 1992. Al final del año no se habían presentado cargos contra ninguno de ellos. Continuaron gozando de impunidad los responsables de la consiguiente violencia y de las matanzas que se produjeron después en algunos estados.

En Cachemira, fuerzas policiales y paramilitares mataron a un hombre y causaron heridas a 150 personas durante una protesta celebrada en junio. Los manifestantes pedían una investigación independiente sobre las denuncias de participación de fuerzas paramilitares en la agresión sexual y el asesinato de dos mujeres en Shopian, ante los informes que apuntaban a intentos de ocultación de pruebas de la agresión sexual. La Oficina Central de Investigaciones realizó una investigación en la que concluyó que no había habido agresión sexual y que las mujeres se habían ahogado, lo cual provocó llamamientos en favor de una investigación independiente.

Discriminación

Dalits

Miembros de las comunidades dalits de diversos estados continuaban siendo víctimas de ataques, boicoteos sociales y discriminación en el acceso a la salud, la educación y los servicios jurídicos. Seguían sin aplicarse las leyes especiales promulgadas para procesar a los responsables de esta violencia y discriminación.

  • En agosto, cuatro dalits murieron por inanición en los distritos de Nalanda y Jehanabad cuando algunos miembros de castas dominantes propietarias de tierras les negaron el acceso a alimentos y a otros artículos de primera necesidad.
  • Durante las elecciones generales de abril y mayo, comunidades dalits de varios estados, especialmente de Bihar, Gujarat y Andhra Pradesh, sufrieron intimidación y violencia. El 23 de abril fueron incendiadas 74 casas pertenecientes a comunidades dalits del distrito de Madhubani, en Bihar, lo que dejó a 300 personas sin hogar.

Grupos minoritarios

En Karnataka, grupos nacionalistas hindúes atacaron varios lugares de culto de comunidades minoritarias, y también agredieron a mujeres de las ciudades y a parejas interreligiosas.

  • El 25 de enero, activistas del grupo nacionalista hindú Sri Rama Sene atacaron a 10 personas en un bar de Mangalore.

Derechos laborales

En algunos estados hubo avances en el cumplimiento de la legislación que garantizaba el derecho a un mínimo de 100 días de trabajo anuales para la población rural que vivía en la pobreza, aunque su aplicación continuaba dependiendo de la vigilancia ejercida por las comunidades locales. Defensores y defensoras de los derechos humanos que participaban en la vigilancia de su aplicación sufrieron violencia e intimidación.

  • El 10 de febrero, policías de Madhya Pradesh detuvieron a Shamim Modi por cargos falsos cuando su organización, el Sindicato Obrero Adivasi, organizó una protesta pacífica para exigir el cumplimiento de las leyes que garantizaban los derechos laborales y el derecho a la tierra. Pasó 21 días en prisión antes de quedar en libertad. En julio, la policía estatal y el departamento forestal hicieron una redada en su oficina y detuvieron arbitrariamente a 11 adivasis. Shamim Modi, que había recibido amenazas de muerte, resultó herida durante un ataque perpetrado en Bombay por presuntos sicarios contratados por empresas forestales.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero

En una decisión histórica adoptada en julio, el Tribunal Superior de Delhi derogó el artículo 377 del Código Penal indio en los casos de actos sexuales realizados con consentimiento. El artículo 377, que penalizaba la homosexualidad y había sido aprobado durante el gobierno colonial británico, se consideró discriminatorio y “contrario a la moralidad constitucional”. Continuaba pendiente la derogación formal de la ley.

Pena de muerte

No se tuvo constancia de que se hubieran llevado a cabo ejecuciones durante el año, pero los tribunales condenaron a muerte a no menos de 50 personas.

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