India

Human Rights in República de la India

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
India is now live »

Jefa del Estado Pratibha Patil
Jefe del gobierno Manmohan Singh
Pena de muerte retencionista
Población 1.186,2 millones
Esperanza de vida 63,7 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m) 73/83 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada 61 por ciento
La policía se abstuvo de actuar o respondió con fuerza excesiva ante los enfrentamientos étnicos y la violencia sectaria contra minorías religiosas y lingüísticas. Adivasis (comunidades indígenas) y pequeños agricultores continuaron llevando a cabo protestas por su exclusión de la toma de decisiones del gobierno con respecto a nuevos proyectos urbanísticos que podrían amenazar sus medios de vida y provocar desalojos forzosos. Continuó el conflicto de baja intensidad entre, por una parte, grupos maoístas y, por otra, el gobierno y las milicias –que, según la opinión generalizada, contaban con apoyo gubernamental–. Ambos bandos cometieron abusos, como ataques selectivos contra civiles. Explosiones de bombas en diversas partes del país mataron a centenares de personas. En respuesta, el gobierno detuvo arbitrariamente y torturó a personas consideradas sospechosas. Tras los atentados de Mumbai (Bombay) en noviembre, en los que murieron más de 170 personas, el gobierno endureció la legislación sobre seguridad y creó una agencia federal encargada de investigar los ataques terroristas. Los procesos judiciales no garantizaron justicia para numerosas víctimas de violencia entre comunidades religiosas. Los tribunales dictaron al menos 70 penas de muerte. No se llevaron a cabo ejecuciones.

 

Información general

Además de las 170 personas que murieron en los atentados perpetrados en Mumbai (Bombay) en noviembre, más de 400 personas murieron en atentados con bomba en las ciudades de Jaipur, Ahmedabad, Bangalore, Malegaon, Delhi e Imphal y los estados de Tripura y Assam.

Las relaciones entre India y Pakistán empeoraron tras denunciar las autoridades indias que los atentados de noviembre en Mumbai habían sido obra de personas o grupos radicados en Pakistán. Las iniciativas de paz entre India y Pakistán, como las conversaciones sobre Cachemira, no progresaron.

La respuesta del gobierno a la violencia generalizada contra las mujeres continuó siendo insuficiente.

Aunque se mantuvo el crecimiento económico en India, la cuarta parte de la población, aproximadamente 300 millones de personas, de los que el 70 por ciento habitaba en zonas rurales, seguía viviendo en la pobreza. Las autoridades indias no habían logrado garantizar los derechos de grupos ya marginados, entre ellos agricultores sin tierra o comunidades adivasis que se oponían a la explotación de sus tierras y otros recursos para proyectos industriales.

Violencia contra minorías

En agosto, un destacado dirigente local hindú y cuatro compañeros suyos que hacían campaña contra la conversión al cristianismo murieron en el estado de Orissa. A partir de estos homicidios se iniciaron dos meses de ataques contra minorías cristianas. Los ataques, en los que murieron al menos 25 personas y que consistieron en incendios provocados, saqueos y agresiones sexuales a mujeres, estuvieron encabezados por organizaciones nacionalistas hindúes, según los informes, aliadas con el Partido Bharatiya Janata, integrante de la coalición gobernante en Orissa. La policía se abstuvo de actuar o hizo un uso excesivo de la fuerza, lo que provocó la muerte de 15 personas por disparos. Al menos 15.000 personas, en su mayoría cristianas, resultaron desplazadas por la violencia. En al menos dos campos de desplazados, los cristianos continuaron sufriendo ataques violentos por parte de simpatizantes de organizaciones nacionalistas hindúes. Durante los dos meses de violencia, más de 250 personas fueron detenidas en relación con los ataques; sin embargo, al finalizar el año no habían finalizado las investigaciones judiciales.

En septiembre, partidarios de organizaciones nacionalistas hindúes causaron daños a unos 30 lugares de culto cristianos en Karnataka. Sólo se detuvo a los presuntos responsables tras las protestas de los partidos de la oposición.

"...más de 20 hombres murieron en bosques cercanos abatidos por disparos de la policía de Orissa, que afirmó que se trataba de maoístas y sus partidarios."

En la ciudad de Mumbai y otros lugares de Maharashtra, minorías lingüísticas de los estados septentrionales fueron objeto de ataques reiterados, obra de simpatizantes del partido Maharashtra Navnirman Sena, lo que provocó que en torno a un millar de trabajadores migrantes huyeran del estado. La policía actuó con lentitud a la hora de poner fin a los ataques y detener a los presuntos responsables.

Más de 50 personas murieron en enfrentamientos interétnicos entre miembros de las comunidades bodo y musulmana en los distritos de Assam con predominio de población bodo. Las autoridades no actuaron a tiempo para impedir la violencia.

Durante julio y agosto, las protestas de comunidades religiosas en Jammu y Cachemira alcanzaron niveles que no se habían visto en los últimos años y desembocaron en violencia en varias ocasiones. La policía hizo frente a la violencia utilizando fuerza excesiva y más de 60 personas murieron abatidas por disparos.

Miembros de las comunidades dalits de diversos estados continuaban siendo víctimas de ataques y discriminación. Las autoridades no recurrieron a las leyes especiales vigentes promulgadas para procesar a los responsables de violencia por motivos étnicos.

Defensores de los derechos humanos que trabajaban en el ámbito de los derechos de las minorías, incluidos los derechos de dalits y adivasis en Chhattisgarh, continuaban sufriendo hostigamiento, como detenciones arbitrarias por parte de la policía del estado.

Al finalizar el año continuaba pendiente de aprobación parlamentaria la legislación presentada en 2005 para abordar la violencia entre comunidades religiosas.

Desalojos forzosos

Las autoridades locales desplazaron o desalojaron por la fuerza a comunidades marginadas de zonas rurales, como adivasis y agricultores sin tierras, para dar paso a infraestructuras urbanas, eléctricas, mineras, de irrigación y otros proyectos industriales. En varios estados, las autoridades expulsaron a adivasis de tierras que una disposición de la Constitución demarcaba como exclusivas de esta comunidad. Las autoridades no respetaron la nueva legislación que garantizaba el acceso a la información, al negar a las comunidades afectadas información sobre los proyectos de desarrollo previstos. En la mayoría de los casos, las comunidades quedaron excluidas de participar en los procesos de toma de decisiones. Estaba pendiente la aprobación parlamentaria de legislación que contenía mejoras en los procedimientos de adquisición de tierras y en las políticas de rehabilitación y reasentamiento.

Continuaron las protestas de comunidades locales sobre adquisición de tierras y desalojos forzosos. En algunos casos, la policía respondió cargando con porras contra manifestantes pacíficos y deteniéndolos sin cargos durante periodos de hasta una semana. La policía no protegió a los manifestantes frente a la represión violenta de las protestas llevada a cabo por milicias privadas, que, según informes, estaban aliadas con partidos políticos gobernantes. Las autoridades no llevaron a cabo investigaciones imparciales ni oportunas sobre varios de estos incidentes.

  • Según informes, Amin Banra, dirigente adivasi, murió en mayo abatido por disparos de milicias privadas durante una protesta contra los desplazamientos forzosos en el complejo siderúrgico de la ciudad de Kalinganagar, en Orissa. Las autoridades detuvieron a dos personas, pero no investigaron las denuncias de que eran integrantes de una numerosa milicia privada.
  • En agosto, miembros de la comunidad adivasi dongria khond de Orissa, en peligro de extinción, reanudaron las protestas tras permitir el Tribunal Supremo la creación de una empresa conjunta entre el gobierno y la multinacional Vedanta para explotar una mina de bauxita en zonas forestales protegidas de los dongria khond.
  • Al menos 30 personas resultaron heridas durante los seis meses de protesta de agricultores y partidos de la oposición de Singur, en Bengala Occidental, contra la adquisición de sus tierras para una fábrica de automóviles sin el consentimiento previo e informado de los agricultores. Las negociaciones posteriores entre manifestantes y autoridades del estado fracasaron, lo que obligó a que el proyecto se trasladase a Gujarat.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Defensores y defensoras de los derechos humanos que hacían campaña en favor de los derechos medioambientales y el derecho a la tierra de comunidades rurales fueron objeto de hostigamiento, tortura y otros malos tratos por parte de la policía y sufrieron ataques violentos de milicias privadas, en ocasiones con resultado de muerte. Gracias a la vigilancia continua ejercida por comunidades locales y defensores de los derechos humanos, se aplicó en algunos estados la nueva legislación que garantizaba el derecho a un mínimo de 100 días de trabajo anuales para la población rural sin recursos.

Violencia entre fuerzas de seguridad, milicias y maoístas

Continuaron en Chhattisgarh los enfrentamientos entre grupos armados maoístas y fuerzas estatales que contaban con el apoyo de la milicia Salwa Judum, que, según la opinión generalizada, estaba respaldada por el gobierno del estado. La población civil se convirtió en objetivo de ambos bandos, especialmente los adivasis, que denunciaron homicidios, secuestros y tortura y otros malos tratos. En torno a 40.000 adivasis continuaron viviendo como desplazados internos; 20.000 de ellos vivían en campos de Chhattisgarh y los otros 20.000 estaban desperdigados por el vecino estado de Andhra Pradesh.

En noviembre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de India presentó las conclusiones de la investigación de un mes que había realizado para comprobar las denuncias de abusos contra los derechos humanos por parte de la milicia Salwa Judum y grupos armados maoístas. La CNDH concluyó que ambos bandos eran responsables de abusos. Organizaciones de derechos humanos criticaron las conclusiones afirmando que la CNDH no había investigado los abusos cometidos por Salwa Judum.

Se produjo un aumento de la violencia entre grupos armados maoístas y la policía en Orissa y Jharkhand.

  • El 15 de febrero, más de 500 maoístas armados asaltaron el arsenal de la policía del distrito de Nayagarh, en Orissa, y mataron a 16 agentes. En una operación de rastreo posterior al ataque, más de 20 hombres murieron en bosques cercanos abatidos por disparos de la policía de Orissa, que afirmó que se trataba de maoístas y sus partidarios.

Los defensores de los derechos humanos de Orissa y Jharkhand que denunciaban abusos cometidos por las partes en conflicto continuaban corriendo peligro de sufrir hostigamiento por parte de las autoridades del estado.

  • Binayak Sen, que trabajaba en favor de los derechos de adivasis y obreros contratados y había criticado a la milicia Salwa Judum, continuaba en la prisión de Chhattisgarh mientras se celebraba su juicio. Había sido encarcelado en mayo de 2007 acusado de ayudar a maoístas. Organizaciones de derechos humanos expresaron preocupación sobre la imparcialidad del juicio.

Seguridad y derechos humanos

Las autoridades respondieron a los atentados de noviembre en Mumbai endureciendo la legislación sobre seguridad y creando una agencia federal de investigación. La legislación modificada incluía definiciones amplias y generales de «actos de terrorismo» y de pertenencia a organizaciones terroristas, y ampliaba el periodo mínimo y máximo de detención de personas sospechosas de terrorismo antes de ser imputadas.

Más de 70 personas estuvieron detenidas sin cargos, durante periodos que oscilaron entre una semana y dos meses, en relación con las explosiones de bombas en varios estados a lo largo del año. Las denuncias de tortura y otros malos tratos a los detenidos provocaron protestas de organizaciones hindúes y musulmanas.

  • En noviembre, las autoridades de Andhra Pradesh anunciaron que se pagaría una indemnización económica a los 21 musulmanes que habían sido torturados mientras permanecieron detenidos sin cargos durante periodos de entre 5 y 10 días tras la explosión de dos bombas en Hyderabad en agosto del año anterior. No se iniciaron procesos penales contra los responsables de las torturas.
  • En enero, Abujam Shidam, profesor universitario y miembro del Partido Popular de Manipur, fue detenido y torturado durante cuatro días mientras estaba bajo custodia policial tras la explosión de una bomba en Manipur que mató a siete personas en diciembre de 2007. No se emprendieron acciones contra los responsables de la tortura.

A pesar de las continuas protestas, las autoridades se negaron a revocar la Ley de Facultades Especiales de las Fuerzas Armadas, de 1958. El relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias afirmó que la Ley podía facilitar las ejecuciones extrajudiciales al dar a las fuerzas de seguridad autoridad para disparar a matar en circunstancias que no implicaban necesariamente un riesgo inminente.

Gujarat, Rajastán y Madhya Pradesh se unieron a la lista de estados que promulgaron legislación especial para controlar la delincuencia organizada. La legislación establecía la detención sin cargos durante periodos que iban de seis meses a un año. Uttar Pradesh revocó una ley similar.

Jammu y Cachemira

Entre junio y agosto, al menos 40 personas que no respetaron el toque de queda murieron alcanzadas por disparos de las fuerzas de seguridad central. El toque de queda se había impuesto durante las manifestaciones y contramanifestaciones relacionadas con la propuesta de transferir tierras forestales a la Junta del Santuario de Amarnath.

Continuaba reinando la impunidad por delitos cometidos en el pasado, como la desaparición forzada de miles de personas durante el conflicto armado en Cachemira desde 1989.

Impunidad

La impunidad continuó siendo generalizada.

Gujarat

Los responsables de los actos violentos de 2002, en los que miles de musulmanes fueron atacados y más de 2.000 resultaron muertos, continuaron eludiendo la justicia. En enero, el Tribunal Superior de Mumbai condenó a 12 personas por un caso de agresión sexual, en lo que constituyó un limitado avance hacia la rendición de cuentas.

Punyab

Continuaban sin ser procesados muchos de los agentes de policía responsables de graves violaciones de derechos humanos cometidas entre 1984 y 1994. Aún no se habían dado a conocer en su totalidad las conclusiones de la investigación realizada por la Oficina Central de Investigaciones sobre las denuncias del homicidio ilegítimo de 2.097 personas cuyos cadáveres fueron incinerados por la policía.

Assam

No se tomaron medidas con respecto a las conclusiones de la comisión de investigación publicadas en 2007 y según las cuales los homicidios ilegítimos de 35 hombres entre 1998 y 2001 se perpetraron a instancias de un ex ministro principal y de la policía del estado.

Pena de muerte

Las autoridades no hicieron pública información detallada sobre el número de ejecuciones y de personas condenadas a muerte. Sin embargo, no se tuvo constancia de que se hubieran practicado ejecuciones. A pesar de las afirmaciones del gobierno de que éstas sólo se llevaban a cabo «en los casos más excepcionales», al menos 70 hombres fueron condenados a muerte en los tribunales. La CNDH inició un estudio sobre la aplicación de la pena de muerte.

En diciembre, India votó en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria mundial de las ejecuciones.

Visitas de Amnistía Internacional

Delegaciones de Amnistía Internacional visitaron India en mayo, julio-agosto y diciembre, y se reunieron con representantes del gobierno y organizaciones de la sociedad civil. 

Informes de Amnistía Internacional

India: Concern over human rights violations during «recapture» of Nandigram by ruling CPI(M) supporters in West Bengal (en inglés, 15 enero 2008)
India: Lethal Lottery – The Death Penalty in India – A study of Supreme Court judgments in death penalty cases 1950-2006 (en inglés, 2 mayo 2008)
India: Gran preocupación por la imparcialidad del juicio del defensor de derechos humanos doctor Binayak Sen (25 junio 2008)
India: Indigenous communities at risk of forced eviction in Orissa (en inglés, 14 agosto 2008)
India: El gobierno debe actuar de acuerdo con sus palabras y poner fin a la violencia contra minorías cristianas en Orissa (1 octubre 2008)
India: Llamamiento a la contención durante las elecciones de Jammu y Cachemira (13 noviembre 2008)
India: Violencia extrema en India con los atroces atentados (27 noviembre 2008)
India: La nueva legislación antiterrorista debe cumplir las normas internacionales de derechos humanos (18 diciembre 2008)
India: Retirar la orden de disparar en el acto en Jammu y Cachemira (13 agosto 2008)

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